Durante el año 2025, se contabilizaron 386 incidentes que derivaron en 523 violaciones al derecho fundamental de buscar y recibir información, evidenciando un patrón sistemático de censura.

Radiografía de las agresiones

El informe detalla que las vulneraciones no son hechos aislados, sino una secuencia constante de hostigamiento que involucra a cuerpos policiales, militares y actores civiles alineados con el poder. La distribución de los casos se divide en dos frentes críticos:

Censura Digital (43 %): 166 casos de bloqueos y ataques contra páginas web, aplicaciones y redes sociales.

Detenciones (42 %): 161 arrestos dirigidos contra periodistas y civiles.

Hostigamiento y agresiones (13 %): 52 casos de amenazas directas.

Medios tradicionales (2 %): 7 incidentes que afectaron a prensa radiofónica o televisiva.

El entorno digital bajo asedio

El entorno digital se ha convertido en el principal campo de batalla. La organización documentó 126 incidencias técnicas (bloqueos DNS, HTTP/HTTPS y TCP/IP) que limitan el acceso ciudadano a la información.

Caso Red Social X: Se reporta el bloqueo de esta plataforma mientras, simultáneamente, estructuras oficiales la utilizan para difundir narrativa gubernamental, lo que distorsiona el pluralismo informativo.

Vigilancia y Criminalización: El informe advierte sobre la expansión de mecanismos de vigilancia ciudadana y la criminalización de expresiones en redes, lo que genera un clima de autocensura por temor a represalias.

La economía como zona prohibida

Un punto crítico del reporte es la persecución de la información económica. Desde mayo de 2025, el Estado intensificó la represión contra académicos, analistas y comunicadores que difundían datos sobre el mercado cambiario y el dólar paralelo.

Según el documento, esta estrategia representa una «clara criminalización» del derecho a informar sobre la realidad financiera del país.

Conclusión del informe

Para Un Mundo Sin Mordaza, la dispersión de los perpetradores y la recurrencia de los actos confirman que no se trata de desviaciones individuales, sino de una dinámica sostenida de control social que afecta la participación pública y el debate democrático.

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Con información de medios nacionales

Fuente de imagen referencial: Archivo

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En sus declaraciones, Suju resaltó la continua criminalización por parte de Tarek William Saab del trabajo de los abogados y defensores de derechos humanos en Venezuela.

Subrayó que esta persecución se lleva a cabo con el objetivo de controlar todos los aspectos que quedan por dominar, dejando a la población del país en una situación de total indefensión.

Crítica a la gestión de Saab

Tamara Suju, conocida por su compromiso con los derechos humanos, no solo refutó la orden de aprehensión en su contra, sino que también arremetió contra la gestión de Tarek William Saab, denunciando sus presuntas tácticas de control y su impacto en la sensación de vulnerabilidad de la población venezolana.

#Venezuela. Aunque Ud no lo crea. @TarekWiliamSaab me acusa de Traición a la Patria, Terrorismo etc, por
supuestamente «legitimar mediaticamente acciones» como colaboradora del show nuevo, por denunciar la Desaparición de Anyelo Heredia, que hasta el día de hoy, finalmente… https://t.co/MdSuIQxwRx

— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) January 22, 2024

Machado habló del uso de fusiles y sentencias como herramienta política del gobierno

La candidata presidencial opositora, María Corina Machado, también se pronunció, calificando este lunes como tramas surrealistas y delirantes los planes conspirativos denunciados.

En su cuenta en X, la aspirante presidencial, sobre la que pesa una inhabilitación para ejercer cargos de elección popular, tildó de represora a la administración Maduro y aseguró que el líder oficialista usa los fusiles y las sentencias como herramienta política ante la falta de apoyo.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Markus Spiske/Unsplash

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Estos alarmantes datos se presentan en su informe más reciente, publicado el 1 de septiembre.

Cepaz: Mayoría de casos relacionados con la oposición

Según esta organización sin fines de lucro, 52 de estos casos están vinculados a personas ligadas a partidos políticos de la oposición, presos políticos o miembros de la sociedad civil venezolana.

Ocho casos afectan a trabajadores de medios de comunicación, mientras que tres involucran a ciudadanos sin afiliación política ni vínculos con la comunicación social.

Tipos de denuncias presentadas

El informe detalla 13 actos de hostigamiento y amenazas, el cierre de una emisora de radio y tres programas de radio, una detención arbitraria y 45 procesos judiciales irregulares como parte de estos casos de persecución política.

Amenazas y detenciones arbitrarias

Los casos de represión gubernamental se han concentrado en el sur del país. Por ejemplo, Nancy Herrera, hija del capitán indígena de la etnia Cubeo en Amazonas, denunció amenazas debido a su denuncia sobre el maltrato que sufrió su comunidad indígena.

Se alega que miembros de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) la presionaron para grabar un video de «disculpas», amenazándola con privarla de su libertad si no lo hacía.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Unsplash/dlxmedia

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La ONG advirtió que actualmente se está volviendo complejo la defensa, exigencia y promoción de los DD.HH debido a que es una labor restrictiva y desfavorable, siendo un factor de riesgo para quienes se encuentran en primera línea de acción respondiendo a la crisis socio-económica, política y de derechos humanos.

“Continuó la política de criminalización, represión y control social a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, con avances normativos restrictivos del espacio cívico y democrático”, indicó la organización en su más reciente informe.

Del total de casos, 39 fueron de estigmatización, 16 de intimidación y hostigamiento, siete de amenaza y un ataque digital.

La ONG indicó que el 84 % de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y 16 % las personas que trabajan en la defensa de estas garantías.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales

Fuente imagen referencial: Archivo

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