La norma fue sancionada por el Legislativo después de que la Fiscalía de la CPI anunció, el pasado 1 de diciembre, que cerrará su oficina técnica en Caracas, al advertir una falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementariedad», principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.

Durante la votación en la sesión parlamentaria, Rodríguez afirmó que esta institución «debería servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano«.

Con esta aprobación, el Parlamento sancionó la ley, que será remitida al presidente, Nicolás Maduro, a quien corresponde su promulgación. La legislación entraría en vigencia cuando sea publicada en la Gaceta Nacional, el periódico oficial del Gobierno.

Al comunicar el cierre de su oficina en Caracas, la Fiscalía de la CPI dejó claro que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país «permanece activa» y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.

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«Para que quede registro histórico que nos estamos saliendo de esa Corte por inútiles, pero también nos estamos saliendo porque estamos denunciando el vasallaje de los representantes de esa Corte Penal Internacional«, manifestó Rodríguez durante una sesión ordinaria transmitida por el canal del Parlamento.

El jefe de la Asamblea Nacional intervino durante un debate en defensa de un proyecto de ley derogatoria del estatuto de Roma, que todavía debe aprobarse en una segunda discusión.

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En una intervención ante la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Akane subrayó que la CPI “necesita que la UE modifique el estatuto de bloqueo para contrarrestar los efectos de las sanciones estadounidenses” porque, según la orden ejecutiva firmada por Trump en febrero, cualquiera que coopere con personas en su lista podría ser sancionado, incluidas las ONG.

El fiscal Karim Khan es el primer y único sancionado por ahora. Los estadounidenses -lo que incluiría filiales en Europa de bancos, seguros y sistemas informáticos estadounidenses- están obligados a no cooperara con los sancionados, o sufrirán acciones penales.

“Se trata de una grave violación de la soberanía europea: un país extranjero está diciendo a sus ciudadanos y sus empresas qué leyes se les aplican y cómo comportarse”, añadió.

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El contenido de estas órdenes no ha sido revelado, pero un funcionario de la Casa Blanca adelantó a EFE que una de ellas impondrá sanciones a la CPI.

En concreto, la orden busca imponer restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.

La firma de esta orden ejecutiva llega después de la reunión de Trump el martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien en noviembre la CPI señaló con una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.

Netanyahu se encuentra de visita en Washington hasta el sábado y ha mantenido reuniones con importantes figuras del Congreso y del Gobierno, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Sanción anterior de Trump

En 2020, durante su primer mandato (2017-2021), Trump ya impuso sanciones contra la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y uno de sus principales asesores debido a una investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.

La medida de Trump llega después de que la semana pasada los demócratas del Senado, en minoría en esa cámara, bloquearan un intento liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en respuesta a sus órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa,Yoav Gallant, por la ofensiva israelí en Gaza.

La CPI, creada a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.

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El organismo confirmó la decisión del 27 de junio de 2023 de la Sala Primera de Cuestiones Preliminares que autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación.

“No encontramos error alguno en la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares”, indicó Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI sobre el caso de Venezuela.

La decisión fue desestimar la apelación presentada por el gobierno de Nicolás Maduro de manera unánime.

La Fiscalía de la CPI está llevando a cabo una investigación sobre posibles casos de responsabilidad penal relacionados con la comisión de crímenes muy graves perpetrados en Venezuela desde 2014. Se investigan las presuntas responsabilidades individuales de aquellos que forman parte de las cadenas de mando del poder.

La sentencia se esperaba desde noviembre de 2023, fecha en la que se llevaron a cabo dos audiencias de apelación en relación con la investigación sobre Venezuela en la CPI.

📺Hoy a las 15:00(CET)-#Venezuela I situación: #CPI Los jueces dictarán sentencia acerca del recurso de apelación sobre la reanudación de las investigaciones.
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— CPI-Cour pénale int. (@CourPenaleInt) March 1, 2024

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Fiorella Tagliafico R.

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Esta decisión podría permitir al fiscal, Karim Khan, continuar la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, aunque aun falta la segunda audiencia planteada para este miércoles.

Participantes

En representación del oficialismo, asistieron el abogado británico Ben Emmerson, el canciller Yvan Gil, el secretario del Consejo de Derechos Humanos, Larry Devoe, y Karen García de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público.

Introducción a la audiencia

El juez Marc Perrin de Brichambaut inauguró la audiencia proporcionando antecedentes sobre el caso de Venezuela. Además, solicitó a las partes que se abstuvieran de mencionar información clasificada de la investigación, ya que la sesión se desarrolló en público.

El abogado británico Ben Emmerson fue el primero en tomar la palabra en representación del gobierno nacional. Argumentó que «el procedimiento previsto en el Estatuto de Roma en cuanto al principio de complementariedad no ha sido respetado».

Además, enfatizó deficiencias en la notificación de la Sala de Cuestiones Preliminares a Venezuela, argumentando que esta «no proporcionó información detallada suficiente».

La notificación carecía de detalles como la edad, fecha, ubicaciones específicas de los incidentes y el número aproximado de las víctimas o los responsables de los mismos.

Emmerson también señaló la falta de detalles relacionados con «informaciones relativas a los crímenes que la Fiscalía busca investigar».

¡Última Hora! “La Sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) concluyó que Venezuela, no está investigando los hechos penales que podrían constituir crímenes.» El Juez Marc Perrin de Brichambaut, detalló el motivo de las audiencias de apelación. pic.twitter.com/WE2Jnvjwj4

— Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) November 7, 2023

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Gabriel Velásquez

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Antecedentes de tensión

Un portavoz de la CPI recordó su constante condena a las «medidas coercitivas injustificadas» tomadas por las autoridades rusas contra funcionarios de la CPI en los últimos meses.

La CPI consideró estas medidas como inaceptables y reafirmó su compromiso con su mandato legítimo de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto.

CPI hace llamado a la protección y apoyo

La CPI enfatizó su «firme apoyo» a su personal y funcionarios y exhortó a todos los Estados Partes y partes interesadas del Estatuto de Roma a intensificar sus esfuerzos para proteger a la Corte, a su personal y a sus funcionarios, asegurando así su capacidad para cumplir con su mandato de manera independiente.

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Gabriel Velásquez

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Aunque el origen de esta actividad anómala aún no se ha revelado, la CPI ha tomado medidas inmediatas para abordar la situación y garantizar la seguridad de sus sistemas.

Alerta por actividad anómala en los sistemas informáticos

Este martes, la CPI emitió una declaración en la que informa sobre la detección de lo que califica como «una actividad anómala» en sus sistemas de información.

Esta preocupante situación fue identificada por los empleados del tribunal a finales de la semana pasada.

Respuesta inmediata y colaboración internacional

La CPI ha reaccionado de manera inmediata y en colaboración con las autoridades de los Países Bajos, donde tiene su sede en la ciudad de La Haya. Se han implementado medidas para mitigar el impacto de este incidente de ciberseguridad.

A pesar de la seriedad de la situación, la CPI ha optado por mantener la discreción en cuanto a los detalles de este incidente. No se ha proporcionado información sobre su posible origen ni sobre el alcance de los daños causados.

La Corte ha enfatizado que, por el momento, no se divulgará más información relacionada con el incidente.

Medidas continuas y prioridad en la seguridad

La CPI está trabajando activamente en la implementación de medidas adicionales de respuesta y seguridad, con la colaboración de las autoridades del país anfitrión.

Además, se ha subrayado la importancia de que el trabajo principal de la Corte continúe sin interrupciones mientras se maneja este incidente.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

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Esto se relaciona con la decisión de reanudar la investigación liderada por el fiscal Karim Khan en relación con presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Participación de las víctimas en la CPI

La orden de la Sala de Apelaciones señala que las víctimas tienen el derecho de participar en el procedimiento de apelación iniciado por el gobierno de Nicolás Maduro, para intentar frenar la continuación de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en el país.

Esta decisión resalta la importancia de dar voz a las víctimas y permitirles expresar sus opiniones y observaciones en relación con el caso.

La Sala de Apelaciones hace referencia a una solicitud previa de un grupo de 436 víctimas que deseaba presentar sus opiniones y observaciones en relación con la apelación de Venezuela.

Además, la orden resaltó la importancia de que las víctimas tengan la oportunidad de contribuir con sus perspectivas al procedimiento de apelación, lo que enriquece el proceso y garantiza una consideración completa de las cuestiones en juego.

Empoderamiento de las víctimas y transparencia

La decisión de permitir la participación de las víctimas en el proceso de apelación es un paso hacia el empoderamiento de aquellos que han sufrido y una muestra de transparencia en el sistema judicial internacional. La orden de la CPI reconoce la importancia de que las voces de las víctimas sean escuchadas en un asunto de tal envergadura.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

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Khan afirmó tras su visita a Venezuela que la apertura de la oficina permitirá aumentar la escala y el impacto de la presencia de la CPI en el país, con el fin de identificar y apoyar «esfuerzos significativos» para mejorar las iniciativas de Justicia.

En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

«Esta oficina tiene como propósito suministrar asistencia técnica a las instituciones del sistema de Justicia venezolano, de modo que también puede servir como una oportunidad para coadyuvar al rescate de la institucionalidad del sistema de Justicia», añadió el fiscal.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que esta oficina tendrá como objetivo principal la asistencia técnica, la formación y la cooperación, en el marco de la complementariedad a la que se comprometieron las partes mediante la firma de un memorando de entendimiento.

«El foco del Estatuto de Roma son los cuadros medios y altos de la cadena de mando, porque son ellos los encargados de prohibir, de reprimir, de prevenir y de impedir que se cometan estos hechos», señaló Gómez Guaimar.

El abogado indicó que la instalación de la oficina en Caracas parte de un diagnóstico de lo que está mal y se debe mejorar, por lo que también tendrá un efecto de supervisión sobre las acciones del Estado.

«Toda la relación va a ser de supervisión, efectivamente, uno de los aspectos más importantes que mucha gente no ha notado y que no entiende es que para que se produzca el mecanismo de complementariedad, es necesario que haya esta supervisión», manifestó.

Gómez Guaimara agregó que, para lograrlo, se requiere la plena voluntad del Estado para implementar reformas sustanciales y significativas y así «recobrar» la independencia del Poder Judicial y su funcionalidad.

«La asistencia técnica va a procurar fortalecer el sistema de Justicia en Venezuela (…) lo que resultaría razonable es que establecieran unos plazos o que determinara alguna forma de rendición de cuenta o establecimiento de resultados en relación con la gestión de esa propia asistencia», señaló.

El abogado aseveró que la asistencia técnica va más allá de la formación a funcionarios y buscará generar condiciones reales para que existan investigaciones y enjuiciamientos por crímenes de lesa humanidad.

Para lograrlo, Gómez destacó la necesidad de que exista transparencia en la gestión, así como una comunicación permanente con la sociedad venezolana y con todos los actores interesados en la gestión de la CPI, lo que incluye a las ONG y las presuntas víctimas.

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Víctor De Abreu

Khan fue recibido la noche de este jueves por el presidente venezolano Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, con el objetivo de establecer líneas de trabajo para que la CPI pueda desarrollar su trabajo en el país.

El encuentro se llevó a cabo en el despacho número 1 del Palacio de Gobierno, donde Khan estuvo acompañado por sus asistentes Jonathan Agar y Sarah Hishan; además de la asesora de cooperación internacional, Miia Aro Sánchez.

Khan sostuvo encuentro con Delcy Rodríguez y Gladys Gutiérrez

Horas antes de la reunión con el primer mandatario nacional, Khan se reunió con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, como parte de la agenda de su tercera visita al país.

Tanto las autoridades de la CPI como del Gobierno venezolano se abstuvieron de ofrecer detalles sobre los puntos tratados en esta reunión. Apenas se informó del encuentro a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), quien transmitió imágenes del saludo inicial.

Tras la reunión con la vicepresidenta, Khan se trasladó a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se reunió con la presidenta del Poder Judicial, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.

A través de una nota de prensa, el TSJ indició que Gutiérrez le ofreció al fiscal de la CPI «consideraciones acerca de los logros obtenidos y la gestión que realiza al frente del Poder Judicial venezolano, destacando la labor permanente que se desarrolla para garantizar a los y las justiciables la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la celeridad procesal».

Según la comunicación oficial, el encuentro también tomó en cuenta «los avances en la cooperación técnica prevista en el Memorándum de Entendimiento, en las materias que atañen al Poder Judicial venezolano, de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable».

En el encuentro también participaron el magistrado Edgar Gavidia Rodríguez y el magistrado Henry José Timaure Tapia, primer y segundo vicepresidente del TSJ, respectivamente; el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y agente del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Dr. Larry Devoe; así como el Dr. Federico Fuenmayor y el Dr. Julio Arias, asesores del Despacho de la Presidencia del TSJ.

Presidenta del TSJ sostuvo reunión con el Fiscal de la Corte Penal Internacional https://t.co/6ATUSEOff2 pic.twitter.com/IspSSd8DpA

— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) June 9, 2023

Más temprano, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que sostuvo un encuentro con el fiscal Karim Khan, con el fin de evaluar la implementación del memorando de entendimiento suscrito entre el Estado y la CPI en noviembre de 2021.

«Hemos culminado la reunión en el despacho del @MinpublicoVEN con el ciudadano Fiscal de la CPI Karim Khan: donde intercambiamos opiniones en relación a los logros en materia de protección de los Derechos Humanos en #Venezuela», indicó Saab a través de su cuenta en la red social Twitter.

#AHORA… hemos culminado la reunión en el despacho del @MinpublicoVEN con el ciudadano Fiscal de la CPI @IntlCrimCourt Karim Khan: donde intercambiamos opiniones en relación a los logros en materia de protección de los Derechos Humanos en #Venezuela pic.twitter.com/s4p8EbwHdA

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 8, 2023

Asimismo, la reunión entre Saab y Khan estuvo enfocada en «la implementación del Memorándum de entendimiento, suscrito entre el Estado Venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», agregó el fiscal.

Actualización informativa

Así, en esta breve visita a Venezuela, el fiscal Khan se reunió con Maduro, el fiscal Saab, la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero no con las víctimas. Tampoco hubo declaración a la prensa sobre la agenda.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) criticó este viernes la falta de información de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la visita del fiscal Karim Khan al país.

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Víctor De Abreu

La información fue dada a conocer por Khan durante una rueda de prensa al concluir su agenda en Colombia, donde se reunió con el primer mandatario de ese país, Gustavo Petro.

“El derecho y la justicia internacional es demasiado importante como para dejarla a jueces y fiscales (solamente), todo el mundo debe tener una participación. Después de esta misión a Colombia y a Venezuela, cuando yo regrese, tendré unas reuniones con la sociedad civil”, indicó el fiscal en declaraciones a la prensa.

De momento, las autoridades del gobierno venezolano no han confirmado una nueva visita del fiscal Khan.

La organización de Derechos Humanos Provea confirmó la visita del fiscal a través de su cuenta en Twitter, al tiempo que rechazó que no existiera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades venezolanas.

“Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anuncia que visitará Venezuela tras finalizar hoy su visita oficial a Colombia. Para Venezuela, opacidad total. No hubo ningún anuncio oficial de las autoridades venezolanas sobre la visita a Venezuela del fiscal”, indicó la ONG a través de Twitter.

URGENTE

Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anuncia que visitará Venezuela tras finalizar hoy #7Jun su visita oficial a Colombia:

“El derecho y la justicia internacional es demasiado importante como para dejarla a jueces y fiscales, debe incluir a todo el mundo”… pic.twitter.com/TXUOMBCELr

— PROVEA (@_Provea) June 7, 2023

«Para Venezuela opacidad total. No hubo ningún anuncio oficial de las autoridades venezolanas sobre la visita a Venezuela del Fiscal. Mientras que para Colombia la visita fue anunciada desde el 26 de mayo por un magistrado y luego ratificada el 31 de mayo por el presidente, Gustavo Petro, la cual inició el 5 de junio en ese país», agregó la organización.

Gobierno venezolano rechaza el trabajo de Karim Khan

El gobierno venezolano rechazó en los últimos meses la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Ejecutivo por crímenes de lesa humanidad, así como el trabajo que ha realizado el fiscal Karim Khan en el acompañamiento de las denuncias.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusó a Karim Khan a finales de abril de perseguir jurídicamente a Venezuela, al tiempo que apoya la exigencia del Gobierno venezolano de que se detenga la investigación de la CPI por crímenes de lesa humanidad, como requisito para reanudar el diálogo político con la oposición venezolana.

“La paralización de ataques en tribunales internacionales, eso incluye la Corte Penal Internacional, manejada por Estados Unidos, con un fiscal designado por Estados Unidos, solo para perseguir a Venezuela”, indicó Cabello en su programa Con el Mazo Dando.

Días antes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que la reanudación de la mesa de negociación con la oposición dependía del cese de la investigación en la Corte Penal Internacional (CPI), así como el levantamiento de las sanciones y la liberación de los activos en el exterior.

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Víctor De Abreu

“OTPLink proporcionará un punto de acceso único y claro. Esta innovadora aplicación combina el uso de la tecnología moderna avanzada y el derecho internacional, brinda a los usuarios un método seguro y sin problemas para presentar evidencia potencial en tiempo real desde cualquier dispositivo habilitado para la web, acercando de manera efectiva los eventos relevantes a la sala del tribunal”, informó Khan.

El fiscal aseguró que la nueva plataforma “garantiza que la información se recopile de forma rápida, segura y segura”, al tiempo que aseveró que la misma agiliza el proceso de revisión manual tradicional, «al permitir que la Oficina maneje mayores volúmenes de información utilizando Inteligencia Artificial (AI) y Machine Learning (ML) para ofrecer una mayor comprensión de la información recibida, reduciendo significativamente el tiempo requerido para revisarla y actuar en consecuencia”.

Khan destacó que la aplicación cumple con los estándares internacionales de manejo de evidencia, mediante el uso de un rastro de cadena de custodia digital, con el fin de preservar la integridad de la evidencia.

“Espero que el lanzamiento de OTPLink empodere aún más a todas nuestras partes interesadas, ya sean comunidades afectadas, la sociedad civil o las autoridades nacionales, permitiéndoles compartir información de manera más fácil y segura con mi Oficina, y fortaleciendo la base de nuestro trabajo común para hacer justicia por los crímenes del Estatuto de Roma”, concluyó Khan.

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El Ministerio de Interior ruso publicó una captura de pantalla de su sistema de búsqueda, en el que figura la foto y otros datos personales del fiscal, quien preside la CPI.

Hace pocos días, el presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexandr Bastrikin, anunció que también emitirían orden de captura contra los demás jueces de la CPI: Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y el costarricense Sergio Gerardo Ugalde Godínez.

La CPI emitió el pasado 17 de marzo una orden de arresto contra Putin como “presunto responsable” del secuestro de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que representa un crimen de guerra.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) respondió a la orden de arresto e inició una investigación penal contra el fiscal y los jueces de la CPI, al señalar que la persecución penal del presidente ruso “tiene un deliberado carácter ilegal, ya que no hay motivos para imputar una responsabilidad criminal”.

Según el CIR, las acciones del fiscal representan delitos contemplados por el código penal ruso, al adoptar medidas contra el representante de un Estado protegido por las normas internacionales “con el fin de entorpecer las relaciones internacionales”.

El organismo ruso aseveró que, de acuerdo con las convenciones internacionales, los jefes de Estado tienen “inmunidad absoluta” con respecto a la jurisdicción de otros países.

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Los jueces rechazaron la autorización solicitada por el régimen para presentar una réplica al informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), que recopiló los testimonios de más de 8.900 víctimas en apoyo a la investigación del fiscal de la CPI, Karim Khan.

“La Sala no otorgará a Venezuela tal autorización en el presente caso (…) el Informe VPRS transmite las opiniones y preocupaciones de las posibles víctimas. En esta etapa, ninguna víctima ha sido admitida para participar en el proceso y, por lo tanto, el nivel de respuesta previsto por Venezuela no se justifica en la etapa actual. En estas circunstancias, la Sala no considera necesario recibir comunicaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en este procedimiento”, señalaron los jueces en su decisión.

Con esta decisión, la CPI reanudará la investigación contra altos funcionarios del gobierno venezolano, así como a los cuerpos de seguridad del Estado, por presunta violación de los Derechos Humanos (DDHH).

Hace pocos días, la Corte emitió un comunicado para notificar que no le entregará al gobierno de Nicolás Maduro los datos personales de las 8.900 víctimas que realizaron las denuncias, al tiempo que aseveró que la información era de estricta confidencialidad y solo puede recibirla el personal autorizado.

La ley se adoptó como respuesta a lo que el presidente de la Cámara Baja, Viacheslav Volodin, describió como «acciones ilegales de organizaciones internacionales, en partícular de la CPI».

La nueva ley establece que aquellos que cooperen con organizaciones internacionales y órganos estatales extranjeros cuyas decisiones se contradigan con la legislación nacional serán perseguidos y sancionados con cárcel y altas multas. Esto se debe a la reforma constitucional controvertida de 2020, que situó las leyes rusas por encima de las internacionales.

La ley puede ser empleada para restringir las libertades

La medida ha sido criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes temen que esto dificulte aún más el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y de los crímenes de guerra. Además, algunos temen que esta ley sea utilizada para restringir la libertad de prensa y la labor de las organizaciones no gubernamentales.

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Gabriel Velásquez

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“La Corte maneja la información recibida con estricta confidencialidad. Esto significa, por ejemplo, que en los procedimientos relacionados al Artículo 18(2), la VPRS registra la información (solicitudes, vídeos, correos electrónicos, etc.) presentada por las víctimas en una base de datos segura a la que solo tiene acceso el personal autorizado de la Secretaría“, explicó el tribunal al mismo tiempo que justificó tal decisión por la seguridad de los afectados.

Administración venezolana no tendrá acceso a la documentación de las víctimas

El tribunal internacional también añadió que, la información sólo se transmite a la Sala, por lo que ninguna otra entidad tendrá acceso a ella, por lo tanto, «la Fiscalía y el gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, vídeos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre”.

La respuesta de la corte se da luego de que la administración de Nicolás Maduro solicitara a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI autorización para presentar una réplica al informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), que recopiló los testimonios de las víctimas en apoyo a la investigación por crímenes de lesa humanidad.

Estricta confidencialidad.

El Gobierno de Venezuela no tiene ni tendrá acceso a los formularios, nombres, vídeos y otros documentos presentados por las víctimas a la Corte Penal Internacional.

Esta información delicada solo se transmite a la Sala que solicitó una consulta por… pic.twitter.com/KOXPkXCuMa

— PROVEA (@_Provea) April 28, 2023

#Venezuela: Pese a los intentos del gobierno de tratar de retrasar el proceso, es muy probable que en los próximos 4 meses la Corte Penal Internacional (@IntlCrimCourt) decida autorizar la continuación de la investigación, actualmente suspendida.

— Mariano de Alba (@marianodealba) April 28, 2023

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Gabriel Velásquez

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La Sección de Participación de Víctimas y Reparaciones (VPRS) fue encargada de recopilar las opiniones e inquietudes ante la solicitud de la Fiscalía. Como resultado de la amplia participación de las víctimas, la sección referida recibió 1.875 solicitudes que contenían formularios, videos y correos electrónicos.

La sala ordenó a la VPRS que presentara las observaciones de las víctimas junto con un informe consolidado antes del 20 de abril de 2023, lo que explica la publicación del informe en la fecha de hoy.

El documento, que tiene 57 páginas, no contiene información que identifique a las víctimas o cualquier otra persona u organización que haya participado en el proceso. Esto garantiza que el gobierno de Venezuela no tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas.

#Venezuela. URGENTE: La Sala de Víctimas de la @IntlCrimCourt informa:
La Sala ordenó a la VPRS que transmitiera las observaciones de las víctimas y que las presentara junto con un informe consolidado al respecto y fijó como fecha límite el 20 de abril de 2023.

— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) April 21, 2023

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Gabriel Velásquez

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Según el informe presentado por Khan, el Estado venezolano no ha demostrado que la CPI carece de jurisdicción y que las investigaciones presentadas por Venezuela «no reflejan suficientemente la investigación prevista por la Corte» porque, a su juicio, no se han hecho averiguaciones reales contra la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.

Así, dicha la Fiscalía considera que hay una «base razonable» para pensar que en Venezuela sí hubo vulneraciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, que deben ser ser investigadas a fondo y ser procesadas en caso de ser necesario.

Sin embargo o no obstante, reconoció los esfuerzos del Estado para adelantar procesos legales y esclarecer los hechos, pero advierte que han sido pocos en relación a la cantidad de denuncias y que las investigaciones solo tocaron a funcionarios de bajo rango y autores materiales, sin escalar a otras instancias responsables a nivel intelectual.

Aspectos resaltantes del documento de la CPI

#SepaQue La Fiscalía de la Corte Penal Internacional desestimó cada uno de los argumentos presentados por el gobierno de Nicolás Maduro, que pretendían negar que en Venezuela se cometieron delitos y ataques sistemáticos contra la población civil. https://t.co/qMaxZ2FORT

— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) April 1, 2023

La Fiscalía de la CPI refutó el argumento del Estado respecto a la transitoriedad de las detenciones durante las manifestaciones, alegando que el hecho de argumentar que fue un tiempo breve el que estuvieron tras las rejas los manifestantes, «no desaplica los elementos materiales para la privación de la libertad física».

De igual forma, indica que para que haya una acusación de supuesta tortura, obligatoriamente la víctima tiene que estar bajo custodia o bajo control de quien ejerce la acción, por lo que la Fiscalía de la CPI señala que grupos civiles armados pueden ejercer este tipo de acciones al igual que funcionarios adscritos a cuerpos de seguridad.

En el documento-respuesta se diferencia también y señala que los delitos por tratos crueles y violación u otras formas de violencia sexual, se componen de elementos distintos y contemplan diferentes intereses y daños protegidos.

«Una investigación o condena por los delitos anteriores puede no abordar necesariamente todos los mismos hechos ni reflejar el daño diferenciable sufrido por una víctima del delito de violación o de otras formas de violencia sexual», señala el texto.

Además, refuta que exista incertidumbre respecto al delito de persecución, como alega el Ejecutivo venezolano, y recuerda que es considerado un crimen desde 1945.

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“Es necesario introducir cambios en la legislación que prohíban cualquier actividad del CPI en territorio de nuestro país y también estudiar la responsabilidad por cooperar y apoyar al CPI”, afirmó el funcionario a través de su cuenta de Telegram.

Volodin calificó la medida de «agresión» contra Rusia y abogó por suscribir acuerdos bilaterales con países amigos que contemplen “la renuncia mutua a cooperar con el tribunal de La Haya”.

Asimismo, pidió que Putin “tenga el derecho de adoptar cualquier acción para la defensa de los ciudadanos rusos en caso de que las estructuras internacionales tomen decisiones que se contradigan con las normas de la Constitución de Rusia”.

Volodin, quien hizo la solicitud ante la cámara baja del Parlamento, recordó que la constitución rusa incluye un punto donde se le otorga prioridad a la legislación nacional sobre la internacional.

“En territorio ruso no se cumplen las decisiones del Tribunal Penal Internacional, el Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos y otros institutos marionetas que Washington utiliza para sus propios intereses”, explicó.

El representante del gobierno ruso indicó que EEUU también cuenta con una legislación que protege a sus militares, por lo que ninguno de ellos puede ser arrestado por la CPI.

Asimismo, el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitri Medvédev, advirtió que una eventual detención de Putin equivaldría a declararle la guerra a Rusia.

La CPI considera a Putin “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños ucranianos, lo que es considerado por el tribunal como un crimen de guerra que ha sido denunciado varias veces por Ucrania.