«No existe una cifra oficial, pública y auditada sobre el monto total de las obligaciones externas del país», señaló el PCV en una nota de prensa en la que advierte que la anunciada reestructuración de deuda externa «amenaza con convertirse» en un «mecanismo de sometimiento» a los intereses del capital internacional.

El partido habló de estimaciones de entre 95.000 y cerca de 240.000 millones de dólares, unas cifras que, dijo, son dispares y revelan la «opacidad con la que se ha manejado el tema».

«Existe una disputa concreta por los recursos de Venezuela. Los fondos de inversión buscan garantizar el cobro de sus bonos; las corporaciones transnacionales aspiran a convertir sus reclamaciones en nuevos negocios; y los acreedores procuran asegurar su acceso a la renta nacional», indicó.

En ese sentido, el partido rechazó que generaciones presentes y futuras «sean condenadas a pagar deudas contraídas en condiciones opacas, sometidas a intereses especulativos o utilizadas para enriquecer a sectores privados nacionales e internacionales».

Por tal motivo, instó a destinar los recursos nacionales a atender la «emergencia social, recuperar los servicios públicos y garantizar condiciones de vida dignas» para los trabajadores en medio de una acuciante crisis se traduce en apagones y pérdida del poder adquisitivo.

El pasado 13 de mayo, el gobierno de Venezuela anunció el lanzamiento de un proceso «formal, integral y ordenado» para la reestructuración de la deuda pública externa del país y de su estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sin detallar a cuánto asciende este monto.

Según había informado en marzo pasado Transparencia Venezuela, la deuda externa venezolana se estimaba en más de 170.000 millones de dólares.

Luego, en junio, el periódico económico Financial Times informó de que Venezuela tenía previsto dar a conocer una deuda acumulada de 240.000 millones de dólares.

De interés: Venezuela aclara que mantiene «control y propiedad» de su petróleo tras acuerdo con EEUU

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Red Social X – @PCV_Venezuela / Cortesía

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«Durante las últimas semanas hemos mantenido intercambios técnicos intensivos con nuestros socios y con las instituciones financieras internacionales», indicó el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, en un acto del Consejo Nacional de Economía, en el que también participa la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

Así mismo, Ortega dijo que continúa afinando el marco macroeconómico y el análisis de sostenibilidad de la deuda, «incorporando el impacto económico de los terremotos».

«Esperamos publicar estos trabajos en las próximas semanas y estos constituirán una base sólida para avanzar en un proceso de reestructuración ordenado, transparente y creíble que permita crear el espacio fiscal necesario para la reconstrucción del país», añadió el también representante de Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ortega sostuvo que la recuperación del país será más difícil sin la movilización de nuevos financiamientos, lo que requiere «normalizar progresivamente la relación de Venezuela con socios financieros internacionales».

«En este sentido, la reestructuración de la deuda constituye una condición indispensable para restablecer el acceso del país al financiamiento», subrayó el alto funcionario.

El pasado 13 de mayo, el Gobierno de Venezuela anunció el lanzamiento de un proceso «formal, integral y ordenado» para la reestructuración de la deuda pública externa del país y de su compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sin detallar a cuánto asciende el monto.

El Ministerio de Economía señaló entonces que es una decisión «responsable, nacionalista y social», por lo que el objetivo es reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de los venezolanos.

De interés: Financial Times: Venezuela dará a conocer una deuda de US$ 240.000 millones

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Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña

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La licencia general 58 anunciada hoy por el Departamento del Tesoro exime de las sanciones existentes a figuras como bufetes de abogados, consultorías o asesorías financieras y les permite entablar un diálogo con las autoridades del país caribeño de cara a preparar el terreno para la futura reestructuración de sus pasivos.

Los servicios nuevamente autorizados incluyen «la evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados«.

No obstante, el documento aclara que por el momento se sigue sancionando cualquier reestructuración, renegociación, transferencia o quita de deuda con Caracas y PDVSA.

La concesión de esta licencia llega 20 días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara el restablecimiento de relaciones con las autoridades venezolanas.

De interés: EEUU emite licencia general que permite ciertas transacciones con petróleo venezolano

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña

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La Casa Blanca afirmó en un comunicado que «el presidente Trump está previniendo la incautación de ingresos por el petróleo venezolano que podrían socavar los esfuerzos críticos de EE.UU. para garantizar la estabilidad política y económica de Venezuela».

La orden «bloquea cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención, ejecución, o cualquier otro proceso judicial contra» fondos que estén en cuentas del Gobierno de Estados Unidos derivados de las ventas de petróleo venezolano, y «prohíbe transferencias o tratos» de estos recursos.

El decreto se publica tras la reunión de este viernes entre ejecutivos petroleros y Trump, quien ofreció a las principales empresas de hidrocarburos del mundo «protección y seguridad del gobierno» a largo plazo para concretar su meta de que inviertan 100.000 millones de dólares en Venezuela.

La medida también reafirma el anuncio del secretario de Energía, Chris Wright, quien el miércoles avisó que Estados Unidos controlará de forma «indefinida» las ventas de crudo venezolano y depositará en cuentas del Gobierno estadounidense el dinero derivado de esas transacciones para «beneficiar al pueblo de Venezuela».

«La orden afirma que los fondos son propiedad soberana de Venezuela mantenidos bajo custodia de EE.UU. para propósitos gubernamentales y diplomáticos, que no están sujetos a reclamos privados», indicó la Casa Blanca.

De interés: PDVSA confirma negociación para la venta de petróleo a EEEUU   

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Fuente de imagen referencial: EFE/AARON SCHWARTZ

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La institución publicó su último International Debt Report (Informe sobre la deuda internacional), en el que calcula que los costos totales del servicio de la deuda de los países de ingresos bajos y medios han alcanzado el máximo histórico mencionado de 1,4 billones en 2023, entre el 3,5 y el 4 % de su ingreso nacional bruto, el máximo en 17 años.

Los pagos de los intereses aumentaron casi un tercio hasta alcanzar los 406.000 millones de dólares, lo que redujo los presupuestos de muchos países para áreas críticas como la salud, la educación y el medio ambiente, asegura el Banco Mundial.

«Debido a los presupuestos limitados, a las altas tasas de interés y a los altos niveles de deuda, se están desviando recursos de áreas críticas como la educación, la salud y la infraestructura, y esto va a perjudicar las perspectivas de crecimiento a largo plazo, que ya se están debilitando», apuntó en una conversación con medios Indermit Gill, economista jefe del Grupo Banco Mundial.

Según muestran los datos, la presión financiera fue más intensa en los países más pobres y vulnerables, es decir, aquellos que reúnen los requisitos para recibir financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), institución que forma parte del Banco Mundial.

Intereses de la deuda

En 2023, estos países pagaron 96.200 millones para cubrir el servicio de su deuda, «un monto sin precedentes» y, aunque los reembolsos del capital disminuyeron casi un 8 % hasta los 61.600 millones, los costos de los intereses se elevaron a un máximo histórico de 34.600 millones, cuatro veces el valor que tenían hace una década.

En promedio, los pagos de intereses de los países clientes de la AIF equivalen ahora a casi el 6 % de sus ingresos de exportación, un nivel que no se registraba desde 1999, aunque en algunos países la proporción llega al 38 %.

Los países que más le preocupan a la institución de Bretton Woods son los de bajos ingresos, un grupo de 26 países que tienen ingresos per cápita inferiores a 1.400 dólares o unos 120 dólares al mes y que equivalen a unos 900 millones de habitantes.

Si se observan las proporciones de deuda gubernamental con respecto al PIB, estas eran aproximadamente del 35 % en 2011, mientras que en 2023 la proporción se ha duplicado a más del 70 %, apuntó Gill, una situación que «es reflejo de un sistema de financiamiento defectuoso».

En la última edición del International Debt Report se ponen de relieve las principales conclusiones extraídas de la Estadísticas de la Deuda Internacional del Banco Mundial, una base de datos sobre la deuda externa de los países en desarrollo.

De interés: Papa Francisco pide que se condone la deuda a los países más pobres

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Shawn Thew

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