Durante una entrevista con EFE en la capital guatemalteca, Skau explicó que, pese a los avances registrados en los últimos años en la atención a la desnutrición infantil en la región, la previsión de sequías prolongadas y lluvias extremas plantea el riesgo de perder el terreno ganado si no se ejecutan medidas de anticipación.

El Corredor Seco centroamericano es una franja territorial extendida de forma vertical por el litoral del Pacífico y el este de la región — desde el sur de México hasta Costa Rica — altamente vulnerable a las variaciones climáticas extremas y que abarca amplias áreas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

En esta área residen alrededor de 10,5 millones de personas, en su mayoría dedicadas a la agricultura de subsistencia de maíz y frijol, cuya supervivencia y alimentación dependen directamente de la regularidad de las lluvias estacionales.

«Lo que preocupa ahora es que con El Niño nos va a llevar atrás. Por eso es tan importante que tomemos acciones tempranas para poder mitigar y evitar un retraso», afirmó el representante internacional al término de su gira por El Salvador y Guatemala, donde visitó comunidades agrícolas afectadas.

Durante su recorrido sobre el terreno, Skau comprobó que la falta de precipitaciones ya destruyó cultivos básicos en varias comunidades dedicadas a la agricultura de subsistencia.

«Visitamos comunidades que no habían visto lluvia por cuatro semanas y ya está perdida la siembra. Si se depende de estas plantas para comer, hay un problema grave ahora de alimentación», detalló Skau al señalar la urgencia de distribuir apoyo alimentario e insumos antes de que empeore la disponibilidad de comida.

El responsable del WFP subrayó que las previsiones climáticas para los próximos meses anticipan un escenario complejo no solo para la región centroamericana, «sino también a nivel global (…) con sequía en una parte y con lluvias fuertes en otras».

A juicio del representante de la ONU, la respuesta ante la eventualidad climática debe ir acompañada de un enfoque preventivo coordinado entre las instituciones públicas, los municipios y la cooperación internacional para proteger los medios de subsistencia de la población rural.

La medida, aprobada bajo una polémica reforma constitucional en julio de 2025, ha generado intensos debates sobre la concentración del poder en la región.

¿Un «club» autoritario o estándar democrático?

La discusión cobró fuerza luego de que Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), cuestionara la medida en su cuenta de X (antes Twitter):

«Países con reelección indefinida en América Latina: Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Que quede muy claro en qué club entra ahora Nayib Bukele».

En respuesta, Bukele desestimó las críticas utilizando una lista de democracias parlamentarias globales:

«También la tienen Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, y Japón, entre muchos otros países. Pero la idea es que suene mal».

La legitimidad de la reforma según el mandatario

Ante los señalamientos de que la reelección indefinida viola la Carta Magna salvadoreña, Bukele argumentó que los cambios se realizaron bajo los canales institucionales:

• Mayoría democrática: Defendió que la Constitución fue reformada por una «supermayoría legislativa» otorgada por el pueblo en las urnas.
• Proceso pacífico: Afirmó que, a diferencia de otros países donde los cambios constitucionales ocurrieron por golpes de Estado o guerras, en El Salvador se dio a través de una «fiesta cívica».
• Aval internacional: Aseguró que las elecciones han sido libres y transparentes, señalando que ningún organismo multilateral ni país ha desconocido los resultados.

La ruta electoral hacia 2027

El partido oficialista Nuevas Ideas (NI) confirmó que Bukele ganó el pasado domingo las elecciones primarias de su partido, donde aparentemente no tuvo contrincante, para definir la candidatura presidencial.

Los siguientes pasos clave en el calendario electoral son:

• Inscripción de la candidatura: El mandatario deberá registrar su postulación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026.
• Cambios en el período presidencial: La reforma aprobada el 31 de julio de 2025 no solo habilitó la reelección indefinida, sino que elevó el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.
• Adelanto de elecciones: Aunque el segundo mandato de Bukele (iniciado en junio de 2024) debía concluir en 2029, la reforma legislativa adelantó las elecciones generales para febrero de 2027.

Contexto de gestión

A pesar de que el gobierno de Bukele goza de altos niveles de popularidad impulsados por sus políticas de seguridad pública, analistas y organizaciones internacionales continúan criticando la concentración de funciones estatales, las denuncias de violaciones masivas a los derechos humanos y las crecientes presiones de la población en materia económica.

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El Comando Sur de EEUU (Southcom) y una delegación liderada por el mayor general de los Marines, Kevin J. Jarrard, se movilizan rápidamente con soporte logístico para asistir en las operaciones de recuperación, según informaron las autoridades norteamericanas en Caracas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó la recepción de insumos y personal de ambos países, destacando la llegada de 188 rescatistas salvadoreños tras aceptar el ofrecimiento del mandatario Nayib Bukele.

El Ministerio de Defensa de España envió un avión militar A330 con 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ingenieros, personal médico del SUMMA112, bomberos de la Comunidad de Madrid y 12 unidades caninas expertas en estructuras colapsadas.

Las autoridades venezolanas reportan de manera oficial que los sismos afectaron con mayor gravedad a Caracas y La Guaira.

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Fuente de imagen referencial: EFE/ Rodrigo Sura

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Puntos clave de la demanda

Alegatos principales: Violación al debido proceso, identificación errónea como miembro de pandillas y envío ilegal a una prisión extranjera de máxima seguridad.

El incidente: Neiyerver León Rengel fue deportado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, donde permaneció incomunicado tras ser catalogado como criminal «extremadamente peligroso» por supuestos vínculos con el Tren de Aragua (basados en sus tatuajes).

Estatus legal al momento: El demandante asegura que entró a EEUU en 2023 vía CBP One, tenía una audiencia programada para 2028 y contaba con una solicitud activa de TPS. Los agentes habrían ignorado su documentación legal.

Contexto y objetivo

«No busco regresar a Estados Unidos, pero sí quiero limpiar mi nombre y explicar lo que me sucedió», manifestó León Rengel al Miami Herald.

Retorno a Venezuela: Fue repatriado en julio de 2025 mediante un intercambio de prisioneros entre las administraciones de Trump y Maduro.

Apoyo legal: La demanda cuenta con el respaldo de la Lulac y el Democracy Defenders Fund, quienes denuncian abusos físicos y psicológicos durante su estancia en el Cecot.

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Fuente de imagen referencial: EFE/LULAC

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En un extenso informe divulgado en Asunción, la capital de Paraguay, AI apuntó que las legislaciones que regulan la actuación de las ONG en estos seis países «imponen controles desproporcionados» a las organizaciones de la sociedad civil, lo que, aseguró, «afecta directamente su capacidad para apoyar y acompañar comunidades» vulnerables.

«Estamos viendo un aumento significativo en lo que llamamos prácticas autoritarias en diferentes medidas, que están restringiendo la labor de personas que defienden los derechos humanos, de personas que son identificadas como disidencias a los Gobiernos y eso se ha manifestado en un cierre del espacio cívico«, dijo a EFE la directora de AI para las Américas, Ana Piquer.

La abogada señaló que las disposiciones de estas leyes buscan «ahogar financiera y administrativamente» a las organizaciones al «exigirles requisitos que son tan complejos que finalmente hacen que la organización esté casi que dedicada a cumplirlos».

Piquer citó como ejemplo de esto a la Ley de Agentes Extranjeros promulgada en 2025 en El Salvador, que ordena un 30 % de impuestos sobre las transacciones internacionales de las ONG que operan en este país.

«Eso, sumado a otros impuestos a los que ya estaban sujetas, puede significar que paguen más de la mitad de sus ingresos en impuestos. Ya casi que no pueden cumplir su labor, su presupuesto no da», agregó.

Otro ejemplo de esto, indicó, ocurre con la ley sancionada en 2020 en Nicaragua, la primera de este tipo para entonces en América Latina, que ha provocado el cierre de cientos de organizaciones.

Denuncias de ONG

El informe también destaca la narrativa oficial «estigmatizante» contra directivos y organizaciones de la sociedad civil que son acusados de estar contra los intereses de sus propios países.

«En el caso de Ecuador, la narrativa estigmatizante fue muy brutal, se sumó en un contexto de protestas», afirmó al respecto Piquer, al tiempo que aseveró que en ese país, en el marco de la ley que regula a las ONG, se cerraron las cuentas bancarias de muchas organizaciones, causando su parálisis financiera.

Por otra parte, el documento refiere que una ONG venezolana denunció ante AI que las organizaciones civiles son consideradas como «enemigos internos» por el Gobierno.

«Somos percibidos como opositores al Gobierno porque documentamos y denunciamos violaciones a derechos humanos», detalló la ONG, que declaró bajo condición de anonimato.

En ese sentido, la jefa de IA para las Américas sostuvo que las leyes anti-ONG en los seis países comparten sus aprobaciones «de manera exprés, sin debate, sin participación de la sociedad civil, con conceptos extremadamente vagos y con discursos muy estigmatizantes en contra de las organizaciones», que suelen ser señaladas de «antipatria» sin base.

También apuntó que los países analizados están en «diferentes lugares del espectro político».

De igual forma, Piquer explicó que AI recomienda «la reforma o derogación de estas legislaciones» en todos los casos, por considerar que vulneran los derechos humanos y tratados internacionales que los mismos Estados han ratificado.

«La recomendación es que esto se tiene que revertir, esto se tiene que modificar», insistió Piquer, tras sentenciar que las ONG realizan sus labores humanitarias donde los Estados no llegan.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Juan Pablo Pino

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La decisión judicial representa un revés mayor para el mandatario estadounidense en su campaña de deportaciones masivas. El juez James Boasberg ordenó al Gobierno de EE.UU. que permita la entrada al país de cualquiera de los más de 130 venezolanos que a partir de marzo de 2025 estuvieron recluidos durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).

Boasberg, que ha sido criticado por Trump, destacó en su orden que «esta situación nunca se habría presentado» si el Gobierno simplemente hubiera reconocido a los demandantes sus derechos constitucionales antes de deportarlos inicialmente. Estados Unidos deberá pagar los pasajes aéreos y proporcionar la documentación necesaria para facilitar el viaje a quienes decidan regresar.

La orden aclara que los venezolanos elegibles para regresar a EE.UU. serán puestos bajo custodia a su llegada al país, luego de que en julio fueran enviados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos Gobiernos. En diciembre pasado Boasberg ya había dictaminado que el Gobierno Trump negó el debido proceso a este grupo de venezolanos y debía darles la oportunidad de tener una audiencia.

El magistrado también certificó una demanda colectiva, lo que allana el camino para que todos los migrantes enviados al CECOT impugnen su designación como enemigos extranjeros de EE.UU. Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para enviar a El Salvador a los inmigrantes a los que acusó, sin presentar pruebas, de que pertenecían al Tren de Aragua.

La demanda fue interpuesta por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward que argumentaron que la deportación fue ilegal y que El Salvador encarceló a los venezolanos a cambio de un pago. Por el envío de inmigrantes a El Salvador, la Casa Blanca mantiene otro pulso judicial en el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García que fue expulsado junto a los venezolanos y fue retornado a EE.UU. por orden de un juez.

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En su Informe Mundial 2026, la organización señala que, durante el primer año del nuevo mandato de Trump, algunos países de la región violaron los derechos de personas extranjeras a instancias directas de la administración estadounidense, mientras que otros profundizaron políticas de seguridad basadas en detenciones masivas, militarización y uso excesivo de la fuerza.

“El impacto de la administración Trump ha sido indudablemente negativo en América Latina y el Caribe”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, quien subrayó que los gobiernos de la región siguen siendo responsables de defender la democracia. El informe destacó que Estados Unidos recortó de manera significativa la ayuda exterior destinada a organizaciones de derechos humanos y medios independientes, mientras que países como El Salvador, Perú y Ecuador aprobaron leyes que permiten el cierre arbitrario de organizaciones civiles.

HRW también criticó lo que considera una doble vara de la política exterior estadounidense, que ha condenado las violaciones en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero ha ignorado abusos graves en países aliados. El documento alertó además sobre el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela a inicios de 2026, que podría fortalecer al gobierno represivo venezolano y responder a intereses políticos y comerciales de Washington.

HRW instó a los gobiernos latinoamericanos a oponerse a los ataques marítimos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que han causado la muerte de más de 120 personas, lo que podría constituir ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional. En el ámbito migratorio, el informe documentó abusos generalizados contra personas deportadas, mientras que El Salvador sometió a venezolanos deportados a desapariciones forzadas y torturas, y la República Dominicana intensificó la deportación de haitianos hacia contextos de alto riesgo.

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«En esta acción los diferentes organismos de policía y las respectivas fiscalías permitieron la captura de 19 personas señaladas de coordinarse para estafar a ciudadanos, principalmente centroamericanos, interesados en obtener visas de los Estados Unidos», afirmó la delegada para las finanzas criminales de la Fiscalía colombiana, Aura Liliana Trujillo, en una rueda de prensa.

La funcionaria explicó que los detenidos se hacían pasar por funcionarios de agencias estadounidenses y les hicieron creer a las víctimas que estaban participando en un proceso para obtener las visas de trabajos para ser contratados en actividades como hostelería, construcción y jardinería.

En el caso de Colombia, la delegada para las finanzas criminales de la Fiscalía señaló que encontraron que en Medellín tenían «toda la infraestructura necesaria para la falsificación de estos documentos, tales como una prensa manual de hierro con el sello del Departamento de Estado de los Estados Unidos».

La banda usaba identificaciones gubernamentales falsas, incluidas tarjetas de seguridad social y residencias permanentes en EE.UU.

Las víctimas debían transferir entre 50.000 y 90.000 dólares en Miami, Houston, Boston y Chicago a supuestos funcionarios estadounidenses que les iban a ayudar a asignar las citas para las visas y obtener el documento.

De esta forma, la red estafó a 700 personas de 15 países de Suramérica y el Caribe y obtuvo, al menos, 2,5 millones de dólares.

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La organización denunció en un informe, en colaboración con la ONG Cristosal, con sede en Guatemala, que los 252 migrantes venezolanos enviados a la prisión de máxima seguridad estuvieron sometidos a torturas, violaciones y fueron privados de acceso a comida y agua, de acuerdo con los testimonios de un centenar de familiares y cerca de cincuenta expresos.

“Lo que descubrimos es que estos venezolanos sufrieron torturas sistemáticas durante los casi cuatro meses que estuvieron en el centro. Día tras día eran golpeados por los guardias, los golpeaban por hablar en voz alta, los golpeaban por todo, lo que nos llevó a la conclusión de que no se trataba de casos aislados, sino que era algo sistemático”, aseguró Juanita Goebertus, directora de la división de América de HRW en la presentación en Washington del informe ‘Llegaron al infierno’.

Los migrantes fueron enviados al Cecot entre marzo y abril, luego de que la Administración de Trump los acusara de terrorismo, y el 18 de julio fueron repatriados a Venezuela como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador.

El documento es, según aseguran, la publicación más completa hasta la fecha del maltrato al que estuvieron sometidas estas personas mientras estuvieron detenidas en El Salvador.

HRW documentó «al menos tres casos de violencia sexual por parte de los guardias contra los migrantes venezolanos» así como «abusos verbales y psicológicos muy graves».

Los testimonios explicaron que no tenían un acceso adecuado a agua potable, a comida ni a una atención médica: «El agua que utilizaban para beber y para cocinar era amarilla y a veces estaba caliente», explicó la directora.

Según explicaron, una de las principales conclusiones del informe revela que la expulsión forzosa a la que fueron sometidos los migrantes constituye «una desaparición forzada, que es un delito internacional en el que tanto Estados Unidos como El Salvador son cómplices”.

«En algún momento tendrá que haber una investigación, y nosotros y otras organizaciones estamos recopilando pruebas para cuando llegue ese momento, agregó.

Desde HRW instaron al resto de los países a levantar la voz y denunciar los actos que se están cometiendo en el Cecot.

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La politóloga y socióloga chilena aseguró que la gestión de Trump «legitima comportamientos autoritarios e iliberales, transforma las narrativas sobre la democracia y cambia el rol de un socio estratégico en la región en materia de promoción de derechos humanos y democracia».

Además, la celeridad con la que están ocurriendo los ataques a la democracia estadounidense demuestra que «no todos los procesos de deterioro van a ser lentos o van a ocurrir a lo largo de dos décadas, con paulatinas restricciones», afirma la directora del instituto.

«Cuando hay mucha concentración de poder, (el deterioro democrático) puede ocurrir extremadamente rápido. Es algo que nos preocupa sobremanera», añadió Ríos durante una entrevista en Santiago de Chile, que acoge esta semana el 30° aniversario de IDEAS Internacional.

De 1 a 5 regímenes autoritarios

Cuando un grupo de Estados -entre ellos Chile- fundaron el instituto en Suecia, en 1995, el mundo vivía «un momento de expansión democrática, después de la tercera ola de democratización» y, salvo Cuba, no había regímenes autoritarios en Latinoamérica, recordó Ríos.

30 años después, apuntó, «estamos en un momento global de retrocesos» y la región ha pasado a tener cinco autoritarismos: Cuba, Nicaragua, Venezuela, Haití y, «recientemente», El Salvador.

«Hoy día la amenaza no es un golpe de Estado, no es un bombardeo al palacio de Gobierno, sino el socavamiento interno de la democracia. Es decir, utilizar las reglas para subvertir su funcionamiento», advirtió la socióloga.

Para Ríos, el ejemplo de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele lleva a cabo una polémica lucha contra las pandillas y bandas delincuenciales y ha promovido recientemente una controvertida reforma constitucional que abre la puerta a la reelección indefinida, «es muy preocupante para Chile y para toda América Latina».

«No podemos intercambiar seguridad por democracia. A América Latina le ha costado mucho construir instituciones de Justicia que funcionen bien y que las personas tengamos el derecho a la defensa y a ser considerados inocentes», subrayó la directora regional de IDEAS Internacional.

Fallos de la democracia

El deterioro democrático universal es consecuencia, según la experta, de un conjunto de factores que incluye la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones, debido a la corrupción, así como la «lentitud» y la «ineficacia» con que el sistema resuelve muchas veces los problemas que aquejan a la gente, como la desigualdad o la seguridad.

Hoy en día, declaró Ríos, «la inmediatez de las comunicaciones y de la vida reclama que la política y la democracia reaccionen rápido. Y la democracia no está hecha para soluciones rápidas. (…) Un emperador o un general van a poder tomar decisiones más rápido que un congreso».

«Los movimientos extremistas, autoritarios e iliberales aprovechan este descontento y estas debilidades de la democracia para generar propuestas fáciles a preguntas complejas y generar enemigos y polarización», agregó la politóloga.

Pese al oscuro panorama, Ríos cree que hay espacio para la esperanza en la región si se protegen las instituciones electorales, se combate la desinformación, se regula el financiamiento de la política y se empieza a no considerar al que piensa distinto «como un enemigo».

«La democracia sigue estando en manos de las personas, de los pueblos y también tenemos experiencias virtuosas de resiliencia. Tenemos mucha esperanza y fe en que las y los latinoamericanos tienen un apego todavía muy fuerte a la democracia porque han luchado por ella en momentos complejos», concluyó la directora regional de IDEAS Internacional.

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«Pedimos a las autoridades de Estados Unidos detener la persecución contra nuestros hermanos migrantes. Pedimos que se le respeten sus derechos y el derecho a la migración es fundamental en los derechos humanos», dijo Escobar en el marco del cierre de las fiestas patronales de la capital salvadoreña.

El principal jerarca católico salvadoreño también instó a «no criminalizarles en su estatus solo por ser indocumentados», ya que «son personas nobles, personas buenas, trabajadoras que han hecho mucho por aquel país» y sostuvo que «merecen un trato digno».

Política contra migrantes en EEUU

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump busca acelerar las deportaciones y detenciones para cumplir con su promesa de campaña de expulsar a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país.

Cada año, más de 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

El número de aprehensiones en Estados Unidos y México de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos -ciudadanos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica- alcanzó los 39.292 en los primeros cinco meses de 2025, un 86,5 % menos que en el mismo lapso del año 2024, según datos oficiales.

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Mediante un comunicado, Cristosal aseveró que las decisiones del partido del actual presidente, Nayib Bukele, impuestas el jueves, no devuelven «el poder al pueblo, como afirma la narrativa oficial», sino que «se lo entrega sin límites a la familia del gobernante».

La nota de prensa de Cristosal tiene lugar después de que el Congreso salvadoreño, dominado por el partido Nuevas Ideas (NI) de Bukele, realizara una reforma exprés que permite la reelección presidencial indefinida y extiende además por seis años el período presidencial.

«Sin contrapesos, el régimen se otorga a sí mismo el poder de perpetuidad», expuso el comunicado de Cristosal.

La organización humanitaria recalcó que la reelección indefinida y la extensión del mandato presidencial fueron modificadas «sin previo aviso, de espaldas al pueblo, sin debate» y «sin diálogo con actores de la sociedad».

De igual manera, Cristosal expresó que «denunciamos los hechos porque nos regresan a los errores de los regímenes arbitrarios del pasado».

Bukele, de 44 años de edad, tomó posesión como presidente de El Salvador en junio de 2019 para su primer mandato y en 2024 fue reelecto en el cargo.

En julio pasado, Cristosal suspendió operaciones en El Salvador «ante la escalada de criminalización» en su contra, por lo que se trasladó a Guatemala y Honduras.

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La propuesta busca reformar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna salvadoreña, la cual hasta el momento prohibía la reelección inmediata.

«Históricamente, la reelección ha estado permitida en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular, sin prohibiciones, sin condiciones en particular” y la única excepción hasta el momento ha sido la Presidencia», dijo la diputada Ana Figueroa de NI.

Añadió que los salvadoreños «van a tener el poder de decidir hasta cuándo desean apoyar el trabajo de cualquier funcionario público e incluyendo su presidente».

«La verdad es que esta reforma busca una mayor estabilidad en los ciclos electorales» y «de esta forma le estamos permitiendo también al país alcanzar una mayor seguridad jurídica en este momento», agregó Figueroa.

Esta iniciativa también contempla ampliar el período presidencia al 6 años (actualmente es de 5) y para «ordenar nuestro ciclo electoral» propone que el mandato actual de Nayib Bukele concluya en 2027 y no en 2029, para que las próximas elecciones presidenciales coincidan con las legislativas y municipales.

Además, la propuesta de reforma anularía la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, por lo que la Presidencia se ganaría por mayoría y no sería necesario el 50 % más uno, como se contempla actualmente en la Constitución salvadoreña, vigente desde 1983.

La iniciativa, incluida en la agenda de la sesión plenaria con dispensa de trámite y sin debate legislativo, señala que debe ser ratificada por la actual legislatura. Esto lo permite una reforma constitucional avalada por la actual formación del Congreso, que tiene 57 de los 60 votos.

Bukele inició el pasado 1 de junio su segundo mandato consecutivo a pesar de que varios artículos de la Constitución lo prohíben tras un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que la primera Legislatura dominada por NI en 2021 nombró en un proceso irregular.

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«Ahí están a la orden de los tribunales, como corresponde los demás están en su casa», indicó Cabello, citado en la nota.

El ministro reiteró que ninguno pertenecía a la banda transnacional Tren de Aragua, nacida en una cárcel de Venezuela y que Estados Unidos cataloga como organización terrorista.

Este mes, los 252 venezolanos que estaban detenidos en El Salvador llegaron al país luego de que la Administración de Nicolás Maduro liberara a un grupo de presos políticos y a diez estadounidenses, en un intercambio entre Caracas y Washington.

Este grupo de migrantes venezolanos permanecía en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel para pandilleros en El Salvador, luego de que Estados Unidos los enviara en marzo pasado.

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«Al momento reportamos: 16 emergencias atendidas en los departamentos (provincias) de Escuintla, Jalapa y Jutiapa; 288 personas afectadas, 520 personas albergadas, 25 personas hospitalizadas y lamentablemente dos personas fallecidas», afirmó en una declaración de video Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

La Conred detalló además que 76 viviendas resultaron dañadas, de las cuales 31 sufrieron daños severos.

De acuerdo con el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), Edwin Rojas, al fuerte sismo de 5,8 le siguió una cadena de réplicas, con un total 180 eventos sísmicos, pero solo 37 de ellos se sintieron.

El sismo también se dejó sentir en los vecinos Honduras y El Salvador.

El 8 de julio pasado, Guatemala fue sacudido por un fuerte temblor de magnitud 5,6, el cual dejó al menos siete muertos y varios heridos, así como destrucción en la infraestructura y a ese temblor también le siguieron numerosas réplicas, según datos de la Conred.

Guatemala ha sufrido grandes terremotos, uno de los más destructivos el 4 de febrero de 1976 con una magnitud de 7,5 que causó más de 23.000 muertos.

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Según una nota de prensa oficial, se trata del vuelo número 49 en lo que va de año de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa creado por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para facilitar el retorno de migrantes al país y recibir a aquellos que sean deportados.

Del total de repatriados en este último vuelo, 187 son hombres y 23 son mujeres, quienes «fueron recibidos por las autoridades y atendidos con servicios de salud y todo el calor humano».

«Agradecemos a todos los que hacen posible esta labor. Seguimos firmes en la construcción de la Venezuela que merecemos, donde cada ciudadano cuenta ¡Bienvenidos a casa!», agregó.

El vuelo llegó a Caracas pocos días después de la repatriación de los 252 migrantes que estuvieron cuatro meses presos en El Salvador, hasta el pasado viernes, cuando el gobierno de Maduro liberó a un grupo de presos políticos y a diez estadounidenses.

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Asimismo, señaló que se investigará al ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Héctor Gustavo Villatoro, y al viceministro y director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza.

Saab indicó que estos tres funcionarios serán investigados por los presuntos delitos de «tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, desaparición forzada, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir».

El fiscal indicó que Venezuela puede iniciar esta investigación por el «estatus legal» que le da la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

Igualmente, advirtió que su despacho estará atento a «cualquier otra acción producto de la investigación en curso».

Saab presentó varios testimonios del grupo de migrantes que estuvieron presos desde marzo pasado en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, deportados por Estados Unidos, acusados de ser presuntos miembros de la banda trasnacional Tren de Aragua.

 

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«Hemos regresado 8.743 migrantes que estaban en cárceles del ICE», afirmó el mandatario venezolano en su programa semanal «Con Maduro +», transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el que estuvo acompañado de connacionales que han retornado al país, entre algunos de los detenidos en El Salvador después de ser deportados de EEUU.

Maduro explicó que, de ese total, 6.117 eran hombres y 1.444 mujeres, e indicó que regresaron mediante el programa gubernamental «Vuelta a la Patria».

De igual forma, detalló que entre los repatriados hay 623 niños, 559 niñas y 52 mujeres embarazadas.

El jefe de Estado mencionó que en el primer semestre del año se han realizado 47 vuelos de repatriación de migrantes, y destacó que corresponden a una media de ocho viajes por mes.

Caracas aceptó recibir deportados de EEUU a finales de enero, luego de que Richard Grenell, enviado especial de la Administración de Donald Trump, se reuniera en la capital venezolana con Maduro.

De interés: Maduro agradece a Trump y al Papa por liberación de migrantes presos en El Salvador

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Fuente de imagen referencial: EFE/ Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz

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«Quiero agradecer al presidente Donald Trump también por la decisión de rectificar esta situación totalmente irregular, quiero agradecer también a la Iglesia Católica, al papa León XIV, al cardenal Gregorio Chávez, cardenal de El Salvador, por lo que hizo por estos muchachos», señaló el mandatario en un acto televisado.

 

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Así lo dió a conocer su hijo William Dávila Valeri: «Confirmo que mi padre, Williams Dávila Barrios, ha sido liberado. Esperamos con enorme emoción poder reencontrarnos en familia y comenzar a recuperar el tiempo perdido juntos», expresó en la red social X.

#18Jul | Primera fotografía de #WilliamsDávila ya con su libertad recuperada. pic.twitter.com/hOt04uKvuh

— Jorge Villet Salas (@jorgevillet) July 19, 2025

Dávila resultó apresado en el mes de agosto de 2024, luego de una vigilia por las personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela, recordaron y divulgan diferentes medios.

Efecto Cocuyo precisa que con una condición médica delicada, por una operación del corazón, lo mantuvieron la mayor parte de su reclusión en un centro asistencial con fuerte custodia de seguridad.

Los excaldes Carlos Chancellor, Fernando Feo y Jordan Sifuentes habrían sido igualmente excarcelados el 18 de julio, según una actualización de la lista realizada por el Comité de Familiares CLIPPVE.

De interés: Llegaron al país los 252 migrantes venezolanos que estaban presos en El Salvador

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Con información de redes sociales, Efecto Cocuyo y otros medios nacionales

Fuente de imagen referencial principal: Red social X – @DatosAme24 (Cortesía)

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