«Vemos con preocupación el aumento drástico de las desapariciones forzadas en 2025», dijo la socióloga Lissette González, coordinadora de Monitoreo, Investigación y Medios de Provea, quien indicó que se registraron 160 víctimas frente a las 54 de 2024.

Según la organización no gubernamental, más de 130 dirigentes sindicales «fueron detenidos arbitrariamente» en 2025 y «muchos sometidos a desaparición forzada».

Por otra parte, 336 personas fueron asesinadas por fuerzas policiales y militares, de las cuales el 54 % tenían entre 18 y 30 años de edad, y el Ministerio Público (Fiscalía), entonces encabezado por Tarek William Saab, «no investigó ninguna de estas muertes», aseguró González.

Con esta cifra del año pasado, Provea computa 10.853 personas «asesinadas por agentes del Estado venezolano desde el inicio del Gobierno de Nicolás Maduro», en 2013.

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«La mayoría de detenciones fueron de corta duración, efectivamente, pero se dieron en el contexto de movilizaciones de calle, cobertura de manifestaciones«, indicó Marysabel Rodríguez, socióloga y miembro de la ONG, durante la presentación del informe anual en Caracas.

Del total de detenciones, 22 fueron periodistas, seis particulares -infociudadanos o activistas- y un trabajador público.

Rodríguez señaló que seis de estos arrestados fueron acusados del delito de incitación al odio y cuatro de ellos fueron detenidos por expresiones que publicaron en espacios digitales.

En este cuatrimestre, Espacio Público ha registrado un total de 91 violaciones a la libertad de expresión, un 16 % menos de lo registrado en el mismo periodo de 2025, sin embargo, Rodríguez advirtió que este descenso en denuncias es «bajo» pero la «violencia en torno a los casos es mayor«.

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A través de una nota de prensa, Ipys detalló que las «agresiones más comunes» fueron el «hostigamiento y las amenazas (29 casos), el discurso estigmatizante (19), las detenciones arbitrarias (14), las restricciones en internet (33) y las limitaciones de acceso a la información pública (15)».

Además, Ipys aseguró que la «falta de sanciones judiciales ha consolidado un círculo de impunidad en el que los agresores no son procesados, las víctimas no son reparadas y la sociedad se acostumbra al silencio».

Ipys contabiliza dieciocho periodistas y trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela, aunque otras organizaciones amplían esta cifra a veintidós. En nueve de estos dieciocho casos, según la ONG, «no ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre su paradero ni sobre los procesos judiciales abiertos en su contra».

Para Ipys, en Venezuela «informar sigue siendo una labor castigada» y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como «crímenes contra periodistas», así como «sancionar a los responsables» y «garantizar» que «estas violaciones» no se repitan.

En 2024, la ONG documentó 383 casos en los que consideró hubo «violaciones» a las garantías informativas en Venezuela, lo que representa un aumento del 64,4 % en comparación con 2023, cuando sumó 233 denuncias.

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243 legisladores de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un texto conjunto en respaldo a la investigación de la Fiscalía de la CPI sobre «presuntos crímenes cometidos por funcionarios venezolanos al menos desde el 12 de febrero del año 2014″.

Según el texto de los congresistas, entre los hechos presuntamente cometidos bajo la Presidencia de Nicolás Maduro, en el poder desde la muerte de Hugo Chávez (1999-2013) y que buscará su reelección el próximo 28 de julio, se incluyen «graves violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, persecución política, violencia sexual y torturas».

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional investiga los hechos presuntamente cometidos al menos desde el 12 de febrero de 2014, según cita el comunicado.

El pasado 1 de marzo, la Sala de Apelaciones de la CPI falló en contra del recurso presentado por el Estado venezolano y ordenó al fiscal Karim Khan continuar con la investigación.

Parlamentarios latinoamericanos apoyan la investigación de la CPI por crímenes en Venezuela https://t.co/SAOyNspPw2 pic.twitter.com/FnPocTPd0Z

— La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) March 27, 2024

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El informe señala que en 2021 hubo 711 detenciones arbitrarias, mientras que en 2022 se registraron 121. La ONG también indicó que el promedio anual general de estos hechos, en los últimos 32 años sistematizados en los informes, disminuyó un 98,45 %.

El informe señala que el 52 % de las detenciones arbitrarias se realizaron durante operativos policiales y militares dentro del esquema de seguridad ciudadana.

Detenciones sin orden judicial

Además, la organización indicó que las «detenciones arbitrarias continúan siendo arbitrarias», porque no se practican mediante orden judicial o en flagrancia, no se respeta el debido proceso, la presunción de inocencia ni el derecho a la defensa.

La ONG hizo un llamado a las autoridades venezolanas para que respeten los derechos humanos de todas las personas y pongan fin a la práctica de detenciones arbitrarias y la tortura.

La organización, Provea, que defiende los derechos humanos, presentó su informe anual correspondiente a 2022, y sus voceros aseguraron que la Venezuela post pandemia es más pobre y más desigual. Reporta @NeidyFreytesUrb #VIVOplay pic.twitter.com/p61TAsW1EZ

— VIVOplay (@vivoplaynet) May 9, 2023

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De este modo, desde el 30 de marzo ocurrieron los encarcelamientos de presuntos pandilleros, en concreto 43.567 capturados, acusados de pertenecer a grupos delictivos. Estas detenciones masivas despertaron las críticas de opositores y defensores de los Derechos Humanos, que ven en esta práctica detenciones arbitrarias.

Asimismo, fuentes internas del Instituto de Medicina Legal cifraron en 56 los reos fallecidos, según apunta el diario salvadoreño “La Prensa Gráfica”, que recoge también que se presentaron más de 2.200 denuncias por vulneraciones de derechos, así como 409 “habeas corpus”, en su mayoría no resueltos.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y su gobierno defendieron en reiteradas ocasiones que las autoridades colocaron en marcha una «guerra contra las pandillas», aunque a pesar del elevado número de detenidos, se siguen registrando homicidios en el país, más de 62 fallecidos desde finales de abril.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupación por la situación de la población salvadoreña mientras se ejecuta este Estado de Excepción, que fue prorrogado en hasta cuatro ocasiones, la última de ellas hasta finales del mes de julio.

Bukele informó que las autoridades mantendrán la medida hasta asegurarse de que todos los pandilleros del país estén «entre rejas» y ya adelantó que su gobierno «arreciará» en la lucha contra los grupos criminales.

0 homicidios.

A pesar de la tormenta, seguimos…#GuerraContraPandillas https://t.co/ECzuPV7ajV

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 4, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa, medios internacionales y redes sociales

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Las autoridades salvadoreñas cometieron violaciones masivas de DD.HH., entre las que destacan detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, así como fallecimientos de cerca de una veintena de personas bajo la tutela del Estado, explicó AI presentando las conclusiones de una investigación realizada en el país centroamericano.

Estos crímenes se enmarcan dentro del Estado de excepción aprobado el 27 de marzo, prorrogado dos veces, y vigente actualmente por el auge de homicidios presuntamente cometidos por pandillas.

Debido a la ola de homicidios en marzo el Congreso de El Salvador aprobó la petición del Estado de Excepción de Bukele

«En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia», argumentó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización. 

Conjuntamente, pidió justicia de forma urgente. «Ésta solo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva», recalcó.

Esta medida, junto a las reformas penales, limitaron los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente. 

De esta forma, la ONG informó que encontró miles de casos de detenidos sin el cumplimiento de los requisitos legales, sino «únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del gobierno».

Amnistía Internacional presenta las conclusiones iniciales de su investigación de crisis en #ElSalvador en el marco del estado de excepción. https://t.co/icooRsICd8

— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) June 2, 2022

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María Gabriela Moncada

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La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, 20 abstenciones, y 7 votos en contra por parte de Venezuela, Cuba, Bolivia, Honduras, Rusia, China, y Eritrea.

Este mecanismo de investigación tendrá la función de “recolectar, preservar y analizar información y evidencias sobre esas posibles violaciones de derechos humanos, identificando a sus responsables”.

Con un mandato inicial de un año, esta misión tendrá una labor similar a la aprobada en 2019 para Venezuela mediante otra resolución del Consejo de Derechos Humanos, por lo que es el segundo mecanismo de investigación de este tipo para países de Latinoamérica.

La resolución había sido presentada por Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú, y contó con el patrocinio de cerca de medio centenar de gobiernos

Además, el documento expresa preocupación por el deterioro de la democracia y la situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde se ha producido un aumento de las restricciones al espacio democrático y de la represión a la disidencia.

Esta represión incluye actos de intimidación, acoso y vigilancia ilegal o arbitraria de defensores de derechos humanos, subrayó un texto que lamenta la falta de rendición de cuentas ante estos hechos desde hace cuatro años, así como la prohibición de manifestaciones pacíficas y los juicios sin el debido proceso.

El documento reclama a las autoridades nicaragüenses el cese de las detenciones arbitrarias y la intimidación, la liberación inmediata de los detenidos injustamente y la investigación de casos de acoso a líderes políticos, periodistas, activistas y otros críticos con el gobierno de Ortega.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Esta respuesta cada vez más violenta incluye “uso de munición real, porras y látigos”, señaló en rueda de prensa la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.

La situación podría empeorar después de que el miércoles los talibanes emitieran una orden de prohibición de toda “reunión no autorizada”, a lo que siguió el corte del servicio de Internet en móviles en determinadas áreas de Kabul y la reducción de las protestas, indicó la fuente oficial.

Esta semana dos personas murieron y siete resultaron heridas durante una protesta en la ciudad de Herat, y varios manifestantes fueron golpeados y detenidos en Kabul

“Mujeres y hombres de Afganistán han salido a la calle en estos momentos de gran incertidumbre para pedir pacíficamente que sus derechos humanos sean respetados, incluido el de las afganas a trabajar, moverse, tener una educación y participar en política”, subrayó Shamdasani.

“Es crucial que los que están en el poder escuchen esas voces”, añadió la portavoz, quien pidió a los talibanes en nombre de la oficina dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet que detengan inmediatamente el uso de la fuerza contra los manifestantes, así como las detenciones arbitrarias.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

«En Venezuela, Amnistía Internacional documentó ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y muertes causadas por fuerza excesiva por parte de agentes del gobierno o grupos de civiles armados progubernamentales, muchos de los cuales la Fiscalía ya ha concluido que constituyen crímenes de lesa humanidad», expresó la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

Callamard también instó al 0rganismo judicial internacional a tomar acciones para que no se siga sometiendo a las víctimas a la incertidumbre de un «examen preliminar interminable».

Cabe destacar que el nuevo fiscal de la CPI asumió este miércoles, en sucesión de Fatou Bensouda, quien terminó su mandato de nueve años. Entre los casos de los que tendrá que ocuparse el nuevo funcionario está el examen preliminar por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

AL AIRE #PorTodosLosMedios con José Domingo Blanco (@mingo_1) | #EstáCirculando Amnistía Internacional instó al nuevo fiscal de la CPI a tomar decisiones rápidas sobre el caso Venezuela. https://t.co/3ZLQnqSbCW

— Radio Caracas Radio (@RCR750) June 17, 2021

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales, internacionales y redes sociales

El recurso fue presentado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), el exjuez español Baltasar Garzón, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), de Italia.

Asimismo, la acusación también responsabiliza a otras autoridades políticas y policiales de Chile.

En este sentido, los denunciantes aseguran que los casos de “homicidios, tortura, traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, lesiones graves, detenciones arbitrarias” que sucedieron durante las revueltas implican una “política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos”.

Las protestas chilenas comenzaron en 2019 por el descontento del pueblo hacia el gobierno, y a partir de allí las manifestaciones se han continuado realizado

Argumentos de la denuncia contra Sebastián Piñera

Los representantes de la denuncia consideran que muchos de esos actos constituyen “crímenes de lesa humanidad”, que no pueden quedar en la impunidad, según lo establece la normativa internacional de los derechos humanos vigente en Chile, como el Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado de Chile, el 29 de junio del año 2009.

De esta manera, uno de sus principales argumentos del recurso es el cierre de 3.050 causas por violaciones de los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público.

“Hemos decidido recurrir a la CPI porque las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”, según el comunicado de los querellantes.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

OIT amenaza con otras presuntas sanciones: más restricciones

“La OIT tiene herramientas para, como un alicate, ir apretando paulatinamente. Se pueden tomar medidas que pueden llegar a comprometer el accionar económico de Venezuela, medidas que pueden comprometer el relacionamiento con el crédito internacional, medidas que impedirán que se puedan hacer inversiones en Venezuela, medidas que harán que las actividades de Venezuela hacia el exterior también se vean limitadas”, explicó Echavarría.

En el caso de Venezuela, el organismo documentó (restrospectivamente) abusos y violaciones a los derechos de los empleadores y trabajadores, tales como expropiaciones, atentados a la vida de expresidentes de Fedecámaras, asesinato de sindicalistas, estigmatización de organizaciones sindicales y detenciones arbitrarias de trabajadores.

No hay un diálogo social sincero ni útil

Aseguró que hasta ahora el ejecutivo ha entablado algunas conversaciones con empleadores y trabajadores, pero que “no es un diálogo social sincero ni útil”.

“Es una aparente demostración de que el gobierno quisiera mostrar a la comunidad internacional que hace acciones, pero sabemos que no se cumplen. Seguimos notando que existen actos de intimidación, de hostigamiento», expresó.

Conozca las sanciones que puede recibir la administración de Maduro por parte de la OIT
¿Detalles? Dale click ⬇️ https://t.co/FLhNnXlJxX vía @Punto_deCorte

— Nicmer Evans (@NicmerEvans) April 14, 2021

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Gabriel Velásquez

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