«La Junta Técnica de Clasificación del INPE (…) ha determinado que el procesado Pedro Castillo Terrones sea clasificado en el Régimen Ordinario«, anunció el INPE en un comunicado, detallando que el expresidente será trasladado al la Cárcel de Barbadillo, en Ate, a las afueras de Lima.

De esta manera, Castillo cumplirá 18 meses de prisión preventiva en el mismo recinto donde cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), según ha informado la emisora RPP.

Durante la jornada del jueves, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú dictaminó prisión preventiva contra el exmandatario mientras es investigado por la presunta comisión de delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

La decisión también se basa en la posibilidad de peligro de fuga del país por parte de Castillo, quien solicitó asilo político ante el embajador de México en Perú, según detalló en una rueda de prensa el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Castillo había permanecido hasta el momento detenido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional de Perú, en el extrarradio de Lima.

Pedro Castillo cumplirá 18 meses de presión preventiva https://t.co/5JlpQoaMa8 pic.twitter.com/B6jRUGuLfV

— RCN Mundo: Radio y Podcast (@rcnmundo) December 16, 2022

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Angélica Rodríguez

Con información de dpa, medios peruanos y redes sociales

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“Nosotros queremos que esa investigación avance hacia sanciones porque estamos hablando de la peor dictadura que ha visto América Latina en su historia reciente”, indicó el mandatario sobre el gobierno de Maduro, y aseguró que tiene confianza “en el sistema penal internacional”.

Duque dio estas declaraciones a los medios en las afueras de la CPI, en la ciudad neerlandesa de La Haya, después de una visita al tribunal internacional en la que se encontró con su juez presidente, Piotr Hofmanski, y el fiscal jefe, Karim Khan.

Agradecemos al Fiscal de @IntlCrimCourt, @KarimKhanQC, el reconocimiento que hace al cumplimiento del acuerdo que firmamos en el cierre del examen preliminar a Colombia, que duró 17 años. Además, que califique a nuestro país como modelo en implementación de la #PazConLegalidad pic.twitter.com/XIknCwrfYW

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) February 17, 2022

Preguntado por si mencionó a los altos funcionarios del tribunal la investigación de Venezuela, el presidente colombiano indicó que “no es procedente que dedique un tiempo con quienes están haciendo una evaluación independiente esperando a que ellos me contesten”.

“Mi rol es ser prudente, dejar que la Justicia avance con todas las garantías y con su imparcialidad”, comentó Duque, añadiendo que su gobierno quiere “que ese proceso continúe”.

Colombia fue uno de los seis países que en septiembre de 2018 remitió la situación venezolana a la CPI. Ese paso tuvo como consecuencia que la Fiscalía del tribunal internacional, cuando anunció la apertura de la investigación en Venezuela en noviembre de 2021, pudo abrirla directamente sin tener que pedir autorización a los jueces.

Las pesquisas de la corte abordan presuntos abusos de las fuerzas de seguridad contra miembros de la oposición en manifestaciones y en cárceles desde abril de 2017

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Gabriela Morales

Con información de medios internacionales y redes sociales

“Tomamos nota de la Corte para abrir una investigación sobre la situación en Venezuela”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en su rueda de prensa diaria, un día después de conocerse la decisión de la CPI.

«Como hemos dicho, apoyamos los esfuerzos para reestablecer una Venezuela pacífica, estable y democrática. También apoyamos medidas y programas de justicia y rendición de cuentas que fortalecen las instituciones democráticas», señaló el portavoz.

De esta manera, el funcionario resaltó que el gobierno estadounidense y sus socios democráticos están unidos en “denunciar las violaciones y abusos contra los derechos humanos”.

Cabe destacar que Estados Unidos nunca ha aceptado la jurisdicción de la CPI, con sede en La Haya (Holanda), la cual inició sus actividades en 2002.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

«Venezuela reitera la denuncia de que el FMI se niega a entregar a nuestro pueblo los 5.000 millones de dólares que corresponden a nuestro país para luchar contra la pandemia», señaló Rodríguez en la XV Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

Según la vicepresidenta, la razón es «el veto expreso de Estados Unidos contra Venezuela«.

«Hemos sido blanco de más de 430 medidas coercitivas unilaterales que han bloqueado nuestro comercio exterior y privado contra todo principio jurídico de inmunidad soberana», destacó.

Asimismo, denunció que el país ha perdido más de 63.000 millones de dólares como resultado.

«En Venezuela las medidas coercitivas representan un 99 % de pérdidas (…) con un impacto innegable que se ha extendido a todas las áreas, sobre todo en los sectores de alimentación, salud, transporte, tecnología, entre otros», aseveró Rodríguez.

En este sentido, remarcó que estas medidas son «delitos de lesa humanidad y atentan contra el sistema internacional de garantía de los Derechos Humanos«.

Además, pidió a la UNCTAD que agrupe, cuantifique y analice los impactos macroeconómicos de las “medidas coercitivas unilaterales”.

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Gabriela Morales

Con información de dpa

A través de un vídeo difundido en su cuenta en Twitter, las autoridades policiales españolas precisaron que Carvajal se encontraba en una residencia en la ciudad de Madrid, donde “vivía totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse por la ventana”. El exmilitar era custodiado por su personal de confianza.

Carvajal, quien fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM), se encontraba en paradero desconocido desde noviembre de 2019, luego de que la Audiencia Nacional acordara su extradición a Estados Unidos. Sin embargo, el Consejo de Ministros aprobó la entrega al país norteamericano en marzo de 2020.

Actualmente, se encuentra en la lista estadounidense de los más buscados, por supuesta relación con narcotráfico, terrorismo, violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, concierto para delinquir y tráfico de influencias.

Cabe destacar que, por información que se diera con su paradero, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 10 millones de dólares.

🚩Detenido esta noche en #Madrid el «Pollo Carvajal», prófugo de la justicia y buscado para su extradicción a #EEUU. Vivía totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza.#SomosTuPolicia pic.twitter.com/U7D7iKkQDg

— Policía Nacional (@policia) September 9, 2021

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Gabriela Morales

Con información de medios nacionales venezolanos y redes sociales

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, hizo pública la denuncia presentada este martes ante la Fiscalía por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2019, en la que solicitó a las autoridades que se prohíba la salida del país del presidente, ministros como el de Defensa y otros cargos.

Asimismo, Carrión se presenta en el informe como “conocedor de las violaciones de derechos humanos cometidas contra las víctimas de la represión de octubre de 2019, establecidas en el informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ)”.

Conflicto social de 2019 en Ecuador

Se trata de una Comisión establecida por la Defensoría para analizar lo ocurrido en ese contexto a raíz de las denuncias ciudadanas de supuestas vulneraciones de los derechos humanos durante las manifestaciones contra el decreto ejecutivo 883, que eliminaba históricos subsidios a los combustibles y desataron una conflictividad sin precedentes en la historia reciente del país.

Además, solicitó a la Fiscal General, Diana Salazar, que considere la formulación “urgente” de cargos contra los presuntos responsables de esas violaciones.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales