Durante una entrevista con la cadena CNN, el asesor presidencial Stephen Miller aseguró que Venezuela «ha enviado mensajes» al secretario de Estado, Marco Rubio, para «dejar claro» que cumplirán «los términos, las demandas y los requisitos de Estados Unidos».

Antes de eso, Miller destacó como un logro la posición actual de Venezuela y aseguró que esto es producto de haber cercado al país durante meses en el mar Caribe con «la Armada más grande de la historia» y por la destrucción de barcos adjudicados -según EE.UU.- al narcotráfico.

Las declaraciones de Miller sucedieron mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth y la fiscal general, Pam Bondi, se encontraban en el Senado en una sesión informativa privada con los jefes de cada bancada sobre los antecedentes del ataque.

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Machado recordó que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido y señaló que tuvo que salir de Venezuela en secreto para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó demasiado tarde para asistir a la ceremonia oficial.

La alta dirigente opositora aseguró que planea regresar a Venezuela lo antes posible y precisó que no ha hablado con Trump desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, de acuerdo con sus declaraciones en la entrevista televisiva.

La premio Nobel de Paz 2025 aseguró que las fuerzas políticas que le apoyan obtendrían «más del 90 % de los votos» en unas elecciones libres y justas

Machado sostuvo que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el gobierno de Maduro.

La líder opositora afirmó que su movimiento obtendría «más del 90 % de los votos» en unas elecciones libres y justas.

Sin embargo, Trump se ha negado públicamente a respaldarla, al afirmar durante el fin de semana que Machado no cuenta con el apoyo suficiente dentro de Venezuela para liderar el país.

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Washington, impermeable a las críticas, aseguró que no se trató de un acto de guerra, sino de una acción «necesaria y legítima».

«No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país», aseveró el embajador de EE.UU. ante el organismo, Mike Waltz, puntualizando que Maduro es «un narcotraficante acusado» y «un presidente ilegítimo».

Minutos antes, al comienzo de la sesión, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertaba sobre el riesgo de que crezca la inestabilidad interna en Venezuela y el posible impacto regional que esto conllevaría, pidiendo un «diálogo inclusivo y democrático».

En el momento de su intervención, leída por la subsecretaria general para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, Maduro y Flores se preparaban para comparecer por primera vez ante un tribunal federal estadounidense en Nueva York, donde se declararon no culpables de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, tras ser capturados en Caracas.

Maduro indicó que sigue siendo el presidente de Venezuela y que es un «prisionero de guerra», mientras que el embajador venezolano, Samuel Moncada, denunciaba ante el Consejo la «violación flagrante» del derecho internacional por parte de Estados Unidos y reivindicaba el respeto a la inmunidad, la liberación y retorno del dirigente.

Guterres pide respeto al derecho internacional

El jefe de la ONU también pidió respeto por el derecho internacional, que «prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados», en un discurso llamado a rebajar la escalada retórica, aunque luego dio paso a intervenciones más duras, como la de Rusia, la delegación más contundente contra Washington.

Su embajador ante la ONU, Vasili Nebenzia, tildó la operación estadounidense de «criminal», exigió la liberación inmediata de Maduro y Flores, y denunció que lo que Washington busca es controlar los recursos naturales de Venezuela.

Nebenzia criticó los «fines hegemónicos» estadounidenses en la región y denunció que ese país aplica «de forma selectiva» el «orden mundial basado en reglas», lo que, según el diplomático, está generando «consecuencias negativas para la estabilidad internacional».

También fue enérgica en su condena la representante colombiana, Leonor Zalabata, que alertó de que la acción militar comandada por Donald Trump «sienta un precedente profundamente preocupante para el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial», aunque pidió «abrir caminos de democracia en Venezuela».

China subrayó durante la sesión, que concluyó sin acuerdos ni acciones concretas, que EEUU «pisoteó» la soberanía venezolana, además de pedir la liberación de Maduro y su esposa y que se respete la Carta de la ONU. Otros países presentes, incluidos varios europeos y latinoamericanos, condenaron la acción de forma más diplomática y pidieron moderación, diálogo y protección de la población civil.

Llamados al diálogo y el apoyo de Argentina a EE.UU.

El representante británico, James Kariuki, afirmó que su país desea ver una «transición segura y pacífica hacia un gobierno legítimo», subrayando que respetar el derecho internacional «constituye la base para mantener el orden internacional».

Francia, por su parte, dijo que la operación estadounidense «afecta negativamente a la paz y seguridad internacional» y exhortó de la misma manera a una transición «pacífica y democrática» para que el pueblo venezolano vuelva a ser «soberano».

Destacó también que Argentina, representada por Francisco Tropepi, apoyase abiertamente la operación de Trump, calificando a Maduro de «dictador» y afirmando que su régimen es una amenaza directa para la región. Tropepi valoró la determinación de Estados Unidos y defendió la captura del presidente venezolano como «una medida para proteger la seguridad y estabilidad regional».

En el lado opuesto, Cuba calificó la captura de Maduro como un «acto inaceptable y bárbaro» mientras su representante, Ernesto Soberón, denunciaba que Washington quiere imponer un «gobierno títere» para controlar los recursos naturales de Venezuela.

El representante español, Héctor Gómez Hernández, mencionó que la intervención estadounidense constituye «un precedente muy preocupante» y recordó que los recursos naturales de Venezuela forman parte de su soberanía. España pidió una transición pacífica y democrática que devuelva la soberanía al pueblo venezolano, alineándose con el llamado de Guterres por un diálogo inclusivo.

También intervino México, que reiteró su condena a la acción militar del 3 de enero, calificándola como una violación del artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas.

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