Así lo solicitó el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, en una carta enviada el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate.

En la misiva, el Departamento de Estado recuerda que desde el pasado 5 de marzo reconoce oficialmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela tras asumir el poder de forma interina después de la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

«En consecuencia, el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal distrital una sugerencia de inmunidad, informándole de lo anterior a la mayor brevedad», apunta el documento.

Delcy Rodríguez enfrenta una demanda civil ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, en Miami, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo.

El gobierno de Trump pidió en la carta a la fiscalía que tome nota de «la especial importancia» que tiene para Estados Unidos que el caso contra Rodríguez sea desestimado, dadas «las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo».

La carta revela que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos ha pedido al Departamento de Estado que certifique la inmunidad de Rodríguez en este caso.

«La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso», considera la Administración de Trump.

Desde la captura de Maduro, el gobierno de Trump ha estrechado relaciones con el gobierno interino de Rodríguez, quien fuera vicepresidenta, mientras la líder opositora María Corina Machado insiste en su intención de regresar a Venezuela para impulsar una transición democrática en el país.

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El fallo, emitido por el juez Darrin P. Gayles de la Corte del Distrito Sur de Florida, exime temporalmente del pago a algunas figuras de la actual cúpula oficialista y a empresas estatales.

Los detalles de la sentencia

Los sancionados: Además de Nicolás Maduro, la corte responsabilizó directamente a los ministros Diosdado Cabello (Interior) y Vladimir Padrino (Agricultura), al exministro Néstor Reverol, al fiscal general Tarek William Saab, al expresidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno, al empresario Alex Saab y al grupo criminal conocido como el «Cártel de los Soles».

Los excluidos por ahora: El juez Gayles excluyó de esta compensación económica a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, así como a las estatales PDVSA y Corporación Venezolana del Petróleo (CVP).

Las bases legales: La demanda acusa a la cúpula chavista de violar tres normativas clave: la Ley Federal Antiterrorismo (ATA), la Ley Antiterrorismo de Florida y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

Los argumentos del tribunal

En su dictamen, el juez Gayles fue contundente al describir el modus operandi del régimen depuesto, señalando que Maduro:

«Históricamente ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para canjearlos por la liberación de criminales venezolanos recluidos en EEUU».

Cometió «actos de terrorismo internacional» y recurrió al «narcoterrorismo» con el fin explícito de «intimidar o coaccionar a la población civil de EEUU».

Contexto de los demandantes y procesos paralelos

Los demandantes (entre quienes se encuentran personas que sufrieron cautiverio en territorio venezolano y dos menores de edad) incluyen a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval.

El canje de 2023: Estos tres ciudadanos formaron parte del intercambio de prisioneros ejecutado en 2023 bajo la administración de Joe Biden, que permitió la liberación inicial de Alex Saab.

La situación de Alex Saab: El empresario, señalado como presunto testaferro de Maduro, fue recapturado y se encuentra recluido en Miami, donde afronta una audiencia preliminar por cargos de lavado de dinero.

La captura de Maduro: Aunque la demanda civil fue presentada originalmente en agosto de 2025, tomó fuerza tras la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

Actualmente, el expresidente permanece preso en Nueva York enfrentando un juicio penal paralelo por narcoterrorismo, donde también se encuentra detenida su esposa, Cilia Flores.

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