De acuerdo con el marco legal, la vicepresidenta ejecutiva asumió el mando para suplir la «falta temporal» del mandatario. La ley establece un periodo inicial de 90 días, el cual fue prorrogado por la Asamblea Nacional por otros 90 días más, alcanzando hoy el tope máximo absoluto de 180 días permitidos bajo esa figura.

¿Qué dice la Constitución sobre el vacío de poder?

El artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela regula las faltas del Ejecutivo. El texto es claro al estipular las consecuencias de agotar este periodo:

Si la falta temporal se prolonga por más de 90 días, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta. Al cumplirse la prórroga y sumarse los 180 días, la temporalidad caduca por completo y la vacancia del cargo pasa a ser definitiva e irreversible.

Dado que los hechos ocurrieron dentro de los primeros cuatro años del período constitucional, la norma constitucional es taxativa sobre la ruta institucional obligatoria.

¿Cómo se debería proceder legalmente a partir de hoy?

Juristas y expertos en derecho constitucional señalan que, ante la falta absoluta automática que se genera este 3 de julio, el procedimiento institucional debe activarse de inmediato bajo dos premisas fundamentales:

Convocatoria a elecciones: La Constitución obliga a proceder a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes para elegir a un nuevo Presidente que complete el período.

La Encargaduría del Cargo: Mientras se realiza ese proceso electoral exprés de un mes, la Presidencia de la República no puede permanecer en manos del Ejecutivo interino saliente, sino que debe ser asumida interinamente por el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

El debate político se traslada ahora al Parlamento, que tiene la obligación legal de declarar formalmente la falta absoluta y trazar la ruta electoral, en un escenario sumamente complejo debido a la emergencia humanitaria y económica provocada por el reciente doblete sísmico del 24 de junio.

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Con información de EFE Servicios, medios nacionales e internacionales

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Estados Unidos llevó a cabo el sábado un simulacro de evacuación de su Embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban militares a bordo, y el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a su sede diplomática, constató EFE.

El simulacro se hizo para garantizar la capacidad de respuesta «ante eventuales situaciones médicas» o catástrofes, según indicó la Embajada de EEUU.

Sin embargo, el exdiputado Yul Jabour, miembro del buró político del PCV, citado en nota de prensa, indicó que «esas operaciones constituyen una flagrante violación a nuestra Constitución bolivariana, a nuestro territorio y, en especial, a nuestra soberanía».

El dirigente comunista sostuvo que la presencia de aeronaves militares, embarcaciones de guerra estadounidenses y la visita del jefe del Comando Sur forman parte de una estrategia de dominación impulsada por la Administración de Donald Trump.

Jabour cuestionó la explicación oficial del simulacro de Estados Unidos en la sede de su embajada.

«No piensen que los venezolanos somos estúpidos. Nos quieren vender una maniobra de esta calaña como simples operaciones de evacuación y salvamento», añadió.

«Protocolos regulares»

El gobierno de Venezuela informó que autorizó a Estados Unidos a realizar el simulacro como parte de «los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática».

Según informó en su momento el Ejecutivo oficialista, la actividad se desarrolló en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas, responsables de «autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio, así como con otros órganos e instituciones nacionales involucradas en los protocolos de atención y seguridad».

Ambos países restablecieron relaciones diplomáticas y consulares el pasado mes de marzo, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas en enero por parte de fuerzas estadounidenses y tras siete años de ruptura.

Actualmente el equipo diplomático estadounidense lo encabeza el encargado de negocios en Caracas, John Barrett, quien sustituyó el pasado mes a Laura Dogu.

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Con información de EFE Servicios

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A continuación, los puntos destacados de su postura y el contexto de la reforma:

Prioridad en la autonomía: Marino Alvarado, coordinador de Provea, señaló que el sistema no requiere más jueces, sino que los actuales actúen con independencia y apego a la Constitución para garantizar justicia real.

Designación por concurso: La organización subrayó que los magistrados deben ser elegidos mediante concursos públicos, asegurando así la estabilidad judicial y evitando decisiones discrecionales.

Detalles de la reforma: El proyecto, presentado por Jorge Rodríguez, busca ampliar las salas Político Administrativa, Casación Civil, Penal, Social y Electoral a 5 magistrados cada una, mientras que la Sala Constitucional pasaría a tener 7.

Contexto oficial: Según el Legislativo, la medida busca una «transformación del sistema de justicia». El anuncio coincide con un proceso paralelo para cubrir vacantes en la alta corte por renuncias y jubilaciones.

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Con información de EFE Servicios

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El abogado Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indicó que entregaron un documento exigiendo un pronunciamiento del máximo tribunal, que según la ley tiene cinco días para admitir o no las demandas, pero no ha respondido desde el pasado 2 de febrero.

Apitz subrayó que la petición es el cumplimiento de la Constitución, que en su artículo 91 establece que el salario mínimo debe ser ajustado cada año, tomando como referencia el costo de la canasta básica.

Por su parte, Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, señaló que el Estado está recibiendo «ingresos extraordinarios de forma sostenida« tras la reanudación de las relaciones con Estados Unidos, que los trabajadores no han recibido.

En este sentido, apuntó que el Estado debe «reformularse» y criticó que haya «34 ministerios«, cada uno con hasta dos y tres viceministros, lo que suma casi cien trabajadores en tren ministerial de nómina mayor.

«Hay recursos en este país. No puede ser que el único que tiene que ahorrarse algo en esta crisis sean los trabajadores«, cuestionó.

Ambos voceros afirmaron que seguirán las protestas si las autoridades no toman medidas.

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña

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«Claro que habrá elecciones. En Venezuela siempre hay elecciones (…). Hay unos períodos que están establecidos y, sin duda alguna, nosotros vamos a llegar a consensos, a acuerdos en lo político, pero lo más importante ahorita es la sociedad, lo más importante ahorita es la economía», afirmó Rodríguez en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, difundida en su canal deYouTube.

El parlamentario señaló que la presidenta encargada, su hermana, Delcy Rodríguez, está a cargo del Ejecutivo por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en vista de la «falta forzada» del mandatario, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Por esta situación, un escenario no contemplado en la Constitución venezolana, el jefe del Parlamento aseguró que no aplica el plazo de hasta 180 días establecido para los casos de «falta temporal» del presidente.

Pese a ello, indicó que «en los próximos días» habrá conversaciones con «los factores políticos y de la sociedad», sin dar detalles, para promover un proceso de «fortalecimiento» de las instituciones y abrir el camino a una posible elección, que deberá lograrse «por la vía del consenso».

A su juicio, en estos momentos «no es perentorio» definir una fecha o cuáles elecciones se deberían hacer primero.

«Para llegar a ese punto se necesita recorrer un camino previo, y ese camino previo es el fortalecimiento institucional», subrayó.

Relación de «respeto» con EEUU

Asimismo, consideró que desde que se retomaron las relaciones con EEUU ha habido una relación de «respeto» y reconoció que ese país ha actuado para levantar algunas de las sanciones «importantes», especialmente en el sector petrolero.

«Desde mi punto de vista podría ser más rápido», apuntó el parlamentario.

El lunes, la presidenta encargada celebró que el presidente estadounidense, Donald Trump, considere a Venezuela «amigos» y «socios», pero reiteró la petición de que levante todas las sanciones impuestas contra el país.

El pasado jueves, la mandataria aseguró que Caracas y Washington están abriendo «una nueva agenda de cooperación» bilateral, y desde su juramentación en el Ejecutivo ha recibido a varios altos funcionarios de EEUU, incluyendo al secretario de Energía, Chris Wright.

El gobierno oficialista ha denunciado en múltiples ocasiones que miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela, así como oro y otros activos, se encuentran bloqueados en el extranjero debido a las sanciones internacionales, entre ellas, las de EE.UU.

El pasado 27 de enero, Rodríguez anunció un desbloqueo de activos de su país en EEUU como resultado de los diálogos con el gobierno de Trump e informó de la compra, en la nación norteamericana, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

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Sin embargo, en moneda nacional, el presupuesto muestra un aumento del 454 %, al pasar de 906.459.117.540 bolívares a 5.022.968.785.870 bolívares.

En la sesión del martes, el Legislativo aprobó por mayoría calificada la denominada «Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2026», que señala que el 77,8 % del monto será destinado a la inversión social.

El diputado opositor Óscar Ronderos dijo que «no hay ningún incremento de partida presupuestaria» para los salarios de educadores del sector público y funcionarios como policías y bomberos, por lo que instó a que el crecimiento económico del país también «llegue al bolsillo de todos los venezolanos y le permita mejorar su poder adquisitivo».

Según lo establecido en la Constitución, el mandatario Nicolás Maduro tiene diez días para promulgar la ley luego de recibirla, y posteriormente será publicada en la Gaceta Oficial, el periódico oficial del Estado.

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El objetivo, según Maduro, es que «toda la nación» y cada «ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera» contra Venezuela, que, dijo, «saldrá adelante otra vez» ante «cualquier escenario que se presente».

Según la Constitución de Venezuela, podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior «en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones».

Como este decreto, vendrían otros cuantos

La carta magna señala también que el estado de conmoción «se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más».

«Como este (decreto), hay otros cuantos», aseguró el jefe de Estado, junto con los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Asamblea Nacional (AN), los oficialistas Caryslia Beatriz Rodríguez y Jorge Rodríguez, respectivamente, así como con el fiscal general, Tarek William Saab, entre otros funcionarios.

En el debate también participó la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, quien consideró «muy pertinente esta convocatoria en razón de las amenazas que se ciernen sobre Venezuela».

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Lo hizo por medio de un decreto ejecutivo en el que dispone al Consejo Nacional Electoral (CNE) que continúe con el proceso previsto en la Constitución y la ley electoral para llevar a los ciudadanos a las urnas.

Esta es una de las siete primeras preguntas que el mandatario envió a la Corte Constitucional de Ecuador para su análisis para un referéndum que, según ha anunciado anteriormente, podría realizarse el 30 de noviembre.

Sin embargo, el tribunal constitucional rechazó varias de sus propuestas, lo que hizo que el presidente reformulara las interrogantes, aún en análisis, y anunciara su intención de convocar a una Asamblea Constituyente.

La pregunta sobre la instalación de las bases militares en Ecuador fue validada por los jueces el pasado 7 de agosto y este jueves el alto tribunal decidió que podía ser el presidente, por medio de un decreto ejecutivo, el que iniciara con el proceso de convocatoria de referéndum.

«Una vez emitido el decreto ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral podrá organizar y ejecutar el referendo de forma conjunta con los procesos electorales y otras consultas populares que resulten de los trámites actualmente en curso ante esta Corte», se señala en el último dictamen.

Eventual retorno de base militar de EE.UU. a Ecuador

Con esta pregunta, el mandatario busca que los ecuatorianos decidan si se reforma el artículo 5 de la Constitución para eliminar la prohibición de que se establezcan bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.

Entre las justificaciones para realizar esta reforma es que «la situación de seguridad de Ecuador requiere adoptar diversas estrategias en contra de las diversas modalidades de crimen organizado«, según consta en el decreto emitido este viernes.

Esta prohibición se impuso en la Constitución de 2008, promovida por el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017), lo que implicó que Estados Unidos abandonara la base que ocupaba en la costera ciudad de Manta.

En una reciente visita oficial a Quito, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que la administración del presidente Donald Trump está abierta a evaluar la reinstalación de una base militar para sus fuerzas militares en territorio ecuatoriano si el Gobierno de Ecuador le plantea esta posibilidad oficialmente.

Pugna entre Noboa y Corte Constitucional

La convocatoria del referéndum se realiza en medio de una pugna que mantiene el presidente con los jueces de la Corte Constitucional, después de que el alto tribunal suspendiera de manera provisional algunos artículos de tres polémicas leyes que Noboa cree fundamentales en su lucha contra el crimen organizado.

Además, los jueces también rechazaron tres preguntas del primer paquete enviado por el presidente para el referéndum, entre las que estaba la propuesta de enjuiciar políticamente a los miembros de la Corte Constitucional. Posteriormente, los magistrados también invalidaron su propuesta de reducir el número de parlamentarios.

Ante estas decisiones, Noboa encabezó dos multitudinarias marchas, una en Quito y otra en Guayaquil, en las que criticó fuertemente a los jueces y los presionó para que dejen «decidir a la gente» en las urnas.

El Gobierno de Ecuador aún está a la espera de la respuesta que den los magistrados a las últimas siete interrogantes que envió el mandatario, en las que insistió, aunque desde otras perspectivas, en temas como la modificación de las atribuciones de control constitucional que tiene el alto tribunal.

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Así lo reveló la portavoz del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, en su rueda de prensa semanal al ser consultada sobre la decisión de la CC de rechazar entre las preguntas, la relacionada con la posibilidad de que los magistrados de ese alto tribunal puedan ser sometidos a juicio político.

Además, la propuesta para eliminar por medio de una enmienda constitucional el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano compuesto por siete personas elegidas por votación popular que, entre otras atribuciones, nombra autoridades estatales como el fiscal general.

La CC consideró, asimismo, que la pregunta para la consulta popular relacionada con la reapertura de casinos y salas de juego en hoteles de cinco estrellas, que establece un tributo del 25 % de las ventas y destinar lo recaudado a programas contra la desnutrición crónica infantil «no cumple con los parámetros constitucionales».

En medio de un pulso político entre el Ejecutivo y al CC, los magistrados también se pronunciaron sobre una propuesta de Noboa de reforma constitucional para permitir la castración química a violadores, sumada a la creación de un registro confidencial para personas con sentencia condenatoria por delitos sexuales, pero que no estaba dentro de las preguntas del referéndum.

Para la Corte, no es posible esa modificación mediante una reforma parcial, al considerar que «no era idónea para proteger de forma efectiva a las víctimas de delitos sexuales«, y que el registro sería excesivamente indeterminado, sin claridad sobre su alcance y temporalidad».

Reformulación  y nuevas preguntas

Jaramillo avanzó que la Secretaría Jurídica de la Presidencia trabaja en planteamientos que se le harán esta misma semana a la Corte Constitucional, contra la que hubo una marcha el mes pasado, en Quito, liderada por Noboa, quien ha convocado a otra manifestación «por la paz y la justicia», el próximo jueves, en Guayaquil.

Jaramillo anotó que habrá una «reformulación de los planteamientos» hechos «para encontrar la mejor vía de llegar a la consulta popular».

Pero, además, tras escuchar el debate ciudadanos que provocó el anuncio de la consulta, «el Gobierno ha decidido enviar algunas otras preguntas», dijo sin especificar de qué tratarán.

En opinión de Jaramillo, la CC «está absolutamente desconectada de las necesidades y de las preocupaciones de la gente».

«Hay temas sensibles como el tema de la castración química o incluso el financiamiento para programas de desnutrición crónica infantil que requieren acciones inmediatas y acciones contundentes, pero nos parece que la Corte decide ignorar, o al menos decide no inmiscuirse en asuntos de altísima relevancia para los ecuatorianos«, sostuvo Jaramillo.

Preguntas aprobadas por la Corte de Ecuador

La CC aprobó las preguntas con las que se busca consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo o no con que exista la contratación laboral por horas en el sector turístico y con que se reduzca el número de miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento).

Estas dos preguntas aprobadas se suman a otra que los jueces ya validaron a inicios de agosto, relacionada con permitir nuevamente el establecimiento de bases militares extranjeras en el país, como la que Estados Unidos tuvo en la ciudad costera de Manta hasta 2009.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró, en Quito, que el Gobierno del presidente Donald Trump está dispuesto a evaluar la reinstalación de una base militar en Ecuador, en caso de que se apruebe en el referéndum.

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Con información de EFE Servicios

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«Lo vamos a considerar porque si se nos pide, viene de un aliado y amigo. Y es un lugar estratégico, muy estratégico. Obviamente, como país soberano nos tiene que invitar y tiene que ser algo formal, pero lo vamos a considerar muy de cerca», anticipó Rubio, tras reunirse en Quito con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El mandatario ecuatoriano pondrá a voto en un referéndum un conjunto de reformas constitucionales, entre las que se encuentra la eliminación de la prohibición para que existan bases militares extranjeras en Ecuador, impuesta en la Constitución de 2008 que promovió el expresidente Rafael Correa.

Reforma a la Constitución de Ecuador

Esto llevó a que Estados Unidos se viese obligado a salir de la base militar que tenía en la costera ciudad de Manta, lo que le confería una posición estratégica dentro del Pacífico Sur Occidental.

«Ecuador es un país soberano. Si nos invitan, lo vamos a considerar. Teníamos bases anteriormente. Nos pidieron que nos fuéramos en los años de Correa y nos fuimos. Si nos invitan a regresar, lo vamos a estudiar. Es un punto muy estratégico. Si nos ayudan, con lo que están enfrentado con la minería ilegal, el narcoterrorismo y la pesca ilegal», señaló Rubio durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

La intención de Noboa, a través del referéndum previsto para finales de año, es conseguir modificar parcialmente la Constitución de Ecuador, una reforma que ya obtuvo el visto bueno de la Asamblea Nacional (Parlamento) y de la Corte Constitucional.

Además de sobre las bases militares, al referéndum también preguntará a la ciudadanía sobre el fin de financiar partidos políticos con fondos públicos, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas y la posibilidad de firmar contratos laborales por horas, entre otros.

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Con información de EFE Servicios

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«Vaya nuestra total y absoluta solidaridad con Juan Pablo Guanipa y otros dirigentes políticos detenidos arbitrariamente en las últimas horas. ¡NO SON TERRORISTAS NI HAN COMETIDO DELITOS! Sigue en marcha por parte del gobierno otro capítulo para sembrar el terror y miedo entre los venezolanos», explicó Capriles en un mensaje en la red social X.

A criterio del dirigente opositor «apelan otra vez, a lo que tenemos años padeciendo, denunciando y luchando por cambiar en Venezuela: violación a la Constitución y los DDHH, violación de las leyes y la utilización de la ´justicia´ de la forma más aberrante como arma opresiva de quienes tienen el poder en el país».

También estimó que, «con estas acciones, buscan la resignación de los venezolanos que queremos un cambio democrático sembrando más miedo ¡No lo van a lograr! Ni todo el peso del poder puede contra la convicción de un pueblo que quiere ser libre».

Capriles, excandidato presidencial y exgobernador de Miranda, es aspirante a la Asamblea Nacional en las elecciones regionales y parlamentarias de este domingo.

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En una reunión con la comisión encargada de este proceso, transmitida por el canal estatal VTV, Maduro explicó que, si bien se va a «ratificar la estructura de la Constitución que cambió la historia de Venezuela», hay que «ampliar todas sus normas, todos sus mandatos», además de hacer una «actualización progresista de todos los postulados».

En ese sentido, hizo un llamado a la comisión, encabezada por el fiscal general, Tarek William Saab, e integrada mayoritariamente por personas cercanas a Maduro, a dirigir el proceso de manera creativa, audaz e inteligente, con la incorporación de «toda la nación venezolana», ya queafirmó hay «mucha gente motivada en participar».

«Es la activación del poder popular constituyente para ampliar, mejorar, perfeccionar y modernizar al máximo», dijo el jefe de Estado.

Explicó que se busca la ampliación de los derechos políticos y de la que llamó una «democracia real directa del pueblo», así como ahondar en el tema económico que, a su juicio, «quedó insuficiente» en la Constitución actual.

El pasado sábado, Maduro emplazó a la comisión a preparar un proyecto definitivo de reforma en un período de 90 días y con base en un «primer trabajo de aproximación» con 80 artículos elaborados hasta entonces, que no leyó.

¿Quiénes integran esa comisión?

La comisión está integrada también por la esposa de Maduro, Cilia Flores; la número dos del oficialismo, Delcy Rodríguez, y el diputado Hermánn Escarrá, y colaborarán el jefe de la AN, Jorge Rodríguez; la presidenta del Supremo, Caryslia Rodríguez; el presidente del ente electoral, Elvis Amoroso; y el titular de Defensa, Vladimir Padrino, entre otros.

El lunes, el partido venezolano Movimiento al Socialismo (MAS) llamó a la unidad de la oposición para hacer frente a la reforma promovida por Maduro y alertó sobre lo que señaló como «dominio» de un «solo sector» en ese proceso.

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«Respeto a la Constitución, voluntad sincera de diálogo y liberación plena de las víctimas de detenciones arbitrarias y juicios injustos constituirían una significativa contribución del gobierno a la gestación de un clima propicio a un proceso de negociación con participación de un espectro amplio de actores para una transición pacífica a la democracia», señaló el Consejo Universitario en un comunicado publicado en X.

La UCV reiteró la oferta de sus espacios «siempre abiertos para el encuentro respetuoso y el debate constructivo», al tiempo que dijo que pone sus capacidades intelectuales y sus competencias técnicas al servicio del interés nacional, para que «reinen en Venezuela la verdad, la justicia, la libertad y la paz».

Asimismo, dijo que la Constitución proporciona el «marco adecuado» para la búsqueda de los «entendimientos indispensables entre los distintos sectores que componen el cuerpo de la nación, de cara a la restauración plena del orden democrático».

La nueva crisis después del #28Jul

La UCV indicó que la crisis venezolana se profundizó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como el ganador, mientras que la oposición mayoritaria reclama el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia.

El CNE no ha publicado los resultados desagregados que confirmen la victoria de Maduro, pese a que así está establecido en su cronograma oficial, al tiempo que la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, asegura que ha reunido el «85 % de las actas electorales» como evidencia del triunfo de González Urrutia.

Ante esto, la UCV indicó que la «inobservancia» por el CNE de las «prescripciones legales en que se funda la confiabilidad del proceso, y las actuaciones de ese y otros poderes públicos con prescindencia de aquella obligación, incluido el acto de juramentación del cargo presidencial el pasado 10 de enero, están, por lo tanto, en el centro mismo de la crisis nacional».

«En lugar de corregir los errores mediante la negociación de acuerdos con los diferentes actores institucionales, sociales y políticos, el gobierno nacional ha optado por reprimir las manifestaciones de descontento popular y perseguir hasta las más inocuas formas de disidencia», subrayó.

Añadió que esta «represión» vulnera el Estado de derecho, «reduce casi hasta su desaparición el espacio cívico, atenta contra los derechos humanos y estimula la emigración, al paso que construye y difunde a través de su aparato propagandístico una narrativa que conviene a sus propósitos».

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Con información de EFE Servicios

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Asimismo, dispone que las elecciones nacionales se unifiquen a partir de 2032, además de dotar de una mayor independencia al Ministerio Público, del que también se determinan sus funciones.

La proclamación de la nueva Constitución la ejecutó el presidente de la Asamblea Nacional Revisora, el senador Ricardo de los Santos, en una ceremonia celebrada en el Congreso Nacional (bicameral) en la que estuvieron presentes el presidente del país, Luis Abinader, y la vicepresidenta, Raquel Peña.

La cuadragésima modificación a la Constitución dominicana dispone la imposibilidad de que la máxima autoridad del Poder Ejecutivo pueda intentar permanecer en el poder más allá de lo que establece el texto constitucional, que permite la reelección consecutiva, y «nunca más» volver a aspirar al cargo de presidente y al de vicepresidente.

Aprobación de la nueva Constitución

La Asamblea Nacional Revisora, que aprobó la nueva Constitución el 14 de octubre, dispuso que el número de diputados pasará de 190 a 170, a partir de las elecciones de mayo de 2032, cuando se producirá la unificación de los comicios nacionales, así como de los parlamentarios de organismos internacionales.

La Constitución dominicana ahora establece que el procurador general de la República no formará parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), posición que ocupará el presidente del Tribunal Constitucional (TC).

El procurador general ya no será nombrado por el Poder Ejecutivo, sino por el Consejo de la Magistratura tras una propuesta en ese sentido del presidente.

Para Abinader las modificaciones a la Constitución aseguran que el poder siempre esté en manos del pueblo y simboliza el fin del caudillismo y el continuismo que puso en riesgo a la democracia de República Dominicana en múltiples ocasiones.

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Fuente de imagen referencial: EFE/SARAH YENESEL

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«Presentaré en su momento, y será pronto, el camino hacia una reforma del Estado», dijo el mandatario panameño en una primera rueda de prensa semanal que espera repetir todos los jueves.

Mulino anunció que en Panamá «se va a dar una nueva Constitución como corresponde» y «todos van a estar educados en temas constitucionales y también tendrán la oportunidad de opinar en materia de propuestas y reformas».

Sin embargo alertó de que ese proceso será «progresivo», con la intención de «no interrumpir de ninguna manera en la vida sociopolítica del país».

Por ello, nombró una comisión, liderada por el experto constitucionalista Miguel Antonio Bernal, que «establecerá el tamaño del Gobierno que el Estado necesite».

Carta Magna de Panamá

Los Gobiernos anteriores ya han intentado sin éxito impulsar una reforma a la Constitución panameña, redactada en plena dictadura militar y vigente desde 1972.

La Carta Magna, que ha sido reformada en cinco ocasiones, la última en 2004, se puede modificar mediante una Asamblea Constituyente Paralela -un referendo popular- o si las reformas las aprueban dos legislaturas parlamentarias distintas.

El Parlamento panameño avanzó en ese proyecto de reformas hasta última instancia pero hizo varios cambios, lo que provocó cuestionamientos y protestas en las calles. En ese entonces, el expresidente retiró el proyecto del hemiciclo, y propuso abrir una nueva y más amplia consulta nacional sobre el tema con la facilitación de la ONU.

En 2021, tras la pandemia de la covid-19 que paralizó el proceso, un movimiento cívico comenzó a recoger firmas para convocar una Asamblea Constituyente en Panamá, pero quedó frustrada al recolectar apenas el 3% de las rúbricas estipuladas en la ley para impulsar dicha iniciativa ciudadana.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Bienvenido Velasco

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Previamente, sus «restos simbólicos» fueron velados en el Palacio Federal Legislativo, en un acto encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, para luego ser trasladados al Panteón Nacional, donde reposan los restos de próceres de la independencia, entre ellos el Libertador Simón Bolívar.

Ahí fueron recibidos por altas autoridades del país, entre ellos el jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien, en su discurso, describió a Mendoza (1811-1812) como un «gran hombre» y «fiel amigo» de Bolívar.

«Hoy es un día magnífico, domingo magnífico, porque estamos haciendo justicia. Era una deuda con los libertadores de América, y era una deuda con el noble y valiente, trabajador, honesto, admirable pueblo de Trujillo», expresó el mandatario, en referencia al estado venezolano donde nació Mendoza.

Maduro celebró la llegada de los restos del expresidente, quien estará «al lado de Bolívar, su jefe, su fiel amigo, su compañero, su jefe supremo».

«Bienvenido a donde siempre debiste estar», afirmó el líder chavista, quien aseguró que Mendoza, «a pesar de haber nacido en cuna de oro», fue, junto con Bolívar, un precursor de «las corrientes antioligárquicas de Venezuela».

Llegó al Altar de los Héroes de la #Patria, el gran Cristóbal Mendoza, uno de los mejores amigos, el de más confianza y leal a Simón #Bolívar. Es un día magnífico, porqué hemos hecho justicia, era una deuda con los Libertadores, con el noble, valiente y admirable pueblo de… pic.twitter.com/QgPuYPekQd

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 24, 2024

Por tanto, instó a los cadetes de las 12 academias adscritas a la Universidad Militar Bolivariana a «conocer, estudiar, conversar y difundir» la vida de Mendoza «a partir del día de hoy».

Además, ordenó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y al historiador José Ubaldo García «editar un libro enciclopedia» sobre Mendoza que sea distribuido en las escuelas, liceos y comunidades.

Cristóbal Mendoza, quien posteriormente fue gobernador de Mérida, participó en la elaboración de la primera Constitución de Venezuela, en diciembre de 1811.

Falleció el 8 de febrero de 1829 en Caracas, a los 56 años de edad.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imágenes referenciales: EFE/ Palacio de Miraflores

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«Creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción, de inhabilitación de por vida de la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo«, dijo el jefe de Estado, quien dijo haber reflexionado sobre esta idea «desde hace un año».

El artículo 44 de la Constitución venezolana establece que «no habrá condenas a penas perpetuas o infamantes» y que «las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años».

Maduro, quien pidió «ser implacables» contra aquellos que «traicionen al pueblo y se corrompan», afirmó que ha dirigido «personalmente» una investigación relacionada con una trama de corrupción, por la que han sido detenidas más de medio centenar de personas, según el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

El mandatario aseguró que, en las últimas horas, «han aparecido nuevas pruebas» y «nuevos testimonios», además de que «han sido capturados nuevos traidores y corruptos».

De acuerdo con la investigación, los tres hombres llevaron a cabo una conspiración económica, «simultáneamente con la corrupción», con el objetivo de implosionar la economía venezolana «a través de la destrucción de la moneda nacional y el alza astronómica» de la cotización no oficial del dólar en el país, donde la mayoría de los precios están fijados en la divisa estadounidense.

Llegó la hora de una reforma constitucional para agregar la cadena perpetua a la corrupción, la inhabilitación de por vida, a la traición a la Patria, a los graves delitos contra el pueblo. ¡Es mi Propuesta! ¡Tenemos que ser implacables, caiga quien caiga! Pido todo el apoyo del… pic.twitter.com/5l6W0qX16F

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 13, 2024

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Fiorella Tagliafico R.

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Fuente de imagen referencial principal: EFE/Rayner Peña R.

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La DC dice «no» por amplia mayoría

La Democracia Cristiana (DC), uno de los partidos históricos del país y que forma parte de la coalición de gobierno, anunció que votará en contra de la nueva Constitución por un 92,31 % de sus militantes, mientras que solo un 7,6 % se mostró a favor.

El presidente del partido, Alberto Undurraga, explicó que el texto es «deficiente» y «partisano», y que representa solo a la derecha y no a todo el país.

Undurraga también criticó que la propuesta constitucional reduce los derechos de los ciudadanos en lugar de ampliarlos. «Las constituciones tienen que generar más derechos, y ésta genera menos derechos», afirmó.

El Partido Radical se suma al bloque de detractores

Otro partido que se ha sumado al rechazo a la nueva Constitución es el Partido Radical, el más antiguo del país y que también forma parte del oficialismo.

En un comunicado, este colectivo acusó a la derecha de haber sucumbido ante la extrema derecha y de haber creado una Constitución acomodada a sus doctrinas e ideologías.

El Partido Radical consideró que el texto constitucional no refleja el espíritu del estallido social que se produjo en 2019, cuando millones de chilenos salieron a las calles para exigir cambios profundos en el modelo político y económico del país.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

Fuente de imágenes referenciales:  Unsplash/Caio Silva

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Comisión preliminar encargada de la selección de los nuevos rectores

El diputado y presidente de la AN, Jorge Rodríguez, leyó el proyecto del acuerdo, el cual establece la creación de un Comité de Postulaciones Electorales conformado por representantes de diversos sectores de la sociedad.

Esta iniciativa está en plena consonancia con lo establecido en el artículo 295 de la Constitución venezolana, que establece la participación plural y diversa en los procesos electorales.

Nombres destacados al frente del Comité de Postulaciones Electorales

En virtud de este acuerdo, se ha designado a Giuseppe Alesandrelo como presidente del Comité de Postulaciones Electorales, una elección que destaca su experiencia y capacidad en estos asuntos.

Además, se ha designado a Desiree Santos Amaral como vicepresidenta, y a José Gregorio Correa como segundo vicepresidente. Estos serán clave en el proceso de selección de los nuevos rectores del CNE.

Diversidad y representatividad en el Comité de Postulaciones Electorales

El Comité de Postulaciones Electorales estará integrado por un total de 10 diputados y diputadas, quienes desempeñarán un papel fundamental en la selección de los nuevos rectores del CNE.

La presunta inclusión de representantes de distintas corrientes políticas y sectores de la sociedad garantizaría la pluralidad y la imparcialidad en este proceso tan importante para el país.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales

Fuente de imagen referencial: Archivo

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El grupo de 50 constituyentes se incorporará a un Comité de Expertos, de 24 personas, además de un Comité Técnico de Admisibilidad. El grupo conformará un Consejo Constitucional que definirá las bases del sistema y el orden político del país en una propuesta de texto.

De acuerdo con el Servicio Electoral de Chile (Servel), más de 15 millones de chilenos podrán participar en una elección que no ha generado gran interés en su población, pero que de igual manera deberán participar debido a que el voto es obligatorio en la nación austral.

Las mesas de votación se abrirán a las 8 de la mañana y una hora más tarde todas deberán estar conformadas. El proceso finalizará a las 18:00 horas, siempre que no se encuentre ningún elector en fila para votar.

Las proyecciones iniciales estiman un ascenso de los partidos de ultraderecha y una mala votación para el gobierno de Boric, esencialmente de izquierda. El exdiputado José Auth proyectó que los partidos Republicanos y el Partido de la Gente obtendrán el 30% de los votos y, por ende, el 20% de los escaños.

El gobierno llega a las urnas con un respaldo limitado, marcado especialmente por el tema de la inseguridad. “Un mal resultado va a impactar al gobierno… Si sacan menos del 38% las dos listas sería una derrota para el Ejecutivo y puede tener incluso efectos en la agenda”, concluyó el analista Tomás Duval.