Florián aseguró que el flujo migratorio está en semáforo verde, es decir que hay «normalización de las fronteras», aunque aclaró que el gobierno colombiano trabaja de manera preventiva en un paquete de medidas para atender cualquier eventualidad migratoria en la zona.

Por eso también se mantiene activo el puesto de mando unificado (PMU) en Cúcuta, ciudad colombiana que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela.

El ministro de la Igualdad destacó que la presencia institucional obedece a la ejecución del Plan Frontera, una estrategia diseñada desde hace más de un mes, para prevenir y mitigar los riesgos derivados de una eventual crisis migratoria en Venezuela.

«Estamos trabajando de manera articulada (…) para revisar inventarios de alojamientos y asegurar la no discriminación, especialmente contra mujeres, sectores LGBTIQ+ y víctimas de xenofobia», señaló el alto funcionario.

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A través de Telegram, la presidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, indicó que tras el «éxito» de la aplicación de este decreto, Maduro «ha decidido renovar su contenido para seguir derrotando las sanciones imperiales, preservar el equilibrio económico y garantizar el pleno disfrute de sus derechos al pueblo venezolano».

En la renovación de este decreto de emergencia, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario 6.924, el Ejecutivo considera que persiste «la ofensiva económica en el marco de la guerra comercial contra la República Bolivariana de Venezuela, por parte de potencias extranjeras, en su intención de soliviantar la economía del país y generar distorsiones en el sistema financiero, monetario y fiscal».

Asimismo, establece que el presidente Maduro podrá dictar regulaciones excepcionales y transitorias que «resulten necesarias para restablecer los equilibrios económicos y proteger los derechos de la población».

También podrá «autorizar las contrataciones que fueren necesarias para garantizar a la población el restablecimiento de sus derechos fundamentales», además de suspender la aplicación y cobro de tributos nacionales, estadales y municipales, así como de los trámites administrativos relacionados, «a fin de proteger el aparato productivo nacional».

El mandatario está autorizado para «concentrar en el tesoro nacional la recaudación de las tasas y contribuciones especiales creadas por leyes y redireccionar los recursos disponibles de todos los fondos existentes».

La renovación del decreto, que fue firmado en un primer momento en abril pasado por dos meses, tendrá 60 días de vigencia, y podrá ser extendido por un plazo igual.

Venezuela enfrenta una subida de los aranceles del 15 % por parte de EE.UU., así como la imposición de gravámenes del 25 % a los compradores de su crudo o gas.

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La norma, denominada oficialmente Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo de las 7 Transformaciones 2025-2031, «dibuja el proyecto de país en el futuro», expresó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, en una sesión ordinaria celebrada después de que el Legislativo no sesionó durante casi 40 días en medio de la campaña hacia los comicios regionales y legislativos del próximo domingo.

El parlamentario afirmó que la iniciativa profundiza «en la razón de ser de la Revolución Bolivariana» que, a su juicio, es «la equidad, la justicia, la igualdad y la recuperación del estado de bienestar» del país.

Por su parte, la diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Tania Díaz afirmó, al intervenir ante el plenario, que Maduro «está presentando este plan de las siete transformaciones para construir el futuro de la patria».

¿Qué son las 7T?

El pasado 15 de enero, cinco días después de su investidura para un tercer mandato después de su cuestionado triunfo electoral, Maduro indicó que las 7 transformaciones o 7T son: «Modernizar la economía, Independencia plena, Paz, seguridad e integridad territorial, Social, Política, Ecología y Geopolítica», según difundió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El líder del oficialismo firmó el pasado 8 de abril un decreto de emergencia económica por dos meses, en respuesta a la «guerra comercial inédita» ocasionada por la política arancelaria de EEUU y que le otorga la potestad de «dictar todas medidas que considere necesarias para garantizar el desarrollo y crecimiento» del país.

Venezuela enfrenta una subida de los aranceles del 15 % por parte de EEUU, así como la imposición de gravámenes del 25 % a los compradores de su crudo o gas y el fin de las licencias a las petroleras para operar en su territorio, como la estadounidense Chevron y la española Repsol.

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Esto al decir de algunos voceros de la oposición. A través de X, el exgobernador Andrés Velásquez afirmó que el decreto es «puro teatro» y que Maduro «quiere aparentar democracia», pero, agregó, en Venezuela «no hay institucionalidad» y «todo es maquillaje».

«Maduro concentra todos los poderes», indicó Velásquez.

Mientras que, el exdiputado Juan Pablo Guanipa afirmó que el decreto de emergencia económica es una «muestra del cinismo» de Maduro.

El mandatario venezolano anunció que la medida, prorrogable por 60 días, «ahora debe de inmediato entregarse a la Asamblea Nacional»

«Aquí no hay Estado de derecho y un país así no tienen viabilidad. Hablan de sanciones y aranceles, pero la verdadera causa de esta tragedia es el saqueo a la nación venezolana», dijo Guanipa a través de su cuenta en la misma red social.

Para el también opositor, Venezuela «no va a levantar cabeza» mientras el chavismo siga en el poder y consideró que la solución es más trabajo, inversión y crecimiento, pero eso «solo será posible» cuando se respete lo que asegura fue la victoria del candidato de la mayor coalición opositora del país, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro fue proclamado ganador oficialmente por el ente electoral.

El decreto de emergencia económica otorga a Maduro la potestad de «dictar todas medidas que considere necesarias para garantizar el desarrollo y crecimiento» de Venezuela, según un documento que leyó el mandatario venezolano.

Gonzalez Urrutia dice que van «25 años de mala gestión»

El martes, González Urrutia, principal abanderado opositor en los pasados comicios, quien reclama la Presidencia de Venezuela, dijo que Maduro pretende «engañar» al país con la firma de un nuevo decreto de emergencia económica, luego de «25 años de mala gestión».

En enero de 2016, Maduro aprobó un «estado de emergencia económica» en todo el territorio nacional, con el fin de «proteger al pueblo en función de las amenazas existentes», según explicaron entonces las autoridades, que achacaban a una supuesta «guerra económica» por parte de la oposición y el sector privado el desabastecimiento, la inflación y la recesión económica.

Venezuela, hoy con niveles de abastecimiento superiores al 90 % y una inflación más controlada, según cálculos oficiales, enfrenta ahora una subida de los aranceles del 15 % por parte de EEUU, medida que se suma a otras como los aranceles adicionales del 25 % a los compradores de su crudo o gas y el fin de licencias a petroleras para operar en suelo venezolano, como la estadounidense Chevron y la española Repsol.

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«Procedo hoy (martes), 8 de abril, a firmar el decreto de emergencia económica que me faculta por dos meses a obrar, a actuar y a accionar distintas modalidades de políticas públicas para defender la economía nacional, protegerla y avanzar», indicó Maduro.

El mandatario venezolano anunció que el decreto, prorrogable por 60 días, «ahora debe de inmediato entregarse a la Asamblea Nacional (Parlamento)» y explicó que entrará en vigencia una vez se publique en Gaceta Nacional.

Maduro defendió que este decreto se firma considerando que el «mundo enfrenta una guerra comercial inédita» ocasionada por la «política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos» y consideró «deber del Ejecutivo» garantizar «el desarrollo armónico de la economía nacional y proteger a la población y a los sectores productivos».

«Ante las circunstancias internacionales y el impacto de la guerra comercial y económica contra el mundo y contra Venezuela, contra todo nuestro continente, yo apelo a las facultades constitucionales que me da el decreto de emergencia económica para proteger integralmente todos los sectores productivos», afirmó.

Maduro tendrá facultades especiales

Maduro, quien leyó el documento, podrá «dictar regulaciones excepcionales y transitorias», «suspender con carácter general la aplicación y cobro de tributos nacionales, estadales y municipales».

Además, estará facultado para «concentrar en el tesoro nacional la recaudación de las tasas y contribuciones especiales creadas por leyes y redireccionar los recursos disponibles de todos los fondos existentes».

De igual forma, tendrá la potestad de «establecer mecanismos y porcentajes de compra obligatoria de la producción nacional para favorecer la sustitución de las importaciones», así como «adoptar todas las medidas necesarias para estimular la inversión nacional e internacional», entre otras decisiones.

Venezuela afronta un momento complicado

En enero de 2016, Maduro aprobó un «estado de emergencia económica» en todo el territorio nacional, con el fin de «proteger al pueblo en función de las amenazas existentes», según explicaron entonces las autoridades, que achacaban a una supuesta «guerra económica» por parte de la oposición y el sector privado el desabastecimiento, la inflación y la recesión económica.

Venezuela, hoy con niveles de abastecimiento superiores al 90 % y una inflación más controlada, según cálculos oficiales, enfrenta ahora una subida de los aranceles del 15 % por parte de EEUU, medida que se suma a otras como los aranceles adicionales del 25 % a los compradores de su crudo o gas y el fin de licencias a petroleras para operar en el país caribeño, como la estadounidense Chevron y la española Repsol.

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«Mañana firmaré el decreto constitucional de emergencia económica para proteger y defender la economía de toda Venezuela, y lo explicaré», indicó el mandatario en su programa semanal «Con Maduro +».

Maduro recordó que utilizó este recurso en otros años anteriores y explicó que ese decreto le permite asumir «funciones especiales, constitucionales, extraordinarias» para lo que consideró «la defensa de la economía venezolana en su impulso, en su desarrollo».

En el espacio televisivo, la vicepresidenta entregó a Maduro el documento con la propuesta para que, aseguró, tome las «riendas de la economía» y así «proteger la industria nacional, para garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales de la población y que la vida económica nacional siga su rumbo».

Un momento complicado para Venezuela

Venezuela enfrenta una subida de los aranceles del 15 % por parte de EEUU que se suma a otras medidas como los aranceles adicionales del 25 % a los compradores de crudo o gas venezolano y el fin de licencias a petroleras para operar en el país, como la estadounidense Chevron y la española Repsol.

El pasado viernes, Maduro aseguró que Venezuela será «el primer país del mundo que va superar a los aranceles y la guerra comercial que ha declarado (el presidente estadounidense, Donald) Trump, contra el mundo».

El presidente estadounidense inició el pasado miércoles a una guerra comercial con el resto del mundo al anunciar un arancel mínimo del 10 % para casi todos los países que, en algunos casos como China o la Unión Europea, es todavía mayor.

Desde entonces, los mercados han experimentado caídas no vistas desde el inicio de la pandemia de Covid-19, y los expertos advierten de una posible recesión.

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