Ambos dirigentes posaron ante las cámaras durante un saludo protocolario en el Departamento de Estado, pero no respondieron a preguntas de la prensa.

Restrepo se encuentra en Washington acompañado por el equipo económico del futuro Gobierno colombiano para estrechar lazos con la Administración de Trump y concretar el respaldo financiero de organismos multilaterales, como el Banco Mundial.

Durante la campaña electoral, Trump expresó públicamente su apoyo a De la Espriella, el candidato de ultraderecha que se impuso al izquierdista Iván Cepeda en las elecciones del pasado 21 de junio.

De la Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, en sustitución de Gustavo Petro, quien se ha negado a reconocer su victoria electoral y ha mantenido una relación tensa con la Administración Trump.

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En una conferencia de prensa, la mandataria también dijo que su Gobierno ha estado en contacto con el Banco Interamericano y el Banco Mundial, que «ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación», además de «líneas de créditos» para Venezuela.

Según Rodríguez, hay, al menos, 855 edificios afectados por los terremotos, que han dejado al menos 2.595 muertos y 12.400 heridos.

Rodríguez recordó que creó un fondo inicial con el equivalente a 200 millones de dólares y una cuenta en la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para «la donación en dinero internacional» que será destinado para viviendas y que tendrá «todos los mecanismos de auditoría».

Además, informó de la reciente llegada de un grupo «muy especializado y profesional» de Israel para la recuperación de infraestructura y de «determinación de la situación» de las construcciones que no colapsaron completamente pero que sufrieron daños.

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La reunión tuvo lugar en el Palacio Legislativo, en Caracas, según confirmó EFE, aunque no ofrecieron declaraciones a la prensa.

Previamente, a su llegada al Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, Figuera declaró a la prensa que primero se reuniría con el encargado de negocios de EE.UU., John Barrett, y luego con Jorge Rodríguez.

En este contexto, indicó que está asumiendo una directriz «sobre una agenda que va a permitir a todos los venezolanos y a los medios de comunicación tener libertad de expresión» y que contribuirá a «dirimir las diferencias».

La exdiputada fue trasladada en vehículos de la Embajada estadounidense.

Figuera es la cabeza de lo que considera como el «último» poder «legítimamente» electo en Venezuela, en relación al Parlamento de 2015, que estuvo en control de la oposición hasta 2020.

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En un comunicado, el Departamento de Estado dio la bienvenida a la reunión celebrada entre Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional de 2026 y representante del gobierno interino venezolano, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, para acordar una agenda que sirva de base a futuras negociaciones.

Según Estados Unidos, esa agenda contempla prioridades como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), el restablecimiento de garantías para la participación política y la protección de las libertades civiles necesarias para un debate político abierto.

Previamente, el Parlamento venezolano controlado por el oficialismo informó que, tras la reunión entre Rodríguez y Figuera en Caracas, ambas partes acordaron crear una «mesa técnica y política paritaria» con una agenda y cronogramas concretos orientados al fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de acuerdos para el futuro del país.

Figuera, quien preside la instancia parlamentaria que reivindica la continuidad de la AN elegida en 2015, regresó a Venezuela para participar en estos encuentros y aseguró que trabaja en una agenda destinada a garantizar libertades políticas y de expresión.

La opositora sostuvo que su retorno responde a gestiones relacionadas con el proceso de transición impulsado con respaldo internacional.

La AN de 2015 y el oficialismo mantienen una disputa institucional desde que la oposición obtuvo la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas de ese año.

Aunque el oficialismo recuperó el control formal del Legislativo tras los comicios de 2020, un sector opositor continuó operando una estructura parlamentaria paralela que ha contado con el apoyo de Estados Unidos y otros aliados internacionales.

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A continuación, se detallan los aspectos más relevantes del comunicado al que tuvo acceso la agencia EFE:

• Coordenadas y mecanismos de pago: El documento, emitido el pasado 28 de mayo y firmado por la gerente de Ventas, Yolimar Cedeño, incluye un anexo oficial estadounidense. En este se especifica que el gobierno de EEUU recibirá los fondos en nombre de Venezuela a través de la red de transferencias electrónicas Fedwire, controlada por la Reserva Federal.
• Cuentas de custodia: El Departamento del Tesoro de EEUU detalló en el texto que los recursos financieros serán depositados en una cuenta de «custodia», exigiendo a las empresas compradoras declarar con precisión la fuente de dichos fondos.
• Contexto del control energético: Esta medida es consecuencia directa de las acciones tomadas por Washington tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado. En ese momento, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, anunció que Estados Unidos controlaría de forma «indefinida» los ingresos por ventas de crudo venezolano para «beneficiar al pueblo de Venezuela».
• Estatus legal de los fondos: Según lineamientos previos de la Casa Blanca, este dinero mantiene la condición de propiedad soberana de Venezuela bajo custodia estadounidense para fines gubernamentales y diplomáticos, quedando totalmente protegido contra posibles reclamos de carácter privado.

El comunicado oficial fue remitido a diversas operadoras internacionales, confirmándose su recepción por parte de al menos una aerolínea latinoamericana y otra española.

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En un comunicado publicado en la cuenta en X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Dogu aseguró que su «asignación temporal en Caracas está llegando a su fin» y que Barrett, actual encargado de negocios en Guatemala, llegará «próximamente» al país para ocupar su puesto.

«Estoy profundamente agradecida con el presidente (Donald Trump) y el secretario (de Estado Marco) Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico, mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países», expresó.

Dogu, quien dijo que regresará a su puesto de asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Dan Caine, aseguró que el equipo en Caracas «continuará avanzando el plan de tres fases» de Trump y Rubio para Venezuela (estabilización, recuperación y transición) durante «esta nueva etapa de las relaciones» bilaterales.

Perfil de John Barrett

El martes, un portavoz del Departamento de Estado había dicho a EFE que Dogu, nombrada encargada de negocios tres semanas después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, sigue al frente de la embajada en Caracas, luego de que varios medios de Guatemala aseguraran que Barrett la sustituiría.

John Barrett asumió sus funciones como encargado de negocios en Guatemala en enero de 2026, tras haber sido ministro consejero en la Embajada de EEUU en Panamá desde mayo de 2023, según el país norteamericano.

También ocupó los cargos de consejero para Asuntos Económicos en la embajada en Perú y de cónsul general en la ciudad brasileña de Recife.

Nuevo momento político

EEUU y Venezuela acordaron formalmente el pasado 5 de marzo restablecer lazos diplomáticos como un contundente paso en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas después de que el gobierno de Trump capturara a Maduro.

Ambos países habían roto relaciones en 2019, cuando el gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como mandatario encargado del país.

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«Excelente reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos», escribió Machado en una publicación en Instagram, acompañada de una fotografía del encuentro en el Departamento de Estado.

«¡Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela! ¡Avanzamos!», añadió la ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien en los últimos meses en Washington ha tenido reuniones tanto con el presidente Donald Trump como con Rubio.

Reunión muy positiva; muy pronto regreso

En un mensaje enviado a la prensa, el equipo de comunicaciones de la líder opositora también indicó que la reunión fue «muy positiva» y dijo estar agradecido con Rubio por «la oportunidad de discutir y avanzar sobre la consolidación de una transición» que lleve a una elección y «garantice el pleno ejercicio» de los derechos de los venezolanos.

En este sentido, el equipo aseguró que Machado ratificó a Rubio que la población de Venezuela quiere vivir en democracia y con Estado de derecho, y reiteró que «el día del regreso» de la opositora «será muy pronto».

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«A mi equipo y a mí nos complace anunciar un gran paso para nuestra misión: a partir de hoy, somos nuevamente la Embajada de los Estados Unidos en Caracas«, señaló la encargada de negocios de EE.UU. en Venezuela, Laura Dogu, en un video publicado en Instagram, poco después de que el Departamento de Estado estadounidense hiciera el anuncio formal de la reanudación de las operaciones.

Dogu dijo que empieza un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales de ambas naciones.

«En un futuro» se retomarán y se brindarían los servicios consulares

«Apenas estamos comenzando, falta mucho por hacer mientras seguimos ejecutando el plan de tres fases de la Administración (Donald) Trump«, añadió.

El resto del equipo de la Embajada estadounidense indicó que retomar las operaciones en Venezuela da la oportunidad de hacer el trabajo diplomático fundamental, como vincular empresarios de ambos países, comunicarse con todos los sectores políticos y de la sociedad civil, así como abrir oportunidades de empleo en la sede diplomática.

Igualmente, señalaron que seguirán reconstruyendo sus instalaciones para «en un futuro» brindar servicios consulares.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña R

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La reunión, programada para las 10:00 hora local, marca un hito en la agenda internacional de la dirigente antes de su anunciado regreso a Venezuela.

Puntos clave del contexto diplomático

Restablecimiento de relaciones: El encuentro se produce apenas un día después de que Estados Unidos reanudara oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, tras el deshielo diplomático entre la administración de Donald Trump y el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Retorno al país: María Corina Machado, quien se encontraba fuera de Venezuela desde diciembre tras recibir el Nobel en Noruega y pasar un año en la clandestinidad, tiene previsto volver al territorio nacional «en los próximos días», según confirmó su partido, Vente Venezuela.

Giro en la política de Washington: El acercamiento entre la administración Trump y el gobierno de Rodríguez se intensificó tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Actualmente, EEUU reconoce a Delcy Rodríguez y mantiene un tutelaje sobre el gobierno encargado, logrando la apertura de los sectores de petróleo y oro a empresas estadounidenses.

Traspaso de sedes: La semana pasada, una delegación venezolana encabezada por Félix Plasencia recuperó en Washington el control de la Embajada de Venezuela, que permanecía bajo custodia del Departamento de Estado desde 2023.

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«Hoy retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela», anunció el Departamento de Estado en un comunicado.

La diplomática Laura Dogu llegó a Caracas el pasado mes de enero como encargada de negocios para liderar la reapertura de la misión estadounidense.

El equipo encabezado por Dogu está actualmente «restaurando el edificio» para preparar «el regreso del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares», apuntó el Departamento de Estado, que no detalló la fecha prevista para el retorno de dichos servicios.

El anuncio se produce después de que, la semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios, Félix Plasencia, visitara Washington para reunirse con miembros del gobierno de Trump y recibir el control de la Embajada venezolana en Estados Unidos, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.

La nueva relación EEUU-Venezuela

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el gobierno de Rodríguez han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Según Trump, Estados Unidos ejerce un tutelaje sobre el gobierno de Rodríguez, que ha acatado las exigencias de Washington para abrir el sector del petróleo y del oro de Venezuela a las empresas estadounidenses.

Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones en 2019, cuando el gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado del país.

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Puntos clave del acuerdo

Contexto político: El acercamiento ocurre bajo la administración de Donald Trump, quien ha definido una hoja de ruta de tres fases para el país: estabilización, recuperación y transición democrática, confiando la primera etapa a la gestión de Rodríguez.

Visitas de alto nivel: El anuncio oficial se produjo inmediatamente después de la visita a Caracas del secretario de Interior de EEUU, Doug Burgum. Previamente, Rodríguez ha recibido a otros funcionarios como el secretario de Energía, Chris Wright.

Cuerpo diplomático: Laura Dogu (EEUU) funge como encargada de negocios en Caracas. Félix Plasencia (Venezuela) ha sido designado representante diplomático en Washington.

Postura oficial: El canciller Yván Gil subrayó que esta nueva etapa se basa en el «respeto mutuo y la igualdad soberana», con el objetivo de generar beneficios sociales y económicos para la población.

Antecedentes

Este hito pone fin a una ruptura diplomática que databa de 2019, cuando el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino por parte de Washington llevó a la ruptura total de lazos por parte de la administración de Maduro.

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Con información de EFE Servicios

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Esta misión, coordinada con el Departamento de Estado, busca asegurar la influencia de la Administración de Donald Trump sobre el futuro político del país tras la captura y traslado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York.

Puntos clave de la estrategia

El anexo como prioridad: Antes de la reapertura de una embajada oficial, la prioridad es establecer un anexo de la CIA. Este espacio permitirá entablar canales de enlace informales con la inteligencia venezolana y diversas facciones políticas que los diplomáticos convencionales no podrían gestionar.

Influencia real sobre el terreno: Fuentes familiarizadas con el plan indican que, aunque el Departamento de Estado maneja la fachada diplomática, la CIA es la encargada de ejercer la influencia real, fortalecer relaciones locales y montar los sistemas de seguridad necesarios en un entorno aún inestable.

Antecedentes de la operación: Se reveló que la CIA ya operaba de forma encubierta en Venezuela desde agosto pasado. Un equipo rastreó los movimientos de Maduro gracias a una fuente interna dentro del gobierno venezolano, lo que facilitó su captura en enero. Según dijeron y reseñaron algunos medios internacionales.

Visita de alto nivel: El director de la agencia, John Ratcliffe, fue el primer alto funcionario estadounidense en aterrizar en Caracas tras la caída de Maduro para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el alto mando militar.

Perspectiva a largo plazo

La Administración Trump apuesta por la CIA como «punta de lanza» debido a la volatilidad de la transición política actual. El objetivo final es sentar las bases para que la diplomacia estadounidense retome sus operaciones en territorio venezolano bajo un esquema de seguridad robusto.

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Con información de EFE Servicios

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Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar un plan de tres fases.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estableció un plan de tres fases para Venezuela marcado por una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática.

A punto de cumplirse el primer mes de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, las relaciones entran en una nueva fase con la reapertura de la misión diplomática estadounidense en Caracas.

La administración estadounidense ha dado su apoyo a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, cuya visita se espera próximamente en Washington, pero también ha habido acercado a la líder de la oposición María Corina Machado, que se reunió el pasado 15 de enero con el presidente Donald Trump.

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Con información de EFE, otras agencias, medios internacionales y redes sociales

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Un portavoz del Departamento de Estado confirmó la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son, aunque la cadena Fox News tuvo acceso al listado.

Algunos de los países de América Latina y el Caribe incluidos son Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.

También figuran Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

Según Fox News, la pausa comenzará el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de verificación.

Los visados de inmigración son aquellos que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos, mientras que los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos temporales, no se verán afectados por la suspensión.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, declaró que el objetivo de esta medida es evitar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos.

En noviembre pasado, el gobierno de Trump ordenó a los consulados de Estados Unidos en todo el mundo aplicar una guía que instruye negar visados a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de ayudas públicas.

De este modo, los funcionarios consulares pueden rechazar visados en función de una amplia gama de factores, como la salud, la edad, el dominio del inglés o la situación financiera.

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«El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis», indicó el Departamento de Estado el lunes 15 de septiembre.

Junto a Colombia, Estados Unidos excluyó de la lista, por los mismos motivos de “incumplimiento”, a Afganistán, Bolivia, Venezuela y Birmania.

Sobre Colombia, el Departamento de Estado afirma que considerará quitar al país de la lista si el Gobierno de Petro: «Adopta medidas agresivas para erradicar la coca y reducir el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes se benefician de ella».

El comunicado agrega que los países que no «atiendan sus responsabilidades» como lugares de donde se origina y transitan las drogas «enfrentarán graves consecuencias».

La certificación es una evaluación que Estados Unidos hace cada año desde 1986 sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores.

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El funcionario adelantó detalles del posible acuerdo horas después de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, visitara Quito y se reuniera allí con el presidente, Daniel Noboa, y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

Antes de esa visita, la propia Sommerfeld ya dijo que Washington había solicitado un convenio de este tipo (también llamado acuerdo de asilo cooperativo) por el cual Ecuador podría recibir hasta 300 solicitantes por año procedentes de EE.UU.

Pero tanto ella como el funcionario estadounidense que habló hoy aclararon que no se trata de un acuerdo como el que Washington mantiene con el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, pensado para que el país centroamericano reciba presos desde EE.UU.

El funcionario estadounidense indicó hoy a su vez que este potencial acuerdo de tercer país seguro está siendo actualmente revisado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Sommerfeld, por su parte, habló de que el marco sería «limitado» y que respondería solamente a «personas refugiadas de ciertas nacionalidades, que no mantengan ningún tipo de antecedente de delincuencia» y que estén en buen estado de salud.

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En su programa semanal, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario afirmó que estas ONG, sin mencionar a alguna en específico, son «financiadas» por el Departamento de Estado estadounidense, así como por la ya desmantelada Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

«Por ahí andan, financiados por la Usaid, por la CIA, por el Departamento de Estado, ONG que se quieren hacer vender como izquierdistas y chavistas, pero las pruebas han aparecido, completicas. Reciben órdenes directas para blanquear a terroristas desde supuestas ONG de izquierda», afirmó Maduro, al tiempo que también mencionó a ONG de «derecha y de centro» supuestamente dispuestas para el mismo fin.

 

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La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que la Administración de Donald Trump está en conversaciones con cinco estados del país gobernados por los republicanos para «replicar» el modelo de Florida.

Estas declaraciones llegan días después de que Stephen Miller, asesor de Trump y arquitecto de su política migratoria, dijera a la cadena Fox News que su Gobierno quiere que «todos los estados republicanos» trabajen con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para construir nuevos megacentros de detención.

El centro en Florida, situado en una reserva de humedales llena de reptiles, ha sido denunciado por la oposición demócrata y por migrantes detenidos allí debido a sus condiciones «inhumanas».

Este sábado, un grupo de legisladores federales y estatales de Florida denunciaron que hay 750 migrantes «en jaulas» tras recorrer por primera vez el nuevo centro.

Florida abrió el sitio a los legisladores demócratas, aunque no a la prensa, después de que los primeros inmigrantes detenidos en ‘Alligator Alcatraz’ denunciaron a medios locales las condiciones «infrahumanas» en las carpas improvisadas, con un calor y humedad «asfixiantes», escasez de agua y comida putrefacta.

De interés: Migrantes denuncian condiciones infrahumanas de ‘Alligator Alcatraz’

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Entre los sancionados figuran la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Rosalba Gil Pacheco; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio.

«En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han proclamado falsamente su victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder», declaró el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.

Bloqueo de propiedades y activos

En total, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a 16 personas «afines a Maduro», a quienes acusa de haber «impedido un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos».

Bajo estas sanciones, quedan bloqueadas todas sus propiedades y activos en Estados Unidos y se les prohíbe realizar transacciones financieras.

El Tesoro afirma que Caryslia Rodríguez, en tanto que preside el alto tribunal, certificó la «afirmación infundada de que Maduro había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones bien fundadas de fraude electoral generalizado«.

También sancionó a los magistrados Fanny Beatriz Márquez, Inocencio Figueroa, Malaquías Gil Rodríguez y Juan Carlos Hidalgo, así como al fiscal Luis Ernesto Duéñez, quien emitió la solicitud de arresto contra el abanderado de la oposición, Edmundo González Urrutia, al que EEUU considera como el ganador de las elecciones.

En el caso de Rosalba Gil Pacheco, del CNE, por «obstruir la democracia,» y al secretario general en funciones del ente electoral, Antonio José Meneses, por introducir «irregularidades en el registro electoral».

Prohibición de entrada a EEUU

Paralelamente, el Departamento de Estado prohibió la entrada al país de «funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y que son responsables de los actos de represión», aunque no reveló el número ni sus identidades.

Con las medidas anunciadas, hasta la fecha hay más de 140 funcionarios venezolanos sancionados por el Tesoro estadounidense y cerca de 2.000 personas están sujetas a restricciones de visado por parte del Departamento de Estado estadounidense.

En una llamada con periodistas, altos funcionarios de la Administración de Joe Biden dijeron que seguirán «monitoreando de cerca» la situación en Venezuela para valorar si es necesario imponer nuevas sanciones, aunque no revelaron si planean imponer restricciones al petróleo del país caribeño.

«EEUU seguirá promoviendo la rendición de cuentas por parte de quienes socavan la democracia en Venezuela», advirtió Blinken en el comunicado.

Canciller Yván Gil rechazó las nuevas medidas coercitivas unilaterales de EEUU contra los altos funcionarios venezolanos

 

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Este pronunciamiento refleja la profunda inquietud de Estados Unidos respecto a las acciones que impactan a sectores clave de la sociedad venezolana.

Ciudadanos afectados

En el comunicado, Estados Unidos condena enérgicamente la emisión de órdenes de arresto y las detenciones que han alcanzado al menos a 33 ciudadanos venezolanos. Esta lista incluye a miembros de la oposición democrática, representantes de la sociedad civil, exmilitares y periodistas.

La diversidad de los afectados resalta la amplitud de las medidas adoptadas y sus implicaciones en distintos sectores de la sociedad.

Impacto en derechos y pluralidad

La preocupación manifestada por Estados Unidos se centra en el posible impacto de estas acciones en la democracia y los derechos civiles en Venezuela.

Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, Estados Unidos emite una firme condena a las acciones que considera contrarias a los principios democráticos. Además, este llamado resalta la importancia de salvaguardar los derechos fundamentales y promover un ambiente propicio para el diálogo y la diversidad de ideas.

Estados Unidos busca garantías para ciudadanos

El comunicado reafirma el compromiso de Estados Unidos con la defensa de los derechos humanos y la promoción de principios democráticos en la región. La exigencia de respetar la diversidad de voces y asegurar un proceso legal justo para todos los ciudadanos refleja la voluntad de abogar por valores fundamentales a nivel internacional.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales e internacionales

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