“No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros, prefiero quedarme en la clandestinidad”, dice en una entrevista telefónica con EFE Oriana, una inmigrante venezolana que no quiere dar su apellido.

La mujer de 38 años, madre de una adolescente de 15 años, cuenta que vivió en Florida por más de cinco años, pero recientemente decidió mudarse y establecerse en otro estado, tras la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al amparo a los venezolanos concedido por su antecesor.

El TPS protege a los beneficiados de la deportación y les otorga un permiso de trabajo, que Oriana perderá desde este viernes.

“Soy consciente de que con el TPS tuvimos un privilegio frente a otros inmigrantes como los colombianos o mexicanos, pero de ellos aprendí que no hay que perder las esperanzas y que hay que aguantar hasta donde más se pueda”, manifiesta la inmigrante.

Una actitud que aplaude José Palma, coordinador de la Alianza TPS, una coalición que encabeza una demanda contra el Gobierno de Trump para mantener con vida el amparo.

“La lucha sigue en las cortes, no se ha dado la última decisión”, advierte el activista.

La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados, los de 2021, unos 250.000 a los que se les termina hoy el TPS, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350.000, que quedaron desprotegidos desde el mes pasado cuando la Corte Suprema permitió a la Casa Blanca seguir con sus planes mientras la batalla en los tribunales inferiores continúa.

El caso se encuentra en el Noveno Circuito de Apelaciones donde un panel escuchará argumentos de ambas partes, después que el Gobierno Trump recurriera un fallo de un juez federal que dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal al terminar con el amparo y que su decisión era «arbitraria y caprichosa».

En total son 600.000 venezolanos que quedarán en riesgo de detención y deportación inmediata, lo que supone el mayor número de personas que han perdido el TPS, en la historia del amparo.

La Alianza TPS también está presionando en el Congreso estadounidense a favor de varios proyectos de ley con apoyo bipartidista que otorgaría la legalización permanente a los beneficiados por el TPS de decenas de países.

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Los Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX) solicitaron en una carta abierta a Trump que emita una salida forzosa diferida (deferred enforced departure, DED) para proteger de la deportación a los connacionales llegados antes del 6 de octubre del presente año.

Las agrupaciones, con sede en Miami, consideraron que esta medida, que Trump ya implementó durante su primera presidencia, en enero de 2021, «refuerza la política exterior de EE.UU., al mantener la presión diplomática sobre el gobierno de Nicolás Maduro sin comprometer su agenda migratoria».

Su pronunciamiento ocurre tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que permitió el viernes a la Administración de Trump revocar el TPS de los venezolanos, con cerca de la mitad de ellos con permisos expirados en abril, y el resto con vencimiento previsto para noviembre próximo.

Protección para los venezolanos

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), también pidió al Gobierno estadounidense que revise en un «tiempo perentorio» su política migratoria tras dicha decisión.

Similar a la PUD, los exiliados alertaron de que «la crisis humanitaria en Venezuela persiste con extrema gravedad», pues «la represión política, la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación y el colapso de los servicios básicos han forzado el desplazamiento de más de siete millones de personas».

Las asociaciones, con sede en Miami, resaltaron los efectos en Florida, donde residen casi la mitad, el 49 %, de los cerca de 770.000 venezolanos que hay en Estados Unidos, la mayoría llegados desde la década de 2010, en la que Maduro asumió el poder.

El Gobierno de Trump busca acelerar la deportación de migrantes venezolanos mientras intensifica la presión sobre el gobierno de Maduro. Desde agosto, las fuerzas estadounidenses aseguran haber destruido al menos cinco embarcaciones y abatido a más de 20 personas a las que vinculan con el «narcoterrorismo» procedente de Venezuela.

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Una jueza federal extendió el amparo que debía finalizar el 5 de agosto para unos 7.000 inmigrantes de Nepal, mientras que el 8 de septiembre terminaría el beneficio para vivir y trabajar en EE.UU. en el caso de alrededor de 51.000 hondureños y casi 3.000 nicaragüenses.

Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegando que puso final al amparo, que los protege de la deportación, debido a “animosidad racial”.

En ese sentido, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin dijo en un comunicado que la cancelación del amparo responde a un mandato para “restaurar la integridad” del sistema migratorio y regresar la meta original del TPS.

“El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”, subrayó la funcionaria.

McLaughlin también cargó contra la jueza Trina Thompson, que ordenó la extensión del TPS de los tres países, al decir que el fallo es “otro ejemplo” de cómo jueces incitan al racismo para desviar la atención de los hechos.

Agregó que el DHS apelará la decisión y llevará la batalla legal a instancias superiores.

La Administración Trump ha cancelado el TPS a unos 160.000 ucranianos, 350.000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos, entre otros migrantes.

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«Es sumamente lamentable», dijo a EFE Juan Flores, presidente del grupo migratorio hondureño Fundación 15 de Septiembre.

Desde que asumió el cargo en enero pasado, el presidente de EE.UU. Donald Trump, ha rescindido el TPS para unos 600.000 inmigrantes de siete países, convirtiendo en indocumentadas a personas que huyeron de crisis políticas y desastres naturales, a pesar de que cumplieron con todos los protocolos y requisitos legales, detalló este lunes la organización New York Immigration Coalition.

Para los hondureños, la incertidumbre creció en mayo cuando esperaban un pronunciamiento oficial sobre la extensión del programa que vencía ese mes, pero nunca llegó, dejando a los beneficiarios sin información clara sobre su futuro, explicó Flores.

Agregó que como hondureños también tenían muchas expectativas tras la firma, el pasado 25 de junio, de un convenio migratorio entre EE.UU. y Honduras con la visita al país de Kristi Noem, secretaria estadounidense de Seguridad Nacional.

Fin del TPS en 60 días

Ese día la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, suscribió el acuerdo como ‘tercer país seguro’ con Noem, mediante el cual se comprometió a recibir solicitantes de asilo de otros países antes de que lleguen a la frontera estadounidense.

La decisión de cancelar el TPS, que se hará efectiva en 60 días, tomó por sorpresa a sus beneficiarios: cerca de 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses, según el Registro Federal, quienes ahora disponen hasta el 6 de septiembre para buscar una alternativa a la de ser deportados.

Según Flores, las condiciones en Honduras no permiten un retorno seguro, una información que, dijo, corroboran los mismos informes del Departamento de Estado, que demuestran que «hay corrupción en la clase política» del país.

El programa «Hermanos, vuelvan a casa», una reciente iniciativa del gobierno hondureño que ofrece bonos y asistencia básica a los migrantes deportados sin abordar causas estructurales como la violencia, el desempleo y la corrupción que obligaron a muchos a huir, ha enviado, según él, «un mensaje erróneo a la comunidad internacional de que Honduras ya es segura».

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En una carta, los legisladores citaron la crisis humanitaria en Venezuela y el arduo camino que los migrantes emprenden, atravesando la selva del Darién entre Panamá y Colombia, como motivos por los que la Administración de Biden debe extender esas protecciones a los venezolanos.

“Les rogamos proteger a los venezolanos desplazados que viven en EE.UU. y los que buscan asilo en la frontera sur del país”, escribieron los congresistas, entre los que están Adriano Espaillat, que representa al distrito 13 de Nueva York y Jesús García, del distrito cuatro de Illinois.

El TPS para los venezolanos, que da a los beneficiarios permiso para trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos, solo arropa a las personas que entraron en el país antes del 10 de marzo del año pasado.

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Gabriela Morales

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Adams, que en el pasado había expresado algunas dudas sobre la medida, dejó expirar el plazo que tenía para vetar la nueva legislación, por lo que esta entró en vigor oficialmente el domingo 9 de enero.

De esta manera, la Gran Manzana se convertirá en la primera ciudad de Estados Unidos que permite votar en los comicios municipales a inmigrantes que residen legalmente de forma permanente, a personas con permisos de trabajo o estatus de protección temporal, así como a los acogidos al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “soñadores”.

900.000 personas se suman al censo

En total, se sumarán al censo casi 900.000 personas, una gran parte de ellas inmigrantes de origen latino, que podrán elegir a su alcalde, concejales y otros cargos locales, pero que seguirán sin poder participar en las elecciones del estado o las federales.

“Yo creo que los neoyorquinos tienen que decidir su gobierno, por lo que apoyo y seguiré apoyando esta importante legislación”, señaló Adams en un breve comunicado.

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Gabriela Morales

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A ellos se suman 1,3 millones que recibieron el Estatus de Protección Temporal este año, según anunció Duque en el evento “Hazlos visibles”, organizado por su país en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que participaron representantes del Acnur, Estados Unidos y Canadá.

«Colombia ha visibilizado la crisis venezolana y ha demostrado fraternidad», mientras que «los venezolanos han demostrado resiliencia, esperanza y hermandad», dijo Duque.

“Este mecanismo de protección es el más importante gesto de paz en la historia latinoamericana reciente”, agregó.

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En el evento, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), Filippo Granci, aseguró que el fenómeno venezolano es muy complejo y destacó que la “protección por inclusión es una de las mejores formas de protección o resguardo de los migrantes”.

Por su parte, el representante especial conjunto de Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Edward Stein, que también participó en el encuentro, pidió a otros países que reciben migrantes venezolanos que tomen medidas como las realizadas por Colombia para dar una respuesta humanitaria más efectiva.

Durante el evento, el asesor principal de Asuntos Políticos Especiales de Estados Unidos, embajador Jeffrey DeLaurentis, anunció un nuevo aporte de 336 millones de dólares para responder a la actual crisis humanitaria en Venezuela y la región.

La respuesta que tiene Colombia frente a los que huyen de la dictadura es la solidaridad, reflejada en el #EstatutoDeProtecciónTemporal y la creación de políticas públicas que permitan proteger a quienes lo necesitan. Agradecemos a la comunidad internacional su valioso respaldo. pic.twitter.com/lUhB8qTaqH

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 23, 2021

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Gabriela Morales

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“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuncia extensiones de los períodos de registro inicial de 180 días a 18 meses para solicitantes iniciales (nuevos) bajo las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela, Siria y Birmania”, indicó un comunicado.

“El período de registro de 18 meses para solicitar TPS ahora se extiende desde el 9 de marzo de 2021 hasta el 9 de septiembre de 2022”, señaló el documento.

También aclaró que la documentación puede suponer una carga para los solicitantes que logran presentar la solicitud a tiempo pero que, de lo contrario, serían elegibles para una concesión de TPS.

Además, permitir el registro en la totalidad del período de designación podría reducir la carga operativa de USCIS, debido a que las aplicaciones pueden extenderse a lo largo de un período de tiempo más largo”, señaló el comunicado.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó que extendió los periodos de solicitudes iniciales para el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Venezuela, Siria y Birmania que lo requieran. #TVV #3Ago pic.twitter.com/nLsJThvB7W

— TVV Noticias (@TVVnoticias) August 3, 2021

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Gabriel Velásquez

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A través de un comunicado, la Casa de Nariño manifestó que el Presidente estadounidense se mostró “preocupado” por lo que ocurre en territorio venezolano, y subrayó la importancia de buscar un “consenso internacional para unas elecciones libres y justas”.

“También, reconoció el esfuerzo de Colombia al ofrecer el Estatus de Protección Temporal (ETP) para los migrantes venezolanos que han tenido que salir por la situación de su país”, reza el texto.

Por su parte, Biden anunció una donación inicial de 2,5 millones de vacunas Janssen para los colombianos.

Cabe destacar que es la primera vez que se produce un diálogo entre ambos mandatarios desde la llegada a la Casa Blanca del demócrata.

En el diálogo entre ambos mandatarios también trataron acerca del atentado que sufrió el presidente de Colombia el pasado viernes pasado en la ciudad de Cúcuta.

Esta mañana sostuvimos una conversación con el Presidente de EE.UU., @POTUS, @JoeBiden, sobre nuestro trabajo conjunto por la seguridad, la reactivación económica y la defensa de la democracia. Le agradecemos su anuncio de donar 2,5 millones de vacunas de Janssen a nuestro país. pic.twitter.com/JfxXjYqODZ

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 28, 2021

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Gabriela Morales

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“Otorgar el TPS a los venezolanos que anhelan libertades democráticas en medio de una grave crisis es un acto de gran humanidad y necesidad”, expresó Pelosi a través de su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, la líder demócrata subrayó que “esta acción tan esperada envía este mensaje claro a Maduro y al mundo: estamos con el pueblo venezolano”.

Granting #TPS status to Venezuelans yearning for democratic freedoms amid dire crisis is an act of great humanity and necessity. This long-overdue action sends this clear message to Maduro and the world: we stand with the Venezuelan people.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 9, 2021

El lunes el gobierno estadounidense aprobó la creación del TPS, el cual beneficiará a 323.000 venezolanos que se fueron del país debido a la crisis humanitaria. Esta medida les permitirá vivir, trabajar y estar legalmente protegidos en Estados Unidos, de acuerdo con un escrito del embajador de Venezuela en los EE.UU., Carlos Vecchio.

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Gabriela Morales

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En una llamada con la prensa, dos altos funcionarios del gobierno adelantaron este lunes 8 de marzo la medida de Biden, que tendrá una vigencia de 18 meses, aunque podría prorrogarse, y que solo podrán solicitar los venezolanos que ya estén en EE.UU.

La medida entrará en vigor oficialmente el martes cuando se publique en el Federal Register, el diario oficial del gobierno en el que se difunden leyes, disposiciones y avisos públicos.

En este sentido, a partir de este martes, los venezolanos tendrán 180 días para acogerse a este programa.

Asimismo, para poder beneficiarse, tendrán que demostrar que no tienen antecedentes penales y deberán pagar unas tasas que suman 545 dólares al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que procesará las solicitudes.

Los venezolanos no pueden volver de manera segura a su país

Biden decidió otorgar el TPS a los venezolanos al considerar que no pueden volver de manera segura a su país por las “condiciones extraordinarias” que vive actualmente, según indicaron los dos citados funcionarios, que hablaron con la prensa bajo condición de anonimato.

En el Congreso de EE.UU. creció el consenso entre demócratas y republicanos sobre la necesidad de otorgar el TPS a los venezolanos y, durante la campaña electoral, Biden prometió que una de sus primeras acciones en la Casa Blanca sería otorgar ese permiso a los venezolanos.

El DED seguirá en vigor y los venezolanos pueden solicitar cualquiera de los dos permisos

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Gabriela Morales

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En este sentido, Menéndez y los senadores Dick Durbin, Patrick Leahy y Cory Booker presentarán el proyecto de ley de TPS para Venezuela, que otorgaría protección a los venezolanos “elegibles que están huyendo de las condiciones nefastas en su país natal y fortalecería los sistemas migratorios de países vecinos a Venezuela”, según indica el texto.

Además, el TPS permitiría a esos venezolanos residir y trabajar legalmente en EE.UU.

Estados Unidos y algunos de sus legisladores han respondido efectivamente a las aspiraciones de los venezolanos migrantes

La propuesta viene menos de una semana después de que el anterior presidente, el republicano Donald Trump, usara su poder ejecutivo durante su último día en el cargo y blindara a los venezolanos de la deportación a través de otro programa, llamado Salida Forzada Diferida (DED).

Asimismo, el comunicado expresa que “el TPS se basa en un estatuto y es un estatus migratorio legal”, en comparación con el programa DED, y es por eso que “estamos relanzando nuestros esfuerzos para apoyar de manera concreta a quienes huyen de la miseria causada por el gobierno de Maduro”.

Cabe destacar que a comienzos de enero, los legisladores por Florida, los demócratas Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz, y el republicano Mario Díaz-Balart, presentaron una propuesta similar en la Cámara Baja.

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Gabriela Morales

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