Esta preocupante situación fue resaltada durante el informe final del Comité, el cual evaluó la situación en Venezuela y el grado de cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres.

El informe reveló que las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes son particularmente vulnerables a este delito. El Comité recibió denuncias que indican la existencia de formas contemporáneas de esclavitud, como el tráfico sexual y el trabajo infantil en áreas mineras.

Entre las zonas identificadas como problemáticas se encuentran el Arco Minero del Orinoco y las zonas fronterizas con Colombia y Brasil, donde operan grupos armados y delictivos que están vinculados a la extracción ilegal de recursos naturales.

Venezuela debe promulgar una ley contra el tráfico de personas

Ante esta situación alarmante, el Comité subrayó la necesidad de promulgar una ley integral que aborde específicamente el tráfico de personas. Además, instó a las autoridades venezolanas a publicar un plan nacional detallado sobre esta problemática, así como a recopilar y proporcionar datos precisos sobre los casos de este delito y la explotación con fines de prostitución.

Es fundamental que se tomen medidas concretas para proteger a las mujeres y niñas venezolanas de esta forma de violencia y explotación. La implementación de una legislación integral, junto con un enfoque holístico que aborde las causas subyacentes del tráfico de personas, es crucial para prevenir y combatir eficazmente este flagelo.

Además, se requiere una estrecha colaboración entre las autoridades nacionales, la sociedad civil y las organizaciones internacionales para garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas en Venezuela.

#Venezuela | ONU alertó sobre presuntas deficiencias para prevenir tráfico de personas https://t.co/ASls2Z18Sq

— VPItv (@VPITV) May 31, 2023

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Gabriel Velásquez

Según la ONG internacional, una escuela de Okhtyrka, en el nordeste de Ucrania, sufrió el impacto de estas bombas. Las mismas están prohibidas desde 2010 por una convención internacional, la cual no firmaron Rusia ni Ucrania.

«El ataque parece haber sido efectuado por el ejército ruso, que operaba cerca y que suele utilizar bombas de racimo en zonas habitadas», indicó.

Tres personas, entre ellas un niño, murieron a causa de la explosión, denunció Amnistía en un comunicado publicado el domingo.

Esta ONG basa su denuncia en imágenes de video tomadas por drones y que muestran el impacto de bombas de racimo en al menos siete lugares.

Las mujeres y niños recién nacidos, algunos en incubadora, se refugian en el sótano de un hospital mientras Amnistía Internacional denuncia ataques a una guardería con munición de racimohttps://t.co/lxs03fX9y1

— eldiariomurcia (@eldiariomurcia) March 1, 2022

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales