Durante una entrevista con EFE en la capital guatemalteca, Skau explicó que, pese a los avances registrados en los últimos años en la atención a la desnutrición infantil en la región, la previsión de sequías prolongadas y lluvias extremas plantea el riesgo de perder el terreno ganado si no se ejecutan medidas de anticipación.

El Corredor Seco centroamericano es una franja territorial extendida de forma vertical por el litoral del Pacífico y el este de la región — desde el sur de México hasta Costa Rica — altamente vulnerable a las variaciones climáticas extremas y que abarca amplias áreas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

En esta área residen alrededor de 10,5 millones de personas, en su mayoría dedicadas a la agricultura de subsistencia de maíz y frijol, cuya supervivencia y alimentación dependen directamente de la regularidad de las lluvias estacionales.

«Lo que preocupa ahora es que con El Niño nos va a llevar atrás. Por eso es tan importante que tomemos acciones tempranas para poder mitigar y evitar un retraso», afirmó el representante internacional al término de su gira por El Salvador y Guatemala, donde visitó comunidades agrícolas afectadas.

Durante su recorrido sobre el terreno, Skau comprobó que la falta de precipitaciones ya destruyó cultivos básicos en varias comunidades dedicadas a la agricultura de subsistencia.

«Visitamos comunidades que no habían visto lluvia por cuatro semanas y ya está perdida la siembra. Si se depende de estas plantas para comer, hay un problema grave ahora de alimentación», detalló Skau al señalar la urgencia de distribuir apoyo alimentario e insumos antes de que empeore la disponibilidad de comida.

El responsable del WFP subrayó que las previsiones climáticas para los próximos meses anticipan un escenario complejo no solo para la región centroamericana, «sino también a nivel global (…) con sequía en una parte y con lluvias fuertes en otras».

A juicio del representante de la ONU, la respuesta ante la eventualidad climática debe ir acompañada de un enfoque preventivo coordinado entre las instituciones públicas, los municipios y la cooperación internacional para proteger los medios de subsistencia de la población rural.