«La pregunta es: ¿ahora qué le espera a Venezuela? ¿Cuál es el plan de racionamiento eléctrico y de agua? ¿Cuántas veces más vamos a escuchar planes vacíos? ¿Hasta cuándo seguirán pidiéndoles sacrificios a los venezolanos mientras nadie asume responsabilidades?», cuestionó el dos veces candidato presidencial (2012-2013) en X.

Capriles señaló que la crisis eléctrica tiene años en el país, por lo que hay millones de venezolanos que padecen apagones «que cada día se agravan más».

«Familias que pasan horas sin luz, comercios que pierden su sustento, hospitales en riesgo, estudiantes afectados y productores que ven cómo se hace cada vez más difícil sacar adelante el país», añadió.

El líder opositor indicó que los ciudadanos tienen derecho a tener información sobre este asunto para poder organizarse en su día a día.

«¿Cómo se va a recuperar económicamente el país sin luz y sin agua? Los venezolanos tenemos que exigir planes y respuestas. No quedarnos con la opacidad del interinato», subrayó.

El domingo, Rodríguez pidió al país ahorrar luz y agua ante el fenómeno climático del «Superniño» y anunció un plan para sumar 4.800 megavatios (MW) al sistema eléctrico en lo que queda de año.

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En su cuenta de X, el también dos veces candidato a la Presidencia cuestionó que, después del doble sismo, el gobierno no ha tomado «ni una sola medida» para aliviar la crisis económica que enfrentan las familias y los comerciantes afectados.

En este sentido, criticó que se siga cobrando el impuesto a las grandes transacciones financieras (IGTF) de 3 %, que se suma en Venezuela a los pago en divisas en efectivo, además del impuesto al valor agregado (IVA) a la misma alícuota de 16 %.

«Siguen exprimiendo a quienes medio producen, trabajan, a quienes intentan ayudar con sus propios recursos en esta tragedia», protestó Capriles.

Asimismo, insistió en la necesidad de revisar los ingresos de los venezolanos, en un contexto en el que el sueldo mínimo es de 130 bolívares al mes, unos 18 centavos de dólar, un monto que se complementa con bonos gubernamentales de hasta 240 dólares, pagados al tipo de cambio oficial del día y sin incidencia en beneficios laborales.

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«Cualquier proceso de negociación no puede ser un cálculo de alguien o contra alguien o para excluir a alguien. En esa línea, una negociación excluyendo a María Corina Machado, y lo que representa, está condenada a fracasar», indicó Capriles en su cuenta de X.

El pronunciamiento del también dos veces candidato presidencial llega un día después de que la opositora Dinorah Figuera señalara que convocará a «todos los sectores democráticos» para las conversaciones que iniciará con el chavismo, en nombre de un grupo opositor que cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

«Es la reconstrucción de Venezuela la que está en juego. Es el futuro del país el que está en juego. Son los intereses de los venezolanos los que están en juego», remarcó Capriles, quien fue candidato a la presidencia en 2012 y 2013.

El pasado 18 de junio, Figuera, que defiende la continuidad del Parlamento electo en 2015, llegó a Venezuela luego de ocho años de exilio para iniciar un proceso de conversaciones con el actual líder del Parlamento, el oficialista Jorge Rodríguez, con el respaldo de Estados Unidos.

Las conversaciones quedaron en suspenso tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Postura de María Corina Machado

El miércoles pasado, María Corina Machado y su abanderado Edmundo González Urrutia se reunieron con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, para evaluar la vía de diálogo que acordaron el Parlamento y el grupo liderado por Figuera, pero hasta la fecha no han trascendido detalles del encuentro.

La Líder opositora, quien se encuentra fuera de Venezuela y que ha denunciado impedimentos para entrar al país, ha insistido en que ella tiene «la responsabilidad de dirigir» una negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez.

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«¡El gobierno debe convocar YA a los sectores económicos y sociales del país y buscar un gran ACUERDO sobre el ingreso de la gente!», escribió en X el también dos veces candidato presidencial.

Capriles exigió a las autoridades mejorar el ingreso de los venezolanos «de manera inmediata» y señaló que las protestas sociales «son la expresión de lo que está pasando».

«Ignorarlas o descalificarlas es seguir en lo mismo que nos trajo a toda esta situación», agregó.

Trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, volvieron el miércoles a las calles por cuarta vez en lo que va de año para exigir mejoras salariales y convocaron a una próxima marcha, el 9 de abril, hacia la sede del Ejecutivo en Caracas.

Se concentraron en la sede de la UCV, donde realizaron una asamblea y posteriormente una marcha por los alrededores de la casa de estudio, en la que exigieron el aumento del salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares desde hace cuatro años, unos 0,28 dólares mensuales a la tasa oficial.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares, depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

En febrero pasado, una familia necesitó 645,6 dólares para cubrir los gastos básicos de alimentación en Venezuela, según la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), que divulgó el lunes su estimación de la canasta alimentaria.

El 14 de marzo, Delcy Rodríguez informó de la entrada de 300 millones de dólares a un fondo creado para la «protección social» de los trabajadores y que, dijo, son procedentes de una «venta extraordinaria» de fueloil, un combustible derivado del petróleo, en medio de la apertura de este sector, corazón de la economía venezolana, a la inversión privada y extranjera, mientras se estrechan los acercamientos con Estados Unidos.

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«Esta ley está en plena vigencia y su cumplimiento no es opcional: es el primer paso irreductible hacia la institucionalidad y la paz que Venezuela exige», manifestó el dirigente en su cuenta de X.

A su juicio, de «nada sirve avanzar en el Legislativo» con la aprobación de esta ley si «no hay un compromiso real y efectivo de todos los poderes públicos» y, en este sentido, agregó que la amnistía «no es un adorno ni un titular», sino «una pieza clave de un proceso mayor para reconstruir el país».

«Mi solidaridad con las familias de los detenidos y personas que han solicitado amnistía. No están solos. Seguiremos exigiendo que la ley se cumpla con rapidez y transparencia», expresó Stalin González.

Un total de 2.021 personas han sido excarceladas, pero con medidas cautelares, y 177 presos han sido beneficiados en el marco de la Ley de Amnistía, según dijo el lunes el diputado oficialista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la norma.

Entre el 8 de enero y el 24 de febrero, la ONG Foro Penal había verificado 545 excarcelaciones en el país y al menos 91 liberaciones tras la aprobación de la amnistía el jueves pasado.

La organización diferencia liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales.

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