El dictamen reconoce que «los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción'» por lo que «son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda».

La decisión fue adoptada por cincos votos a favor y cuatro en contra de los magistrados que componen la corte y mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidense a casi cualquier persona -existen excepciones como los hijos de funcionarios diplomáticos- que nazca dentro de la nación.

El juez Brett Kavanaugh disintió en parte al no compartir la concepción maximalista de la cláusula de ciudadanía al tiempo que no respalda el decreto de Trump que eliminaría de facto la ciudadanía por nacimiento. Otros tres jueces considerados conservadores disintieron del voto de la mayoría al no reconocer la ciudadanía por nacimiento «totalmente» automática.

Trump había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, una medida que firmó el mismo día en que asumió su segundo mandato el 20 de enero de 2025 y que inauguró un periodo de restrictivas políticas antimigratorias.

La orden, que afectaría a unos 255.000 niños al año, queda anulada con la decisión del Supremo, que analiza en el fallo qué significa ser ciudadano estadounidense y concluye «que alguien nacido en Estados Unidos y sometido a sus leyes entra en el ámbito de la ciudadanía por nacimiento».

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Con una mayoría clara de 6-3, el Supremo dominado por conservadores le sirvió al republicano uno de los primeros grandes reveses de su segundo mandato, un giro en la tendencia hasta ahora favorable al mandatario en otros temas clave de su agenda.

En representación de la mayoría, el presidente del Tribunal, John Roberts, indicó que el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial.

En su fallo, el Supremo considera que el uso de esta legislación por Trump supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.

Las voces del disenso fueron las de los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores del Supremo. En su opinión, los tres jueces consideran que no se debe limitar al presidente en estas cuestiones pues consideran que la IEEPA puede usarse en temas de política exterior, lo cual aplica en este caso.

Esta decisión en contra de los poderes de Trump para declarar aranceles no impide que el republicano imponga gravámenes bajo otras leyes. Funcionarios de la Administración ya han dicho que esperan mantener el marco arancelario del presidente con otros basamentos legales, aunque no está claro si aquellos importadores que han pagado por los altos aranceles impuestos por la Administración podrán solicitar y recibir reembolsos, equivalentes a varios miles de millones de dólares.

Trump ha insistido en que sería «muy decepcionante» que el Tribunal Supremo considerara ilegal la implementación de gran parte de los aranceles, que según él, son la clave del éxito económico que está cosechando su Administración y para presionar en materia de política exterior a otras naciones. También ha reconocido que sería «prácticamente imposible» devolver los cantidades cobradas a los importadores.

El pasado agosto, tras una demanda de dos pequeñas empresas importadoras, una corte de apelaciones del Circuito Federal estimó que Trump no tenía derecho a imponer los llamados «aranceles recíprocos«, que oscilan entre el 50 % que pagan Brasil y la India y la base mínima del 10 % que soportan el Reino Unido o la mayoría de países de Latinoamérica.

El tribunal estimó que tampoco tenía autoridad para implementar el gravamen del 25 % impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que, Washington considera, esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a EE.UU. Sin embargo, evitó congelar la aplicación de aranceles para dar tiempo a que el Gobierno Federal llevara la causa al Supremo.

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El líder ultraderechista pasó su primera noche preso en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia, donde fue recluido después de que la Corte Suprema apreciara «riesgo de fuga concreto» y «amenaza al orden público».

El exmandatario compareció ante una audiencia de control de detención y recibió las visitas de sus abogados, médicos y de su esposa, Michelle Bolsonaro, quien llegó a la sede policial vestida de negro y con gafas de sol, estuvo dos horas y se marchó sin dar declaraciones.

El capitán retirado del Ejército, condenado a 27 años de cárcel por golpismo, se dejó ver durante unos instantes en la entrada de la superintendencia para despedirse de su esposa, aunque en ningún momento salió del edificio, según presenció EFE.

En la sesión de control se sometió a las preguntas de una jueza auxiliar del magistrado del Supremo Alexandre de Moraes, relator del proceso por golpismo y quien ordenó su ingreso en prisión preventiva la mañana del sábado.

Una de las razones de la orden de prisión fue el hecho de que el exjefe de Estado (2019-2022) confesó haber quemado con un soldador la tobillera electrónica impuesta por el Supremo para controlar sus movimientos.

Bolsonaro, quien antes de su arresto cumplía prisión domiciliaria desde agosto, achacó sus acciones a los efectos colaterales de haber mezclado pregabalina (antiepiléptico) y sertralina (antidepresivo), según el informe de la audiencia.

El exgobernante, de 70 años, arrastra problemas de salud, como crisis de ansiedad, episodios de hipo y vómitos, trastornos que atribuye a la grave puñalada que sufrió en la campaña electoral de 2018 y que le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.

Argumento de Bolsonaro

Bolsonaro también alegó ante la jueza que no duerme bien y que estaba «alucinando» y en un estado de «cierta paranoia» porque creía que en el interior de la tobillera había un sistema de escucha.

Relató que comenzó a manipular el aparato desde la tarde del viernes hasta la medianoche del sábado, cuando el dispositivo lanzó una alerta a las autoridades brasileñas.

No obstante, negó que intentara quitársela para fugarse, como sostiene el juez instructor, y rechazó la teoría de que iba a aprovechar una vigilia de simpatizantes convocada por uno de sus hijos cerca de su casa para huir.

Ante este panorama, un equipo de médicos lo evaluó y constató que está «estable», aunque suspendió la prescripción de uno de los medicamentos, que sospecha que pudo haberle causado esa supuesta confusión mental.

La defensa pide volver a prisión domiciliaria

Sus abogados utilizaron ese argumento para volver a solicitar al Supremo que le conceda una prisión domiciliaria «humanitaria».

En su petición, explicaron que Bolsonaro intentó romper la tobillera por el uso de los fármacos para sus crisis de hipo, por «el estrés» al que está sometido y por su «avanzada edad».

Además, resaltaron la imposibilidad de cualquier intento de fuga, ya que la residencia de su cliente estaba «vigilada de forma ininterrumpida» por la Policía.

La Primera Sala del Supremo analizará a partir de este lunes la orden de prisión dictada de manera individual por De Moraes, aunque con poco margen para las sorpresas. Varios especialistas jurídicos señalan que el arresto de Bolsonaro está justificado.

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“No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros, prefiero quedarme en la clandestinidad”, dice en una entrevista telefónica con EFE Oriana, una inmigrante venezolana que no quiere dar su apellido.

La mujer de 38 años, madre de una adolescente de 15 años, cuenta que vivió en Florida por más de cinco años, pero recientemente decidió mudarse y establecerse en otro estado, tras la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al amparo a los venezolanos concedido por su antecesor.

El TPS protege a los beneficiados de la deportación y les otorga un permiso de trabajo, que Oriana perderá desde este viernes.

“Soy consciente de que con el TPS tuvimos un privilegio frente a otros inmigrantes como los colombianos o mexicanos, pero de ellos aprendí que no hay que perder las esperanzas y que hay que aguantar hasta donde más se pueda”, manifiesta la inmigrante.

Una actitud que aplaude José Palma, coordinador de la Alianza TPS, una coalición que encabeza una demanda contra el Gobierno de Trump para mantener con vida el amparo.

“La lucha sigue en las cortes, no se ha dado la última decisión”, advierte el activista.

La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados, los de 2021, unos 250.000 a los que se les termina hoy el TPS, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350.000, que quedaron desprotegidos desde el mes pasado cuando la Corte Suprema permitió a la Casa Blanca seguir con sus planes mientras la batalla en los tribunales inferiores continúa.

El caso se encuentra en el Noveno Circuito de Apelaciones donde un panel escuchará argumentos de ambas partes, después que el Gobierno Trump recurriera un fallo de un juez federal que dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal al terminar con el amparo y que su decisión era «arbitraria y caprichosa».

En total son 600.000 venezolanos que quedarán en riesgo de detención y deportación inmediata, lo que supone el mayor número de personas que han perdido el TPS, en la historia del amparo.

La Alianza TPS también está presionando en el Congreso estadounidense a favor de varios proyectos de ley con apoyo bipartidista que otorgaría la legalización permanente a los beneficiados por el TPS de decenas de países.

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«Esos son los que pidieron la eliminación del TPS, pero ahora van a pedir el voto de los latinos, lo necesitan para ser electos otra vez, ellos fueron los que lo pidieron, por intermediación de quién, de la oposición extremista de aquí de Venezuela», indicó Cabello en la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitido por el canal estatal VTV.

El funcionario señaló que la oposición venezolana también aplaudió cuando enviaron a 252 migrantes venezolanos desde Estados Unidos hasta una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

TPS contra la deportación

La Corte Suprema de Estados Unidos falló el viernes a favor de la Administración de Donald Trump y le permite de nuevo revocar el TPS de cerca de 300.000 migrantes venezolanos.

El Gobierno estadounidense pidió al Supremo a finales de septiembre que se le permitiera retirar las protecciones TPS contra la deportación que habían sido extendidas a unos 300.000 venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos.

El fallo de la Corte Suprema es parte de una disputa legal que inició desde 2021, cuando la Administración de Trump intentó por primera vez terminar el TPS para los venezolanos.

De interés: Oposición venezolana le pide a EEUU revisar su política migratoria tras el fin del TPS

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A través de su cuenta en Instagram, la PUD solicitó que se garanticen «alternativas que permitan la permanencia legal» de la «inmensa mayoría» de los venezolanos en Estados Unidos, quienes, subrayó, se «vieron forzados a emigrar» por la «compleja crisis humanitaria» en Venezuela.

 

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este viernes a favor de la Administración de Donald Trump y le permite de nuevo revocar el TPS a cerca de trescientos mil migrantes venezolanos.

Con esta decisión, centenares de miles de venezolanos que habían sido beneficiados podrían ser deportados, mientras que el fallo podría no afectar por el momento a favorecidos haitianos del TPS.

De interés: PUD urge a EEUU garantizar permanencia de migrantes venezolanos con TPS

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Trump había invocado la AEA mediante una proclamación emitida en marzo para expulsar a ciudadanos venezolanos, alegando que formaban parte del TdA, al que describió como una organización criminal extranjera que representaba una «invasión depredadora» a Estados Unidos.

Sin embargo, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, en una decisión de dos votos contra uno, determinó que la ley no se aplica al caso y rechazó el argumento de la invasión por parte de la Administración Trump.

La AEA, adoptada en 1798, autoriza la expulsión de «nativos, ciudadanos o súbditos de una nación hostil» sólo si existe un estado de guerra «declarado» contra otro país o si una potencia extranjera participa en una «invasión o incursión depredadora» en territorio estadounidense.

Bajo este entendimiento, el tribunal concluyó que no existía ninguna «invasión ni incursión depredadora» atribuible a una potencia extranjera.

Políticas de Trump

En enero, Trump ya había restablecido la «expulsión inmediata» de inmigrantes indocumentados, una política que aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite deportar a quienes no puedan demostrar al menos dos años de residencia continua en el país, sin mediar audiencia judicial.

Hasta que la Corte Suprema se pronuncie, la decisión del tribunal de apelaciones es vinculante para los tribunales inferiores del Quinto Circuito, que incluye Luisiana, Misisipi y Texas, estados donde se habían implementado deportaciones bajo la AEA.

La demanda contra el uso de la AEA fue presentada y defendida por la Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU), que celebró un fallo, «que deja claro que el presidente no puede simplemente declarar una emergencia militar e invocar los poderes que le apetezcan».

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El presidente de ese brazo del Supremo, Cristiano Zanin, decidió además que, si fuera necesario, serán celebradas audiencias los días 3, 9, 10 y 12 de septiembre, cuando deberá concluir el juicio que determinará si el líder de la ultraderecha será condenado por un presunto intento de golpe de Estado.

Además de Bolsonaro serán juzgados otros siete acusados de formar parte del llamado «núcleo central» de la trama golpista, que al igual que el exmandatario se enfrentan a condenas que podrían oscilar entre doce y cuarenta años de prisión.

Zanin determinó la fecha para el juicio oral a pedido del relator del proceso, Alexandre de Moraes, quien presentó su solicitud este jueves, después de que los ocho acusados entregaron sus alegaciones finales.

Bolsonaro y sus siete antiguos colaboradores responden por los presuntos delitos de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho, asociación armada para delinquir, daño calificado al patrimonio público y deterioro del patrimonio público.

Según la acusación formulada por la Fiscalía General, la trama golpista fue concebida después de que Bolsonaro fue derrotado en las elecciones de octubre de 2022 por el ahora presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder de la ultraderecha no reconoció el resultado de las urnas y Brasil se sumergió en una vorágine de protestas y una crisis institucional que, según la acusación, tenía como objetivo impedir la toma de posesión de Lula.

En sus alegaciones finales, Bolsonaro rechazó de plano todas las acusaciones a través de sus abogados, quienes han pedido al tribunal su absolución.

La defensa del exmandatario alegó que existe una absoluta falta de pruebas, negó su participación en un complot golpista y calificó de «absurdas» las acusaciones de la Fiscalía.

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El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso contra el líder ultraderechista en el Supremo Tribunal Federal, determinó el régimen de prisión domiciliar para Bolsonaro, a quien también le prohibió recibir visitas en su residencia, con excepción de la de sus familiares próximos y de sus abogados.

En su resolución, De Moraes también ordenó a la Policía Federal realizar un registro en la residencia del exjefe de Estado para incautarse de los teléfonos móviles y otros dispositivos que le permitan conectarse a las redes sociales.

La Policía Federal confirmó en un comunicado que cumplió en la tarde de este lunes la orden de la Corte de la prisión domiciliar y del decomiso de los aparatos celulares.

El magistrado alegó en su decisión que Bolsonaro violó las medidas cautelares que le fueron impuestas el mes pasado, que le prohibían enviar mensajes por sus propias cuentas en las redes sociales o por las de terceros y que le obligaban a usar una tobillera electrónica y a permanecer en su residencia por las noches y los fines de semana.

Mensajes de Bolsonaro

De Moraes citó mensajes de Bolsonaro que fueron transmitidos el domingo en las redes sociales de sus aliados, incluyendo en las de sus tres hijos parlamentarios, con «incentivos e instigaciones a ataques al Supremo y apoyo a una intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño».

Los mensajes fueron leídos en las marchas que realizaron el domingo miles de bolsonaristas en varias ciudades del país, en las que defendieron la aprobación de una amnistía a todos los acusados de golpismo y manifestaron apoyo a las sanciones impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump, a los responsables por el juicio a Bolsonaro.

La prisión domiciliaria se ordenó en el marco del proceso en que se acusa a Bolsonaro de liderar un complot para impedir la toma de posesión como presidente del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022.

De acuerdo con la Fiscalía, además de discutir con sus ministros y altos oficiales militares medidas para anular las elecciones y hasta para asesinar a Lula, Bolsonaro incentivó el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema promovido por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023.

De interés: Bolsonaro dice que lo juzgan «con prisa» para sacarlo de la carrera electoral

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En una audiencia oral y pública celebrada este lunes en la Cámara Federal de Casación, considerada una segunda instancia judicial, el fiscal Mario Villar se pronunció a favor de mantener la modalidad de prisión domiciliaria, pero propuso disponer otro domicilio distinto al de la calle San José 1111 de Buenos Aires, donde se encuentra recluida desde el 17 de junio.

El fiscal expuso sus argumentos contrarios a los de sus colegas en la primera instancia, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes la semana pasada habían solicitado que Fernández fuera trasladada a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.

Solicitudes de la defensa de Fernández

A continuación, la defensa de la expresidenta rechazó la posibilidad de un traslado y pidió que se mantenga su residencia actual.

El letrado Beraldi también solicitó que se anule el régimen de visitas vigente -que obliga a Fernández a pedir autorización judicial cada vez que desea recibir a alguien- y que se le retire la tobillera electrónica, al considerar que no existe riesgo de fuga.

El fiscal Villar argumentó que no eran viables dichas solicitudes.

La decisión final quedará en manos de los jueces de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes escucharon los planteamientos de las partes y se prevé que resuelvan las solicitudes en el transcurso de cinco días hábiles.

La Corte Suprema de Argentina rechazó el pasado 10 de junio un recurso presentado por la expresidenta y ratificó así su condena de seis años por irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner (2003-2007).

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El magnate republicano hizo campaña prometiendo deportar a millones de migrantes en situación irregular y puso toda la maquinaria de la administración al servicio de este objetivo.

La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, revocó la extensión del TPS que da cobertura legal a cientos de miles de venezolanos e impide que se les pueda expulsar y pierdan su trabajo.

El juez federal de California Edward Chen suspendió temporalmente en marzo la decisión del gobierno por estimar que «huele a racismo».

Pero el asesor jurídico de la administración, John Sauer, presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora. Le pedía que suspendiera la orden del magistrado.

Este lunes el máximo tribunal no eliminó el TPS, pero concedió la solicitud de emergencia presentada por el gobierno el tiempo que el caso se litigue en los tribunales, con lo cual unos 350.000 venezolanos quedan a la deriva.

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El documento, presentado por el Departamento de Justicia de Kristi Noem, pide a los tribunales que detengan la orden interpuesta por la jueza de Massachusetts, Indira Talwani, el pasado 15 de abril.

Esta disposición bloqueó temporalmente el intento del Gobierno de Trump por revocar el estatus legal y los permisos de trabajo de cientos de miles de beneficiarios de un programa humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Con la emisión de esta orden, «el tribunal de distrito realizó la misma revisión que el Congreso prohibió: anulando innecesariamente políticas migratorias cruciales, cuidadosamente diseñadas para disuadir la entrada ilegal, viciando prerrogativas fundamentales del Poder Ejecutivo y deshaciendo políticas aprobadas democráticamente que tuvieron un papel importante en las elecciones de noviembre», indica el texto presentado ante el Supremo.

El Supremo «debería suspender la orden del tribunal de distrito. Por lo general, un extranjero que llega a EE.UU. y no puede demostrar su admisibilidad es expulsado sin demora o detenido en espera de los procedimientos de expulsión», agrega el escrito de 27 páginas, firmado por el procurador general John Sauer.

Órdenes de Trump

En octubre de 2024, antes de las elecciones presidenciales, la Administración de Biden anunció que no renovaría el conocido como ‘parole humanitario’, lo que significaba que los beneficiarios no podían extender su estatus legal más allá de los dos años estipulados inicialmente.

Trump ordenó revocar este programa migratorio, que protege a cerca de 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos de su deportación, y se instauró durante el Gobierno del demócrata Joe Biden (2021-2025) en un intento por ampliar las vías legales para migrar a Estados Unidos y reducir los cruces fronterizos irregulares.

Pero la jueza Talwani, nominada por el expresidente Barack Obama (2009-2017), especificó que el Gobierno debe respetar la fecha de vencimiento y no puede eliminarlo de forma anticipada sin una revisión caso por caso.

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«Tienen prisa, mucha prisa», dijo Bolsonaro en un largo mensaje en sus redes sociales, transmitido durante las deliberaciones de los jueces.

Bolsonaro dijo que el proceso en su contra «avanza a una velocidad 14 veces mayor que el Mensalão», el proceso contra el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción en su primer mandato, «y 10 veces más rápido que el de Lula en el Lava Jato», el caso de desvíos en la petrolera Petrobras.

El exmandatario aseguró que la propia prensa admite que esa prisa no obedece a razones jurídicas, sino políticas, ya que el tribunal intenta impedir que el juicio se extienda hasta 2026, cuando será año electoral.

«Quieren impedir que yo llegue libre a las elecciones porque saben que, en una disputa justa, no hay ningún candidato capaz de vencerme», afirmó Bolsonaro.

El líder de la ultraderecha, de cualquier forma, ya está inhabilitado políticamente por ocho años por haber sido condenado en un proceso de la Justicia electoral por sus ataques a la democracia.

Según Bolsonaro, el juicio penal en su contra ya tiene «una fecha, un blanco y un resultado decididos anticipadamente» ya que obedece a un proyecto de poder que busca interferir en la dinámica política y electoral del país.

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Castillo había apelado una resolución que rechazó revisar de oficio el mandato de prisión preventiva que se le impuso en 2022, mientras es juzgado por rebelión, informó el Poder Judicial en su cuenta de la red social X.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por César San Martín, argumentó en su resolución que «el riesgo de alejarse de la justicia permanece latente; además de un pedido de pena elevadísima y la procedencia del juicio oral dictado por el juez de la investigación».

Por este caso, la Fiscalía ha pedido 34 años de cárcel para Castillo, así como su inhabilitación para ejercer cargo público por tres años y medio al acusarlo de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, en agravio del Estado y la sociedad.

La sala suprema también señaló que no han surgido nuevos medios de investigación que cambien la situación jurídica de Castillo, siendo así que, en vía de revisión de oficio, no procede revocar la prisión preventiva, en tanto el recurso de apelación defensivo «no puede prosperar».

Respecto al peligro de fuga, después del anuncio golpista de el 7 de diciembre de 2022 y su intento de llegar a la Embajada de México en Lima, los jueces indicaron que constan declaraciones ya valoradas con anterioridad y las propias declaraciones públicas del entonces mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre una petición de asilo político.

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El alto tribunal «determinó declaración del presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco», como parte de la investigación contra los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal).

«La declaración del presidente Petro y del ministro Jaramillo se hará por certificación juramentada«, señaló la Corte Suprema en un comunicado.

Igualmente «ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara para obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional«, de las cuales la primera se hundió en su trámite legislativo y la segunda se convirtió ley.

Apoyo para reformas de Petro

El llamado al mandatario ocurre luego de que el exdirector de la UNGRD Olmedo López asegurara ante la Corte que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) recibió dineros del Estado a través de contratos de esta entidad, sumida en un escándalo de corrupción.

En una declaración que dio el mes pasado a investigadores de la Corte Suprema de Justicia, revelada el martes por Noticias Caracol, López aseguró: «Esto es un entramado que recoge desde ministros hasta contratistas, pero en el medio hay otros funcionarios (…) y toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte».

«El nombre que dice ese papel que le mostré a la Fiscalía y que reza en el resumen de mi declaración (…) es el ELN y su gran influencia en el departamento de Arauca (fronterizo con Venezuela)», añadió López.

El escándalo en la UNGRD comenzó cuando medios locales revelaron la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.

A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes a cambio del apoyo en el Congreso para las reformas sociales del presidente Petro.

En ese sentido, López involucró ante la Corte al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al hablar de la «entrega de contratos» para lograr que las comisiones del Congreso le aprobaran proyectos, como adiciones presupuestales.

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La legislación, conocida como SB4, podrá entrar en vigor mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por el Gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones defensoras de los migrantes.

El caso llegó al máximo tribunal después de una batalla legal emprendida por la Administración Biden y defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.

Los demandantes habían pedido al Supremo que detuviera la implementación de la medida mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones. El lunes, el juez Samuel Alito había bloqueado la ley de forma indefinida a espera que el pleno votará sobre esta solicitud.

Este martes los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en efecto mientras se da un fallo final en el caso.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, aplaudió en un mensaje en X la decisión del alto tribunal. “Texas ha derrotado las mociones de emergencia de la Administración Biden y la ACLU”, y subrayó que la ley ya está en vigor.

La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero «ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera» de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

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Fiorella Tagliafico R.

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El magistrado José Antonio Dias Toffoli cuestionó las condiciones que llevaron a Odebrecht, centro de la operación Lava Jato, a aceptar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía que implicaba el pago de una multa multimillonaria.

En su decisión, el magistrado afirmó que hay por lo menos «duda razonable sobre el requisito de voluntariedad» de la empresa al firmar el acuerdo que le impuso la multa y que esta debe tener las «condiciones para que evalúe si se cometieron ilegalidades».

La decisión responde a una petición de la empresa, que se cambió el nombre a Novonor tras el estallido del escándalo para analizar los documentos de la operación Spoofing y poder promover ante la justicia una «revaluación» de los acuerdos.

Odebrecht firmó un trato con la Fiscalía por 3.800 millones de reales (unos 770 millones de dólares) y otro con la Abogacía del Estado por 2.700 millones de reales.

El magistrado ya anuló en septiembre todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora, en respuesta a un pedido realizado por la defensa de Lula, que llegó a pasar 580 días en prisión.

Corte Suprema de Brasil suspende multa millonaria a Odebrecht. #NoticiasSIN #Millonaria #Justicia #Brasil

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Fiorella Tagliafico

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Germán Falcón

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Este acontecimiento marca un hito, siendo la primera vez en casi 900 años que un monarca danés renuncia voluntariamente al trono, desde el caso del rey Erik III Lam en 1146.

📸 Así ha sido la imagen del día. La salida de Margarita II de Christiansborg tras haber abdicado mientras su hijo, Federico X, se convierte en rey. pic.twitter.com/yn6RLS8FEC

— El Confidencial (@elconfidencial) January 14, 2024

Traspaso del Poder Real

La trascendental ceremonia de abdicación tuvo lugar en el imponente Palacio de Christiansborg, en Copenhague, donde la reina Margarita II formalizó su renuncia durante una reunión con el Gabinete danés.

Este vasto complejo alberga los Salones de Recepción Reales, los Establos Reales, el Parlamento danés, la oficina del primer ministro y la Corte Suprema.

🇩🇰 AHORA 🚨: Federico X es proclamado el nuevo rey de Dinamarca desde el Palacio de Christiansborg de Copenhague tras la abdicación de su madre, Margarita II que tenía 52 años en el reino. pic.twitter.com/EbP3MxgJNE

— Indepe News (@NewsIndepe) January 14, 2024

Nueva monarquía danesa

El nuevo rey Federico X y su esposa, la reina Mary, han sido aclamados por la multitud tras llegar al palacio en una majestuosa carroza.

Desde el balcón del Palacio de Christiansborg, Federico X fue proclamado rey por la primera ministra Mette Frederiksen, quien presenció junto a la realeza y el Gobierno danés este emotivo momento.

La presencia de la reina Mary, la primera reina consorte no danesa y una figura muy querida en la sociedad, añadió un toque especial a la ocasión.

La pareja real expresó su emoción al saludar a la multitud congregada en las calles de Copenhague, marcando el inicio de una nueva era para la monarquía danesa.

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@rafarias86

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: @elconfidencial

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A pesar de las controversias que ha generado el uso de ChatGPT, en particular en los procesos judiciales, Reino Unido apuesta por un buen uso por parte de los jueces de la región, ya que se trata de una asistencia y no de una decisión para aplicar a ciegas.

En este sentido, la Corte Suprema, que aprobó el uso a inicios de este mes en la redacción de sentencias judiciales y otros fallos legales, las mismas deben apegarse a las normas recogidas en una guía de uso oficial.

Un comunicado del organismo indica que el uso de la IA “en toda la sociedad está en aumento, al igual que sucede en los tribunales”. La guía de procedimiento “detalla la importancia de la privacidad en los procesos judiciales y, por lo tanto, hacen especial énfasis en los posibles problemas al respecto que se asocian con las plataformas de IA como ChatGPT”.

Se hace énfasis en el uso de los chatbots por empresas inescrupulosas, dedicadas a recopilar información a partir de las interacciones de los usuarios. De allí la necesidad de cuidar la privacidad de los casos judiciales. Los jueces deben evitar el ingreso de “información en un chatbot público de IA que no sea de dominio público”; es decir, no deberán añadir datos privados o confidenciales.

Tomando en cuenta que en el caso de ChatGPT, cualquier término o búsqueda que se escriba estará disponible posteriormente, y podría ser usada como respuesta a consultas de terceros, es fundamental no colocar en la barra de búsqueda temas privados de los casos.

La Corte Suprema de Reino Unido subraya que “algunas plataformas de IA, especialmente las que se usan como app en un teléfono inteligente, tienden a solicitar permisos que dan acceso a información dentro del dispositivo.

Para su uso en casos judiciales, las autoridades exigen que los expertos rechacen los permisos y que, en caso de divulgación involuntaria de información confidencial o privada, deben ponerse en contacto inmediatamente con su juez de liderazgo y la Oficina Judicial”.

Pese a recular, Petro aseveró que el fiscal colombiano, Francisco Barbosa, “no solo le está faltando el respeto al presidente, sino que está violando la Constitución”.

«Acepto el llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder púbico. Pero como presidente de la República no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias«, señaló Petro, que se encuentra de gira en Portugal.

El mandatario colombiano respondió a la polémica surgida tras afirmar que él era jefe del fiscal Francisco Barbosa, quien tildó al mandatario de «dictador» y anunció que su familia saldrá del país por seguridad.

#ATENCIÓN | «El fiscal olvida una cosa: yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él», dice el presidente Petro, luego de que Francisco Barbosa le hiciera una advertencia sobre el caso Daniel Hernández.

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— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 5, 2023

«Es verdad que, en términos generales, el fiscal no está subordinado a funcionario alguno, pero sí que está subordinado a la Constitución y la ley«, agregó Petro.

El mandatario añadió en su comunicado que «grave daño le hace el fiscal general a la propia Fiscalía al guardar silencio» sobre las denuncias acerca del asesinato de 200 personas por parte del Clan del Golfo.

«Grave daño le hace el fiscal general a la propia Fiscalía al guardar silencio frente a estas denuncias, que de ser ciertas implicarían nada más y nada menos que la complicidad de su fiscal delegado Daniel Hernández, del círculo más cercano tanto de Néstor Humberto Martínez como de Francisco Barbosa, en el asesinato por omisión de más de 200 personas, incluyendo a niños y miembros de la Fuerza Pública», añadió Petro.

«El fiscal Hernández continúa en su cargo pese a que fue imputado por prevaricato y por presuntamente amenazar a un testigo del caso Odebrecht, investigación que, según fuentes periodísticas, lo tienen en la mira del FBI«, denunció el presidente.

Gustavo Petro sostendrá un encuentro este sábado con el primer ministro portugués, el socialista António Costa, y será recibido el domingo por el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, antes de concluir su visita de trabajo de dos días a Lisboa.