Han firmado ya el tratado -aunque está pendiente de ratificación en cada estado-, además de Suiza, países como Reino Unido, Canadá, Israel, Japón, Estados Unidos o la Unión Europa, han informado a EFE fuentes del Consejo de Europa.

El Convenio, han subrayado las mismas fuentes, pretende garantizar que las actividades dentro del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial sean plenamente compatibles con los derechos humanos, con la democracia y con el Estado de derecho, y que favorezcan además el progreso tecnológico y la innovación.

Convenio de Europa

El Consejo de Europa, que elaboró y lanzó este Convenio el pasado año, ha puesto en marcha además una herramienta para evaluar el impacto que los sistemas de inteligencia artificial pueden tener sobre los derechos humanos y la democracia y para minimizar los riesgos de las nuevas realidades tecnológicas.

Este organismo ha puesto en marcha y a disposición de las empresas, instituciones o administraciones públicas una herramienta bautizada como ‘HUDERIA’ (acrónimo que combina las siglas en inglés de las palabras Derechos Humanos; Democracia; Estado de Derecho; y Evaluación de Impacto) que según sus promotores permite evaluar los riesgos de la inteligencia artificial para garantizar que su uso sea eficiente, ético, seguro y confiable.

Desde numerosos sectores (empresas, administraciones y organismos internacionales) se han planteado durante las últimas semanas muchas dudas sobre el hecho de que haya países o regiones del mundo mucho más garantistas que otros en la protección de los derechos humanos frente a tecnologías como la inteligencia artificial, o sobre los riesgos que acarrea el uso de esta tecnología sin atender con nitidez los riesgos que puede tener para los derechos humanos y la democracia, y en ese sentido han constatado las dudas que genera la nueva administración estadounidense.

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«La Asamblea considera que los cargos desproporcionadamente severos presentados por Estados Unidos contra Julian Assange bajo la ley de Espionaje, exponiéndolo a un riesgo, de facto, de cadena perpetua, (…) justifican la designación del Sr. Assange como preso político», recoge el texto de la resolución que aprobó hoy el organismo por 88 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones.

La institución afirmó que «el uso incorrecto que Estados Unidos ha hecho de la ley de Espionaje de 1917 para procesar» al australiano «ha provocado un efecto disuasorio peligroso, disuadiendo a editores, periodistas y denunciantes de informar sobre la mala conducta gubernamental».

Por eso, pidió a EE. UU. -que no forma parte del Consejo de Europa pero sí es un país observador- que la «reforme urgentemente» para que no se aplique contra editores, periodistas y denunciantes, sino contra «el intento malicioso de dañar la seguridad nacional» del Estado.

La Asamblea Europea pidió a EEUU «reforme urgentemente» la Ley de Espionaje (Fuente de esta imagen referencial: EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Y le reclamó que lleve a cabo «investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes sobre presuntos crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos revelados por WikiLeakas y el Sr. Assange, para que los responsables rindan cuentas.

También le pidió que «coopere de buena fe» con las autoridades judiciales españolas que están investigando el supuesto espionaje que la CIA cometió contra Assange en la Embajada de Ecuador en Londres a través de la empresa de seguridad UC Global, dirigida por el exmilitar español David Morales.

La resolución lamentó además que el Reino Unido «no logró proteger con eficacia la libertad de expresión» de Assange, al haberle encarcelado durante cinco años en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh (Reino Unido) y le pidió que «revise urgentemente» sus leyes de extradición para impedir la entrega de «individuos buscados por delitos de naturaleza política».

El hecho de que la Asamblea del Consejo de Europa fuese a votar hoy esta resolución que le considera un preso político, fue lo que motivó ayer a Assange a romper su silencio tras quedar en libertad el pasado mes de junio, tras un acuerdo con la justicia de EE. UU. en el que se declaró culpable de violar dicha ley de espionaje.

Ayer, no obstante, el australiano señaló que si ha podido salir de prisión no es porque «haya funcionado el sistema», sino porque se declaró culpable «haber hecho periodismo«.

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«He decidido continuar luchando junto al pueblo venezolano», dijo Machado ante la Asamblea del Consejo de Europa, en un discurso por videconferencia.

La dirigente opositora manifestó que «estoy convencida de que es lo correcto, de que es mi papel, y por eso me eligieron como su líder para esta etapa de lucha».

El premio fue recogido por su hija, Ana Corina Sosa.

María Corina Machado subrayó la «importancia» del premio, no sólo para ella, «sino, sobre todo, para todos los que luchan conjuntamente por la causa de la libertad en Venezuela».

Y se mostró «profundamente conmovida, honrada y agradecida por ser la primera latinoamericana en ganar esta distinción».

La líder opositora recordó a Václav Havel, líder durante la Primavera de Praga en 1968 y primer presidente de la República Checoslovaca tras la caída del comunismo en ese país. y aseguró que «a la luz de su legado (…) los venezolanos hemos identificado la raíz del problema».

Machado insistió en la «sonada derrota» de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado mes de julio y en la victoria de Edmundo González Urrutia, quien «se ha visto forzado al exilio en España» desde el pasado 8 de septiembre.

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«Este acuerdo, que está abierto también a los países no europeos, establece un marco legal que se aplica a la totalidad del ciclo de vida de los sistemas de IA y se centra en los riesgos que pueda entrañar, al mismo tiempo que promoverá una innovación responsable», indicó el Consejo de Europa, después de que los 46 ministros de Exteriores del organismo adoptasen en Estrasburgo el tratado.

Este convenio internacional obliga a los estados signatarios a poner en marcha medidas para «identificar, evaluar, prevenir y atenuar posibles riesgos» de la IA -tanto en el sector público, como en el privado- especialmente cuando el uso de esta tecnología pueda presentar «riesgos incompatibles con las normas de los derechos humanos».

Asimismo, los estados han de «controlar que estos sistemas de IA respeten la igualdad, incluyendo la de género, impidan la discriminación y protejan la vida privada».

El tratado tendrá también como misión evitar que la IA se pueda utilizar para «atacar a las instituciones y a los procesos democráticos, respetando los principios de la separación de poderes».

Acuerdo de regulación de la IA

El acuerdo de regulación se elaboró durante los dos últimos años gracias a un comité en el que participaron miembros de los 46 estados del Consejo de Europa, junto a otros 11 países: Argentina, Australia, Canadá, Costa Rica, El Vaticano, Israel, Japón, México, Perú, Estados Unidos y Uruguay.

También se tuvo en cuenta a representantes del sector privado, la sociedad civil y la académica.

La convención marco sobre la IA, que se abrirá a la firma el próximo 5 de septiembre en una conferencia de ministros de Justicia en Vilna, se aplicará de dos maneras.

O bien los signatarios optan por acogerse a las disposiciones tal y como figuran en el tratado de regulación o se comprometen a poner en marcha otras medidas que sean equiparables a las del documento, siempre y cuando protejan «los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho».

Estas dos modalidades de adopción se han planteado debido a la «disparidad de los sistemas jurídicos de los diferentes países» que integran el acuerdo.

El Consejo de Europa explicó que el tratado tendrá un mecanismo de seguimiento «para asegurarse de que se pone en marcha de manera efectiva».

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Fiorella Tagliafico R.

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La decisión rusa se basa en el artículo 7 del Estatuto de la organización paneuropea, que permite que cualquier miembro «puede retirarse notificando su decisión al secretario general», señaló el portavoz en un comunicado.

Este anuncio de Moscú se conoció durante el pleno extraordinario que celebra la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en el que se va a someter a votación una declaración para instar a Rusia a retirarse y, si no lo hace, proceder a la expulsión.

Así, se puede repetir lo ocurrido hace 53 años, cuando la Cámara del Consejo recomendó expulsar a Grecia por el golpe de Estado de los coroneles, pero el régimen militar de Atenas se adelantó y pidió la baja.

La decisión rusa podría prolongar su pertenencia a la organización hasta finales de año, si se aplica literalmente el citado artículo 7. Si la opinión de la Asamblea sale adelante, el Comité de Ministros podría proceder a la expulsión inmediata.

El Comité de Ministros decidió el pasado 25 de febrero suspender la participación de Rusia en el Consejo de Europa, tras la invasión del territorio ucraniano.

Un comunicado del Ministerio ruso de Exteriores aseguró este martes que, sin Rusia, la organización «pierde sus coordenadas paneuropeas y la decisión recae sobre quienes nos obligan a dar este paso». Añadió que «nos separamos sin pesar de ese Consejo de Europa».

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales