«Hemos recibido muchos reportes de afectaciones y por eso estamos trabajando desde el primer momento con todos los organismos de socorro para atender esta emergencia», expresó el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo.

El jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la ciudad, Alex Velásquez, señaló que al declarar la calamidad pública pudieron «activar todos los protocolos de manera inmediata para atender eficazmente esta situación».

Las lluvias, que comenzaron en la tarde del domingo, provocaron emergencias en al menos 60 barrios, incluyendo zonas como Pescaíto, donde el agua alcanzó hasta dos metros de altura, arrastrando vehículos y dejando viviendas completamente anegadas.

También se informó de deslizamientos de tierra en la carretera que conecta el centro de Santa Marta con la playa de El Rodadero, así como problemas de movilidad en áreas turísticas como Taganga y Minca.

Santa Marta, ciudad portuaria que el pasado 29 de julio cumplió 500 años de haber sido fundada por el conquistador español Rodrigo de Bastidas, frecuentemente sufre problemas de inundaciones debido a que carece de alcantarillado pluvial y hay una precaria canalización de las corrientes que bajan de la Sierra Nevada.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que lo sucedido en Santa Marta es producto de la crisis climática y añadió que el Gobierno debe estar allí para «dar la mano al pueblo de la resistencia».

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«Argentina ha iniciado el proceso de incorporación al Visa Waiver Program (Programa de Exención de Visados), que de culminar exitosamente permitirá que millones de argentinos puedan viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de visado«, aseguró la Oficina del Presidente en un comunicado.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con la Secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos, Kristi Noem, en la que se firmó una declaración de intención para el ingreso al Programa de Exención de Visas y de cooperación bilateral. pic.twitter.com/2q51VQaDLB

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 28, 2025

El anuncio tuvo lugar tras la reunión celebrada entre Milei y la secretaria de Seguridad Nacional del Gobierno de Donald Trump, Kristi Noem, en la sede del Ejecutivo en Buenos Aires.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) comunicó también la decisión a través de su web oficial.

«El proceso de designación del Programa de Exención de Visados lleva tiempo, ya que los socios deben cumplir con estrictos requisitos de seguridad, pero la declaración de intenciones indica el apoyo y el compromiso del DHS de trabajar con Argentina mientras trabaja diligentemente para cumplir con los criterios de elegibilidad en los próximos años», explicó en un comunicado.

Noem mencionó además que Argentina es el país latinoamericano con menor cantidad de estadías en Estados Unidos con visados vencidos y destacó que un 25 % más de argentinos viajaron a ese país en los primeros cuatro meses de este año en comparación con el año pasado.

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«Es un hecho relevante que amerita ser difundido y no silenciado, como suele ocurrir cuando el tema es sobre Venezuela», aseguró Saab en un acto transmitido por el canal privado Globovisión.

El titular del Ministerio Público afirmó que el comunicado «coincide con todo» lo que Venezuela ha denunciado «desde hace dos meses», ya que, según los expertos de Naciones Unidas, la «falta del debido proceso» produjo «deportaciones arbitrarias».

En su pronunciamiento, los expertos hicieron un llamado al Gobierno salvadoreño a permitir «el acceso inmediato y sin restricciones a los organismos de monitoreo independientes a las cárceles que albergan a los deportados», entre ellos 252 migrantes venezolanos, acusados por EE.UU. de supuestamente pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel del país caribeño.

«En muchos casos, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 parece haberse aplicado incorrectamente para impedir el debido proceso, la revisión independiente y el acceso a los tribunales, en contravención con el derecho internacional de los derechos humanos», destacaron los expertos en un comunicado conjunto.

 

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Así lo expresa la ‘Declaración de Tegucigalpa’ que fue «adoptada por consenso suficiente por 30 Estados miembros», de los 33 que integran el organismo.

Según informó a la prensa el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, hubo «el consenso suficiente de los 30 estados», a excepción de tres, «de adoptar la declaración de Tegucigalpa».

Esos tres que se distanciaron, «son países que por sus propias razones deciden no adoptar la resolución, son Argentina, Paraguay y Nicaragua», detalló el alto funcionario hondureño.

Agregó que «ellos expondrán posteriormente (las razones), pero la declaración es genérica, 30 países no pueden esperar a que por tres países, se decidan adoptarla».

La Declaración resalta «la plena vigencia de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, sustentada en la promoción y el respeto a los propósitos y principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional».

Se añade «la cooperación internacional, la democracia y el Estado de Derecho, el multilateralismo, la protección y promoción de todos los derechos humanos, el respeto a la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos, la soberanía y la integridad territorial».

Además, afirmaron «su convicción común de que es oportuno y adecuado que una persona nacional de un Estado de América Latina y el Caribe ocupe la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, considerando que de los nueve Secretarios Generales que ha tenido la ONU hasta la fecha, sólo uno provino (el peruano Javier Pérez de Cuéllar) de un Estado de la región y recordando que el cargo nunca ha sido ocupado por una mujer».

La Declaración le da también la «bienvenida» a Colombia cuya presidencia pro témpore de la Celac asumió el presidente de ese país, Gustavo Petro, quien en la cumbre expresó que el mundo vive «una tensión entre multilateralismo y soledad», por lo que abogó por una agenda de colaboración entre países.

Señala además la importancia de abordar temas como «energía (transición energética e interconexión), movilidad humana, salud y autosuficiencia sanitaria, seguridad alimentaria, medio ambiente y cambio climático; pueblos indígenas y afrodescendientes, ciencia, tecnología e innovación; conectividad e infraestructura; fortalecimiento del comercio e inversión; delincuencia organizada transnacional, educación, e igualdad de género, entre otros».

También refrendaron «su firme respaldo» a la estabilidad de Haití y a «contribuir decididamente, conforme a las capacidades de cada país», a apoyar a ese país caribeño en sus esfuerzos, «junto con la comunidad internacional y las Naciones Unidas, para restablecer un entorno de seguridad humana para la normalización de la situación política, económica y social, con un enfoque integral de desarrollo».

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Fuente de imagen referencial: EFE/Celac

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Noboa había anticipado que pasaría a catalogar como terrorista al Tren de Aragua, al ser uno de los acuerdos alcanzados durante su reunión en Quito con el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que se reivindica como «presidente legítimo» de Venezuela, y a quien el Gobierno ecuatoriano lo considera como tal.

A través de un decreto, el mandatario ecuatoriano argumentó que el Tren de Aragua constituye «una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado».

Con esta decisión, Noboa sigue también los pasos de Donald Trump, quien la pasada semana también pasó a denominar como organización terrorista al Tren de Aragua en una de sus primeras medidas como nuevo presidente de Estados Unidos.

Crimen organizado en Ecuador

Desde inicios del pasado año, cuando Noboa declaró a Ecuador bajo un «conflicto armado interno» contra el crimen organizado, el Gobierno pasó a considerar como grupo terrorista a toda banda criminal que operen en el país, algunas de ellas con vínculos con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Si bien no ha habido importantes indicios públicos hasta el momento de la presencia del Tren de Aragua en Ecuador, el presidente ecuatoriano citó en su decreto un informe del centro nacional de inteligencia donde, sin ofrecer mayores detalles, afirma que existe «incidencia» del grupo venezolano en territorio ecuatoriano.

La escena criminal de Ecuador está dominada por dos grandes bandas de delincuencia organizada como Los Choneros y Los Lobos, junto a otras que operan en territorios más acotados como Los Águilas, Latin Kings y Chone Killers, entre otros grupos dedicados principalmente al narcotráfico, las extorsiones, los secuestros y la minería ilegal.

Estas bandas se encuentran detrás de la escalada de violencia que afecta a Ecuador y que hizo que en 2023 pasase a ser el país con la tasa más alta de homicidios, al registrar 47,2 por cada 100.000 habitantes, ocho veces más que en 2016, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

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Fuente de imagen referencial: EFE/Carlos Durán Araújo

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«La Asamblea considera que los cargos desproporcionadamente severos presentados por Estados Unidos contra Julian Assange bajo la ley de Espionaje, exponiéndolo a un riesgo, de facto, de cadena perpetua, (…) justifican la designación del Sr. Assange como preso político», recoge el texto de la resolución que aprobó hoy el organismo por 88 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones.

La institución afirmó que «el uso incorrecto que Estados Unidos ha hecho de la ley de Espionaje de 1917 para procesar» al australiano «ha provocado un efecto disuasorio peligroso, disuadiendo a editores, periodistas y denunciantes de informar sobre la mala conducta gubernamental».

Por eso, pidió a EE. UU. -que no forma parte del Consejo de Europa pero sí es un país observador- que la «reforme urgentemente» para que no se aplique contra editores, periodistas y denunciantes, sino contra «el intento malicioso de dañar la seguridad nacional» del Estado.

La Asamblea Europea pidió a EEUU «reforme urgentemente» la Ley de Espionaje (Fuente de esta imagen referencial: EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Y le reclamó que lleve a cabo «investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes sobre presuntos crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos revelados por WikiLeakas y el Sr. Assange, para que los responsables rindan cuentas.

También le pidió que «coopere de buena fe» con las autoridades judiciales españolas que están investigando el supuesto espionaje que la CIA cometió contra Assange en la Embajada de Ecuador en Londres a través de la empresa de seguridad UC Global, dirigida por el exmilitar español David Morales.

La resolución lamentó además que el Reino Unido «no logró proteger con eficacia la libertad de expresión» de Assange, al haberle encarcelado durante cinco años en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh (Reino Unido) y le pidió que «revise urgentemente» sus leyes de extradición para impedir la entrega de «individuos buscados por delitos de naturaleza política».

El hecho de que la Asamblea del Consejo de Europa fuese a votar hoy esta resolución que le considera un preso político, fue lo que motivó ayer a Assange a romper su silencio tras quedar en libertad el pasado mes de junio, tras un acuerdo con la justicia de EE. UU. en el que se declaró culpable de violar dicha ley de espionaje.

Ayer, no obstante, el australiano señaló que si ha podido salir de prisión no es porque «haya funcionado el sistema», sino porque se declaró culpable «haber hecho periodismo«.

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En un comunicado, el Ministerio de Defensa informó de que Gallant ha activado una «situación especial en el frente interior», añadiendo que «esta declaración del estado de emergencia permite al Ejército dar instrucciones a los ciudadanos de Israel, como limitar las reuniones y cerrar lugares cuando sea relevante».

El ministro mantuvo además una llamada con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, en la que Gallant le confirmó que Israel ha lanzado «ataques precisos» contra Líbano para frustrar una amenaza inminente.

El Ejército de Israel identificó que Hizbulá se preparaba para disparar misiles y cohetes hacia territorio israelí, y en respuesta a estas amenazas, la fuerza Aérea lanzó bombardeos a «objetivos terroristas en el Líbano».

Poco después, las autoridades anunciaron restricciones en todo el territorio al norte de Tel Aviv, como limitar los grupos de gente a 30 personas en exteriores y 300 en interiores o prohibir el baño en las playas cercanas a la frontera.

Operaciones defensivas de Israel

El Jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, dirige la ofensiva y las operaciones defensivas desde la base militar de Kirya, en Tel Aviv, junto a los máximos dirigentes de las fuerzas armadas.

Desde que surgió el anuncio, no han cesado de activarse las sirenas antiaéreas en el área israelí fronteriza con Líbano.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom elevó «su estado de alerta al nivel más alto en todo el país», aunque hasta el momento no ha recibido informes de víctimas.

Hizbulá se solidarizó con el grupo islamista Hamás en su guerra y desde entonces, la violencia en la frontera entre Israel y Líbano ha ido ‘in crescendo’ hasta alcanzar la peor escalada bélica desde la guerra de 2006.

A esto se añade que Hizbulá -aliado de Irán- juró perpetrar un ataque a gran escala contra Israel en venganza por la muerte de su máximo comandante, Fuad Shukr, ocurrida en un bombardeo a las afueras de Beirut el 30 de julio.

El intercambio de fuego en la divisoria se ha cobrado desde octubre la vida de al menos 636 personas, la mayoría en el lado libanés y en las filas de Hizbulá, que ha confirmado 392 bajas.

De interés: Israel se congratula por muerte de comandante de Hizbulá en Beirut

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Fuente de imagen referencial: EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS

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En su decisión, los jueces aseguraron haber buscado el equilibrio entre las necesidades de la defensa a la hora de preparar a su cliente en medio de una guerra con el interés del público para que el proceso avance, recoge la prensa israelí.

Hace dos días, la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, propuso que el testimonio del primer ministro tuviera lugar no más tarde del 1 de noviembre, mientras que la defensa había solicitado retrasarlo hasta marzo del año que viene.

Netanyahu está acusado desde 2019 de fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos separados de corrupción y se le imputa la recepción de regalos a cambio de favores y supuestos tratos de favor para recibir una cobertura positiva de los medios sobre él y su familia.

Defensa de Netanyahu

Hace dos semanas, sus abogados pidieron que el mandatario no tuviera que testificar hasta marzo de 2025, ya que «en la realidad actual, en la que se requiere a la defensa preparar al primer ministro para ofrecer testimonio en medio de una guerra, el período necesario (…) es mucho más largo» de lo habitual, según la solicitud.

El proceso comenzó en mayo de 2020, pero quedó en segundo plano en 2022 y casi no tuvo peso en la campaña para los comicios del 1 de noviembre de ese año, tras los que Netanyahu volvió al poder al frente del gobierno más derechista de la historia de Israel.

Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre y el comienzo de la guerra en Gaza, la causa quedó paralizada y sólo se retomó a finales de año con una vista en la que se escucharon varios testimonios sobre las acusaciones contra el político.

En caso de ser declarado culpable con condena firme, Netanyahu debería dimitir, pero mientras dure el juicio podrá mantener el poder. La ley israelí marca que un ministro debe dejar su puesto al ser acusado, pero esto no se aplica a un jefe de Gobierno.

De interés: Netanyahu disuelve el Gabinete de Guerra de Israel

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Fuente de imagen referencial: EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA

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El Tribunal Basmanni de Moscú dictaminó el arresto en ausencia de Naválnaya, quien reside en el extranjero, por participar en una asociación extremista, y la declaró en busca y captura.

La propia Naválnaya ironizó en un mensaje en X que la decisión de la Justicia rusa fue redactada a toda prisa sin cumplirse los procedimientos habituales para estos casos, como la apertura de un caso penal previo a la decisión sobre el arresto.

La viuda del líder opositor ruso, que ha prometido continuar desde el exilio la causa de su marido, acusa al presidente Vladímir Putin de ser el responsable de la muerte de Navalni y afirma que su poder se basa en «la desinformación, la mentira, el engaño y las provocaciones».

Navalni murió súbitamente el pasado 16 de febrero, un mes antes de las elecciones presidenciales del 17 de marzo en las que Putin era el candidato favorito, después de dar un paseo en la penitenciaría IK-3 de la localidad ártica de Jarp (distrito autónomo Yamalo-Nénets), según las autoridades penales.

La oposición rusa acusa al Kremlin de estar detrás de su muerte, mientras que Putin afirma que se trató de un deceso por causas naturales.

My God, I haven’t checked my phone for an hour. In that hour, I’ve already become a terrorist.
Killed the husband, labeled the wife a terrorist – typical Putin

— Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) July 11, 2024

De interés: Más de cuarenta países piden investigación internacional por muerte de Navalni

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La declaratoria abarca los 51 municipios del estado, donde el fenómeno meteorológico ocasionó lluvias y dejó inundaciones, bloqueos carreteros, comunidades incomunicadas y afectaciones en infraestructura urbana, además de las seis personas fallecidas, incluyendo tres menores de edad.

La Secretaría General de Gobierno de la Administración del gobernador Samuel García publicó la declaratoria en el Periódico Oficial del estado para agilizar los recursos para la reconstrucción.

“Con base en los resultados de los análisis y dictámenes realizados por el Comité de Gestión de Procesos, realizados en su sesión de fecha el 24 de junio del 2024, se emite la declaratoria de emergencia para los 51 municipios del estado de Nuevo León con motivo del impacto natural hidrometeorológico tipo tormenta tropical denominado Alberto”, señala el documento.

El texto añadió que las precipitaciones dejadas por la tormenta Alberto dejaron afectaciones en los sectores vivienda, educativo, salud, hidráulico y principalmente de tipo urbano y carretero.

Los ayuntamientos de Aramberri, Zaragoza e Iturbide se quedaron incomunicados vía terrestre por las afectaciones en sus vialidades.

Alberto fue el primer ciclón de la temporada después de que las autoridades mexicanas pronosticaron en mayo hasta 41 ciclones con nombre en el océano Atlántico y el Pacífico, de los que al menos cinco impactarían al país.

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Fuente de imagen referencial principal: EFE/Miguel Sierra

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Boluarte acudió al despacho de la fiscal general, Patricia Benavides, para responder por la investigación preliminar abierta en su contra por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones ocurridas en 2022.

Del total de fallecidos, se estima que 49 perdieron la vida en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden público, desplegadas para reprimir a los manifestantes.

Hace instantes, la presidenta de la república, Dina Boluarte, llegó a la @FiscaliaPeru para brindar declaraciones respecto a las investigaciones que sigue el Ministerio Público.

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) June 6, 2023

Durante la llegada de Boluarte, el abogado defensor, Joseph Campos, afirmó a la prensa presente en la sede de la fiscalía que la jefa de Estado “no va a usar el silencio”.

La mandataria peruana aseguró la semana pasada que acudirá a la citación porque su intención es contribuir a «esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible», por lo que no iba a utilizar la prerrogativa de que su declaración fuese tomada en el Palacio de Gobierno.

Boluarte sostuvo en varias ocasiones que las muertes por represión no son su responsabilidad, por lo que responsabiliza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por las muertes ocurridas durante las protestas.

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Víctor De Abreu