El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, reiteró que México reconoce la crisis humanitaria por desaparición de personas, y esta se deriva de la guerra sucia y de la “mal llamada guerra contra el narcotráfico”.

Afirmó que, pese a que en noviembre del 2017 se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, estos mecanismos han sido inoperantes.

“Lo cierto es que no había una implementación; no había registro de personas desaparecidas; no había protocolos para la búsqueda y sólo ocho comisiones estatales operaban en condiciones muy precarias”, precisó.

Se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas y se destinaron 1.200 millones de pesos para fortalecer a las comisiones estatales de búsqueda

Acciones para combatir la problemática

Exaltó que tras la llegada del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, se enviaron “señales muy claras” para atender esta problemática.

Afirmó que hasta antes de esa fecha el Estado mexicano “abdicó” de sus responsabilidades en materia de desaparición y delegó la búsqueda de las personas desaparecidas a los familiares de las víctimas.

Asimismo, dijo que se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, con lo cual se han realizado 2.300 jornadas para hallar personas desaparecidas, además de que se crearon protocolos homologados de búsqueda, y protocolos adicionales para niños y adolescentes.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales