Tras una semana de conversaciones, las partes pactaron la revisión de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, específicamente «lo inherente al proceso de inhabilitaciones» políticas.

Este pronunciamiento se da en un momento en el que la oposición ha exigido que se le retire la inhabilitación política a su líder y premio nobel de la paz, María Corina Machado -quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado- y que pueda regresar a su país para poder participar en eventuales elecciones.

Ni Machado ni el líder opositor Edmundo González Urrutia participan directamente en estas negociaciones. Sin embargo, han dicho que esperan que estas conversaciones logren un «cronograma electoral presidencial oportuno».

Elecciones, una «gran demanda»

La jefa de la delegación opositora en el diálogo, Dinorah Figuera, reconoció este miércoles que la «gran demanda» de Venezuela es que se celebren elecciones presidenciales, que ha planteado sean en 2027, y aseguró que tiene la voluntad para que esto se concrete.

En este contexto, Figuera reiteró que Estados Unidos está interesado en «acompañar ese proceso de estabilización democrática y de garantías políticas para el futuro del país».

La opositora aspira a que los comicios presidenciales en Venezuela se celebren después de desmotar el «aparato» alrededor del sistema electoral y de que se obtengan las condiciones que garanticen la credibilidad de la votación, según dijo en una entrevista al diario venezolano El Nacional difundida hoy.

Ley contra el terrorismo

Los partícipes en el diálogo también acordaron revisar la definición y tipificación del terrorismo en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

El delito de terrorismo fue imputado a una gran cantidad de personas tras las presidenciales de 2024, que fueron acusadas de vandalismo y violencia, y calificados por el entonces fiscal general, Tarek William Saab, como terroristas en medio de una crisis poselectoral.

Ese año, el abogado Joel García dijo a EFE que la acusación de terrorismo era «un patrón sistemático y generalizado» contra la población disidente al Gobierno entonces presidido por Nicolás Maduro, quien fue proclamado en 2024 como ganador de las presidenciales por un ente electoral controlado por rectores afines al chavismo y que no publicó los resultados detallados.

Ley de partidos y la Ley Simón Bolívar

Las partes también propusieron la revisión de la Ley Simón Bolívar, aprobada en 2024 por el Parlamento -presido por el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez- y que contempla penas de entre 25 y treinta años de prisión, así como multas millonarias y sesenta años de inhabilitación política para quienes promuevan sanciones contra el Gobierno.

Asimismo, plantearon la revisión de la Ley de partidos políticos para «garantizar la participación de todos los actores» y en «aras de fortalecer la democracia» en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia mantiene intervenidas a varias facciones de la oposición.

Gestión del oro en Inglaterra

También se acordó conformar una comisión paritaria que gestione la recuperación del oro depositado en el Banco de Inglaterra, a fin de que los recursos puedan ser utilizados en la población afectada por el doble terremoto del pasado 24 de junio y la «recuperación de los servicios públicos».

Según declaró a la prensa Figuera, su comisión conversó con representantes del Reino Unido para que se haga efectiva la transferencia de los recursos que estuvieron en control de la oposición en 2019, en medio de una crisis política desatada por el cuestionamiento al mandato del ahora presidente depuesto Nicolás Maduro, tras unas presidenciales con denuncias de fraude.

Concluido este tercer ciclo de diálogo, Jorge Rodríguez informó que las próximas conversaciones serán entre el 11 y 15 de noviembre.

De interés: Oficialismo y oposición culminan la tercera ronda de diálogo

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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