La polémica instalación —ubicada en el corazón del humedal de los Everglades, una reserva ecológica en el sur de Florida— fue inaugurada el verano pasado por el presidente Trump y le ha costado al estado millones de dólares que no han sido reembolsados por el Gobierno federal.

Un eventual cierre de Alligator Alcatraz ocurriría en medio de disputas legales y ambientales y por las condiciones de insalubridad para los detenidos.

El mes pasado, un tribunal de apelaciones permitió que el centro siguiera operando y recibiendo nuevos detenidos, tras revocar una orden que había exigido su clausura temporal por una demanda ambiental.

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Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida, escribió en un correo electrónico en donde apunta que el centro de detención, «probablemente se quedaría sin personas en pocos días», detalló el rotativo neoyorquino que tuvo acceso al mensaje.

El correo habría sido enviado al rabino Mario Rojzman, que había solicitado permiso a las autoridades estatales para visitar a los detenidos.

El mensaje se habría enviado un día después de que la jueza federal Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida, fijara un plazo de dos meses para desmantelar el sitio, al oeste de Miami, donde prohibió el ingreso de más migrantes, aunque el centro permanecerá operativo hasta entonces.

Williams falló de forma parcial a favor de los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, que presentaron una demanda para exigir el cierre completo e inmediato del lugar por dañar los Everglades, área natural con 36 especies endémicas amenazadas como panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos.

Detenidos en Alligator Alcatraz

La orden prohíbe instalar cualquier infraestructura adicional como tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas, así como pavimentar, excavar o cercar el lugar, además de impedir «traer a cualesquiera personas adicionales al sitio que no estuvieran ya detenidas en el sitio al momento de la orden».

En respuesta, la oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, apeló la decisión de la jueza.

Por su parte, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo que las deportaciones continuarán desde el lugar, que abrió el 3 de julio en un aeropuerto que estaba abandonado en medio de los Everglades, zona natural de humedales rodeada de caimanes, cocodrilos, serpientes y panteras.

Las autoridades estatales le informaron a Frost que había 336 presuntos inmigrantes indocumentados detenidos en las instalaciones de Alligator Alcatraz, una cifra mucho menor que los casi mil que reportó durante su visita el mes pasado.

De interés: Florida alista un centro de detención migratoria adicional a Alligator Alcatraz

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Las declaraciones de testigos, detenidos y sus familiares y abogados contradicen las afirmaciones oficiales de que el lugar «cumple con todos los estándares requeridos».

Vladimir Miranda, un migrante cubano con permiso de permanencia temporal en Estados Unidos, fue arrestado en su lugar de trabajo en Orlando tras una audiencia de inmigración. Su pareja, Eveling Ortiz, aseguró al canal NBC 6 que «no ha podido bañarse, no puede usar bien el baño y no tiene acceso a abogado».

Según su relato, cuando fallan los generadores, se quedan sin electricidad, agua, teléfonos o aire acondicionado, con temperaturas que rondan los 40 grados centígrados, con 90 % de humedad.

Leamsy «La Figura» Izquierdo, artista urbano cubano arrestado la semana pasada en Miami, denunció que no ha podido bañarse en cuatro días y que las luces están encendidas permanentemente.

En declaraciones a CNN, la esposa de un migrante guatemalteco detenido denunció que su esposo «no ha tenido acceso a un abogado, está rodeado de mosquitos y sin comida suficiente. Cuando hablamos, solo me repite que la situación es muy mala».

Abogados de detenidos describen el trato recibido como el de «ratas en un experimento». Denuncian comida podrida, baños desbordados de excrementos, mosquitos constantes y condiciones que vulneran derechos básicos, incluyendo el derecho a la religión, tras la supuesta confiscación de biblias.

Denuncias sobre las condiciones en el centro de detención

La organización World Relief también alertó que se les prohíbe orar y practicar su fe dentro de la instalación.

La abogada Gina Fraga relató que su cliente pasó cinco días sin agua y que para asearse los detenidos están usando «cubetas de Home Depot», un almacén de construcción.

Otros detenidos indicaron que solo reciben «un sándwich al día», sin productos de higiene como cepillos dentales o jabón, y que el acceso a atención médica es extremadamente limitado.

El abogado Phillip Arroyo, que representa a un beneficiario del auxilio migratorio DACA, para jóvenes que llegaron indocumentados con sus padres, aseguró al Miami Herald que su cliente permaneció incomunicado durante días, sin acceso a un abogado, ni comida en buen estado ni condiciones mínimas de salubridad.

«Esto es una violación de derechos civiles. Mi cliente tiene estatus legal y aún así está detenido aquí sin explicación», denunció sobre el inmigrante que fue retenido en el lugar tras una parada de tráfico.

Una estructura precaria

La infraestructura, construida en apenas dos semanas, en medio de un humedal con caimanes y pitones, y sobre un viejo aeródromo municipal, a 80 kilómetros de Miami, también preocupa.

Aunque el presupuesto inicial era de 450 millones de dólares, documentos filtrados de la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA), indican que el costo ya subió a más de 600 millones de dólares.

El lugar fue presentado como una «solución temporal y eficiente» por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien también le dio el nombre de ‘Alcatraz caimán’.

El complejo incluye una pista de aterrizaje funcional y está rodeado por la geografía inhóspita de los Everglades, lo que refuerza la sensación de aislamiento.

El activista Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, acompañó a un grupo de legisladores a las instalaciones el 3 de julio, pero no se les permitió el acceso. «Los mosquitos eran una nube visible. Nos picaron niguas. Es un lugar inhabitable, construido en una zona pantanosa y de alto riesgo por huracanes», dijo.

En contraste, la portavoz de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Stephanie Hartman, dijo en un comunicado que las denuncias son «completamente falsas» y que el centro «está en buenas condiciones y cumple con todos los requisitos».

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió al fiscal general estatal acceso a las instalaciones y la creación de un equipo de monitoreo que supervise semanalmente las condiciones. También solicitó un plan de evacuación en caso de huracán, dado que la instalación fue levantada en una zona de alto riesgo climático.

De interés: Trump inauguró centro de detención de migrantes en humedal de Florida

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Con información de EFE Servicios

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