Así lo reveló la portavoz del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, en su rueda de prensa semanal al ser consultada sobre la decisión de la CC de rechazar entre las preguntas, la relacionada con la posibilidad de que los magistrados de ese alto tribunal puedan ser sometidos a juicio político.

Además, la propuesta para eliminar por medio de una enmienda constitucional el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano compuesto por siete personas elegidas por votación popular que, entre otras atribuciones, nombra autoridades estatales como el fiscal general.

La CC consideró, asimismo, que la pregunta para la consulta popular relacionada con la reapertura de casinos y salas de juego en hoteles de cinco estrellas, que establece un tributo del 25 % de las ventas y destinar lo recaudado a programas contra la desnutrición crónica infantil «no cumple con los parámetros constitucionales».

En medio de un pulso político entre el Ejecutivo y al CC, los magistrados también se pronunciaron sobre una propuesta de Noboa de reforma constitucional para permitir la castración química a violadores, sumada a la creación de un registro confidencial para personas con sentencia condenatoria por delitos sexuales, pero que no estaba dentro de las preguntas del referéndum.

Para la Corte, no es posible esa modificación mediante una reforma parcial, al considerar que «no era idónea para proteger de forma efectiva a las víctimas de delitos sexuales«, y que el registro sería excesivamente indeterminado, sin claridad sobre su alcance y temporalidad».

Reformulación  y nuevas preguntas

Jaramillo avanzó que la Secretaría Jurídica de la Presidencia trabaja en planteamientos que se le harán esta misma semana a la Corte Constitucional, contra la que hubo una marcha el mes pasado, en Quito, liderada por Noboa, quien ha convocado a otra manifestación «por la paz y la justicia», el próximo jueves, en Guayaquil.

Jaramillo anotó que habrá una «reformulación de los planteamientos» hechos «para encontrar la mejor vía de llegar a la consulta popular».

Pero, además, tras escuchar el debate ciudadanos que provocó el anuncio de la consulta, «el Gobierno ha decidido enviar algunas otras preguntas», dijo sin especificar de qué tratarán.

En opinión de Jaramillo, la CC «está absolutamente desconectada de las necesidades y de las preocupaciones de la gente».

«Hay temas sensibles como el tema de la castración química o incluso el financiamiento para programas de desnutrición crónica infantil que requieren acciones inmediatas y acciones contundentes, pero nos parece que la Corte decide ignorar, o al menos decide no inmiscuirse en asuntos de altísima relevancia para los ecuatorianos«, sostuvo Jaramillo.

Preguntas aprobadas por la Corte de Ecuador

La CC aprobó las preguntas con las que se busca consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo o no con que exista la contratación laboral por horas en el sector turístico y con que se reduzca el número de miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento).

Estas dos preguntas aprobadas se suman a otra que los jueces ya validaron a inicios de agosto, relacionada con permitir nuevamente el establecimiento de bases militares extranjeras en el país, como la que Estados Unidos tuvo en la ciudad costera de Manta hasta 2009.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró, en Quito, que el Gobierno del presidente Donald Trump está dispuesto a evaluar la reinstalación de una base militar en Ecuador, en caso de que se apruebe en el referéndum.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Presidencia De Ecuador

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Las solicitudes se basan en presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la guerra en Gaza y se extienden asimismo a varios altos cargos del grupo islamista Hamas.

En su solicitud, el fiscal solicita autorización a los jueces para emitir ordenes de arresto contra Yahya Sinwar, jefe del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en Gaza; Mohammed Diab Ibrahim al Masri, conocido como Deif y comandante en jefe del ala militar de Hamas (Brigadas Al Qassam); así como Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamas.

El fiscal de la CPI los considera «penalmente» responsables de “crímenes de guerra y lesa humanidad” cometidos en territorio de Israel y el Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre de 2023, lo que incluye “el asesinato de cientos de civiles israelíes” en ataques perpetrados por Hamas y otros grupos armados, así como “la toma de al menos 245 rehenes”.

CPI enumera los crímenes de guerra

Asimismo, el fiscal de la CPI pide dos ordenes de detención contra gobernantes israelíes, Netanyahu y Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos “en el territorio del Estado de Palestina (Franja de Gaza) desde al menos el 8 de octubre de 2023”, es decir, el día posterior al ataque de Hamás a Israel y fecha del inició de la actual guerra israelí en Gaza.

Entre los crímenes de los que responsabiliza a ambos funcionarios israelíes está el uso del hambre como “método de guerra” contra los civiles y el “asesinato intencionado”.

“Mi Oficina sostiene que las pruebas que hemos recopilado, incluidas entrevistas con sobrevivientes y testigos, material de video, foto y audio autenticado, imágenes satelitales y declaraciones del grupo de presuntos perpetradores, muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”, argumenta Khan.

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial principal: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

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La jueza federal Alia Moses negó una demanda entablada en octubre pasado por el fiscal de Texas, Ken Paxton, porque los agentes de la Patrulla Fronteriza “regularmente” cortan la cerca de alambre colocada en la frontera.

Paxton argumentó que al cortar el alambre de púas el Gobierno federal no solo ha destruido ilegalmente la propiedad del Estado de Texas, sino que también ha interrumpido los esfuerzos de disuasión del gobernador Greg Abbott para detener la migración indocumentada.

Texas apela fallo que permite al Gobierno de Biden cortar el alambre de púas en la frontera https://t.co/10H5pN6GJ0

— EV Houston (@elvenezolanohou) November 30, 2023

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Fiorella Tagliafico

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Unsplash / Jannik

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A través de un documento judicial presentado este martes ante una corte federal en Delaware (EEUU), Hunter Biden aceptó un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable de dos cargos relacionados con los impuestos.

Biden, de 53 años, admitió no haber declarado los ingresos que recibió en 2017 y 2018, y no haber pagado por ellos, a cambio de que los fiscales recomienden la libertad condicional para él, con lo que podría evitar ir a la cárcel.

El arreglo también incluye uno relacionado con el cargo de posesión ilegal de un arma de fuego, un mecanismo que le permitirá evadir un juicio formal y pasar a un programa de supervisión comunitaria.

La investigación contra Hunter Biden ha salpicado a su padre, Joe Biden, cuyos rivales políticos han utilizado para cuestionar los negocios de su hijo en el extranjero y para describir a la familia del Presidente como corrupta.

La investigación se abrió en 2018 durante el mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021) y ha sido utilizada por los republicanos desde 2020 para atacar a Biden, a quien acusan de no haber hecho ningún esfuerzo para llevar adelante la investigación.

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Víctor De Abreu