Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) lo declaró culpable y le impuso el máximo de la pena, además de ordenar su «incapacidad perpetua para el desempeño de ejercer cargo público».

Los jueces aseguraron que la empresa china pagó recursos millonarios hacia un círculo empresarial que luego fueron distribuidos a distintas sociedades y personas, incluidos integrantes del núcleo familiar del exmandatario. Los hechos ocurrieron cuando Moreno era vicepresidente del exmandatario Rafael Correa (2007-2017).

Además de Moreno, en este caso estaban imputadas otras 20 personas, entre ellas su esposa, Rocío González; su hija Irina, sus hermanos Edwin y Guillermo; su cuñada Marta González; su amigo Conto Patiño, y el exembajador de China Cai Runguo, quienes también fueron declarados culpables.

González, su hija y el resto de su familia fueron condenados a dos años y seis meses de cárcel; mientras que Patiño y el exembajador chino recibieron los mismos cinco años que Moreno.

Los jueces aceptaron la teoría de la Fiscalía, que acusó al exmandatario y su familia de recibir más de un millón de dólares de un total de 76 millones de dólares en sobornos que la compañía china Sinohydro pagó para que la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con una potencia de 1.500 megavatios, pueda llevarse acabo con financiamiento del Eximbank.

De acuerdo con los magistrados, Moreno utilizó su cargo como vicepresidente para intervenir en un «ámbito ajeno a su rectoría» con el objetivo de favorecer a Sinohydro, y por ello obtuvo beneficios a través de terceras personas.

Sin embargo, el expresidente aseguró que no había recibido «ni un solo centavo de Sinohydro» y que el caso supuestamente había sido fabricado por Correa para vengarse de él.

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«Los déficit de energía que tenemos se deben a la corrupción de este régimen. No tienen moral para venir a pedirle a los venezolanos que ahorren energía eléctrica», manifestó Andrés Velásquez en referencia al llamado de ahorro de energía por parte del gobierno venezolano.

En este contexto, el opositor llamó a los venezolanos a no ser complacientes con el gobierno: «Hay que protestar. Hay que exigir derechos que son derechos humanos al final de cuentas para todos los venezolanos».

Para Velásquez, el problema de las fallas en el sistema eléctrico se resuelve con un cambio de gobierno, para así dar paso a uno nuevo que con «profesionalismo, seriedad y compromiso» trabaje en una solución.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras y «saboteos», principalmente las estadounidenses.

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«Si alguien ha enfrentado la corrupción hemos sido nosotros, tratamos de hacer el trabajo en secreto, en silencio, como debe ser. En los últimos dos años han sido retirados de los organismos (policiales) y pasados a juicio (…) 28.314 funcionarios», dijo Diosdado Cabello durante un acto con motivo de la «gran» consulta sobre la reforma del sistema de justicia que propuso la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

En el acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el número dos del oficialismo indicó que otro problema que enfrenta el sistema es «la discrecionalidad con la que trabajan las policías estadales y municipales».

Problemas de corrupción y retardo procesal

Venezuela comenzó el pasado 1 de junio un proceso de consulta nacional para reformar su justicia penal, con la puesta en macha de un plan para discutir nueve «grandes temas», entre ellos el retardo procesal, el acceso a la justicia, así como la ética y la independencia del Poder Judicial, acusado por opositores de estar al servicio del gobierno.

El proceso inició por orden de la presidenta encargada, luego de denunciar y reconocer problemas de corrupción y retardo procesal.

Según dijo la propia presidenta el pasado 23 de mayo, tras un primer análisis, se encontraron tres grandes desafíos, entre ellos, los dos mencionados anteriormente y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales «menos favorecidos.

El fiscal general, Larry Devoe, explicó el pasado 1 de junio, durante la instalación de la consulta, que este proceso se hará para escuchar la opinión de todos los sectores e involucrados en el funcionamiento diario del sistema de justicia penal como comunidades organizadas, movimientos de derechos humanos, mujeres, campesinos, indígenas, jóvenes y trabajadores.

Devoe, quien fue nombrado fiscal el pasado abril, dijo que se discutirán nueve grandes temas: la política criminal en la Venezuela del siglo XXI, el acceso a la justicia, la ética, la autonomía y la independencia, las garantías del debido proceso y la celeridad procesal, la eficiencia y la calidad en la organización y funcionamiento del sistema de justicia penal.

Igualmente, debatirán sobre el talento humano del sistema de justicia penal, la infraestructura, equipamiento y dotación del sistema y las herramientas tecnológicas para el acceso a la justicia.

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La organización califica el caso como la trama de corrupción más importante del siglo en la principal industria del país.

Puntos destacados de la solicitud

Transparencia judicial: Neirlay Andrade, representante del PCV, insistió en que las deliberaciones deben ser abiertas para que el país conozca las responsabilidades políticas y penales de los involucrados, especialmente al tratarse de recursos de la nación.

Contexto de la detención: El Aissami fue arrestado en abril de 2024 tras un año de opacidad sobre su paradero, vinculado a una red que realizaba operaciones petroleras ilegales mediante el uso de criptoactivos y asignaciones de crudo sin controles administrativos.

Nuevos informes de audiencias: La petición surge en medio de reportes extraoficiales sobre el inicio de las audiencias de juicio, proceso sobre el cual las autoridades del Ministerio Público no han emitido información detallada recientemente.

Otros implicados: El caso, que suma más de 60 detenciones, incluye a figuras de alto perfil como el exministro de Economía, Simón Zerpa, capturado tras delaciones de testigos clave.

Antecedentes: El Aissami, quien fue vicepresidente de la República (2017-2018), también enfrenta señalamientos internacionales, incluyendo sanciones de EEUU desde 2017 por presunto tráfico de narcóticos.

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«El día de hoy se radicarán ante la judicatura dos solicitudes de formulación de imputación en contra del señor Ricardo Roa«, dijo el lunes a periodistas el fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl González Flechas.

Según el fiscal, una de las imputaciones se debe a que durante la gestión de Roa como gerente de campaña del Pacto Histórico, se superaron «los topes legalmente previstos para este tipo de eventos electorales«.

La segunda imputación es «por un tema de tráfico de influencias a favor del señor Juan Guillermo Mancera«, quien fue favorecido con una contratación por parte de Ecopetrol tras participar previamente en un negocio con Ricardo Roa en la venta de un apartamento.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había sancionado en noviembre pasado a la campaña presidencial de Petro por violar los topes de financiación en más de 3.500 millones de pesos y por recibir aportes ilegales.

En el caso de tráfico de influencias, la imputación se basa en denuncias de que Mancera, un coronel retirado de la Policía, supuestamente pagó un lujoso apartamento adquirido por Roa en Bogotá. Según el fiscal González, la audiencia de imputación de cargos se hará en la fecha que indiquen los juzgados y no incluye medida de aseguramiento contra el presidente de Ecopetrol.

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La decisión judicial fue confirmada por Maria Nela Prada, la exministra de la Presidencia de Arce, quien denunció a los medios que «todas las decisiones ya vienen definidas» sin presumir «en ningún momento su inocencia como principio constitucional, sino su culpabilidad».

«Lamento que se haya confirmado la detención preventiva en (la cárcel de) San Pedro, pese a todos los argumentos que presentó su defensa», declaró Prada al salir del penal, ubicado en el centro de la ciudad de La Paz.

Según la exministra, la Fiscalía argumentó que se mantienen los riesgos de fuga y de obstaculización porque, según esa entidad, Arce registró un domicilio donde actualmente no vive y tampoco tiene un trabajo establecido.

La exministra afirmó que, tras la nueva decisión de la Justicia, está segura de que Arce «es un preso político».

El viernes 12 de diciembre, el juez anticorrupción Mario Helmer Laura ordenó la detención preventiva de Arce en el penal de San Pedro por cinco meses, investigado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Según la Fiscalía, cuando Arce era ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) autorizó desembolsos de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial. El Ministerio Público sostiene que hubo «más de 3.500 proyectos» financiados por el Ministerio de Economía, de los que «ni la mitad han sido concluidos».

La Fiscalía aclaró que el proceso contra Arce es por acciones que realizó siendo ministro de Economía, por lo que le corresponde un proceso en la vía ordinaria y no un juicio de responsabilidades, como reclama su defensa. Desde que dejó la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, Arce se dedicó a dar clases de economía en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Desde el pasado viernes permanece en el sector ‘Posta’ de San Pedro, considerado uno de los más «privilegiados» de esa cárcel.

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A continuación presentamos las claves para entender el nuevo intento de «golpe de Estado» que denuncia Arévalo de León, quien cumplirá en enero próximo su segundo año como mandatario de los cuatro que le corresponden, de acuerdo con la ley de Guatemala.

Victoria electoral y primer intento de derribo

Arévalo de León ganó en agosto de 2023 de manera sorpresiva los comicios en Guatemala con un discurso anticorrupción de la mano del partido Movimiento Semilla, en una elección que, según expertos, fue pavimentada para la victoria de candidatos afines al Ministerio Público y Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024).

Esto fue así, argumentan los analistas, porque el Tribunal Supremo Electoral bloqueó las postulaciones de los empresarios Carlos Pineda y Roberto Arzú, además de la líder indígena Thelma Cabrera, todos con posibilidades de triunfo.

Unos días después de su victoria en las urnas, el 1 de septiembre, Arévalo de León denunció por primera vez los intentos de «golpe de Estado» por parte del Ministerio Público que dirige Consuelo Porras y un grupo de actores «corruptos», en sus palabras, quienes buscaban deslegitimar a su partido y así evitar su investidura en enero de 2024.

Acusación de fraude sin fundamentos

Posteriormente, el Ministerio Público encausó sus intentos por derribar a Arévalo de León con acusaciones de fraude en las elecciones y, por primera vez en la historia de Guatemala, fueron decomisadas cajas con votos tras allanar el Tribunal Supremo Electoral.

Sin embargo, pese a sus reiterados intentos, a la fecha la Fiscalía nunca pudo comprobar irregularidades en unos comicios avalados por observadores internacionales y por miles de guatemaltecos que conformaron las juntas electorales.

Una investidura accidentada

El 14 de enero de 2024, Arévalo de León tomó el cargo en una accidentada investidura, de madrugada y con casi 12 horas de retraso, pese a las amenazas de actores políticos vinculados al Ministerio Público que advertían que no habría toma de posesión.

En un hecho sin precedentes, el presidente saliente, Alejandro Giammattei, nunca se presentó a entregar el mando y el embajador de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Peyker, relató este año en una entrevista con EFE que el apoyo de la comunidad internacional fue trascendental para avanzar con la toma de posesión ese día.

Sin partido político

Al fallar en su nuevo intento de desacreditar la victoria electoral, el Ministerio Público, sobre el que recaen cientos de acusaciones de corrupción desde que tomó posesión Porras en 2018, promovió en 2024 un proceso judicial en contra del Movimiento Semilla por supuestas firmas falsas en la creación del partido en 2018.

Bajo esa misma premisa, la Fiscalía capturó a afiliados del Movimiento Semilla, incluido el abogado Eduardo Masaya, uno de los miembros iniciales de la agrupación política, quien ha relatado que durante su estancia de varios meses en la prisión fue presionado para que aceptara los cargos en su contra y así validar la acusación sobre el partido político.

El nuevo intento de la fiscalía de Guatemala

La última maniobra por parte del Ministerio Público tuvo lugar el pasado viernes cuando el juez penal Fredy Orellana (también sancionado por Estados Unidos) ordenó al Tribunal Supremo Electoral que designara como vacante el puesto de presidente debido a que el partido Movimiento Semilla quedó suspendido, pese a que la ley no le permite dicha atribución.

Es por ello que Arévalo de León envío un mensaje a la nación en cadena nacional el pasado domingo para denunciar un nuevo «golpe de Estado» en su contra por parte de Orellana, a quien catalogó como «sicario» bajo las órdenes de Porras.

El mismo domingo, la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reafirmó que los comicios que dieron la victoria a Arévalo fueron legítimos e hizo un llamado a respetar ese resultado.

Aunque muchos de sus votantes exigen al presidente que remueva a Porras del cargo, Arévalo se ha rehusado ya que la ley al respecto es ambigua, por lo que todo apunta a que tendrá que convivir con la fiscal general hasta mayo del próximo año y resistir los nuevos y próximos embates del Ministerio Público.

De interés: Guatemala expulsó más de 22.600 migrantes en situación irregular durante 2024

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El Tribunal Oral Federal 2 había condenado en diciembre de 2022 a Fernández por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos por la causa conocida como «Vialidad», en la que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa y sucesora Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

El tribunal de alzada compuesto por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña resolvió hoy «condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».

Esta decisión obstaculizaría una posible candidatura de la exmandataria en las elecciones legislativas previstas para el año próximo, aunque se prevé que Fernández presente una apelación ante la Corte Suprema, un proceso que podría extenderse por varios meses o incluso años.

Argumentos de Fernández

Fernández, quien ha asegurado en varias oportunidades ser blanco de ‘lawfare’ (hostigamiento judicial y político), sostuvo que la causa «Vialidad» es un «show» cuyo «verdadero objetivo» es lograr su ihabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad.

Además, denunció falta de imparcialidad de los jueces que confirmaron su condena y destacó sus vínculos con el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).

Más allá de ratificar la condena por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, la Cámara rechazó el pedido de la Fiscalía de condenarla también por el delito de asociación ilícita y ratificó las condenas a otros de los implicados.

Por otra parte, los jueces confirmaron las absoluciones del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal.

Gracias ❤️ pic.twitter.com/HsRM6Eft6R

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 13, 2024

De interés: Cristina Fernández investigada por lavado de dinero

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Fuente de imagen referencial: EFE/Juan Igancio Roncoroni

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Cuong, de 67 años y con una larga carrera militar, fue elegido presidente con pleno de votos a favor (440) y juró el cargo en la misma sesión parlamentaria, celebrada a puerta cerrada, según VOV, la emisora de radio nacional vietnamita, controlada por el gobernante Partido Comunista.

Exdirector del departamento político del Ejército vietnamita, Cuong ocupará el cargo hasta 2026 y sustituye a To Lam, también secretario general del Partido Comunista, la máxima autoridad del país, quien cedió el puesto para preservar el reparto de poderes.

Elección en Vietnam

La elección de Cuong sucede en años volátiles en la hermética política vietnamita. La presidencia era ocupada desde mayo por To Lam, exministro de Seguridad Pública, quien relevó al presidente Vo Van Thuong después de que este dimitiera el pasado marzo, tras ser acusado de irregularidades no especificadas.

A su vez, Thoung fue nombrado presidente un año antes en sustitución de Nguyen Xuan Phuc, quien dimitió por prácticas corruptas ocurridas bajo su mando.

En los últimos años, Vietnam ha llevado a cabo una campaña anticorrupción sin precedentes que se ha llevado por delante a altos cargos políticos y empresariales hasta hace poco intocables y que fue impulsada en 2016 por el exsecretario general del Partido Comunista vietnamita, Nguyen Phu Trong, fallecido el pasado julio y reemplazado por To Lam.

Aunque la presidencia del país es un cargo con menos poder que el de secretario general del Partido Comunista o el de primer ministro, Thuong estuvo situado en primera línea de cara a una posible sucesión al frente del partido en el Congreso previsto para 2026.

Campaña anticorrupción

La campaña anticorrupción fue vista por algunos analistas como un pretexto para que imperara la facción del partido más apegada a los principios marxistas y al acercamiento con China, frente a la más aperturista y proestadounidense.

Se trata de una hipótesis similar a la surgida después de que el presidente chino, Xi Jinping, iniciara en 2012 una vasta campaña anticorrupción que defenestró a algunos de los políticos más prominentes del país, en principio miembros de facciones opuestas a la del dirigente del Partido Comunista de China.

Máxima autoridad del país, To Lam eligió China para su primer viaje oficial al extranjero tras ser nombrado secretario del Partido Comunista en agosto, si bien Vietnam continúa con su ‘diplomacia del bambú’, por su pretendida neutralidad entre las potencias.

Durante la sesión parlamentaria, el primer ministro, Pham Minh, también afirmó que el país tratará de alcanzar un crecimiento de entre el 7 y el 7,5 % del PIB en 2025, lo que lo consolidaría como uno de los de mayor crecimiento en Asia.

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La acusación, que se dio a conocer en la corte federal para el distrito sur de Nueva York, en Manhattan, a solo unos pasos de la Alcaldía, convierte a Adams, exsenador estatal y excapitán de la Policía, en el primer alcalde de esta ciudad en ser imputado mientras está en funciones.

Los cargos fueron presentados después de que recientemente los fiscales federales exigieran a la Alcaldía que revelara todas las comunicaciones entre la administración de Adams con Turquía y otros cinco países.

Adams negó reiteradamente haber hecho algo indebido, y además aseguró que se defenderá y que no renunciará, aunque la gobernadora del estado, Kathy Hochul, tiene potestad para destituirlo, luego de un proceso que comenzaría con suspenderlo durante 30 días y darle la oportunidad de escucharle en su defensa.

Según la acusación de 57 páginas, tras convertirse Adams en presidente del condado de Brooklyn en 2014, y por cerca de una década hasta llegar a la alcaldía, «buscó y aceptó beneficios valiosos e indebidos», como viajes internacionales de lujo, incluso de empresarios extranjeros adinerados y al menos de un funcionario del gobierno turco que buscaba tener influencia sobre él.

Indica además que en 2018, tras dar a conocer su intención de ser candidato a la alcaldía, aceptó y buscó contribuciones ilegales para su campaña en 2021, así como otros bienes de diverso valor.

Otros señalamientos contra Adams

La acusación asegura que a medida que el poder de Adams crecía, sus benefactores extranjeros buscaron sacar provecho de esas relaciones, particularmente cuando, en 2021, quedó claro que sería el próximo alcalde de la ciudad.

Adams tiene puesta su mirada en la reelección para un segundo mandato y, según este documento, ya estaba planificando solicitar más contribuciones ilegales y accediendo a solicitudes de quienes le apoyaron en 2021.

La acusación indica que esas donaciones de contribuyentes ricos fueron encubiertas a través de testaferros en EE.UU. y que las empresas lo hicieron por medio de múltiples empleados, evadiendo así la ley que busca prevenir la influencia extranjera en las elecciones estadounidenses y reducir el poder corporativo en la política, algo de lo que Adams era consciente.

Asegura que Adams «robó fondos públicos» al usar esas donaciones aprovechándose de una un programa de fondos de Nueva York.

Incluso indica que un funcionario turco que hizo donaciones a través de testaferros facilitó que Adams y sus acompañantes viajaran gratis o con descuento en la aerolínea nacional de Turquía a ese país y otros destinos como Francia, China, Sri Lanka, India y Hungría. Adams viajó gratis dos veces a Turquía en 2015.

Ese funcionario, junto a otros turcos hicieron distintos arreglos para que Adams y sus acompañantes se alojaran gratis en hoteles de lujo, comieran en restaurantes costosos y disfrutaran de entretenimiento sin pagar por ello mientras estuvieran en Turquía y a su regreso no informó de los beneficios obtenidos durante el viaje como se exige a empleados públicos y candidatos.

En uno de sus viajes a Turquía en 2019 solicitó contribuciones para su campaña por lo que se le puso en contacto con un empresario rico de ese país, que aportó 50.000 dólares.

En su lugar, la acusación indica que Adams trató de ocultar los beneficios creando documentos falsos con la ayuda de empleados a los que instruyó para ayudarlo.

A cambio de esos beneficios el funcionario turco pidió a Adams que como alcalde presionara a funcionarios del Departamento de Bomberos para que autorizaran la apertura de un edificio que albergaría el consulado de ese país en Manhattan -frente a Naciones Unidas- que no habían aprobado por problemas de seguridad.

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El alto tribunal «determinó declaración del presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco», como parte de la investigación contra los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal).

«La declaración del presidente Petro y del ministro Jaramillo se hará por certificación juramentada«, señaló la Corte Suprema en un comunicado.

Igualmente «ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara para obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional«, de las cuales la primera se hundió en su trámite legislativo y la segunda se convirtió ley.

Apoyo para reformas de Petro

El llamado al mandatario ocurre luego de que el exdirector de la UNGRD Olmedo López asegurara ante la Corte que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) recibió dineros del Estado a través de contratos de esta entidad, sumida en un escándalo de corrupción.

En una declaración que dio el mes pasado a investigadores de la Corte Suprema de Justicia, revelada el martes por Noticias Caracol, López aseguró: «Esto es un entramado que recoge desde ministros hasta contratistas, pero en el medio hay otros funcionarios (…) y toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte».

«El nombre que dice ese papel que le mostré a la Fiscalía y que reza en el resumen de mi declaración (…) es el ELN y su gran influencia en el departamento de Arauca (fronterizo con Venezuela)», añadió López.

El escándalo en la UNGRD comenzó cuando medios locales revelaron la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.

A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes a cambio del apoyo en el Congreso para las reformas sociales del presidente Petro.

En ese sentido, López involucró ante la Corte al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al hablar de la «entrega de contratos» para lograr que las comisiones del Congreso le aprobaran proyectos, como adiciones presupuestales.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

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En su decisión, los jueces aseguraron haber buscado el equilibrio entre las necesidades de la defensa a la hora de preparar a su cliente en medio de una guerra con el interés del público para que el proceso avance, recoge la prensa israelí.

Hace dos días, la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, propuso que el testimonio del primer ministro tuviera lugar no más tarde del 1 de noviembre, mientras que la defensa había solicitado retrasarlo hasta marzo del año que viene.

Netanyahu está acusado desde 2019 de fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos separados de corrupción y se le imputa la recepción de regalos a cambio de favores y supuestos tratos de favor para recibir una cobertura positiva de los medios sobre él y su familia.

Defensa de Netanyahu

Hace dos semanas, sus abogados pidieron que el mandatario no tuviera que testificar hasta marzo de 2025, ya que «en la realidad actual, en la que se requiere a la defensa preparar al primer ministro para ofrecer testimonio en medio de una guerra, el período necesario (…) es mucho más largo» de lo habitual, según la solicitud.

El proceso comenzó en mayo de 2020, pero quedó en segundo plano en 2022 y casi no tuvo peso en la campaña para los comicios del 1 de noviembre de ese año, tras los que Netanyahu volvió al poder al frente del gobierno más derechista de la historia de Israel.

Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre y el comienzo de la guerra en Gaza, la causa quedó paralizada y sólo se retomó a finales de año con una vista en la que se escucharon varios testimonios sobre las acusaciones contra el político.

En caso de ser declarado culpable con condena firme, Netanyahu debería dimitir, pero mientras dure el juicio podrá mantener el poder. La ley israelí marca que un ministro debe dejar su puesto al ser acusado, pero esto no se aplica a un jefe de Gobierno.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/EPA/ABIR SULTAN EPA

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«Siempre inventando e intentando desviar la atención», sentenció en una rueda de prensa online en la que presentó su investigación para el Wilson Center de Washington «Crypto en Venezuela: Dos caras de una moneda», en el que analiza la manera como esta herramienta ha sido utilizada en el país.

Según el fiscal venezolano, los opositores  Julio Borges, Carlos Vecchio y Carlos Ocariz, en connivencia con Estados Unidos y El Aissami, planeaban «disolver el Estado por cualquier vía antidemocrática, imponer y continuar con las sanciones que tanto daño le han hecho al humilde trabajador y a las empresas».

Durante la explicación de su estudio, el político caraqueño dijo que la presente administración gubernamental venezolana, utilizó las criptomonedas para «evadir sanciones, lavar dinero y profundizar en la corrupción», por lo que considera que el sistema financiero del país es vulnerable y que está «enjaulado y controlado».

No obstante, se mostró «entusiasmado» de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en Venezuela el próximo 28 de julio, puesto que cree que la mayoría de la población «votará a favor del cambio».

Leopoldo López está exiliado en España desde 2020, después de ser condenado a más de 13 años de cárcel por apoyar las protestas y revueltas opositoras de 2014.

De interés: La PUD condena la detención de tres activistas opositores

DOBLE LLAVE

Con información de medios nacionales y agencias

Fuente de imagen referencial: @leopoldolopez

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Además de El Aissami, también fue detenido el exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) Simón Alejandro Zerpa, luego de «recientes delaciones de, al menos, cinco testigos» entrevistados por funcionarios del Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Explicó que se trata de la segunda fase de una operación anticorrupción relacionada con una trama en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), una investigación que «continúa abierta», por la que han sido aprehendidas más de medio centenar de personas -todas imputadas-, y no se descartan «nuevas detenciones».

A través de esta operación, indicó el fiscal, «se logró detectar y desmembrar a una red de funcionarios» que «usaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales» mediante «la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación» de Pdvsa.

Señaló que, una vez «comercializado este crudo asignado ilegalmente, se incumplió con los pagos correspondientes» a la estatal petrolera.

«Esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de criptoactivos, bienes, muebles e inmuebles, e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario», señaló Saab.

El titular del Ministerio Público pidió un «castigo implacable» a estos exfuncionarios, cuyos planes -insistió- tenían como objetivo «acabar con la economía del país».

Tarek William Saab: Relata que El Aissami, una vez posesionado de la Comisión Alí Rodríguez Araque, comenzó a tramitar directamente sin ningún proceso administrativo los embarques de crudo, coque y fuel oil

— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) April 9, 2024

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial principal: EFE/Miguel Gutiérrez

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Esta audiencia, a la que asistieron todos los defensores y la mayoría de los acusados, algunos de ellos vía plataformas digitales, está programada para desarrollarse hasta el 26 de abril próximo, la fecha alterna estipulada por el tribunal para el juicio, que debió comenzar en el 2021.

Entre los imputados están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios fundadores del bufete, núcleo del escándalo que estalló en el 2016 al dejar al descubierto transacciones financieras hechas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, según el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Panamá.

Acusados claman su inocencia

«No soy responsable de tales actos», respondió Mossack a la jueza Baloisa Marquínez, titular del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, al preguntarle si se consideraba responsable del cargo de blanqueo de capitales, una interrogante que se hizo a todos los acusados presentes en la audiencia.

Fonseca Mora no se presentó en la sala ni tampoco se conectó por la vía virtual por estar hospitalizado, según explicó su defensa, que presentó una certificación médica.

No solo los socios fundadores, también están acusados antiguos empleados del bufete Mossack Fonseca, que no sobrevivió al escándalo y cerró sus puertas en marzo de 2018, tras 40 años de operaciones en las que «nunca estuvo involucrada en actos ilícitos», como dijo en una carta pública entonces.

Los socios y exempleados de Mossack Fonseca han sido acusados de blanqueo de capitales por supuestamente haber incurrido en delitos precedentes dada la vinculación de clientes suyos con el caso en Alemania y Argentina, de acuerdo con la explicación de la defensa y del Ministerio Público. 

Pruebas de la Fiscalía

La fiscal segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, afirmó por su parte que el Ministerio Público ha presentado «pruebas testimoniales relevantes para la teoría del caso», cuya investigación consta de 528 tomos según los datos judiciales.

«El Ministerio Público pedirá una condena ejemplar», afirmó Soto sin más precisiones, aunque recordó que el delito de blanqueo de capitales tiene en Panamá una pena máxima de 12 años de prisión.

La fiscal señaló que en total fueron llamadas a juicio por el caso 32 personas, pero cuatro de ellas son extranjeros que no residen en Panamá y que fueron declarados en rebeldía, por lo que «su proceso se ha suspendido».

Los Papeles de Panamá

Los ‘Papeles de Panamá’ representaban 11,5 millones de documentos filtrados del bufete panameño que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales para supuestamente ocultar fortunas.

En la filtración se nombraron una docena de líderes mundiales, 128 políticos y funcionarios públicos, y cientos de celebridades del deporte o de las artes, empresarios y otras personas acaudaladas de más de 200 países.

La investigación fue desarrollada por más de 400 periodistas de varios países, y los resultados fueron presentados simultáneamente por 109 medios de comunicación en 76 países en abril de 2016.

Mossack y Fonseca también fueron procesados y aguardan sentencia por la trama ‘Lava Jato’ de Brasil, casos por el que esperan sentencia y que se ha acumulado en un mismo expediente con el caso ‘Papeles de Panamá’, dada la afinidad en cuanto a los imputados y los hechos investigados por la fiscalía.

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Fiorella Tagliafico R.

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El portavoz presidencial, Manuel Adorni, especificó en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada que el ciudadano argentino será extraditado a Venezuela después de haber sido detenido en la provincia de Entre Ríos (este de Argentina).

«El detenido forma parte de una red de corrupción que involucraría a altos funcionarios de la administración venezolana, como el exvicepresidente Tarek El Aissami«, aseguró el Ministerio en un comunicado.

Implicado en la causa «PDVSA-Cripto»

Según la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas, el detenido está imputado en la llamada causa «PDVSA-Cripto», en la que se investiga un esquema corrupto en la comercialización de crudo de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

«El aprehendido sería operador y testaferro de otro fugitivo, de nacionalidad italiana, que presumiblemente sería el principal miembro de la estructura delictiva», especifica el comunicado del Ministerio.

Sobre el ciudadano argentino detenido recaen sospechas de haber creado compañías en múltiples jurisdicciones en las que figura como dueño, director y tesorero.

La operación de la Policía Federal fue posible gracias a la colaboración del Departamento Técnico del Cibercrimen.

El detenido de 38 años de edad, que se alojaba con su familia en una vivienda de la localidad de Chajarí (provincia de Entre Ríos), está a la espera de su extradición a Venezuela.

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DOBLE LLAVE

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El magistrado José Antonio Dias Toffoli cuestionó las condiciones que llevaron a Odebrecht, centro de la operación Lava Jato, a aceptar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía que implicaba el pago de una multa multimillonaria.

En su decisión, el magistrado afirmó que hay por lo menos «duda razonable sobre el requisito de voluntariedad» de la empresa al firmar el acuerdo que le impuso la multa y que esta debe tener las «condiciones para que evalúe si se cometieron ilegalidades».

La decisión responde a una petición de la empresa, que se cambió el nombre a Novonor tras el estallido del escándalo para analizar los documentos de la operación Spoofing y poder promover ante la justicia una «revaluación» de los acuerdos.

Odebrecht firmó un trato con la Fiscalía por 3.800 millones de reales (unos 770 millones de dólares) y otro con la Abogacía del Estado por 2.700 millones de reales.

El magistrado ya anuló en septiembre todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora, en respuesta a un pedido realizado por la defensa de Lula, que llegó a pasar 580 días en prisión.

Corte Suprema de Brasil suspende multa millonaria a Odebrecht. #NoticiasSIN #Millonaria #Justicia #Brasil

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Fiorella Tagliafico

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La pesquisa apunta a la supuesta manipulación de nombramientos con fines ilícitos durante su mandato en el Ejecutivo. Este revelador informe oficial fue divulgado este miércoles 31 de enero.

Operativo contra la corrupción: detención y allanamientos

El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), compuesto por fiscales y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), llevó a cabo una operación que culminó con la detención de cinco individuos vinculados a esta red criminal.

El fiscal provincial José Luis Quispe lideró la diligencia, la cual incluyó el allanamiento de 11 domicilios y la incautación de seis bienes, tanto muebles como inmuebles, ubicados en Lima y en la ciudad sureña de Moquegua, la tierra natal de Vizcarra.

Acusaciones graves: nombramientos irregulares y multas ilícitas

La investigación se centra en la presunta participación de Vizcarra como líder de esta organización criminal, cuyo propósito habría sido la colocación estratégica de personas en cargos públicos mediante nombramientos irregulares, acompañados de multas ilícitas.

Estas acciones, de confirmarse, podrían tener consecuencias legales significativas para el expresidente y otros involucrados.

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Gabriel Velásquez

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Su ascenso al poder fue el resultado de una jornada tumultuosa en el Congreso, marcando un hito en su compromiso declarado de combatir la corrupción arraigada en la élite política y económica del país.

Juramento en medio de desafíos

Con la mano izquierda en la Constitución y la derecha alzada, Arévalo de León juró su cargo, destacando su compromiso con la lucha contra la corrupción.

Este acto simboliza la promesa del nuevo presidente de abordar enérgicamente las prácticas corruptas que han afectado a Guatemala, generando expectativas sobre cambios significativos en la gestión gubernamental.

Movimiento Semilla en acción

Samuel Pérez, miembro del partido Movimiento Semilla, vistió simbólicamente a Arévalo de León durante la investidura en el Congreso.

Este gesto destaca la conexión del nuevo presidente con un movimiento político comprometido con la transparencia y la erradicación de la corrupción en Guatemala.

A los 22 minutos del 15 de enero, tomó posesión del cargo el presidente @BArevalodeLeon en #Guatemala. En su primer discurso habló de respeto a los derechos humanos, trato respetuoso y con compasión a los migrantes, un gobierno contra el autoritarismo, la corrupción y la… pic.twitter.com/nBotriehbS

— Patricia Janiot (@patriciajaniot) January 15, 2024

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Gabriel Velásquez

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Fuente de imagen referencial: X/@patriciajaniot

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A pesar de no figurar como favorito en las encuestas, se impuso frente a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, sorprendiendo a muchos observadores políticos.

Nacido en Montevideo, Uruguay, durante el exilio de sus padres, Arévalo regresó a Guatemala en 2013. Con una destacada carrera diplomática, fue viceministro de Relaciones Exteriores y embajador en España.

Hijo del expresidente Juan José Arévalo, Arévalo de León ganó las elecciones el 20 de agosto con el 58,01% de los votos, sucediendo a Alejandro Giammattei en el cargo.

Me reuní con embajadores de la @OEA_oficial para agradecerles todo el acompañamiento en un momento histórico para Guatemala, que ha sido fundamental.

Seguiremos trabajando de cerca en defensa de la democracia en Guatemala y la región. 🇬🇹 pic.twitter.com/XsOdEf5ED8

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 14, 2024

Propuestas clave y enfoque de gobierno de Arévalo

La lucha contra la corrupción se erige como la principal bandera del presidente electo.

En un acto político en Jutiapa, expresó: «Guatemala se merece una nueva primavera, porque Guatemala se merece un futuro digno y para poder hacerlo hay que arrancarles las instituciones a esos corruptos».

Arévalo enfatiza la importancia de atender áreas cruciales como salud, educación e infraestructura, pero considera urgente frenar la corrupción para asegurar un buen desempeño institucional.

Además, ha presentado un plan anticorrupción que incluye medidas como la creación de un «Gabinete Específico Anticorrupción» y la implementación de la «muerte civil» para condenados por corrupción.

En materia de seguridad, propone acciones para controlar territorios, fortalecer la Policía Nacional Civil y el Ejército, reformar cárceles y utilizar inteligencia policial para la prevención de delitos.

Su gobierno también se compromete con la implementación de «diez semillas para recuperar el futuro», abordando reformas en educación, salud, cultura, seguridad social y apoyo a sectores clave para el desarrollo del país.

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@rafarias86

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