Durante el pleno, la diputada Carolina García explicó que el Poder Ciudadano, que incluye la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, fue incluido en la Constitución aprobada en 1999 como una rama del poder público, rompiendo con la «estructura clásica» en la división de poderes.

El presidente de la comisión será el diputado Giuseppe Alessandrello.

En agosto de 2017, la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro integrado únicamente por oficialistas que ejerció en el país durante dos años, designó a Tarek William Saab como fiscal general, luego de aprobar la destitución de Luisa Ortega Díaz, así como su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público.

La ANC acusó a Ortega de cometer «actos inmorales», y a su esposo, el exdiputado Germán Ferrer, de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.

Posteriormente, en octubre de 2018, la ANC designó como nuevo contralor general a Elvis Amoroso, que ocupó el cargo hasta 2023, cuando lo dejó por ser nombrado presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se mantiene hasta la fecha.

De acuerdo con la legislación venezolana, las designaciones del contralor, fiscal y defensor corresponde al Parlamento, entonces controlado por la oposición y declarado en «desacato» por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por lo que la ANC hizo uso de su carácter plenipotenciario para asumir estas tareas.

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A través de la red social X (antes Twitter), el candidato opositor unitario a las elecciones del próximo 28 de julio aseguró que este grupo de funcionarios, de los estados Trujillo y Nueva Esparta, fueron inhabilitados como represalia por apoyar su candidatura, con la que se enfrentará al actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien busca su segunda reelección.

Venezuela ha decidido cambiar y lo expresará con determinación este 28 de julio. Quiere un país donde nadie sea perseguido por pensar diferente

«Nuestro respaldo a los 10 alcaldes de Trujillo y Nueva Esparta injustamente inhabilitados por apoyar nuestra candidatura. La creciente persecución confirma que Venezuela ha decidido cambiar y lo expresará con determinación este 28 de julio», escribió González Urrutia en X, sin precisar los nombres.

Asimismo, Edmundo González afirmó que él y el sector de la oposición que representa seguirán «luchando juntos por un país donde nadie sea perseguido por pensar diferente» al gobierno.

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El candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, expresó su solidaridad con los sancionados: los alcaldes Elías Sayegh y José Fernández, los exdiputados Tomás Guanipa y Juan Carlos Caldera y el exburgomaestre Carlos Ocariz.

«Repudiamos las nuevas inhabilitaciones de la Contraloría General, una muestra más de la urgente necesidad de recuperar el Estado de derecho en nuestro país», expresó el exdiplomático en X (antes Twitter).

En la misma red social, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles acusó al gobierno de Nicolás Maduro de usar la Contraloría «como brazo ejecutor de su visión represiva y antidemocrática».

El partido Primero Justicia (PJ), en el que militan tres de los sancionados, consideró que estas medidas constituyen un «claro intento de socavar el proceso democrático y la unidad» de la oposición, de cara a las elecciones de julio.

«Instamos a la comunidad internacional y a los defensores de los derechos humanos a condenar estas acciones y monitorear la situación en Venezuela», agregó la formación.

La Contraloría, que dio a conocer esta jornada las inhabilitaciones a través de su página web, no precisa las razones por las que fueron sancionados los políticos.

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La Contraloría detalló que en el proceso activado durante todo el mes de julio participaron 119.490 empleados públicos de los 156.426 que debían hacer la declaración de sus bienes.

El contralor general, Elvis Amoroso, aseguró que los funcionarios que no presentaron la actualización «están sujetos a sanciones, multas e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos».

«Nuevamente el Estado venezolano garantiza a todos los ciudadanos que la cosa pública se respeta y que vamos a luchar en todas las instancias para combatir cualquier hecho de corrupción», dijo Amoroso, según escrito divulgado.

Para lograr el objetivo, la Contraloría desplegó a sus trabajadores en todos los municipios del país con el fin de «facilitar el proceso» para los empleados públicos.

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Gerardo Contreras

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