Sede TSJ – Archivo

La Sala Electoral del TSJ había convocado a González Urrutia, principal rival de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones presidenciales, junto con el reelecto mandatario, proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral a pocas horas de los comicios, para un tercer mandato consecutivo de seis años.

“Si acudo a la Sala Electoral (del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) en estas condiciones estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso, y pondré en riesgo no solo mi libertad, sino, lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano”, subrayó el opositor Edmundo González, de 74 años, en un comunicado en redes sociales divulgado el 8 de agosto.

Candidatos Antonio Ecarri y Enrique Márquez no habrían consignado el material electoral

El anunció de desacato lo hizo la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, al frente del Tribunal Supremos de Justicia de Venezuela y de su Sala Electoral, quien además confirmó que se iniciará el peritaje de las pruebas recolectadas durante el recurso solicitado por Nicolás Maduro para “certificar” su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Rodríguez agregó que las organizaciones políticas Alianza del Lápiz y Movimiento Centrados para la Gente no consignaron el material electoral. Así como tampoco lo hicieron sus candidatos, Antonio Ecarri y Enrique Márquez, respectivamente.

Estos son mis planteamientos frente a la Sala Electoral del TSJ https://t.co/VpGn02STRz

— Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) August 9, 2024

Ante el cuerpo diplomático

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha anunciado este sábado que revisará los documentos presentados por organizaciones políticas y excandidatos para tomar una decisión al término del proceso de «validación» de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria del presidente Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado dentro y fuera del país.

En otro momento, ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, la máxima corte, a través de la magistrada Caryslia Rodríguez, su presidenta, manifestó que se emitirá una decisión en los próximos días, la cual será inapelable y de obligatorio cumplimiento para todas las partes.

Tribunal Supremo de Justicia revisará la documentación presentada para decidir sobre el resultado electoral https://t.co/kmzeywZQtQ pic.twitter.com/5gd3hP9ecl

— contrapunto.com (@contrapuntovzla) August 11, 2024

Edmundo González: cumplir como testigo electoral no es un delito, informar y protestar tampoco

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el candidato opositor llamó a Maduro que cese la «persecución y detención de los venezolanos que quieren el cambio». También dijo que «Exigir que se cumpla nuestra constitución no es un delito, protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones venezolanos no es un delito, cumplir como testigo electoral no es un delito, informar no es un delito, delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo». Igualmente condenó las acciones de represión hacia los manifestantes.

De interés: Dirigentes políticos acudieron a cita en el TSJ para la revisión del resultado electoral

DOBLE LLAVE

Con información de redes sociales, medios nacionales y agencias

Fuente de imagen referencial principal: EFE / Ronald Peña R.

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El juez Juan M. Merchán, encargado del proceso penal al que se enfrena el republicano en Nueva York, determinó que Trump había violado la «orden mordaza» al hacer varias declaraciones públicas en su red social, Truth Social, y en el sitio web de su campaña en las que atacó a los testigos que participan en el juicio.

Trump debe eliminar las siete «publicaciones ofensivas» de Truth Social y las dos «publicaciones ofensivas» del sitio web de su campaña.

El líder republicano, que está obligado a asistir a todo el juicio, se presentó el martes en la corte acompañado de su hijo Eric Trump.

El magnate enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales en primer grado para encubrir un escándalo sexual.

De interés: Texas sufre revés legal en su defensa de barrera de boyas en frontera con México

DOBLE LLAVE

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: @realDonaldTrump

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Incumplimiento de Directrices Internacionales

La corte fundamenta el desacato en el hecho de que el Estado peruano ejecutó la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, fechada el 17 de marzo de 2022. Esta sentencia restituyó los efectos al indulto otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el presidente de la República a Alberto Fujimori, alegando «razones humanitarias«.

Cabe destacar que la corte había instruido explícitamente que el Estado se abstuviera de implementar dicha medida.

Desencuentro entre decisiones nacionales e internacionales

El desacato evidencia un desencuentro entre las decisiones adoptadas a nivel nacional e internacional en el caso Fujimori. Mientras el Tribunal Constitucional respaldó la restitución de los efectos al indulto, la corte sostiene que esta acción contravino sus disposiciones previas.

En este escenario, el desacato a la corte respecto al caso Fujimori se erige como un punto de conflicto entre las decisiones internas y las directrices internacionales. La situación destaca la complejidad jurídica y la intersección entre el sistema legal peruano y el marco de derechos humanos establecido por la CIDH.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Unsplash/Eduardo García

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El colectivo Justicia 11J aseguró que se trata de tres juicios, que se celebran en Mayabeque y La Habana, y que para algunos de los acusados se solicitan hasta 20 años de cárcel.

La fiscalía imputa a estas personas por diversos delitos, como desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado, ultraje a los símbolos de la patria y, en el caso de las penas mayores, están acusados de sedición, indicaron los activistas.

Las autoridades judiciales cubanas no acostumbran a informar sobre los procesos legales, de los que tampoco reportan los medios oficiales. Además, las vistas no son públicas y los medios internacionales no tienen posibilidad de cubrirlos.

El mayor de los procesos es el que tiene lugar en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre de La Habana, donde se juzga hasta el viernes en una causa común a 23 personas con peticiones de hasta 20 años de prisión.

La ONG cubana Cubalex identificó en su último recuento un total de 1.377 detenidos a raíz del 11 de julio y otros 94 por la frustrada protesta del 15 de noviembre

Menores de edad incluidos

En este juicio los activistas detectaron que dos de los acusados tienen 17 años. Para ambos pide la fiscalía 15 años de cárcel. Efe solicitó un posicionamiento al respecto a la oficina regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y por el momento no ha obtenido respuesta.

En Cuba la edad penal mínima son 16 años. El Código Penal (artículo 17.1) contempla la posibilidad de reducir a la mitad las penas de las personas menores de edad para los condenados entre 18 y 20 las condenas se pueden rebajar en un tercio.

Varias ONG denunciaron falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados en estos procesos por los sucesos del 11 de julio.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales