En un comunicado difundido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el Ministerio para la Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) indicaron que el «acto de sabotaje» afectó a «cuatro torres de 230 kilovatios en el municipio Zamora, sector Magdaleno», de Aragua.

La situación, agregó la nota, fue atendida «de manera inmediata» por equipos técnicos de Corpoelec, que lograron «restablecer en el menor tiempo posible el suministro eléctrico».

Según la comunicación, se trató de una «maniobra» de la «derecha extremista», que, agregó, sin suministrar mayores detalles, «pretendía afectar severamente a esa población del centro del país».

Ambas instituciones indicaron que se han «establecido las coordinaciones respectivas» con el Ministerio de Interior y Justicia, «en función de iniciar las investigaciones» para «dar con el paradero de los responsables».

El pasado 22 de febrero, el Ministerio de Energía Eléctrica denunció otro «ataque terrorista» contra torres de transmisión eléctrica, esa vez en la población de Barbacoa, en el estado Anzoátegui, según un comunicado divulgado en ese entonces.

El país sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones de la industria, mientras que el bloque opositor y expertos denuncian como posibles causas la mala gestión, falta de mantenimiento y la corrupción.

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Las decisiones complican el uso que el gobierno de Trump ha estado dando a una ley del siglo XVIII, conocida como ley de Enemigos Extranjeros, para sacar del país a los migrantes sin posibilidad de que apelen sus casos.

Las demandas, presentadas en Texas y en Nueva York por la organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), fueron presentadas en respuesta a una decisión del Supremo este lunes que dio vía libre al gobierno para las expulsiones, haciendo la salvedad de que los migrantes tienen derecho al debido proceso y de ser notificados de que serán trasladados.

En una orden temporal, el juez Fernando Rodríguez respondió a una demanda presentada en representación de tres venezolanos retenidos en el centro de detención El Valle, al sur de Texas.

En el documento, el juez señala que es altamente probable que el gobierno use la polémica ley de enemigos extranjeros, invocada por el presidente Donald Trump, para expulsar a los hombres.

El gobierno ha estado usando esta norma para trasladar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia una megacárcel en El Salvador, acusándolos de pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua.

En su decisión, el juez Rodríguez señala que una vez una persona es enviada a El Salvador existe una «probabilidad sustancial» de que no pueda ser retornada a EE.UU., citando el caso de un salvadoreño residente en Maryland que fue trasladado a la prisión centroamericana a pesar de tener un estatus legal en Estados Unidos.

Por otro lado, el juez Alvin Hellerstein, en el estado de Nueva York, emitió una orden estipulando que los migrantes venezolanos en su jurisdicción tienen derecho a una audiencia para contestar su caso antes de que se decida si son o no trasladados fuera de EE.UU.

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