Para la ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se trata de un «día histórico«, que mejora la vida de la gente, al dar la oportunidad de vivir «con igualdad de derechos y oportunidades». La reforma es fruto de un acuerdo alcanzado por el Partido Socialista (PSOE) con la formación izquierdista Podemos, después de que la iniciativa legislativa popular que recabó más de 700.000 firmas haya estado más de un año bloqueada.

Al tramitarse como un real decreto, el Gobierno de España no requiere de su convalidación parlamentaria. El conservador Partido Popular, de hecho, tachó este martes de «ilegal» esa regularización, mientras que el ultraderechista Vox avanzó que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo.

Como beneficiarios, todas las personas en situación administrativa irregular que hubieran residido en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre o los solicitantes de asilo que presentaran su petición antes de entonces, siempre y cuando carezcan de antecedentes penales. El padrón municipal u otros documentos, como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler, servirán para acreditar ese tiempo de residencia.

El plazo de tramitación será de tres meses como máximo, pero la mera admisión de la solicitud permitirá a la gente trabajar desde el primer día.

El Ejecutivo prevé que puedan empezar a presentarse las solicitudes en abril y en ese momento quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión.

La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá acceder al mercado laboral, a una vivienda y recibir atención sanitaria con normalidad.

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Nacho Gallego

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