Antecedentes de tensión

Un portavoz de la CPI recordó su constante condena a las «medidas coercitivas injustificadas» tomadas por las autoridades rusas contra funcionarios de la CPI en los últimos meses.

La CPI consideró estas medidas como inaceptables y reafirmó su compromiso con su mandato legítimo de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto.

CPI hace llamado a la protección y apoyo

La CPI enfatizó su «firme apoyo» a su personal y funcionarios y exhortó a todos los Estados Partes y partes interesadas del Estatuto de Roma a intensificar sus esfuerzos para proteger a la Corte, a su personal y a sus funcionarios, asegurando así su capacidad para cumplir con su mandato de manera independiente.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

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Así lo informó la organización Acceso a la Justicia, que señaló que el tribunal debe determinar si el proceso cumple con el Estatuto de Roma, el tratado que regula el funcionamiento de la CPI.

Un intento fallido

Según la ONG, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó el recurso presentado por el gobierno, que alegaba que la investigación del fiscal Karim Khan dañaría el memorando de entendimiento que firmaron en 2021 para facilitar la cooperación entre las partes y causaría más sufrimiento a las víctimas.

Además, el régimen negó que en el país se hayan perpetrado crímenes atroces, como torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y violencia sexual.

La Sala de Apelaciones consideró que Venezuela no probó que hubiera el peligro de consecuencias irreparables para el memorando ni para su recurso.

Por el contrario, indicó que el fiscal Khan se comprometió a seguir cooperando con el Estado venezolano y que este puede seguir con sus investigaciones internas, siempre y cuando sean auténticas y efectivas.

Un avance hacia la justicia

La decisión de la CPI permite al jurista británico iniciar las investigaciones para esclarecer las denuncias e identificar a los posibles responsables de los crímenes atroces en Venezuela.

Acceso a la Justicia resaltó que este es un paso importante para garantizar la justicia y la rendición de cuentas en Venezuela, donde las instituciones nacionales han sido cooptadas por el régimen y no ofrecen garantías a las víctimas.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales e internacionales

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En un comunicado contundente, la CPI rechazó categóricamente estas medidas y reafirmó su firme compromiso de cumplir con su mandato legal de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves que conmocionan a la humanidad.

En marzo, la CPI emitió una orden de detención contra Putin, acusándolo de ser presuntamente responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos desde las zonas ocupadas hacia Rusia. Este acto se considera un crimen de guerra según lo establecido en el Estatuto de Roma, un tratado internacional que rige las acciones de la CPI.

La CPI se mantiene firme en su decisión

Además, la CPI también emitió una orden de detención contra María Lvova-Belova, una política rusa que ostenta el cargo de comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, quien enfrenta las mismas acusaciones que Putin, relacionadas con la deportación de menores de edad.

Estas acciones judiciales de la CPI han generado un intenso debate a nivel internacional y han puesto de manifiesto la importancia de la justicia internacional para garantizar la responsabilidad de los líderes políticos en situaciones de conflicto y violaciones graves de los derechos humanos.

La CPI, con sede en La Haya, se mantiene firme en su objetivo de cumplir su mandato y asegurar que los responsables de crímenes atroces no queden impunes.

#CPI: 🤓Rusia emite orden de captura y aprehensión contra el fiscal de CPI, Karim Khan, que autorizó arresto contra Putin

El medio publicó una captura de pantalla del sistema de búsqueda del Ministerio de Interior ruso en el que figura la foto y otros datos personales del…

— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) May 19, 2023

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Durante el encuentro, los representantes de la CPI y de la administración venezolana debatieron “sobre la necesidad de cooperación y diálogo para garantizar la justicia de conformidad con el Estatuto de Roma”, informó la Corte a través de su cuenta oficial de Twitter.

La reunión se da solo días después de que se conociera que el oficialismo solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I que limite la participación de las víctimas y de los Estados remitentes en la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en un intento de hacer valer el punto de vista y la argumentación gubernamental.

Rodríguez se encuentra en los Países Bajos a donde viajó para participar en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre la disputa con Guyana por el Esequibo venezolano.

Hemos realizado una visita de cortesía al Vicefiscal Mame Mandiaye Niang, #CPI Explicamos el caso Venezuela 2 sobre las medidas coercitivas unilaterales y su impacto general en el goce y disfrute de los DDHH dl pueblo venezolano, así como elementos d asistencia legal a Venezuela https://t.co/DJwlHc5abk

— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) November 17, 2022

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Gabriel Velásquez

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En un comunicado la Cancillería venezolana sostiene que desde el comienzo del examen preliminar y luego con el inicio de la investigación, Venezuela aportó amplia y «suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos«.

«La República Bolivariana de Venezuela rechaza la decisión adoptada por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Ahmad Khan, de solicitar ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para la investigación», indicó la Cancillería venezolana en un comunicado.

«Por tal razón, en abril de 2022 se solicitó al fiscal de la CPI inhibirse en el ejercicio de su competencia en favor del sistema de justicia venezolano, conforme a lo previsto en el artículo 18.2 del Estatuto de Roma, considerando la primacía de la jurisdicción nacional y el carácter subsidiario y complementario del sistema jurisdiccional de la CPI», agregó.

#Comunicado 📰| La República Bolivariana de Venezuela rechaza la decisión adoptada por el Fiscal de la CPI, Karim Ahmad Khan QC, de solicitar ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar su investigación.#VenezuelaEnLaCOP27 pic.twitter.com/RCCSfPD6zx

— MIPPCI (@Mippcivzla) November 6, 2022

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Gabriel Velásquez

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Es preciso recordar que, el pasado 3 de noviembre el fiscal de la CPI, Karim Khan, en una declaración a los medios comentó que ese informe está relacionado al memorándum de entendimiento suscrito entre el tribunal internacional y el gobierno de Maduro.

Khan fue más allá del artículo 18 del Estatuto de Roma, que establece un mes para presentar el informe, y dio un plazo extensivo de tres meses para que se hicieran las investigaciones, el cual ya expiró y no hay información que clarifique si habrá otra prórroga.

En febrero de 2018, la CPI abrió un examen preliminar del caso Venezuela por hechos de violación de los derechos humanos a partir de 2017, en especial con la aplicación del Plan Zamora, período de tiempo durante el cual ocurrieron 163 fallecimientos presuntamente a manos de los cuerpos de seguridad. A ese número se agregan o suman denuncias de otros.

#17Abr ONG manifiestan preocupación por el trabajo de la CPI en Venezuela https://t.co/85wdkX5Qbf

— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) April 17, 2022

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Gabriel Velásquez

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«Es un paso significativo, no es algo de cara a la galería, sino algo que va a permitir cumplir con mi responsabilidad y comprometerme con las autoridades venezolanas, así como cumplir con el estatuto de Roma», apuntó.

Khan informó que sostuvo reuniones con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, durante tres días en Venezuela, en esta segunda visita. Al respecto, agradeció la invitación del gobierno venezolano y expresó:  «Soy consciente que mi visita no ha sido sencilla, quizás, pero estoy agradecido por el compromiso y los francos debates que hemos tenido».

El segundo acuerdo son los visados para la entrada de diversas personas del equipo de la CPI, para que puedan entrar sin burocracia a Venezuela.

También se acordaron reuniones de trabajo entre miembros técnicos de la Corte y el gobierno venezolano.

«Algo importante, hemos logrado un consenso para que la CPI pueda trabajar con organizaciones internacionales y asociados en colaboración con Venezuela, incluyendo la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas, para lograr asistencia y que el memorándum no sirva solo para adornar, sino para poder ponerlo en práctica», añadió.

Señaló el fiscal de la #CortePenalInternacional, Karim Khan, luego de que el pasado noviembre decidiera abrir una investigación al país caribeño para valorar si se produjeron crímenes de lesa humanidad como lo denuncia la oposición. (ee) https://t.co/BC1E5fV3in

— DW Español (@dw_espanol) March 31, 2022

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Gabriel Velásquez

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Cuba, por su parte, no será prioridad para la UE, pues no fue incluido en las conclusiones del Consejo Europeo.

“La UE seguirá de cerca las iniciativas sobre Camboya, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Georgia, Irán, Libia, Malí, Nicaragua, Territorios Palestinos Ocupados, Filipinas, Somalia, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Siria, Yemen y Venezuela”, señaló el artículo número 5 de las conclusiones.

En las conclusiones recordó que la UE seguirá siendo proactiva a la hora de abordar las crisis emergentes de derechos humanos. También denunciará las situaciones graves y en deterioro en este aspecto.

La UE seguirá asumiendo un papel de liderazgo en las iniciativas relativas a Afganistán, Bielorrusia, Burundi, Corea del Norte, Eritrea, Etiopía y Myanmar, y seguirá de cerca la situación en Crimea, apoyando las iniciativas pertinentes a este respecto.

El trabajo de la CPI, así como de otras cortes y tribunales en el ámbito nacional e internacional, es crucial para que los “perpetradores de crímenes atroces rindan cuentas”

En el documento quedó establecido que la UE participará activamente en diálogos interactivos con los titulares de mandatos de procedimientos especiales y en debates generales para llamar la atención sobre situaciones críticas de derechos humanos, incluso en la Federación Rusa y China.

Sobre la Corte Penal Internacional (CPI), la UE reiteró su apoyo inquebrantable al Tribunal de La Haya y anunció que seguirá pidiendo la ratificación universal del Estatuto de Roma y la plena cooperación con la CPI.

“La UE también apoya el trabajo de mecanismos internacionales de investigación que recolecten evidencia de violaciones graves del derecho internacional humanitario y violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos para facilitar el enjuiciamiento penal de los responsables”, afirmó el bloque de países.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

En declaraciones, afirmó que la Fiscalía consideró «que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación, dado que se han entregado a la Fiscalía de la corte ocho informes que compilan más de 3.000 páginas de información (…) para procesar a los posibles responsables de violaciones de Derechos Humanos».

En este sentido, recordó que el Estado venezolano llegó a un acuerdo con la Fiscalía del TPI para abrir las puertas a la «complementariedad positiva entre ambos actores» y estableció un memorando de entendimiento firmado junto al fiscal de la corte, Karim Khan.

Por lo tanto, hizo énfasis en que «el fiscal Khan nos informó de que ha concluido el examen preliminar de la situación y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad, esto a pesar de que en esta fase no se ha identificado a ningún sospechoso al que se puedan formular cargos».

La investigación abierta permite al fiscal buscar pruebas en Venezuela y pedir órdenes internacionales de captura https://t.co/LIxVpjDThH

— ABC Internacional (@abc_mundo) November 5, 2021

Memorando

El acuerdo firmado entre las partes apunta a «abrir las puertas» a una relación más positiva con la corte internacional. «Cuando hablamos de complementariedad positiva nos referimos a que la Fiscalía del TPI deberá cooperar activamente acompañando al Estado en todo lo que requiera para investigar y sancionar», matizó Saab.

«Los términos del memorando de entendimiento firmado son los siguientes: se acuerda que la República Bolivariana de Venezuela, como jurisdicción nacional, adoptará las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales», destacó.

Por otro lado, Khan anunció que decidió abrir una investigación a Venezuela por presuntas violaciones de los Derechos Humanos tras concluir su examen preliminar sobre el terreno, según el propio memorando de entendimiento ratificado por las partes.

No obstante, el gobierno se mostró contrariado e insistió en que «las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin».

Ya que la CPI decidió investigar formalmente al país, hagamos un hilo, mostrando evidencias de como los "cuerpos de seguridad" por órdenes de Nicolas Maduro, reprimían y asesinaban a quienes se le oponían. pic.twitter.com/QaN5maum30

— Johan Lozada (@JohanLozada26) November 3, 2021

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Con información de dpa y redes sociales

“Mi oficina continuará monitoreando los desarrollos sobre el terreno y tomará en cuenta cualquier asunto que esté dentro de su jurisdicción”, añadió Bensouda en un comunicado.

“Me hago eco de la llamada de la comunidad internacional a la calma, la moderación y el fin de la violencia”, apuntó Bensouda, que dijo seguir “con gran preocupación” los hechos ocurridos en los últimos días.

En este sentido, la fiscal abrió el pasado marzo una investigación por supuestos crímenes de guerra cometidos tanto por el Ejército de Israel como por grupos armados palestinos.

Investigaciones abiertas

En el lado israelí se investigan la continuada expansión de los asentamientos ilegales en territorios ocupados y los asesinatos de decenas de palestinos en las Marchas del Retorno sucedidas en la Franja de Gaza en 2018.

La investigación cuenta con el apoyo de la Autoridad Nacional Palestina y el rechazo de Israel, que protesta la intervención de la CPI

Respecto a las milicias palestinas, un informe de la Fiscalía recoge los ataques con cohetes lanzados contra Israel en varias ocasiones a lo largo de 2019.

“Recuerdo que las investigaciones de mi oficina cubrirán todas las partes y todos los hechos y pruebas relevantes para evaluar si existe responsabilidad penal individual en virtud del Estatuto de Roma”, dijo Bensouda en referencia a la carta fundacional del tribunal.

Saldo de bombardeos y ataques con misiles: 48 muertos en Gaza y 5 en Israel

Los bombardeos israelíes de represalia en las últimas horas en la Franja de Gaza elevaron a 48 los muertos palestinos, entre ellos catorce niños y tres mujeres, y a 304 los heridos.

Mientras, las milicias palestinas que lanzaron al menos un centenar de cohetes hacia el centro y sur de Israel, causaron la muerte de dos israelíes, entre ellas una menor, lo que elevó las víctimas mortales en este país de esta escalada a cinco.

Israel asegura haber matado hasta el momento a una veintena de milicianos en los ataques contra objetivos del superpoblado y bloqueado enclave

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Gabriela Morales

Con información de agencias, medios internacionales y redes sociales

El recurso fue presentado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), el exjuez español Baltasar Garzón, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), de Italia.

Asimismo, la acusación también responsabiliza a otras autoridades políticas y policiales de Chile.

En este sentido, los denunciantes aseguran que los casos de “homicidios, tortura, traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, lesiones graves, detenciones arbitrarias” que sucedieron durante las revueltas implican una “política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos”.

Las protestas chilenas comenzaron en 2019 por el descontento del pueblo hacia el gobierno, y a partir de allí las manifestaciones se han continuado realizado

Argumentos de la denuncia contra Sebastián Piñera

Los representantes de la denuncia consideran que muchos de esos actos constituyen “crímenes de lesa humanidad”, que no pueden quedar en la impunidad, según lo establece la normativa internacional de los derechos humanos vigente en Chile, como el Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado de Chile, el 29 de junio del año 2009.

De esta manera, uno de sus principales argumentos del recurso es el cierre de 3.050 causas por violaciones de los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público.

“Hemos decidido recurrir a la CPI porque las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”, según el comunicado de los querellantes.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales