Las autoridades saudíes anunciaron en febrero del año pasado su intención de declarar este 2022 el primer código penal escrito del país para delitos discrecionales pero hasta ahora no dio a conocer más detalles.

Esta falta de información despierta en HRW el temor de que acaben tipificando «las prácticas abusivas que ha desarrollado durante las décadas de ausencia» de un documento reglamentado de acuerdo con las normas internacionales.

Piden que la nueva legislación no permita «reprimir y castigar arbitrariamente» a quienes expresen una opinión diferente en Arabia Saudí

«Para ser justo, independiente y efectivo, el sistema de justicia de Arabia Saudí necesita con urgencia un cambio transformador, pero el clima de represión en el que se están redactando las nuevas leyes no inspira confianza», declaró el subdirector de HRW para la región, Michael Page.

Por esta razón que HRW, instó que se «identifiquen claramente» los elementos constitutivos de delito, así como su posible castigo para que los ciudadanos comprendan si están cometiendo un delito penal claramente reconocible en virtud del Derecho Internacional.

También, la ONG solicitó que la nueva legislación no incluya disposiciones que permitan al gobierno «reprimir y castigar arbitrariamente a las personas por expresar pacíficamente sus opiniones», en incumplimiento de las obligaciones legales internacionales, ni disposiciones «que permitan penas equivalentes a tortura o trato cruel, inhumano y degradante, incluidas la lapidación, la amputación y la flagelación».

“To be fair, independent and effective, Saudi Arabia’s justice system is in dire need of a transformational change, but the repressive climate in which new laws are drafted don’t inspire confidence,” said @MichaelARPage.

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— Human Rights Watch (@hrw) April 29, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y redes sociales

A través de un comunicado publicado en su página oficial, la CIDH hizo un llamado a observar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, así como a investigar, juzgar y sancionar la práctica sistemática de esta grave violación de derechos humanos.

Hicieron referencia a la información pública de la primera quincena del 2022, en la que se demuestra que “agentes de seguridad del Estado estuvieron involucrados en al menos 27 asesinatos, patrones y números que coinciden con los registrados por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y la Organización de Estados Americanos”. Estos hechos ocurridos en el marco de operativos de seguridad ciudadana.

Asimismo, apuntan que 80 % de las víctimas tenían menos de 25 años, 99 % eran hombres en situación de pobreza y 80 % de los casos hubo algún tipo de amenaza o intimidación contra los denunciantes.

Incidentes de “resistencia a la autoridad”

La CIDH observa que estas muertes podrían configurar ejecuciones extrajudiciales, conforme a estándares interamericanos. Adicionalmente, encuentra preocupante que el Estado venezolano presente gran parte de estas muertes violentas como incidentes de “resistencia a la autoridad”, señaló el comunicado.

En este sentido, la CIDH reiteró que “los Estados no pueden permitir que agentes de seguridad fomenten prácticas que reproduzcan el estigma de que jóvenes en situación de pobreza están necesariamente vinculados a la delincuencia”.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Según el comunicado, recogido por la televisión hongkonesa RTHK, detalló que, “resulta descorazonador ver cómo tantos países occidentales se han puesto de acuerdo para lanzar ataques infundados en un intento deliberado de engañar a la comunidad internacional«.

El escrito defendió que la ley, impuesta el año pasado tras las protestas contra el gobierno hongkonés, estipula la protección de los derechos de la población, aunque en modo alguno son absolutos y están regulados por la legislación en el caso de que atenten contra las libertades ajenas.

La Ley de Seguridad china es una norma jurídica diseñada para evitar la interferencia en los asuntos territoriales de Hong Kong

Esta declaración tiene lugar después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara este viernes sanciones contra siete funcionarios del gobierno asiático. Ya cumpliéndose un año de la aprobación de esta ley.

El departamento estadounidense denunció a través de un comunicado que, «durante el año pasado», los funcionarios de China y Hong Kong «han socavado sistemáticamente las instituciones democráticas de Hong Kong, han retrasado las elecciones, han descalificado a legisladores electos de sus cargos y han obligado a los funcionarios a prestar juramentos de lealtad para mantener sus trabajos».

Manifestantes en mayo de 2020 marchando en Hong Kong contra el proyecto de Ley de Seguridad Nacional

En respuesta, la jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, indicó que las sanciones y los comentarios norteamericanos son «una intervención flagrante en los asuntos internos de la República Popular de China, de los que Hong Kong es parte inalienable, un pisoteo total del estado de Derecho y, una vez más, un doble rasero de la Administración de Estados Unidos».

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa y RTHK