La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció el domingo que se «reinicia de inmediato» el escrutinio de las elecciones, detenido desde el viernes por «problemas técnicos», aunque dos horas después el sistema seguía inactivo.

La falta de actualización del escrutinio, que favorece al candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional, quien es respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado críticas y llamados a la celeridad de partidos políticos, observadores internacionales y sectores de la sociedad civil.

Según los resultados oficiales, Asfura acumula 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Salvador Nasralla, candidato del opositor y también conservador Partido Liberal, registra 1.112.570 sufragios (39,49 %), tras el escrutinio del 88,02 % de las actas.

Fragilidad del sistema electoral en Honduras

Analistas consultados por EFE señalaron que las fallas en el escrutinio ponen en evidencia la fragilidad del sistema electoral y urgieron a fortalecer las instituciones y considerar la aprobación de la segunda vuelta electoral para garantizar mayor estabilidad en elecciones cerradas.

El analista Rodolfo Dumas señaló que, aunque los votantes actuaron de «manera pacífica y ejemplar», la suspensión del conteo «no abona en nada» a la incertidumbre, y pidió modernizar el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Por su parte, el analista Miguel Cálix criticó que los partidos no hayan hecho «absolutamente nada» para fortalecer el sistema electoral de Honduras y advirtió que los problemas persistirán si no se refuerza el ente electoral.

Rixi Moncada, candidata del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), ocupa el tercer lugar con 543.675 voto (19,30 %).

Moncada dijo que el partido Libre «no reconoce» los resultados de los comicios por la supuesta «injerencia y coacción» de Trump y convocó a sus militantes a «movilizaciones» a una «asamblea extraordinaria de la dignidad nacional» el 13 de diciembre.

Fallas de seguridad en el escrutinio

El proceso electoral en Honduras se vio afectado este domingo por una denuncia de Marlon Ochoa, tercer consejero del CNE en representación del partido Libre, quien informó sobre un cambio en el código de seguridad de dos módulos del sistema electrónico de transmisión de resultados.

Ochoa dijo a periodistas que la empresa colombiana encargada de la transmisión preliminar de votos reconoció que en el módulo de divulgación de resultados electorales se produjo una variación en el «hash» (etiqueta o numeral), aunque aseguró que el código fuente «no se había modificado».

Afirmó además que la revisión del tiempo de operación de los sistemas de transmisión evidenció que muchos llevaban «menos de seis días» en funcionamiento y que «algunos, incluso, menos de cinco minutos»,  por lo que «no existe certeza de que los sistemas sellados que quedan en acción son efectivamente los que han sido utilizados estos últimos siete días».

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Una treintena de personas se concentró frente al Ministerio Público (MP, Fiscalía) en Caracas, entre ellas Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas -arrestado en el Rodeo I, estado Miranda (norte)-, quien denunció que los casos de esos presos, pese a denuncias anteriores, «todavía no han sido atendidos», por lo que temen que haya muertes «bajo custodia del Estado».

Ávila indicó que entre los detenidos hay quienes sufren de cáncer y enfermedades cardiovasculares y neurológicas.

Según la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), veinte personas han muerto desde 2014, cinco de ellas desde noviembre del año pasado.

Margareth Baduel, hermana de Josnars Adolfo Baduel -detenido desde 2020-, afirmó que los familiares de presos políticos también son víctimas.

Por su parte, Luis Alberto Méndez -abuelo de Gabriel Rodríguez, uno de los cuatro adolescentes presos políticos- pidió al fiscal general, Tarek William Saab, que «piense» en estos menores de edad, quienes «son inocentes».

El Gobierno y la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya presos por motivos políticos, sino ciudadano que cometieron diversos delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.

De interés: ONG Foro Penal contabiliza 884 presos políticos en Venezuela

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La organización denunció en un informe, en colaboración con la ONG Cristosal, con sede en Guatemala, que los 252 migrantes venezolanos enviados a la prisión de máxima seguridad estuvieron sometidos a torturas, violaciones y fueron privados de acceso a comida y agua, de acuerdo con los testimonios de un centenar de familiares y cerca de cincuenta expresos.

“Lo que descubrimos es que estos venezolanos sufrieron torturas sistemáticas durante los casi cuatro meses que estuvieron en el centro. Día tras día eran golpeados por los guardias, los golpeaban por hablar en voz alta, los golpeaban por todo, lo que nos llevó a la conclusión de que no se trataba de casos aislados, sino que era algo sistemático”, aseguró Juanita Goebertus, directora de la división de América de HRW en la presentación en Washington del informe ‘Llegaron al infierno’.

Los migrantes fueron enviados al Cecot entre marzo y abril, luego de que la Administración de Trump los acusara de terrorismo, y el 18 de julio fueron repatriados a Venezuela como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador.

El documento es, según aseguran, la publicación más completa hasta la fecha del maltrato al que estuvieron sometidas estas personas mientras estuvieron detenidas en El Salvador.

HRW documentó «al menos tres casos de violencia sexual por parte de los guardias contra los migrantes venezolanos» así como «abusos verbales y psicológicos muy graves».

Los testimonios explicaron que no tenían un acceso adecuado a agua potable, a comida ni a una atención médica: «El agua que utilizaban para beber y para cocinar era amarilla y a veces estaba caliente», explicó la directora.

Según explicaron, una de las principales conclusiones del informe revela que la expulsión forzosa a la que fueron sometidos los migrantes constituye «una desaparición forzada, que es un delito internacional en el que tanto Estados Unidos como El Salvador son cómplices”.

«En algún momento tendrá que haber una investigación, y nosotros y otras organizaciones estamos recopilando pruebas para cuando llegue ese momento, agregó.

Desde HRW instaron al resto de los países a levantar la voz y denunciar los actos que se están cometiendo en el Cecot.

De interés: HRW denuncia «desaparición forzada» de venezolanos deportados a El Salvador

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Igualmente, los integrantes del partido oficialista aprobaron mantener el alistamiento voluntario en la Milicia, el adiestramiento militar generalizado, el entrenamiento en «método táctico» de resistencia, formación en primeros auxilios y simulacros «de todo tipo».

Estas propuestas, explicó Cabello, fueron enviadas al congreso del PSUV por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El pasado 20 de octubre, Maduro pidió crear una aplicación en la que participe la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que el pueblo reporte las 24 horas del día «todo lo que ve, todo lo que oye».

En una transmisión de VTV, el mandatario indicó entonces que esta aplicación se debe desarrollar dentro del sistema VenApp, una red social creada en 2022 con el objetivo de recibir denuncias sobre problemas cotidianos dentro de las comunidades, como fallas en los servicios públicos.

De interés: Ministro Cabello dice que las armas «las tiene el pueblo» ante «amenazas»

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«El Papa instó a todos a abordar con prontitud las cuestiones relacionadas con el comportamiento inapropiado del clero: ‘No pueden dejarse de lado; deben abordarse con misericordia y verdadera justicia, tanto hacia las víctimas como hacia los acusados'», aseguró la Santa Sede en un comunicado, al día siguiente del encuentro con los obispos.

El pontífice estadounidense y peruano recibió este jueves a los 192 obispos de todo el mundo que participan estos días en varios cursos de formación en el Vaticano, con los que bromeó sobre su elección como papa y a los que los que invitó a «redescubrir la pasión y el coraje» de su labor durante su discurso.

En la nota divulgada hoy por el Vaticano, se explica que tras el discurso, «el papa continuó repasando los desafíos y problemas que enfrentan al comenzar un nuevo ministerio» y en ese contexto se refirió a los abusos.

Respuesta del papa León XIV a los obispos

También se menciona que León XIV «en respuesta a las preguntas de los obispos, habló de la necesidad de ser prudente en el uso de las redes sociales, donde existe el riesgo de que «cada uno se sienta con derecho a decir lo que quiera, incluso cosas falsas», y añadió: «Hay momentos en que alcanzar la verdad es doloroso», pero necesario».

«En este sentido, conviene buscar la ayuda de profesionales de la comunicación, personas con formación en este ámbito, resumiendo su reflexión al respecto de la siguiente manera: «Calma, sensatez y la ayuda de un profesional»», se indica en el comunicado.

Los nuevos 192 obispos provenientes de los cinco continentes participan en septiembre en los cursos de formación promovidos por el Dicasterio para la Evangelización y por el Dicasterio para los Obispos.

De interés: El papa llama a los gobernantes a no ignorar «el deseo universal de paz»

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«Mi hijo fue víctima de un fentanilo adulterado. Lo mató la negligencia, la corrupción y el silencio de muchos, la desidia, y por eso hoy estoy acá, porque no voy a callar. No se trata de un accidente o un error, se trata de una masacre», expresó Liliana Peralta, la madre de Leonel Ayala.

Habla con la voz firme y el cuerpo tembloroso a las puertas del Hospital Italiano de La Plata, en las afueras de Buenos Aires, donde en abril de este año se dispararon las primeras alarmas tras un brote de infecciones respiratorias que se saldó con la muerte de 15 pacientes ingresados allí.

Una minuciosa pesquisa encabezada por la coordinadora de Microbiología de la institución, María Virginia González, detectó la presencia de dos bacterias multiresistentes –Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae– en ampollas de fentanilo administradas a los pacientes fallecidos.

El fentanilo es un potente opiáceo sintético aprobado como analgésico y anestésico, utilizado para tratar el dolor intenso, especialmente después de una cirugía o en etapas avanzadas del cáncer.

Muertos por fentanilo contaminado

Uno de los fallecidos fue Renato Nicolini, de 18 años y que había sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Italiano tras sufrir un traumatismo de cráneo en un accidente automovilístico.

Su madre, Sol Fracese, fue una de las decenas de personas que se congregaron este jueves frente a la clínica para pedir justicia para sus seres queridos.

«Empezó a mejorar de a poquito y al tercer día se descubrió que tenía una neumonía. No se le podía controlar la fiebre, y a los siete días falleció», relató a EFE esta madre, que junto a familiares de otros de los fallecidos marchó alrededor del hospital al grito de «justicia».

Hasta el 7 de julio el Boletín Epidemiológico informaba de 76 pacientes infectados y 53 muertos, pero en su última actualización descartó algunos casos previamente sospechosos y redujo la cifra a 67 infectados y 48 muertos.

Las infecciones confirmadas hasta el momento tuvieron lugar en 19 centros de salud argentinos distribuidos en la provincia de Santa Fe (46 casos), provincia de Buenos Aires (19) y ciudad de Buenos Aires (2).

Fuentes judiciales involucradas en la investigación de estos fallecimientos consultadas por EFE enfatizaron que determinar el alcance total del daño por el fentanilo contaminado es prácticamente imposible.

«Como las muertes por bacterias intrahospitalarias son comunes en los hospitales, suponemos que en la mayoría de los casos se han emitido certificados de defunción por paro cardiorrespiratorio, que es lo que se suele hacer en las muertes ordinarias», puntualizaron.

Tal es el caso de Leonel Ayala, quien después de pasar un mes ingresado en terapia intensiva por una pancreatitis, desarrolló repentinamente una elevada fiebre y falleció tres días después. «El acta de defunción decía paro cardiorrespiratorio con pancreatitis, pero a nosotros no nos cerró. No era lo que le había pasado a mi hermano, dijo Alejando Ayala, que poco después logró confirmar que su hermano había sido una de las victimas del fentanilo contaminado.

Un laboratorio, en la mira

Las ampollas contaminadas fueron producidas en diciembre de 2024 por un laboratorio del HLB Pharma Group, firma que acumula un total de 267 expedientes iniciados en su contra por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), de los cuales 117 corresponden específicamente a “desvío de calidad” en la producción de medicamentos e insumos médicos, según confirmaron a EFE fuentes judiciales.

Tras la identificación del origen del fentanilo contaminado y la no colaboración de HLB Pharma con la remoción del mercado de los lotes afectados, la Justicia contactó a las más de 200 droguerías que compraron el medicamento para, a través de ellas, llegar a los centros médicos que recibieron el producto.

Recién en febrero de 2025, tres meses después de que se elaboraran los dos lotes contaminados, la ANMAT prohibió las actividades productivas del laboratorio de HLB Pharma que fabricó la droga por «deficiencias significativas, clasificadas como críticas y graves» en distintos puntos de la cadena productiva.

«Creemos que no se tomaron las medidas que se debieron tomar a tiempo para que esto no avance, que a nuestro entender eran la clausura o no renovarles los certificados para que no puedan seguir con la fabricación», mencionó a EFE la abogada Adriana Francese, que representa a familiares de víctimas.

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Un grupo de integrantes de Movir y algunos familiares de personas detenidas se concentraron en la fachada de la Catedral Metropolitana de San Salvador, en el corazón de la capital, y alzando carteles con mensajes en rechazo del estado de excepción también pidieron por la liberación de sus parientes detenidos, según ellos, «arbitrariamente».

Samuel Ramírez, coordinador de Movir, dijo en declaraciones a EFE que les «preocupa» que la Iglesia y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, «guarden silencio» .

«Queremos que la iglesia católica reconozca que hay violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué el arzobispo no ha dicho nada? (…) aquí (en El Salvador) hay violaciones a los derechos humanos, hay capturas arbitrarias, persecución política y presos políticos», señaló Ramírez.

Dijo que no se explica «cómo es que un país que se vende que es el país más seguro está por más de tres años sometido a un régimen de excepción«.

El Salvador continúa bajo un régimen de excepción como su principal -y única- medida de seguridad contra las pandillas, entre la preocupación de organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras por las miles de denuncias de violación a derechos, malos tratos y torturas en las cárceles del país y por «convertirse en una herramienta» para acallar las voces críticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Ramírez añadió que Movir «aboga por todos los inocentes detenidos» que incluye, según señaló, a los abogados críticos del gobierno del presidente Nayib Bukele, Ruth López y Enrique Anaya, y los activistas Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez.

Régimen de excepción en El Salvador

El régimen de excepción fue aprobado como una medida extraordinaria en marzo de 2022, tras un fin de semana con más de 80 homicidios, y, de acuerdo con el Gobierno, ha permitido combatir a las maras, liberar a los territorios del dominio pandilleril y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.

Bajo este régimen se registran más de 87.000 detenciones de supuestos miembros de pandillas o supuestas personas ligadas a estas bandas, se reportan casos de violaciones a derechos humanos -la mayoría por detenciones arbitrarias- y más de 400 muertes en cárceles bajo custodia de agentes del Estado.

Además, en las últimas semanas se ha denunciado que el estado de excepción «no solo se ha utilizado para abordar la violencia relacionada con las pandillas, sino también como una herramienta para silenciar las voces críticas» del gobierno, según la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

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Las declaraciones de testigos, detenidos y sus familiares y abogados contradicen las afirmaciones oficiales de que el lugar «cumple con todos los estándares requeridos».

Vladimir Miranda, un migrante cubano con permiso de permanencia temporal en Estados Unidos, fue arrestado en su lugar de trabajo en Orlando tras una audiencia de inmigración. Su pareja, Eveling Ortiz, aseguró al canal NBC 6 que «no ha podido bañarse, no puede usar bien el baño y no tiene acceso a abogado».

Según su relato, cuando fallan los generadores, se quedan sin electricidad, agua, teléfonos o aire acondicionado, con temperaturas que rondan los 40 grados centígrados, con 90 % de humedad.

Leamsy «La Figura» Izquierdo, artista urbano cubano arrestado la semana pasada en Miami, denunció que no ha podido bañarse en cuatro días y que las luces están encendidas permanentemente.

En declaraciones a CNN, la esposa de un migrante guatemalteco detenido denunció que su esposo «no ha tenido acceso a un abogado, está rodeado de mosquitos y sin comida suficiente. Cuando hablamos, solo me repite que la situación es muy mala».

Abogados de detenidos describen el trato recibido como el de «ratas en un experimento». Denuncian comida podrida, baños desbordados de excrementos, mosquitos constantes y condiciones que vulneran derechos básicos, incluyendo el derecho a la religión, tras la supuesta confiscación de biblias.

Denuncias sobre las condiciones en el centro de detención

La organización World Relief también alertó que se les prohíbe orar y practicar su fe dentro de la instalación.

La abogada Gina Fraga relató que su cliente pasó cinco días sin agua y que para asearse los detenidos están usando «cubetas de Home Depot», un almacén de construcción.

Otros detenidos indicaron que solo reciben «un sándwich al día», sin productos de higiene como cepillos dentales o jabón, y que el acceso a atención médica es extremadamente limitado.

El abogado Phillip Arroyo, que representa a un beneficiario del auxilio migratorio DACA, para jóvenes que llegaron indocumentados con sus padres, aseguró al Miami Herald que su cliente permaneció incomunicado durante días, sin acceso a un abogado, ni comida en buen estado ni condiciones mínimas de salubridad.

«Esto es una violación de derechos civiles. Mi cliente tiene estatus legal y aún así está detenido aquí sin explicación», denunció sobre el inmigrante que fue retenido en el lugar tras una parada de tráfico.

Una estructura precaria

La infraestructura, construida en apenas dos semanas, en medio de un humedal con caimanes y pitones, y sobre un viejo aeródromo municipal, a 80 kilómetros de Miami, también preocupa.

Aunque el presupuesto inicial era de 450 millones de dólares, documentos filtrados de la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA), indican que el costo ya subió a más de 600 millones de dólares.

El lugar fue presentado como una «solución temporal y eficiente» por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien también le dio el nombre de ‘Alcatraz caimán’.

El complejo incluye una pista de aterrizaje funcional y está rodeado por la geografía inhóspita de los Everglades, lo que refuerza la sensación de aislamiento.

El activista Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, acompañó a un grupo de legisladores a las instalaciones el 3 de julio, pero no se les permitió el acceso. «Los mosquitos eran una nube visible. Nos picaron niguas. Es un lugar inhabitable, construido en una zona pantanosa y de alto riesgo por huracanes», dijo.

En contraste, la portavoz de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Stephanie Hartman, dijo en un comunicado que las denuncias son «completamente falsas» y que el centro «está en buenas condiciones y cumple con todos los requisitos».

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió al fiscal general estatal acceso a las instalaciones y la creación de un equipo de monitoreo que supervise semanalmente las condiciones. También solicitó un plan de evacuación en caso de huracán, dado que la instalación fue levantada en una zona de alto riesgo climático.

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«Llevamos más de 415 casos personas que han sido asesinadas en manos del Estado», afirmó Alejandro Díaz, de la organización de derechos humanos Tutela Legal ‘María Julia Hernández’, que explicó en una conferencia de prensa que la cifra «es un estimado» de las oenegés a partir de las denuncias de los casos, y lamentó que desde el Estado «no se brinde información al respecto».

El régimen de excepción cumplió el pasado 27 de marzo tres años de implementación y en este tiempo se contabilizan más de 85.900 detenciones de supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras.

Díaz señaló que la medida se ha convertido en una «política de seguridad que ha vulnerado derechos humanos en estos últimos años».

Además, indicó que bajo esta medida «se han configurado graves violaciones a derechos humanos», «delitos internacionales como desaparición de corta duración, desaparición forzada y tortura», y «se está aplicando el régimen a defensores de derechos humanos, incrementando la persecución».

El régimen suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días, que pasa a 15.

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Abedini ya se encuentra en Teherán tras ser liberado ayer en Italia, cuatro días después de la puesta en libertad en Irán de la periodista italiana Cecilia Sala, detenida tras ser acusada de violar las leyes de la República Islámica, en una cronología inversa a sus detenciones en diciembre.

Sala fue detenida el 19 de diciembre cuando se encontraba en un viaje periodístico en el país persa, tres días después del arresto de Abedini en Italia a petición de Estados Unidos por supuestamente suministrar componentes de drones a la Guardia Revolucionaria.

Teherán ha negado que los dos casos estén vinculados y calificó hoy la detención de Abedini como “una trampa y toma de rehenes” organizada por Estados Unidos.

“Desde el principio creímos que se trataba de un tipo de trampa y toma de rehenes que lamentablemente se ha hecho habitual en los últimos años por Estados Unidos”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, en una rueda de prensa en Teherán.

Y eso es precisamente de lo que Washington, Londres, París, Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch acusan a Teherán: del arresto de ciudadanos occidentales o con doble nacionalidad como medida de presión o para el intercambio de prisioneros con otros Estados, lo que se ha dado en llamar «diplomacia de los rehenes».

Casos recientes en Irán

El caso más reciente, además del de Sala, se produjo el pasado junio cuando Irán y Suecia alcanzaron un acuerdo de canje de prisioneros que permitió la liberación y el retorno a su país de Johan Floderus, un trabajador de la Unión Europea que fue detenido en suelo iraní cuando realizaba una visita turística en 2022, acusado de espionaje y del delito de «corrupción sobre la tierra”, y otro ciudadano iraní-sueco.

A su vez, Estocolmo liberó a Hamid Nouri, ciudadano iraní condenado a cadena perpetua por la justicia sueca por su papel en las ejecuciones masivas de los presos políticos iraníes en 1988.

En uno de los casos más sonados, Teherán y Washington intercambiaron en septiembre de 2023 cinco prisioneros de cada país, además de 6.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados, en una complicada operación en Doha.

Cuatro meses antes, el trabajador humanitario belga Olivier Vandecasteele, detenido en Irán en febrero de 2022, fue liberado a cambio del diplomático iraní Assadollah Assadi, condenado a 21 años de cárcel por terrorismo en Bélgica.

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TikTok indicó ayer en un comunicado que la medida será impuesta «en las próximas semanas» y que responde a un estudio que encargó a la ONG británica Internet Matters, publicado ayer, que plantea preocupaciones por el impacto de esos filtros en el sentido de identidad de los menores.

La red social, que ha celebrado esta semana un foro sobre seguridad en Dublín, dijo que hay una «distinción clara» entre los filtros diseñados para ser «obvios y divertidos», como los que añaden rasgos animales, y los que «alteran tu apariencia» de manera casi indetectable para quien mira.

TikTok, en su comunicado sobre el foro, se comprometió a restringir el uso de «algunos efectos de apariencia» a los menores de 18 años y la responsable de Políticas públicas de seguridad y bienestar de Europa, Nikki Soo, confirmó que la medida se aplicará en todo el mundo, recoge The Verge.

La plataforma sostiene que ya dice «proactivamente» a los usuarios cuándo se han usado ciertos efectos en los contenidos que ven, pero ahora dará «más información sobre cómo un efecto puede cambiar su apariencia» e incidirá en hacer entender los «resultados indeseados» de estos.

Denuncias contra TikTok

El mes pasado, catorce fiscales estatales de EE.UU. denunciaron a TikTok por perjudicar la salud mental infantil y la acusaron de usar un sistema de contenidos adictivo para lucrarse con los usuarios más jóvenes, apuntando directamente al uso de este tipo de filtros.

En concreto, denunciaron que los «filtros de belleza» pueden bajar la autoestima, especialmente la de las chicas menores, y citaron estudios según los cuales el 50 % no se ven lindas sin editar sus rostros y el 77 % dicen que intentan cambiar u ocultar alguna parte de su cuerpo con esa herramienta.

TikTok reveló en su nota que tiene 175 millones de usuarios mensuales en Europa y que elimina 6 millones de cuentas cada mes creadas por menores de 13 (su edad mínima), por lo que colabora con ONG, legisladores y reguladores en reforzar sus barreras, y baraja ayudarse de la tecnología «machine learning».

También anunció que en las próximas semanas ofrecerá a sus usuarios en 13 países europeos líneas telefónicas de ayuda locales con expertos para el momento en que «reporten contenidos en la app sobre suicidio, autolesión y acoso», que la plataforma ya investiga y elimina si detecta que se han violado sus políticas.

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En declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), explicó que el despacho que dirige desde agosto de 2017 ha recibido estas denuncias principalmente en oficinas del MP en todo el país, pero también en jornadas especiales en parques y plazas públicas.

«Hemos logrado procesar e imputar a 74.037 sujetos que han cometido estos lamentables hechos en contra de la mujer y se han procesado 62.392 acusaciones, de las cuales 6.788 han sido para condenas que se convierten en sentencia», subrayó.

Líneas de atención para las denuncias

Recordó que la institución tiene líneas telefónicas para que las mujeres puedan denunciar, de forma «segura y anónima», cualquier situación de violencia, así como una unidad de ‘Atención a la Víctima’, para «brindar asesoría, apoyo, información y educación sobre sus derechos, con el fin de garantizar su correcta y oportuna intervención en el proceso penal».

Según la organización no gubernamental Utopix, entre enero y julio de este año un total de 104 mujeres fueron asesinadas por personas que formaban parte de sus círculos cercanos, lo que arroja un promedio nacional de un feminicidio cada 47 horas.

La ONG ha hecho un reiterado llamamiento al Estado para que desarrolle «acciones urgentes frente al incremento de la violencia» machista y denuncia la «impunidad que ampara muchas veces a los agresores».

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Las llamadas al 144, línea telefónica que ofrece contención y asesoramiento en violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica, aumentaron un 45,88 % en la Ciudad de Buenos Aires en la semana del 7 al 13 de agosto, mientras que en la provincia de Buenos Aires se registró un aumento de un 47,1 %, precisaron a EFE fuentes oficiales.

Yáñez, de 43 años, denunció el pasado 6 de agosto a Fernández, de 65 años, y el expresidente fue imputado el pasado miércoles por un fiscal argentino, acusado de los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas en perjuicio de su expareja.

La denuncia generó un fuerte revuelo en Argentina y, en paralelo con la investigación de la Justicia, ha desencadenado una saga interminable de rumores, vídeos, fotos y presuntos mensajes entre ambos, difundidos tanto a través de las redes sociales como de la prensa local.

Aumento de las denuncias anónimas

El impacto en la opinión pública derivó en el aumento de las denuncias a la línea 144, que funciona las 24 horas, todo el año, en forma anónima, gratuita y a nivel nacional.

Este aumento coincide con una ofensiva por parte del Gobierno de Javier Milei contra lo que denomina la «estafa de las ‘políticas de género'», incluyendo la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado en 2019 por la administración de Fernández.

Esta información ha sido disputada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), que denunció, en diálogo con EFE que durante el primer semestre del año -tras la llegada de Milei al poder en diciembre pasado- se redujo el presupuesto del servicio de asistencia telefónica para las denuncias en un 28 % en comparación con el mismo período de 2023.

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1. ¿Qué papel tuvo el ‘affaire’ con Stormy Daniels?

Aunque la exactriz porno acudió a declarar a la sala y abundó en detalles escabrosos, el episodio sexual con Trump en 2006 (que él siempre ha negado) no era objeto de este juicio, y por ello el proceso no decidía si esa relación tuvo lugar o no. Simplemente sirvió para cimentar su fama de mujeriego.

2. El pago irregular a Stormy de la mano de Michael Cohen

La sustancia del juicio estribaba en demostrar que Trump pidió a su otrora abogado y mano derecha Michael Cohen que pagase 130.000 dólares para que ella ocultara la relación y luego falsificara esos pagos para que no interfirieran en las elecciones de 2016.

3. El controvertido perfil de Cohen

Cohen ha pasado de ser mano derecha de Trump y un rendido admirador suyo -y, como tal, encargado de llevar a cabo tareas más o menos encubiertas- a un enemigo confeso, pero esos bandazos, más el hecho de que reconociera haber mentido en un proceso anterior, le han restado una gran credibilidad y pueden afectar a la decisión del jurado.

4. Los doce ciudadanos en quienes descansa el veredicto

Se trata de siete hombres y cinco mujeres elegidos al azar entre los ciudadanos de Nueva York, y representan una paleta bastante diversa: según los perfiles filtrados a la prensa -sin sus identidades-, hay entre ellos dos abogados, dos comerciantes, dos ingenieros, una terapeuta física, otra del habla, una maestra, un jubilado, una dependienta de una tienda de moda y un banquero.

5. ¿Trump debe ser condenado por los 34 cargos?

No: el jurado podría declararlo culpable de algunos y no de otros, por lo que tendrá que tomar 34 decisiones separadas. Pero todas esas decisiones deberán tomarse por unanimidad, según la regla de oro de los jurados.

6. ¿Qué probabilidad hay de que sea condenado?

Más allá de las características de este juicio en concreto, la mayoría de casos penales terminan en una condena en Estados Unidos (un 75 %), con un porcentaje algo menor en Nueva York (72 %).

7. ¿Puede declararse un juicio nulo? ¿Qué sucede entonces?

Cuando un jurado no alcanza un veredicto por consenso pese a varias sesiones de deliberación, el juez puede declarar el juicio nulo, pero eso sucede en menos del 10 % de los casos. Si así lo decidiera, la Fiscalía puede pedir un nuevo juicio, pero debe presentar nuevas pruebas.

8. ¿Irá Trump a prisión si es declarado culpable?

La sentencia del juez, que se conocerá en un plazo de semanas, podría traducirse en un periodo de libertad condicional hasta un tiempo de prisión no superior a cuatro años. El diario New York Times señala que una pena de prisión menor a un año podría cumplirla en una cárcel de la ciudad, y lo haría en un penal estatal si es superior.

9. Ir a la cárcel, ¿invalida a Trump como presidente?

No, pues la Constitución no dice nada sobre los antecedentes penales de un candidato. Las únicas condiciones tienen que ver con su lugar de nacimiento (EE.UU.), su edad (mínimo de 35 años) y su residencia (mínimo de 14 años en territorio estadounidense). Pero nadie ha podido responder a la pregunta de si Trump podría ejercer la presidencia desde prisión.

10. ¿Cuántos juicios le quedan todavía por pasar a Trump?

Tres: uno por interferencia electoral en Georgia (pendiente de apelación contra el fiscal), otro por los documentos clasificados guardados irregularmente en Mar-a-Lago (sin fecha) y otro por el ataque al Capitolio que depende de si el Tribunal Supremo concede la inmunidad al expresidente.

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DOBLE LLAVE

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Fuente de imagen referencial principal: EFE/EPA/Justin Lane

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«Desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2024, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos conoció 43 alegaciones de homicidios de personas defensoras. De estas hay un caso verificado, 39 casos están en proceso de verificación y tres casos son no concluyentes», detalló el organismo en un informe.

Se trata de un aumento notable de los homicidios, pues en solo tres meses se han registrado casi los mismos casos que en los seis primeros meses de 2023, cuando esta oficina de la ONU verificó 46 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.

El único caso que logró verificar fue el ocurrido en la localidad de Tame, que hace parte del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, al considerar que el homicidio está vinculado con su labor para defender los Derechos Humanos.

De acuerdo con la información, la gran mayoría de los casos corresponde a líderes campesinos (30 %) y particularmente que además ejercían su labor en Juntas de Acción Comunal (19 %).

De acuerdo con las denuncias, el mayor número de asesinatos que está en proceso de verificación, ocurrió en el convulso departamento del Cauca (suroeste) en donde hubo nueve.

#Nacional: La Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos reveló que ha recibido en lo corrido de este año un total de 43 denuncias de asesinatos de líderes sociales en el país, de las cuales 39 de los casos siguen en investigación. pic.twitter.com/fuECja7ANr

— Centro de Noticias Caribe (@CNC870) April 15, 2024

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Fiorella Tagliafico R.

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Fuente de imagen referencial principal: EFE/Carlos Ortega

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El partido CHP, del candidato opositor Kemal Kiliçdaroglu, denunció varios casos de votos a nombre de personas que no estaban presentes en las papeletas, el registro de personas fallecidas como electores y la entrega de papeletas de voto pre-selladas.

El vicepresidente de parlamentarios del CHP, Ozgür Ozel, informó que un exdiputado de Estambul y varios observadores del partido fueron golpeados por denunciar las irregularidades.

El ex primer ministro del gobernante partido AKP y ahora opositor, Ahmet Davutoglu, también protestó por las palizas que recibieron en los centros electorales.

A través de las redes sociales, Davutoglu aseguró que está recibiendo informaciones sobre votaciones de personas que no están incluidas en los registros electorales.

En elecciones de este domingo se enfrentan el actual presidente de Turquía, el islamista Recdep Tayyip Erdogan, y el opositor socialdemócrata Kemal Kiliçdaroglu.

Erdogan parte como favorito para llevarse la victoria en los comicios luego de que, en la primera vuelta hace dos semanas, obtuvo un 49,5 % de los votos, casi cinco puntos más que su rival.

Los centros electorales cierran a las 17.00 hora local y para las siguientes horas se esperan los resultados oficiales de la votación.

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Víctor De Abreu

El objetivo es aumentar la presión sobre un Bolsonaro contra el que ya se presentaron seis denuncias durante la campaña. En esta oportunidad, el PT pretende presentar dos demandas más, una por abuso de poder y otra por uso indebido de los medios de comunicación estatales para dar motivo a sus acusaciones de fraude electoral, ello buscando su condena.

Habrían nuevas acusaciones contra Bolsonaro

La organización sostiene que Bolsonaro cometió abuso de poder político y económico al financiar el programa social Auxilio Brasil con miles de millones de reales en plena campaña electoral, además de hacer un uso indebido de los medios de comunicación estatales para acusar al poder judicial y a las urnas electrónicas.

Estos procesos podrían hacer que el aún gobernante no fuera elegible en los próximo ocho años y estarían a cargo del investigador general de la Justicia Electoral, Benedito Gonçalves, quien se alió con otros jueces, como Alexandre de Moraes o Ricardo Lewandowski en otras causas que significaron reveses para el presidente brasileño.

En manos de Gonçalves está la decisión de cómo realizar la investigación, si bien el tiempo podría jugar a favor de Bolsonaro, puesto que dentro de un año este juez será remplazado de su cargo por Raul Araújo, considerado bolsonarista, informó “O Globo”.

Si bien concejales alcaldes, diputados y gobernadores sí fueron privados de poder presentarse a unas elecciones tras ser sancionados, nunca lo fue un presidente o expresidente. La vez que se estuvo más cerca fue cuando se investigó por un supuesto abuso de poder la candidatura de Dilma Rousseff en 2014.

Como o PT trabalha para tornar Bolsonaro inelegívelhttps://t.co/9jAbrVtCbm

— DCM ONLINE (@DCM_online) November 14, 2022

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María Gabriela Moncada

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La red social registró los primeros problemas alrededor de las 14.00 horas y el pico más alto de esta caída se reportó sobre las 15.10 horas, informó el portal Downdetector.

Según Instagram, las incidencias más comunicadas por los afectados fueron los intentos fallidos de inicio de sesión (un 72 % del total de las denuncias), de arranque de aplicación (17 %) y de refresco o carga (12 %).

Varios usuarios reportaron también estos problemas compartiendo sus capturas de pantalla a través de Twitter, donde se multiplicaron las notificaciones recibidas, que se refieren a que las cuentas fueron bloqueadas.

Mensaje que dio Twitter a los usuarios: «Hemos suspendido tu cuenta el 31 de octubre de 2022. Tienes 30 días para reclamar esta decisión»

«Hemos suspendido tu cuenta el 31 de octubre de 2022. Tienes 30 días para reclamar esta decisión», se puede leer en estas notificaciones, donde se detalla que el cierre temporal de las cuentas se debe a que dicho usuario no sigue las normas comunitarias.

Conjuntamente, se indica que en caso de que Instagram no pueda confirmar la cuenta, la desactivará permanentemente y que, dentro de ese plazo de un mes nadie puede visualizar la cuenta en cuestión ni tampoco utilizarla.

Por su parte, la empresa confirmó este problema registrado en las cuentas de varios usuarios y anunció que está investigando qué es lo que pudo suceder, a través de Twitter.

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa, medios internacionales y redes sociales

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La firma tecnológica implementó el año pasado en Reino Unido una nueva medida en su política de productos y servicios financieros de Google Ads en la que exigía a los anunciantes demostrar que tenían autorización de la autoridad competente.

De este modo, Google aseguró que desde que introdujo este cambio en su política, constató un «pronunciado declive» en las denuncias de los anuncios que promocionaban estafas financieras. Por esta razón, como recogió en un comunicado, busca extenderlo a más países, comenzando por Australia, Singapur y Taiwán.

Desde Google aseguraron que en los próximos meses expandirán aún más estos requisitos

Ahora, los anunciantes deberán demostrar que cuentan con la autorización de los reguladores de los respectivos Estados para poder operar los servicios que promocionan, además de haber completado la verificación del programa de anunciantes de Google.

La medida crea «una nueva capa de seguridad contra los estafadores», como destacó la compañía, lo que ayudará a proteger aún más la red de estafas financieras.

Google Ads combatirá los intentos de estafas financieras https://t.co/DZRX8RJbQB

— BitFinance.News (@BitFinance_News) June 9, 2022

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María Gabriela Moncada

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Las personas que se hicieron eco de las denuncias, destacan que son «montos excesivos» que se convierten en millardos de bolívares. «Conozco edificios cuyos cobros son de 14 a 17 millardos, traducidos en $ ascienden a cinco y siete mil dólares. Quien puede pagar semejante factura!», publicó un usuario.

De la misma manera, otros hicieron público el cobro que les fue entregado.

https://twitter.com/eldiario/status/1443962110904569858

La mayoría de los habitantes se quejó tanto de los montos como de la falta del servicio vital, que en estos momentos es indispensable para mantener una buena higiene en el hogar y alejar al coronavirus.

Hidrocapital no presta un servicio contínuo, hay edificios que con dificultad reciben 2 horas de agua y la empresa aparece con facturas de millardos https://t.co/97i0318VnF

— Mariela be (@marielabe2) September 29, 2021

Por favor señores de Hidrocapital. Revisen el elevado costo que colocaron en las facturas. De un servicio que se recibe muy irregular. 24 horas cada 15 días. @HidroCapital2 @harolclemente @minaguasoficial @VPSOPSCOL @CaraotaDigital @traffiCARACAS pic.twitter.com/wiuc9rPTmJ

— AG (@Aixaluz01) September 25, 2021

El ente aún no explicó la razón de los montos, como tampoco indicó por qué la continúa falla en el servicio que no solo falta en Caracas y Miranda sino en el resto del país.

Muchos presumen que son errores en la facturación, pero no deja de preocupar que no lo fueran y se trate de una nueva y astronómica tarifa por el intermitente servicio.

DOBLE LLAVE

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