Aunque la dependencia no precisó qué agencias participarían, medios locales reportaron la próxima llegada de elementos de la Patrulla Fronteriza, como ocurrió el mes pasado en Carolina del Norte, cuando las autoridades detuvieron a 200 migrantes en el operativo ‘Charlotte’s Web’ (Telaraña de Charlotte).

El DHS sostuvo en un comunicado que la operación en la mayor ciudad del estado sureño de Luisiana se enfocará en detener migrantes con historial criminal, al mostrar imágenes de nacionales de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jordania y Vietnam, que presuntamente quedaron libres por las «políticas santuario».

«Las políticas santuario ponen en peligro a las comunidades estadounidenses al liberar a extranjeros criminales y forzar a los agentes del DHS a arriesgar sus vidas para remover a migrantes criminales ilegales a los que nunca debieron haber vuelto a soltar a las calles», dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS.

El despliegue de los agentes federales ha sacudido a un estado con cerca de 223.000 migrantes, de los que casi uno de cada cinco son de Honduras, y cerca de la octava parte son de México, según datos del American Immigration Council.

Restaurantes y negocios latinos han anunciado cierres en sus redes sociales ante el temor de que trabajadores o clientes queden detenidos en las redadas, mientras que activistas han cuestionado que los agentes estén enfocándose en migrantes con antecedentes penales.

El despliegue también muestra los crecientes operativos de la Administración de Donald Trump en ciudades lideradas por demócratas, como la actual alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, quien en 2026 cederá el cargo a Helena Moreno, quien nació en México, y en noviembre expresó su «preocupación» por el eventual operativo.

Los operativos contra migrantes buscan replicar lo ocurrido en junio en Los Ángeles y en septiembre en Chicago, lo que desató manifestaciones ciudadanas.

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El tribunal de apelaciones del distrito de Columbia denegó por votación dividida (2-1) la moción de suspensión presentada por el Gobierno, que esperaba poder seguir realizando las deportaciones aceleradas mientras apelaba el fallo de la corte de primera instancia.

En su orden, el tribunal concluyó que es poco probable que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos tenga éxito en demostrar que su sistema de elegibilidad para los migrantes indocumentados que desea deportar de forma rápida sea constitucionalmente adecuado.

«Nada en el expediente muestra que a las personas detenidas se les brinde la oportunidad de disputar si califican legalmente para la Deportación Expedita o de obtener evidencia para presentar a los oficiales de inmigración pruebas de su presencia continua de dos años en los Estados Unidos antes de su deportación», señaló el documento.

Expulsión inmediata de migrantes

La orden se alineó con la postura de la jueza Jia Cobb, de Washington D. C., que el pasado agosto criticó las deportaciones rápidas del presidente estadounidense, Donald Trump, al opinar que «prioriza la rapidez» y «llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado».

La magistrada bloqueó temporalmente este tipo de deportaciones por violar el debido proceso, al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que no han estado previamente sujetas a una deportación rápida.

En enero, Trump restableció la «expulsión inmediata» de migrantes, una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.

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El acuerdo busca garantizar «el traslado digno, seguro y oportuno desde EE.UU. a Ecuador de los nacionales de terceros países presentes en EE.UU. que puedan solicitar protección internacional contra el retorno a su país de origen o de residencia anterior«, especifica un documento del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés).

Este convenio no incluye el traslado de menores no acompañados, como se le conoce a los niños que ingresaron solos al país, ni pagos por parte de los firmantes. «La ejecución del presente Acuerdo estará sujeta a la disponibilidad de fondos y a la capacidad técnica de cada Parte», especifica el texto.

En septiembre pasado, fuentes del Departamento de Estado estadounidense y la Cancillería ecuatoriana ya habían adelantado que negociaban un pacto de este tipo, también llamado acuerdo de asilo cooperativo, mediante el cual Ecuador podría recibir hasta 300 solicitantes por año procedentes de EE.UU.

Según el documento, que incluye notas diplomáticas intercambiadas entre ambas naciones en julio pasado, Quito se compromete «a no devolver a ninguna persona trasladada a Ecuador por el Gobierno de EE.UU. a su país de origen o de su anterior residencia habitual hasta que se haya dictado una resolución definitiva» sobre sus casos.

El contenido del pacto, programado para ser publicado oficialmente en el Registro Federal estadounidense el próximo 17 de noviembre, también especifica el compromiso de Ecuador con el establecimiento de un procedimiento para definir el estatus de las personas transferidas que abandonen su petición de asilo o no la tramiten.

Tanto EE.UU. como Ecuador acordaron la elaboración de «procedimientos operativos» en un «instrumento posterior» que incluya «criterios claros» de elegibilidad de aquellos solicitantes de asilo a trasladar, además de la asistencia bilateral necesaria para la implementación del pacto.

Relaciones entre Ecuador y EEUU

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió en septiembre en Quito con el presidente, Daniel Noboa, y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

Entonces, Sommerfeld indicó que este convenio respondería solamente a «personas refugiadas de ciertas nacionalidades, que no mantengan ningún tipo de antecedente de delincuencia» y que estén en buen estado de salud.

El presidente Donald Trump ya firmó en 2019, durante su primer mandato, un acuerdo de asilo cooperativo con El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque solo se implementó el firmado con el último de estos países.

El Gobierno del ahora expresidente Joe Biden lo suspendió en 2021 ante las críticas de las organizaciones de derechos humanos con respecto a las capacidades limitadas de las autoridades guatemaltecas para acoger a refugiados.

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La funcionaria de la Casa Blanca compartió una nota del medio conservador Breitbart en la que Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), afirma que están «en camino» para cumplir la meta de tener 10.000 nuevos agentes de ICE en la Administración de Donald Trump.

«Son 175.000 estadounidenses que se han postulado para unirse a ICE. ¡Asombroso! Es realmente alentador ver patriotas que no se dejan engañar y quieren aplicar el Estado de derecho y quieren proteger nuestra tierra», declaró McLaughlin al editor en jefe de Breitbart, Alex Marlow.

Contratación de agentes

La funcionaria recordó que existen los fondos gracias a la «gran y hermosa ley» que el presidente Trump firmó en julio y que, según especialistas, convertirá a ICE en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos, con un presupuesto estimado en 75.000 millones de dólares, superior al de casi todos los ejércitos del mundo.

El DHS expuso entonces que habría casi 30.000 millones de dólares para operativos, lo que permitirá contratar a 10.000 agentes de ICE que se sumarán a los 20.000 ya existentes y alcanzar un ritmo de un millón de deportaciones anuales.

Para incentivar las contrataciones, además de los bonos, el DHS eliminó en agosto los límites de edad para los agentes de ICE, que ahora solo necesitan ser mayores de 18 años, pues antes debían tener un mínimo de 21 años y un máximo de 37 ó 40, según la posición a la que postulaban.

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El nuevo cobro conocido como ‘tarifa de integridad de visa’ va dirigido a todos los extranjeros que ingresan al país con una visa que no sea de inmigrante como de turistas, visa de negocios, y estudiantes internacionales.

Estados Unidos emitió casi 11 millones de visas de no inmigrante en 2024, según cifras del Departamento de Estado. Los viajeros que cumplan con las condiciones de su visa y salgan tendrán derecho a un reembolso.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo a la CNN que la tarifa se estableció “para apoyar” las prioridades del Gobierno del presidente Donald Trump en materia migratoria.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que la nueva tarifa podría reducir el déficit federal en 28.900 millones de dólares durante los próximos diez años.

El pago se requerirá al momento de la emisión de las visas y no habrá exenciones de tarifas para personas de bajos recursos.

La ley también impone incrementos en el valor de otras solicitudes migratorias. Por ejemplo, por primera vez, los solicitantes de asilo no solo deben pagar una tarifa para solicitar asilo —fijada en 100 dólares—, sino una tarifa adicional de 100 dólares cada año que la solicitud esté pendiente de resolución

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La máxima corte estadounidense concedió la solicitud de emergencia cursada por el Departamento de Seguridad Nacional con un voto de siete magistrados a favor y dos en contra: las liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.

La Administración Trump estaba tratando de impugnar un fallo de una jueza federal, que queda por ahora sin efecto. del estado de Massachusetts que consideró que el gobierno no podía anular este «parole humanitario», que permitía a estas 532.000 personas vivir y trabajar de manera provisional en EEUU, sin analizar el procedimiento caso por caso.

En el escrito de desacuerdo, Brown Jackson considera que «el tribunal literalmente ha hecho una chapuza (un trabajo mal hecho) con su dictamen hoy (viernes)».

El de hoy es el segundo fallo del Supremo este año en este terreno, después de que hace 10 días autorizara a Trump a retirar el estatus de protección temporal (TPS) a unos 350.000 migrantes venezolanos.

El republicano retornó a la Casa Blanca con la promesa de endurecer enormemente la política migratoria del país, lo que, según él, incluye la expulsión de millones de inmigrantes.

El llamado «parole humanitario» fue ampliado en enero de 2023 por el expresidente Biden (2021-2025) para facilitar la inmigración legal de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, entre las nacionalidades con mayor representación entonces en las llegadas irregulares a la frontera sur con México.

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La secretaria del DHS, Kristi Noem, aseguró en una audiencia ante el Senado que «no tiene planes de realizar un ‘reality’ show», luego que de fuera interpelada sobre la participación de la Administración en la producción.

La inédita posibilidad de que EE.UU. diera luz verde a una competencia televisiva cuyo fin sea obtener la naturalización en el país, fue reportada inicialmente por el diario británico The Daily Mail, que informó sobre el supuesto respaldo de Noem, algo que funcionarios de su departamento negaron.

La subsecretaria de la agencia, Tricia McLaughlin, aseguró en comunicado remitido a EFE la semana pasada que Noem «no ha respaldado ni conoce la propuesta de ningún programa de ficción o telerrealidad», aunque añadió en ese entonces que el plan «no ha recibido aprobación, ni rechazo del personal».

Propuesta del reality para inmigrantes

La portavoz admitió que la agencia gubernamental «recibe cientos de propuestas para programas de televisión al año» y que cada una «se somete a un riguroso proceso de selección antes de su rechazo o aprobación».

El productor Rob Worsoff, quien llevó la idea al DHS, aseguró al diario que el programa está pensado como «una celebración de ser estadounidense y del privilegio de ser ciudadano de Estados Unidos».

«Esto no es ‘Los Juegos del Hambre’ para inmigrantes», dijo. «Esto no es: ‘Si pierdes, te enviaremos en barco fuera del país’».

Los reportes de que el DHS estaba evaluando esta propuesta se dieron a conocer cuando la agencia se mueve rápidamente para impulsar la agenda del presidente, Donald Trump, quien regresó al poder en enero con una política de mano dura contra la inmigración, que incluye promesas de una histórica deportación masiva de indocumentados.

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El diario afirma tener una copia de la orden dictada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y aún no hecha pública, en la cual se anula la extensión por 18 meses del Estatuto de Protección Temporal (TPS) decidida el pasado 10 de enero para más de 600.000 venezolanos, lo que significa que pasan a ser susceptibles de deportación.

El TPS es una ayuda que se otorga a los ciudadanos de un determinado país que han emigrado a Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado para que puedan vivir y trabajar aquí hasta la fecha que el gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura.

La medida es un golpe para cientos de miles de migrantes venezolanos que creían que no sólo estaban protegidos de la deportación, sino que también les proporcionarían permisos de trabajo al menos hasta octubre de 2026.

TPS para migrantes venezolanos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la extensión del TPS a los venezolanos el mismo día en que Nicolás Maduro tomó posesión para un nuevo mandato ante la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, en medio de acusaciones de «golpe de Estado» por parte de la oposición, que afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones del 28 de julio pasado.

El DHS justificó la extensión del TPS para los venezolanos por «la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el régimen inhumano de Maduro».

El TPS fue extendido desde el 3 de abril de 2025, fecha en la que debía caducar, hasta el 2 de octubre de 2026, lo que permitirá que unos 600.000 venezolanos se vean beneficiados.

Los elegibles para este permiso migratorio son aquellos venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023 y que hayan residido en el país de forma ininterrumpida, excepto los que «hayan sido condenadas por un delito grave o dos delitos menores».

La lucha contra la migración

Trump, que asumió el pasado 20 de enero la Presidencia de EEUU por segunda vez, reconoce a González Irrutia como presidente electo de Venezuela, pero está embarcado en una lucha contra la inmigración irregular sin distinciones por la nacionalidad del migrante.

«En el pasado, (el presidente, Donald) Trump ha puesto en la mira a los inmigrantes acogidos al Estatus de Protección Temporal, que ayuda a los migrantes de algunos de los países más inestables del mundo», un alivio migratorio que para algunos republicanos «se ha alejado mucho de su misión original de proporcionar refugio temporal en caso de conflicto o desastre», señala el diario.

Durante su primer gobierno, Trump intentó poner fin a las protecciones para los migrantes de varios países, entre ellos Haití, El Salvador y Sudán, pero los tribunales federales bloquearon algunos de esos intentos.

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Con información de EFE Servicios

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hizo este anuncio después de que Nicolás Maduro tomara posesión para un nuevo mandato ante la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, en medio de acusaciones de «golpe de Estado» por parte de la oposición que reclama la victoria electoral de Edmundo González Urrutia, y del mismo gobierno de Maduro que ha hablado de una conspiración internacional en su contra.

El DHS justificó la extensión del TPS para los venezolanos por «la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el régimen inhumano de Maduro«.

El TPS fue extendido desde el 3 de abril de 2025, fecha en la que debía caducar, hasta el 2 de octubre de 2026, lo que permitirá que unos 600.000 venezolanos se vean beneficiados.

Los elegibles para este permiso migratorio son aquellos venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023 y que hayan residido en el país de forma ininterrumpida.

El DHS apuntó que cada individuo procesado para el TPS «pasa por una rigurosa investigación de seguridad nacional y seguridad pública durante la solicitud original y nuevamente durante la reinscripción».

El TPS está prohibido para las personas que «hayan sido condenadas por un delito grave o dos delitos menores», agregó.

El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a inmigrantes de naciones afectadas por conflictos bélicos, desastres naturales, epidemias u otras condiciones que no hagan seguro el retorno de los nacionales a sus países de origen.

Licencias individuales a empresas petroleras internacionales se mantienen

Por otra parte, en nota divulgada por la Agencia Carabobeña de Noticias, se dice que el presidente de Estados Unidos, ha optado por mantener licencias a las empresas petroleras internacionales que operan en Venezuela, tales como la estadounidense Chevron, la española Repsol o la francesa Maurel & Prom.

Biden condenó la investidura de Nicolás Maduro, pero evitó, cancelar las licencias que permiten a algunas petroleras operar en Venezuela.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios y ACN

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El plan del presidente  Joe Biden para suprimir el Título 42 estableció nuevas reglas para los solicitantes de asilo y castigos más severos para los migrantes que ingresan de forma ilegal, lo que redujo las detenciones a un promedio de 3.400 diarias, desde el 12 de mayo hasta el pasado viernes 2 de junio, según datos del DHS.

México aporta el mayor número de detenidos con un promedio de 1.200 al día, seguido de Honduras, con un promedio de 520 detenciones diarias, y Guatemala, con 360 detenidos al día.

De acuerdo con el DHS, entre el 12 de mayo y el 2 de junio también se repatriaron a más de 38.400 extranjeros de más de 80 países, incluidos 1.400 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que fueron devueltos a México bajo un acuerdo que permite enviarlos a ese país.

Según datos del International Rescue Committee, con la entrada en vigencia del Título 42, impuesto por el Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021) al inicio de la pandemia en marzo de 2020, EE.UU. ejecutó más de 2,5 millones de expulsiones de migrantes.

Como parte de su plan, el gobierno de Biden actualizó el uso de la aplicación móvil CBP One para permitir que los solicitantes de asilo inicien sus peticiones desde su teléfono celular o una computadora. En promedio, 1.070 migrantes se presentaron todos los días para ser procesados después de programar una cita.

A partir del jueves pasado, el número de citas disponibles aumentó a 1.250 por día. Los migrantes que más usaron CBP One provienen de Haití, México y Venezuela.

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Víctor De Abreu

El grupo de estadounidenses que viajó a La Habana estuvo conformado por funcionarios de varias agencias del gobierno, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y el FBI, según informó el Departamento de Estado.

Con el encuentro, EE.UU. busca reforzar su seguridad por medio de una «coordinación internacional de fuerzas del orden público» y a la vez mejorar la capacidad del país de «combatir la criminalidad” con cooperaciones en temas como narcotráfico y tráfico de personas.

La reunión con los funcionarios cubanos, no obstante, «no afecta el enfoque» del gobierno del presidente Joe Biden en «asuntos de derechos humanos» en la isla, recalcó el comunicado.

«Una mejor coordinación de las fuerzas de aplicación de la ley es beneficioso para Estados Unidos y para el pueblo cubano», aseguró el texto.

Por su parte, el gobierno cubano valoró en un comunicado el «clima de respeto« y «elevado nivel profesional» en el que se desarrollaron las conversaciones sobre cooperación en asuntos judiciales concluidas el jueves en La Habana con la delegación de alto nivel de Estados Unidos.

La visita, que comenzó el miércoles es la primera llevada cabo por funcionarios estadounidenses en lo que va de año, llega tras meses de tímido acercamiento del gobierno de Joe Biden a la isla, sobre todo en temas migratorios.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

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“Hoy, menos de una semana después de la puesta en marcha del programa, los primeros cuatro ciudadanos venezolanos llegaron a los aeropuertos de Estados Unidos de manera segura, ordenada y legal”, informó el DHS en el documento publicado a través de su página web.

También indica que, “si bien aún está en sus inicios, este proceso ya ha reducido las entradas irregulares de venezolanos en nuestra frontera en más de 85 %, lo que demuestra que cuando existe una forma lícita y ordenada, las personas estarán menos dispuestas a poner la vida en manos de los traficantes”.

El DHS indicó que empezó a recibir solicitudes el martes 18 de octubre y el miércoles 19 empezaron a salir las primeras aprobaciones y ya han arribado a territorio estadounidense los primeros cuatro venezolanos en avión: dos provienen de México, uno de Guatemala y otro de Perú.

🇻🇪: Lo que se sabe del nuevo programa migratorio para los #venezolanos en EEUU. Lo bueno y lo malo de la medida.#Venezuela #migracion pic.twitter.com/rsttUmDhql

— Alejandra Oraa (@alejandraoraa) October 13, 2022

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

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En aplicación de esa norma sanitaria, iniciada por el gobierno del expresidente Donald Trump hace dos años y que vence este miércoles, más de 1,6 millones de migrantes fueron expulsados en la frontera de manera expedita.

Los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos deben concluir hoy su revisión de la norma. El gobierno anunciará si continúa su aplicación o la suspende.

Una notificación de DHS dio detalles de su estrategia integral para encarar un incremento potencial en el número de encuentros con migrantes indocumentados en la frontera.

Esa estrategia incluye el despliegue de recursos para lidiar con volúmenes incrementados, “un trámite migratorio más justo y eficiente, el procesamiento y deportación de quienes no tienen razones válidas para solicitar asilo”.

Un funcionario de DHS, en una conversación con periodistas, detalló que las autoridades necesitan estar preparadas para lo que se considera una contingencia potencial, que es que la suspensión del Título 42 pueda incrementar los flujos de inmigrantes.

22 legisladores piden mantener la restricción

Al menos 22 miembros de la representación de Texas en la Cámara de Representantes enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, así como al secretario de Salud, Xavier Becerra, instan al gobierno de Biden para que mantenga en práctica el Título 42.

En la misiva, los legisladores señalaron que las ciudades cercanas a la frontera ya encaran las dificultades de la migración ilegal y no tienen alojamiento temporal, servicios de salud y transporte para encarar la consecuencia de una suspensión del Título 42.

Las comunidades locales se verán forzadas a absorber al menos el doble del número actual de migrantes con resultados probablemente catastróficos

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

En un video publicado por las autoridades de Pinal se observa cuando el oficial Mark Lamb se acerca a la familia para conocer su situación y verificar que sus miembros estaban bien de salud.

Los padres, Alejandro y Adriana, se encontraban con sus tres hijos menores, según reseñó Univisión. La familia aseguró que llegaron en un camión y tenían 20 días viajando, a su vez, denunciaron que las personas con las que viajaban los amenazaron, los robaron y los dejaron solos en el desierto.

Los migrantes tenían sus pasaportes y llevaban una carta en la que solicitaban asilo. “Esto probablemente sea un poco más legítimo que algunos de los que vemos. Solo porque vienen de Venezuela y tienen sus pasaportes”, dijo Lamb.

#15Nov | Una familia venezolana que se encontraba perdida en el desierto de Arizona fue rescatada por policías de la Oficina del Sheriff del Condado de Pinal y del Departamento de Seguridad Nacional.

Los padres aseguraron que tenían 20 días viajando. #Sucesos (Video: Cortesía) pic.twitter.com/HQ3rr5cCWD

— Notitarde (@webnotitarde) November 15, 2021

El padre de los niños se desempeñaba como ingeniero en Venezuela mientras que la madre trabajaba como abogada. Uno de sus hijos tiene 12 meses y lo llevaban en un coche, mientras que los otros dos tienen 9 años y 15 años de edad.

“La seguridad fronteriza también significa asegurarse de que familias como estas no sean explotadas por grupos criminales o dejen que mueran en el desierto”, expresó la Oficina del Sheriff en sus redes sociales.

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Gabriela Morales

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El derrumbe parcial anoche de la estructura del cono parece haber unido las bocas eruptivas del volcán, lo que está provocando un mayor caudal de salida de lava, que alcanza en determinados puntos casi un kilómetro de anchura máxima.

La ceniza afecta principalmente a la vertiente sur de La Palma y no se descarta que partículas más finas de ceniza puedan alcanzar la isla de El Hierro, señaló el DSN.

Ante la merma en la calidad del aire en zonas próximas a la colada se decidió el desalojo del personal científico y de emergencias, así como de los vecinos que fueron a recoger enseres de sus viviendas.

Las calidades del aire en las zonas no evacuadas cercanas a la emisión del volcán se encuentran dentro de los niveles de normalidad

El domingo se emitieron 16.000 toneladas de dióxido de azufre, según el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), una cantidad que podría ser incluso mayor debido a las limitaciones que tienen las medidas realizadas con sensores ópticos remotos tipo miniDOAS en posición móvil terrestre (con la instrumentación montada en un vehículo en movimiento).

Se registraron varios temblores

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) localizó a primera hora de este lunes un terremoto de magnitud 3,7 en Fuencaliente, a unos 11 kilómetros de profundidad, tras una noche de alta actividad sísmica.

Otro de magnitud 3,4, también a primera hora, localizado en Mazo a 13 kilómetros de profundidad, ha sido sentido por la población.

Entre el otro terremoto de 3,7, localizado a una profundidad de 12 kilómetros en el suroeste de la Villa de Mazo, sobre las 20.15 horas del domingo, y este último, registrado a las 7.20 horas de hoy, el IGN contabilizó hasta 40 temblores, todos ellos repartidos entre Mazo y Fuencaliente.

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Gabriela Morales

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La medida responde a las fuertes críticas que recibió la Administración Joe Biden, tras difundirse imágenes en las que agentes de la Patrulla Fronteriza en caballos hostigan a migrantes y, en uno de los casos, aparentemente les golpean con lo que parece un látigo.

“El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas dijo esta mañana a líderes de derechos civiles que ya no usaremos caballos en Del Río”, anunció la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.

Las imágenes del maltrato a inmigrantes por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza provocó una oleada de críticas al gobierno de Biden, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) abrió una investigación sobre lo ocurrido.

Numerosos activistas y políticos demócratas denunciaron que el gobierno de Biden esté deportando de forma masiva a los inmigrantes a Haití

Biden asume responsabilidad por maltrato a migrantes

El mandatario estadounidense asumió este viernes como mandatario su responsabilidad en los casos “intolerables” de maltrato a migrantes en la frontera con México y prometió que habrá “consecuencias” hacia quienes los cometieron.

“Simplemente no es lo que somos”, dijo el presidente, para quienes estas imágenes envían un mensaje “erróneo” al mundo y al país.

⚡️El escándalo del momento.

Los mas de 10 mil #migrantes viviendo debajo de un puente en la frontera de México 🇲🇽 con Texas 🇺🇸, esperando ser procesados. Muchos cruzando ya por río.

Un número importante de ellos son haitianos. pic.twitter.com/xIuOSmjoIl

— Ariel Moutsatsos (@arielmou) September 17, 2021

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

En su carta de dimisión, que publicaron este jueves 23 de septiembre varios medios estadounidenses, Foote señaló que no puede seguir vinculado a la decisión “inhumana y contraproducente de deportar a miles de refugiados haitianos”.

Asimismo, consideró “profundamente errónea” la política que está llevando a cabo el gobierno de Joe Biden con respecto a Haití y ante esta nueva crisis migratoria.

Foote, que fue designado en julio, remitió su carta de renuncia al secretario de Estado, Antony Blinken, días después de que se publicaran imágenes muy criticadas del trato de agentes de la patrulla fronteriza en la frontera sur, a donde han llegado miles de migrantes en los últimos días, buena parte de ellos haitianos, que se concentran en un puente en la zona de Del Río (Texas).

En este sentido, la polémica salpica al gobierno de Biden y aunque el Departamento de Seguridad Nacional anunció una investigación, ya se produjeron algunas fricciones dentro de la administración, a las que se suma la dimisión de Foote.

Estas fotografías provocaron críticas a Biden de figuras de su propio partido, entre ellas el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer

Kamala Harris protestó y solicitó investigar maltrato a los migrantes

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, llamó el martes al secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, para expresar su “grave preocupación sobre el maltrato de migrantes haitianos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo”, según informó el miércoles la oficina de la número dos del Gobierno.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró el miércoles que esa investigación se completará la semana que viene, y que mientras tanto, los agentes implicados se encuentran de baja administrativa.

Además, Psaki describió como “brutales e inadecuadas” las acciones de esos agentes, que, montados a caballo, actuaron de manera agresiva y hostigaron a los inmigrantes para evitar que los haitianos ingresen al país tras cruzar el río Bravo (río Grande), según las imágenes.

Foote subrayó que el pueblo de Haití, “sumido en la pobreza y rehén del terror” por parte de las bandas que controlan el país, necesita asistencia urgente

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuncia extensiones de los períodos de registro inicial de 180 días a 18 meses para solicitantes iniciales (nuevos) bajo las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela, Siria y Birmania”, indicó un comunicado.

“El período de registro de 18 meses para solicitar TPS ahora se extiende desde el 9 de marzo de 2021 hasta el 9 de septiembre de 2022”, señaló el documento.

También aclaró que la documentación puede suponer una carga para los solicitantes que logran presentar la solicitud a tiempo pero que, de lo contrario, serían elegibles para una concesión de TPS.

Además, permitir el registro en la totalidad del período de designación podría reducir la carga operativa de USCIS, debido a que las aplicaciones pueden extenderse a lo largo de un período de tiempo más largo”, señaló el comunicado.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó que extendió los periodos de solicitudes iniciales para el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Venezuela, Siria y Birmania que lo requieran. #TVV #3Ago pic.twitter.com/nLsJThvB7W

— TVV Noticias (@TVVnoticias) August 3, 2021

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció en su rueda de prensa diaria que las personas en proceso de deportación, o que estén siendo procesadas, “tendrán la oportunidad de presentar sus casos ante un juez de inmigración”.

Psaki se pronunció después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en un comunicado que reanudará las deportaciones expeditas de “ciertos grupos familiares” que cruzan de forma irregular la frontera.

Según la portavoz, el procesamiento de los inmigrantes para su expulsión acelerada “es un medio legal y tradicionalmente empleado” para asegurar la frontera.

Se busca contar con un sistema de inmigración seguro y ordenado

Asimismo, defendió que este es “un paso” hacia el objetivo más amplio de la Administración del presidente Joe Biden de tener un sistema de inmigración seguro y ordenado.

Psaki subrayó que intentar cruzar hacia Estados Unidos eludiendo la inspección de los puertos de entrada “es peligroso” y acarrea consecuencias a largo plazo para la inmigración.

“Los individuos que están solicitando asilo, que lo merezcan, serán tratados como corresponde”, zanjó la portavoz.

Un plan difundido el martes que describe los próximos pasos que tomarán las agencias federales en materia de migración incluye entre las tareas “mejorar el proceso de remoción expedita para quienes lleguen a la frontera”.

Según el documento, el objetivo es determinar de manera justa y eficiente “qué personas tienen solicitudes legítimas de asilo y otras formas de protección”.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales