“Se han generado varios desplazamientos forzados de quienes temen resultar afectados por las acciones de los grupos armados ilegales”, dijo el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, en un video enviado a medios el martes 4 de enero.

Las 57 familias fueron desplazadas en Tame, Saravena, Arauquita y Fortul, municipios del departamento de Arauca, donde se vive una cruenta confrontación entre los rebeldes.

Durante los primeros días de 2022, rebeldes del ELN, última guerrilla reconocida del país, aliados con una facción de excombatientes de las FARC conocida como “Segunda Marquetalia” chocaron contra otros alzados en armas, dejando hasta el momento 24 muertos.

En este sentido, Camargo agregó que “persiste el riesgo de que este número aumente debido a todos los escenarios de riesgo” humanitario en la zona.

La Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos, también advirtió un incremento en las “acciones de violencia en contra la población” y un alto riesgo de reclutamiento forzado de menores de edad por ambos grupos guerrilleros.

Por otra parte, el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, indicó que pobladores de Arauquita “se desplazan hacia territorio venezolano”, sin precisar cifras.

Pobladores de Arauquita, #Colombia, asediada por el terror y la violencia, se desplazan hacia territorio venezolano. Autoridades civiles y militares venezolanas proporcionan asistencia. La comunidad internacional debe observar este conflicto con visión humanitaria. pic.twitter.com/DCqHz6q08N

— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) January 4, 2022

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Según lo informado por el oficial militar GB Johan Hernández, a través de su cuenta en la red social Twitter, escribió que “este tanque especial se utiliza para verificar el terreno que esté contaminado con minas artesanales, detonando deliberadamente las minas sobre las que pasa, como mecanismo adicional de seguridad después de que se haya comprobado con otros métodos, como, por ejemplo, uso de drones”.

Según la Fuerza Armada, el tanque “es un aliado” para su “lucha contra las bandas narco-paramilitares de Colombia”, que intentaron establecerse dentro de territorio venezolano y “sembrar minas antipersonas”.

Fue el 17 de abril, cuando el gobierno venezolano anunció que emplearía un “prototipo local para desminar una zona del estado de Apure”. Sin embargo, en esa oportunidad no se ofrecieron detalles del funcionamiento ni de sus características técnicas.

En unas recientes declaraciones ofrecidas por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que “estos grupos armados irregulares utilizan métodos asesinos y cobardes como las minas antipersona y cargas explosivas detonadas a distancia”.

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Rubén Vásquez

Con información de medios nacionales y redes sociales

De ese modo, ya son 249 los exguerrilleros asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el gobierno y las FARC, en una situación por la que la ONU insta a implementar medidas más efectivas para la protección y una respuesta más rápida a las alertas por riesgos y amenazas.

“Dada la creciente vulnerabilidad de los excombatientes y las excombatientes fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, es fundamental fortalecer las medidas de protección y seguridad”, señaló el organismo en su último informe sobre el Acuerdo de Paz.

Las condiciones de seguridad de los exguerrilleros se deterioraron en los últimos meses en las zonas fronterizas de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, donde disidentes de las FARC aprovecharon la limitada presencia del Estado para atacar a los exguerrilleros, limitar sus proyectos económicos y sabotear sus iniciativas políticas y sociales.

Hay persistencia de la violencia

El documento de la ONU es tajante en señalar que la principal amenaza para la implementación de lo pactado “sigue siendo la persistencia de la violencia contra los miles de hombres y mujeres que dejaron las armas voluntariamente y de buena fe y siguen comprometidos con la paz”.

Además de la violencia de la que siguen siendo víctimas comunidades que han sufrido el conflicto armado durante décadas, así como contra los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos.

En este sentido, para evitar los crímenes de más excombatientes es necesario proveer más personal a la Unidad Nacional de Seguridad y Protección, explicó la ONU.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales