Dicha comisión parlamentaria aprobó el lunes 13 de diciembre el informe que vincula a Saab en un caso de presuntas exportaciones ficticias realizadas entre Ecuador y Venezuela en el pasado, a través de un sistema de compensación denominado “SUCRE”.

Los comisionados aprobaron el informe y anunciaron que remitirán su contenido a las fiscalías de Estados Unidos, Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador.

En las conclusiones del informe de la Comisión de Fiscalización se indicó que las empresas ecuatorianas que participaron en negocios con la firma de Saab, “Foglocons”, fueron creadas con el único objetivo de generar operaciones ficticias.

#URGENTE | Con los votos de @abcorderoc @PedroVelascoE @TROYA_Marco @brunosegovia y @VillaFernando_ se aprueba el informe de mayoría del caso #AlexSaab. El documento se remitirá a las fiscalías de #EEUU #Panamá, #Colombia, #Venezuela y #Ecuador. pic.twitter.com/jFfYSONXZK

— Fiscalización AN (@FiscalizacionAN) December 13, 2021

También precisó que varias compañías involucradas estaban domiciliadas en países como España, Colombia, Holanda y Estados Unidos, que se beneficiaron pese a no ser parte de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) que participaban del sistema “SUCRE”.

“La mayoría de las transacciones comerciales realizadas bajo el sistema SUCRE, eran ficticias y sobrevaloradas” y se constituían en una supuesta herramienta para ejecutar delitos como el enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación tributaria, entre otros, precisó la Comisión en su informe.

Según la comisión parlamentaria, la autoridad aduanera ecuatoriana certificó que las empresas exportadoras de materiales de construcción, en su mayoría, nunca llegaron a realizar operaciones comerciales y solo simulaban transacciones internacionales.

Otro hecho revelado, fue el aporte económico que la esposa de Saab, Micaela Leherer, habría hecho al movimiento Alianza País en 2013, que entonces lideraba el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

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Gabriela Morales

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La indagación fiscal, según informó el diario “El Comercio”, arrancó el pasado 18 de octubre, 12 días después de que el excandidato presidencial Yaku Pérez presentara una denuncia contra Lasso por el caso de los Papeles de Pandora.

Pérez presentó su acusación el pasado 6 de octubre con la idea de que la Fiscalía pidiera al Servicio de Rentas Internas (la agencia de recaudación tributaria del Estado) todos los movimientos financieros del mandatario y de sus familiares cercanos desde 2013, cuando se presentó por primera vez como candidato presidencial.

Según la investigación, Lasso controlaba 14 sociedades “off-shore”, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró luego de que en 2017 se aprobara una ley que prohibía a los candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.

Según Lasso, al entrar en vigor esa normativa, se deshizo de dichas empresas, con lo que pudo inscribirse como candidato presidencial para los comicios de 2017.

Tras revelarse el caso de los Papeles de Pandora, las conjeturas del caso en círculos políticos circularon en torno al camino que siguieron esas inversiones y si hay eventuales responsabilidades tributarias.

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Gabriela Morales

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