El memorando de entendimiento, firmado el 17 de julio en Caracas por la ministra de Comercio, Industria y Turismo colombiana, Diana Morales, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, establece un marco de cooperación para la implementación de la primera zona económica compartida entre ambos países, que tendrá una vigencia de cinco años.

La iniciativa contempla la integración productiva, el fortalecimiento del comercio bilateral y el impulso conjunto de proyectos sociales y de infraestructura en los sectores de salud, educación, cultura, turismo, transporte, gas, petróleo y electricidad.

Aunque el acuerdo aclara que la creación de esta zona binacional no limita la soberanía de ninguna de las partes ni compromete presupuestos, hizo saltar las alarmas de sectores opositores colombianos e incluso un precandidato presidencial, el derechista Abelardo de la Espriella, presentó una demanda ante el Consejo de Estado.

Espriella pidió al tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo anular el acuerdo, argumentando que la ministra de Comercio no tenía la autoridad para firmarlo, ya que, en su opinión, «exige la firma de un tratado internacional».

Críticas de la oposición colombiana

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) consideró «inaceptable» el acuerdo firmado y aseguró en un video publicado en X que representa «un paso adelante en la entrega del país (Colombia) a la criminalidad internacional».

Una de las figuras más críticas con Petro, la senadora María Fernanda Cabal, del mismo partido de Uribe, Centro Democrático, recalcó que si su formación política de derechas sale ganadora en las elecciones presidenciales de 2026 revertirán «las decisiones de Petro que le entregan» la soberanía de Colombia a Maduro.

Petro respondió que «una zona binacional no es entregar la soberanía de la patria, es crear las condiciones sociales y económicas que permitan que dos pueblos, de sangre e historia común, prosperen«.

Para el mandatario colombiano, la verdadera pérdida de soberanía ocurre cuando mafias extranjeras y nacionales dominan la población fronteriza con «las armas y el terror».

La cuestión de la soberanía

Por su parte, la ministra colombiana Morales calificó el acuerdo como «un paso firme para recuperar la soberanía», y subrayó que permitirá al Estado intervenir en territorios históricamente excluidos y fomentar dinámicas de integración productiva.

En cambio, la politóloga Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes, advirtió en X que el mayor riesgo del acuerdo es la falta de garantías democráticas en Venezuela.

«Las autocracias no son socios confiables (…) Cualquier forma de acuerdo internacional implica una cesión parcial de la soberanía, y esas cesiones solo se hacen cuando la contraparte es confiable».

De acuerdo con Borda, «ninguna de esas condiciones se cumple en el caso del acuerdo que regirá esta zona binacional».

Aspiraciones para ampliar la zona

Según el memorando de entendimiento, el objetivo de la integración es «armonizar marcos normativos, facilitar inversiones públicas y privadas, mejorar la conectividad y crear condiciones para la industrialización y el desarrollo regional«.

Aunque por ahora la propuesta solo abarca los estados venezolanos de Táchira y Zulia, y el departamento colombiano de Norte de Santander, también contempla la creación de otras zonas económicas en la frontera común de 2.219 kilómetros.

En este sentido, Nicolás Maduro declaró que aspira a que se amplíe a toda la frontera, lo que incluiría los departamentos del Cesar y La Guajira, en el norte de Colombia, y del Amazonas, Vichada y Guainía, en el sur.

El departamento de Norte de Santander comprende al Catatumbo, un territorio con la segunda mayor concentración de cultivos de hoja de coca del país, y donde tiene influencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De interés: Fedeindustria destaca beneficios de la nueva zona económica con Colombia

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Mario Caicedo

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Ante la idea de elecciones presidenciales anticipadas, originalmente estipuladas para el 2024, Vilera señaló que legalmente se requieren seis meses para llevar a cabo dicho proceso.

Desafíos legales y tiempos requeridos

Según Vilera, la celebración de elecciones presidenciales implica una serie de etapas que deben cumplirse, lo que hace improbable que se puedan realizar en un corto período de tiempo.

Aunque se mencionó la posibilidad de adelantar las elecciones, Vilera sostiene que, según la ley, el proceso tomaría al menos seis meses y que, en caso de convocarse pronto, sería para el próximo año.

Normativas y proceso electoral

El experto resaltó que las etapas necesarias para celebrar elecciones incluyen la actualización del Registro Electoral, la inscripción de candidatos y la campaña electoral.

Vilera recalcó que cumplir con estos pasos es esencial para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral.

Perspectivas de adelanto y actores involucrados

Quien planteó la posibilidad de adelantar elecciones es Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Por su parte, Vilera mencionó que no es sorprendente que quienes están en el gobierno consideren adelantar el proceso, aunque esto implique infringir normas y leyes.