La iniciativa, propuesta por el diputado opositor Antonio Ecarri, surge tras el restablecimiento de los lazos entre ambos países registrado este mes.

Puntos clave de la propuesta

Objetivos económicos: Se busca priorizar la normalización de las relaciones comerciales y posicionar a Venezuela como un proveedor energético confiable.

Activos e institucionalidad: La agenda legislativa incluirá la discusión sobre la protección de activos venezolanos en el exterior y el reconocimiento de las instituciones del Estado.

Diplomacia parlamentaria: Ecarri y el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, estarán al frente de este grupo. Se prevé un viaje próximo a Washington para establecer contacto directo con comisiones bipartidistas del Senado estadounidense.

Contexto diplomático actual

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, respaldó la medida mientras el Ejecutivo avanza en paralelo.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que una delegación diplomática liderada por Félix Plasencia viajará esta semana a EEUU para profundizar el proceso de deshielo, luego de las recientes reuniones en Caracas con representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado del país norteamericano.

De interés: Delcy Rodríguez recibió a delegación del Comité de Exteriores del Senado de EEUU

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Balcázar, de 83 años, fue investido como jefe de Estado temporal con la misión de dirigir el gobierno por cinco meses, hasta el próximo 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de las elecciones presidenciales convocadas para el 12 de abril.

Así, este abogado perteneciente al partido marxista Perú Libre, con el que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) ganó las elecciones en 2021, se convirtió en el mandatario de mayor edad de la historia de Perú, al superar a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que tenía 79 años cuando dimitió para evitar ser destituido.

«Defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de sus instituciones democráticas. Ampliaré y haré cumplir la Constitución política y las leyes de Perú», señaló Balcázar.

La gran sorpresa

Con 64 votos, el parlamentario dio la sorpresa al imponerse en la votación del Congreso a la derechista María del Carmen Alva, que recibió 46 votos pese a partir como favorita para ocupar el cargo, tras haber sido ya presidenta del Legislativo en el periodo 2021-2022, donde se caracterizó por una fuerte confrontación y oposición al gobierno de Castillo.

Balcázar logró imponerse a Alva con el respaldo tanto de Perú Libre como de partidos de derecha que rechazaban a Alva, tras llegar a un acuerdo para integrar el Gobierno, como los derechistas Alianza Para el Progreso (APP) y Podemos Perú (PP), de los candidatos presidenciales César Acuña y José Luna, respectivamente.

El político octogenario reemplaza a Jerí, que fue destituido por el Congreso tras las investigaciones abiertas contra él por tráfico de influencias en su corto mandato de apenas cuatro meses, al supuestamente por reunirse de manera semiclandestina con empresarios chinos y presuntas contrataciones irregulares de funcionarias con las que se reunió previamente en el Palacio de Gobierno.

No obstante, Balcázar, que llegó a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de Perú, también acumula una serie de cuestionamientos e investigaciones por diversos delitos, además de polémicas como su defensa del matrimonio infantil, durante un debate de un proyecto de ley para prohibir este tipo de enlaces.

De interés: HRW insta a Venezuela desmantelar su «aparato represivo»

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Fuente de imagen referencial: EFE/ Congreso de Perú 

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«Podríamos tener discusiones con Maduro, y veremos cómo resulta eso. Ellos quisieran hablar», declaró el mandatario a la prensa desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida.

El presidente estadounidense no precisó la fecha de las conversaciones ni quién se encargaría de ellas, además de insistir en que es Venezuela quien «quisiera hablar», aunque él no sabe de qué se trata.

«Yo hablo con cualquiera, veremos qué pasa», mencionó.

Trump habló apenas momentos después del anuncio del Departamento de Estado de EEUU sobre designar, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo gobierno afirma que es «un invento».

El presidente estadounidense reconoció, cuestionado por la prensa, que esta designación «permite» que Washington ataque los activos de Maduro o infraestructura dentro de Venezuela, pero matizó que él no ha dicho que lo hará.

«Nos permite hacer eso, pero no hemos dicho que vamos a hacer eso, y podríamos discutir (con Venezuela)», aseguró.

Un gobierno sin Maduro

El anuncio de las discusiones con Maduro ocurre tras reportes de la prensa estadounidense en octubre sobre presuntas negociaciones que el gobierno de Venezuela habría buscado con la Administración Trump.

El Miami Herald reportó que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, propuso a EEUU encabezar un gobierno de transición sin Maduro, mientras que The New York Times señaló que Caracas ofreció a Washington abrir a las compañías estadounidense su petróleo y oro, y redirigir de China a Norteamérica sus exportaciones del combustible.

Las declaraciones de Trump también se producen horas después de la llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, como parte del despliegue militar que ha ordenado en la región.

El mandatario estadounidense prometió que mantendría al Congreso «involucrado» en discusiones sobre próximos pasos en Venezuela.

De interés: Maduro acusa a redes sociales de sumarse a «la guerra psicológica contra Venezuela»

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El alto tribunal, de mayoría conservadora, deberá determinar la autoridad del mandatario y los límites de su poder, además del futuro de la economía nacional e internacional.

La política arancelaria de Estados Unidos depende del Congreso, no del presidente, y el debate jurídico se centra ahora en si Trump hizo lo correcto al utilizar una ley federal de emergencia para justificar la batería arancelaria que impuso en abril a buena parte del mundo.

La Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) otorga a los mandatarios el poder de hacer frente a una «amenaza» sobre la que se haya declarado «una emergencia nacional», y la corte estudia si en este caso es aplicable la norma, después de que varios tribunales inferiores hayan considerado que Trump se excedió en sus poderes.

En una de las primeras intervenciones, el presidente del Supremo, el magistrado conservador John Roberts, se mostró escéptico sobre la capacidad legal del republicano para imponer sus aranceles.

La defensa recordó otros casos en los que el tribunal había permitido a expresidentes como Jimmy Carter o Richard Nixon tomar medidas de emergencia en materia arancelaria, pero los magistrados no se mostraron seguros de que se tratase de la misma situación.

La impugnación fue presentada por un grupo de fiscales demócratas de 12 estados y un grupo de empresas representadas por el abogado Neal Katyal.

Trump, que no acudió a la audiencia aunque llegó a decir que lo haría, escribió en su red social, Truth Social, que el fallo del Supremo sobre los aranceles es una cuestión de «vida o muerte» para el futuro del país.

En su lugar acudió de público el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien defendió que la aplicación de los gravámenes es necesaria por la emergencia económica que sufre Estados Unidos.

De interés: EEUU intensifica su guerra comercial con aranceles a medicamentos y camiones

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Es por ello que el actual cierre de Gobierno, que comenzó el pasado 1 de octubre, alcanzará el lunes su trigésimo cuarto día, muy cerca ya del récord histórico registrado en el primer mandato de Donald Trump, cuando entre diciembre de 2018 y enero de 2019 el Gobierno estuvo cerrado 35 días.

Existe una creciente inquietud en EE.UU. por la posibilidad de que los controladores aéreos, que se cuentan entre los 730.000 empleados federales que están cubriendo labores esenciales pero que no cobrarán sus sueldos hasta que se levante el cierre, puedan comenzar a ausentarse de sus puestos y desatar el caos en el transporte.

En el cierre de 2018-2019 fueron las bajas por enfermedad de los controladores las que, al paralizar parte del tráfico aéreo del país, forzaron a republicanos y demócratas a alcanzar un acuerdo en el Congreso.

El bloqueo en el que se encuentra actualmente el Senado estadounidense pasa por las demandas de los demócratas que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar un presupuesto que levante el cierre del Gobierno Federal, exigen que se prolonguen los subsidios del programa sanitario Obamacare que caducan a final de año, lo que según los expertos elevará considerablemente las primas para 2026.

Los expertos creen que el 1 de noviembre será una fecha clave en el actual cierre, ya que ese día muchos estados han dicho que se quedarán sin fondos para financiar los cupones alimentarios de los que dependen más de 40 millones de estadounidenses.

Ese mismo día se publicarán a su vez las tarifas actualizadas del Obamacare, lo que, unido a lo anterior, puede servir de acicate para que ambos partidos se sienten a negociar un presupuesto para reabrir el Gobierno.

De interés: Demócratas y republicanos no logran acuerdo y el cierre de Gobierno de EE.UU continúa

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«Los ataques militares de la Administración Trump en el Caribe y en el Océano Pacífico son ilícitos e irresponsables, así de sencillo», aseveró Espaillat, del partido demócrata, en un comunicado.

El congresista reconoció que la crisis de drogas y opiáceos que atraviesa Estados Unidos «requiere soluciones comprobadas», como acciones policiales y programas que traten el abuso de sustancias.

Sin embargo, incidió, Trump ha recortado «ilícitamente» el presupuesto aprobado por el Congreso para dichos programas, y además ha enviado a agentes federales «a deportar abuelas y familias en lugar de perseguir narcotraficantes».

Ataques en el Caribe

Espaillat insistió además en que, si el Gobierno del republicano espera tener «contacto bélico» con otro país, primero debe obtener autorización formal del Congreso que le permita usar sus fuerzas militares.

Durante las últimas semanas, la Administración de Donald Trump ha destruido una decena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, matando a varias personas, cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha disparado la tensión con esos países, que denuncian ejecuciones extrajudiciales.

Justo hoy, el Pentágono anunció el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas presuntamente cargadas con drogas.

De interés: Senado de EEUU rechaza bloquear ataques de Trump en el Caribe

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«Si no lo hacemos, van a entrar cientos de miles de personas por tierra, porque ya no vienen por barco«, aseguró Trump al ser cuestionado sobre sus acciones militares cerca de la costa venezolana.

El mandatario afirmó que ordenará bombardeos contra posibles objetivos terrestres como parte de una campaña de ejecución contra personas ligadas al tráfico de drogas.

«Les daremos un duro golpe cuando entren por tierra», reiteró Trump y agregó que «aún no lo han experimientado pero ahora estamos totalmente preparados para hacerlo».

Sin embargo, Trump aclaró que a su criterio no necesitan permiso para hacerlo y que podrían actuar porque cuentan con la autorización legal.

Este miércoles, el Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó el que sería el octavo ataque a narcolanchas y el primero en el Pacífico, desde que el Pentágono iniciara una operación antidrogas en el Caribe, en su mayoría cerca de las costas de Venezuela, como parte de la que ha hundido al menos siete embarcaciones que, asegura, están relacionadas con el narcotráfico.

De interés: Trump dice que Maduro le ha ofrecido «de todo» porque no quiere «meterse» con EEUU

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«No voy a renunciar», declaró Jerí en las afueras del Palacio de Gobierno de Lima, al que volvió a pie tras visitar de manera sorpresiva la sede del Congreso, junto con el primer ministro, Ernesto Álvarez.

En un pronunciamiento previo, tras terminar su visita al Palacio Legislativo, el gobernante dijo que Perú afronta «épocas complicadas» y denunció que «un grupo minúsculo pretende imponer una agenda distinta a una expresión ciudadana de inconformidad».

El mandatario también reiteró que lamenta el fallecimiento de Eduardo Ruiz, de 32 años, durante la multitudinaria protesta en contra de las autoridades por la crisis de corrupción e inseguridad que afronta el país.

Jerí también sostuvo que las multitudinarias protestas en Lima fueron «una expresión ciudadana legítima» que, según dijo, luego fue llevada hacia la violencia por «algunos sectores que tenían una agenda de generar caos, aprovechando una libre expresión ciudadana de inconformidad».

Perú afronta «épocas complicadas»

Jerí también dijo que ha «recibido un país con múltiples demandas que no han sido atendidas en muchos años» y que se viven «épocas complicadas» para su país.

«No es nada sencillo el momento en que hemos asumido esta responsabilidad y hoy tenemos que sostener la estabilidad de Perú en base al diálogo», acotó.

En ese contexto, pidió ser «responsables» y no permitir «que un grupo minúsculo pretenda imponer una agenda distinta a una expresión ciudadana de inconformidad».

En sus posteriores declaraciones a periodistas dijo que durante las protestas «no ha habido algún tipo de represión» y que, más bien, se reportó «cerca de cien heridos de la policía».

El mandatario ratificó que se mantendrá en el cargo porque su «responsabilidad es mantener la estabilidad del país» y está «plenamente convencido de que trabajando juntos» lo va «a conseguir».

De interés: José Jerí asume como presidente interino de Perú tras destitución de Boluarte

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A propuesta de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, sus compañeros de bancada se levantaron de sus escaños para aplaudir por unos instantes en honor a Machado y cuestionaron la actitud de los demás parlamentarios, especialmente de los ultraderechistas de Vox.

El PP planteó el martes sin éxito en la Junta de Portavoces al resto de grupos la aprobación en el pleno de una declaración institucional en reconocimiento a la opositora al gobierno de Nicolás Maduro por su labor en favor de la paz en Venezuela.

Para los populares, María Corina Machado encarna la verdad, la justicia, la paz civil y a las mujeres fuertes y libres, la «némesis absoluta» de lo que en su opinión representa el gobierno de Pedro Sánchez, según palabras de Álvarez de Toledo en la sesión de control al Ejecutivo.

La diputada cuestionó que el gobierno no haya felicitado a Machado: «¿Qué miedo tienen ustedes a (Nicolás) Maduro? (…) Son rehenes del narcodictador», dijo la diputada, que les reprochó que no se atrevan «ni siquiera» a llamar dictador al dirigente venezolano.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó el martes su respeto por el trabajo de la líder opositora venezolana, pero evitó comentar si considera justo o no que se le haya otorgado el Premio Nobel de la Paz.

En su entrevista en la Cadena Ser, Sánchez sí transmitió el deseo del gobierno de que la situación en Venezuela se normalice y haya un proceso democrático «rotundo» y recordó el rechazo al reconocimiento de los resultados de las últimas elecciones en Venezuela.

De interés: María Corina Machado no sabe si podrá viajar a recoger el Premio Nobel de la Paz

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El Parlamento peruano invistió a Jerí como jefe de Estado hasta las próximas elecciones generales convocadas para abril de 2026 conforme contempla la Constitución en caso de que el presidenta o presidenta no disponga de vicepresidentes, como sucede con Boluarte, que era la vicepresidenta del izquierdista Pedro Castillo, quien también fue destituido a finales de 2022.

Jerí, de 38 años, es presidente del Congreso de Perú desde agosto pasado, después de haber llegado al Parlamento como congresista suplente en las elecciones de 2021, en el lugar del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien había sido el parlamentario más votado pero que no pudo asumir su escaño por encontrarse inhabilitado por el Congreso.

El Congreso destituyó a Boluarte en la noche del jueves de manera exprés a Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su «permanente incapacidad moral» para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

Boluarte no acudió al hemiciclo para ejercer su derecho a defensa, por lo que Jerí anunció la decisión de continuar con el proceso de destitución.

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En un largo post en la red social Truth, Trump aseguró que «liderará un movimiento» para poner fin al voto por correo y reiteró afirmaciones no basadas en hechos como que esa modalidad de voto no existe en ningún país del mundo por generar fraude masivo.

Asimismo, anunció que eliminará el uso de máquinas para depositar el voto, ya que «consta diez veces más que el más preciso y sofisticado uso de paper con marcas de agua».

Trump prometió que en breve firmará una orden ejecutiva para «devolver la honestidad a las elecciones de medio mandato de 2026. Recuerden que los estados son meramente un agente del Gobierno Federal para contar y tabular los votos. Deben hacer lo que el Gobierno Federal, representado por el Presidente de Estados Unidos, les diga».

El mandatario republicano volvió a sugerir que los demócratas apoyan el voto por correo, porque les ayuda a ganar con esta «estafa».

Los cambios propuestos por Trump, se suman a la intención de cambiar antes de los plazos el dibujo de algunos distritos de escaños del Congreso para favorecer a los republicanos y cambiar el modo en que el Censo calcula la población, algo que impacta en el peso electoral de cada estado del país.

Todas estas propuestas se dan poco ante de que en noviembre de 2026 se renueve toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con lo que Trump se juega su frágil mayoría en el Legislativo para los dos últimos años desde su segundo mandato.

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«Este es un proyecto estructural. Para que nuestro país salga adelante no necesitamos avanzar en la extracción de energías fósiles, necesitamos descarbonizar», afirmó Estrada tras presentar el proyecto en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.

La ministra estuvo acompañada por la bancada del partido oficialista Pacto Histórico y por el presidente de la Cámara, Julián López, quien destacó la «valentía» de Estrada al retomar esta causa ambiental.

El fracking en Colombia

El fracking o la fracturación hidráulica es una técnica de extracción de petróleo y gas de esquisto —un tipo de hidrocarburo que se encuentra en capas de roca a gran profundidad— mediante la inyección de grandes cantidades de agua mezclada con químicos a alta presión para fracturar la roca y liberar el gas.

Ha sido un asunto polémico durante los últimos diez años en Colombia, especialmente después de que el expresidente Iván Duque (2018-2022) prometiera que no se llevaría a cabo esta técnica en el país, pero su Gobierno avaló pilotos para evaluar los impactos sociales y ambientales para desarrollar la técnica en el futuro.

La prohibición del fracking fue una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro, cuyo Gobierno se ha manifestado en contra de esta técnica por sus posibles impactos ambientales.

La iniciativa ha sido presentada al Congreso en múltiples ocasiones, pero en todas ha fracasado en distintas etapas del trámite legislativo. Con esta, ya son seis veces que se propone el proyecto, tres de ellas durante el Gobierno de Petro.

Ahora, con el respaldo del Gobierno, la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible vuelve a intentar su aprobación definitiva.

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En un acto celebrado con motivo de la festividad nacional del Día de la Independencia en el jardín de la Casa Blanca, Trump firmó la ley que fue aprobada por el Congreso.

En un discurso previo pronunciado desde el balcón de la Casa Blanca, el presidente subrayó que «no se ha visto un ánimo así en el país en muchos, muchos años y décadas».

Trump enumeró lo que considera los triunfos de sus casi seis meses de regreso en el cargo, mencionando «billones de dólares» en nuevas inversiones desde el exterior en EE.UU., el acuerdo para que los socios de la OTAN inviertan más o «el máximo histórico» en el mercado laboral o la Bolsa, algo que en este caso solo es cierto con respecto a los índices Nasdaq y S&P500 de Wall Street.

En todo caso, el neoyorquino destacó que la firma del «gran y hermoso proyecto de ley» fiscal y presupuestario supone «oficializar la mayor victoria hasta ahora» de su presidencia.

Que implica la ley fiscal y presupuestaria de Trump

El presidente afirmó que la nueva ley «incluye el mayor recorte de impuestos en la historia de Estados Unidos, el mayor recorte de gastos, de 1,7 billones de dólares», «la mayor inversión en seguridad fronteriza en la historia de Estados Unidos» y «una de las modernizaciones militares más vitales de todos los tiempos».

El proyecto de ley, que codifica en ley las deducciones de impuestos que el propio Trump aprobó en 2017 durante su primer mandato (2017-2021), implica un recorte de en torno a 1 billón de dólares en financiación para servicios como el plan sanitario Medicaid o el de asistencia para la compra de alimentos SNAP, que según Trump y muchos republicanos, supone eliminar redundancias o casos de fraude que minan los programas.

Diversas organizaciones estiman que la ley dejará a unos 12 millones de residentes en EE.UU. sin acceso a ayudas federales.

La norma también incrementa en unos 170.000 millones de dólares la inversión en seguridad fronteriza y medidas antiinmigración y en unos 150.000 millones en defensa.

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El camino hacia la independencia se delineó mucho antes de 1811. Desde la insurrección de José Leonardo Chirinos en 1795 y la conspiración de Manuel Gual y José María España en 1797, hasta la audaz expedición de Francisco de Miranda en 1806, cada levantamiento encendió una mecha que culminaría en la transformación del 19 de abril de 1810 en Caracas. Este último evento fue el preludio de lo que se consolidaría en la declaración de independencia.

Con el objetivo de legitimar el proceso y darle una estructura formal, en junio de 1810 se promulgó el Reglamento para la Elección de los Diputados al Congreso General de Venezuela. Este documento sentó las bases para la conformación de un cuerpo legislativo que, para finales de ese año, ya vislumbraba la idea de una Confederación de Venezuela, con la participación de seis provincias y Barcelona.

La Junta Suprema, nacida de los acontecimientos del 19 de abril, entendió la necesidad de buscar apoyo internacional. Así, se conformó una misión diplomática crucial, integrada por Simón Bolívar, Luis López Méndez y Andrés Bello. Su destino: Londres, con la esperanza de obtener el respaldo británico. Fue durante este viaje que se encontraron con Francisco de Miranda, quien, en diciembre de 1810, regresaría a Venezuela para desempeñar un papel fundamental en el Congreso y en el avance de la causa independentista.

La voz del pueblo en el Congreso

El 2 de marzo de 1811 marcó un hito con la instalación del Congreso General de Venezuela, un órgano que sustituyó a la Junta de Caracas y que elevó la discusión independentista a un nuevo nivel. Este cuerpo, compuesto por 30 representantes, se convirtió en el epicentro de debates apasionados. La soberanía popular, la dignidad intrínseca del pueblo y el rotundo rechazo a cualquier forma de dominación extranjera fueron los pilares de sus deliberaciones.

La culminación de esta fase llegó el 1 de julio de 1811, con la proclamación de la Ley de los Derechos del Pueblo. Este documento esencial reafirmó la soberanía popular, estableció los derechos y deberes del individuo en sociedad, y delineó las responsabilidades del cuerpo social.

Los días previos a la declaración final fueron intensos. A partir del 3 de julio, los debates sobre la independencia se recrudecieron, impulsados por la fervorosa presión de la Sociedad Patriótica. No todos estaban convencidos; algunos diputados cuestionaban la legitimidad del Congreso o la pertinencia de declarar la independencia en ese momento.

Bolívar: el impulso decisivo

En medio de la incertidumbre, la voz de Simón Bolívar resonó con fuerza en la Sociedad Patriótica. Su célebre discurso, inmortalizado por la frase «vacilar es perdernos», fue un llamado inquebrantable a la acción, a tomar la decisión definitiva que marcaría el rumbo de la nación.

La mañana del 5 de julio trajo consigo la resolución esperada. El presidente del Congreso General de Venezuela, en sesión pública, manifestó la posición favorable del Ejecutivo hacia la independencia. Tras un proceso de votación que arrojó un solo voto en contra, el Congreso declaró formalmente la Independencia Absoluta.

Esa misma tarde, el diputado Juan Germán Roscio recibió el encargo trascendental de redactar el Acta de la Independencia de Venezuela, el documento que sellaría de manera oficial la ruptura con el yugo español.

Así, en medio del clamor popular, el 5 de julio de 1811 se grabó para siempre en la historia de Venezuela, un día en que la nación dio un paso irreversible hacia la libertad y la construcción de su propio destino soberano. Como es tradición, cada año la fecha es conmemorada con un imponente desfile, presidido por el jefe de Estado, reafirmando el compromiso con los ideales de aquellos fundadores.

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Con información de medios nacionales y redes sociales

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Petro firmó la nueva ley en un acto celebrado en la Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, en medio del aplauso de sindicalistas, trabajadores y funcionarios de su Gobierno y al grito de «sí se pudo».

Tras la firma del documento, el presidente, con el puño en alto, exhibió un ejemplar en formato grande de la nueva ley con la inscripción «Le cumplimos al país».

«Esta ley, apenas se publique, rige en todo el país, en toda la nación (…) Ahora el gran problema de la ley, como de muchas otras actuales, es que no se cumpla. Una manera de evadir la ley es dejarla como letra muerta, como dejaron la mayor parte de la Constitución de Colombia», expresó Petro.

Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el viernes a contrarreloj la controvertida reforma laboral que presentó hace dos años el Gobierno y con las que prometió restituir derechos laborales a millones de colombianos.

Cambios en la legislación laboral

La nueva ley amplía en dos horas la jornada de trabajo nocturno, que comenzará a las 7:00 pm; aumenta el pago por trabajo en fines de semana y festivos, y exige aportes a la seguridad social a empresas de aplicaciones de reparto, entre otras disposiciones.

Además, el contrato a término indefinido se convierte en la regla general y los contratos a término fijo solo podrán renovarse hasta cuatro veces antes de convertirse en indefinidos.

También se eliminan los contratos por prestación de servicios para tareas permanentes en el sector público, lo que afectará directamente al propio Gobierno, que tiene a miles de trabajadores bajo esa modalidad laboral.

La reforma establece que las empleadas domésticas, internas o externas, tendrán una jornada máxima de ocho horas como cualquier otro trabajador.

Los estudiantes de medicina, por su parte, deberán recibir al menos un salario mínimo durante sus prácticas, que hasta ahora hacen gratis hasta que se gradúan.

También establece que las empresas deberán contratar mínimo dos personas con discapacidad por cada cien empleados.

Los transportadores de carga y pasajeros, entre tanto, accederán a derechos fundamentales, según el Ministerio de Trabajo, y se le dará prioridad a su inclusión en el sistema de seguridad social.

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La medida había sido presentada por el demócrata Al Green, representante de Texas, y reprochaba al mandatario no haber notificado al Congreso o haber buscado su autorización antes de atacar este pasado fin de semana tres instalaciones nucleares iraníes.

Su texto fue bloqueado por un total de 344 congresistas: 216 legisladores republicanos y otros 128 demócratas.

Setenta y nueve congresistas demócratas se pronunciaron a favor de que el trámite siguiera adelante y otros cinco no votaron, mientras que entre los republicanos cuatro no votaron y el resto se decantó por el veto.

Resolución contra Trump

La resolución recriminaba a Trump «abuso de sus poderes presidenciales al ignorar la separación de poderes» y llevar la democracia estadounidense al «autoritarismo al usurpar inconstitucionalmente la facultad del Congreso para declarar la guerra».

Según Green, el líder republicano «se ha convertido en una amenaza para la democracia» del país.

Su iniciativa, no obstante, tenía desde el principio pocas posibilidades de éxito: las acusaciones deben ser sometidas a voto en la Cámara Baja y en caso de que esta las hubiera validado la celebración del juicio político recaía en el Senado. Ambas cámaras están en manos de los conservadores.

Trump fue sometido en dos ocasiones a un proceso de ‘impeachment’ durante su primer mandato (2017-2021).

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«Fue aprobado el proyecto de ley que busca modificar parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia», señaló el Senado en la red social X, donde afirmó que 13 congresistas de la Comisión Cuarta votaron a favor de la iniciativa y dos en contra.

El proyecto en discusión irá a la plenaria del Senado y después seguirá la conciliación porque los textos aprobados en Cámara y en Senado son diferentes. Si pasa esas instancias pasará a la firma del presidente y se convertirá en ley.

La aprobación se da justo antes de que las centrales obreras, el Pacto Histórico y diversas organizaciones sociales se preparan para un «gran paro nacional» en las principales ciudades del país para respaldar la consulta popular y las reformas sociales.

Tensión entre el Gobierno y el Congreso por la reforma 

La convocatoria llega en un momento de tensión entre el Gobierno y el Congreso, después de que el Senado rechazara a mediados de mayo la propuesta de consulta popular presentada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, para reflotar su reforma laboral, una de las iniciativas más emblemáticas de su agenda de Gobierno.

El Gobierno volvió a radicar el pasado lunes una nueva solicitud de consulta popular, esta vez con 16 preguntas: las 12 originales centradas en la reforma laboral, y otras cuatro vinculadas a asuntos del sistema de salud.

Sin embargo, el Senado está enfocado en sacar en tiempo récord la reforma que había sido hundida en marzo, pues esta iniciativa fue revivida el día en que fue rechazada la consulta popular y actualmente es la que se debate en esa Cámara.

El Gobierno, no obstante, decidió presentar una ponencia alternativa, que ya fue negada, y no apoyar el proyecto original luego de que los sindicatos advirtieran que la ponencia con la que fue revivida se están eliminando derechos, discriminando a las pymes y precarizando el empleo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, valoró que esta aprobación «es bastante amplia para el Gobierno» y dijo que aunque se siente contento todavía no celebra nada «porque todavía falta un debate».

La reforma laboral es una de las múltiples iniciativas promovidas por Petro en el Congreso. Hasta ahora, solo la tributaria y la pensional han logrado ser aprobadas, mientras que las reformas a la salud y a la educación fueron archivadas.

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La propuesta, presentada por la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, ordena a las agencias federales actualizar todos los documentos y mapas con el nuevo nombre propuesto por el mandatario estadounidense.

El proyecto necesita aún la aprobación del Senado estadounidense para convertirse en ley, donde necesita el apoyo de los demócratas, un trayecto cuesta arriba si se repite la votación de este jueves donde todo el bloque de legisladores demócratas y un republicano votaron en contra.

Antes de la votación, Greene calificó la medida como uno de los temas “más importantes” para votar en el actual Congreso.

Además, la republicana cargó contra los demócratas al decir que se oponen al cambio del nombre porque “favorecen” a los carteles narcotraficantes mexicanos, según información citada por la cadena CBS.

Pero los demócratas contraatacaron, el congresista por California Jared Huffman dijo que el Congreso estadounidense debería enfocarse en proyectos “realmente” importantes y no en aquellos que comenzaron siendo “una broma”.

Cambio de nombre del Golfo

Trump firmó una orden ejecutiva titulada ‘Restaurando nombres que honran la grandeza estadounidense’, lo que puso en marcha el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América y recuperaba la denominación de Monte McKinley para la montaña más alta de Estados Unidos.

El mandatario estadounidense designó el 9 de febrero como el ‘Día del Golfo de América’.

La Casa Blanca sostiene desde febrero pasado un enfrentamiento con la agencia de prensa estadounidense Associated Press (AP) a la que le bloqueó el ingreso al Despacho Oval y al avión presidencial Air Force One por no ajustarse a su decisión y seguir usando el nombre de Golfo de México.

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«Hemos logrado más en 43 días de lo que la mayoría de las administraciones logran en 4 u 8 años, y apenas estamos comenzando», declaró el mandatario, quien desde que volvió al poder el 20 de enero ha firmado un número de órdenes ejecutivas sin precedentes.

Trump sostuvo además que ha conseguido el regreso del «orgullo» y la «confianza» de Estados Unidos: «El sueño americano es imparable», reivindicó.

Asimismo, el mandatario celebró su decisión de hacer «volver» a los trabajadores federales a sus oficinas, y declaró: «O se presentan en persona o serán despedidos», dijo.

«Hace dos días, firmé una orden que hace del inglés la lengua oficial de los Estados Unidos de América», recordó.

Y siguió enumerando algunas órdenes con las que, según dijo, «ha acabado con la censura del Gobierno y ha recuperado la libertad de expresión en EE.UU.».

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Según el medio estadounidense, el Congreso ha tenido dificultades para sortear los desafíos administrativos y de seguridad que plantea el rápido avance de la tecnología de la IA.

«En este momento, DeepSeek está siendo revisado por el CAO (Oficina administrativa del Congreso) y actualmente no está autorizado para su uso oficial en la Cámara», dijo el Director Administrativo de la Cámara de Representantes en una advertencia a sus empleados a la que ha tenido acceso Axios.

En ese aviso se advertía de que hay constancia de la existencia de «actores» que «ya están utilizando DeepSeek para distribuir software malicioso e infectar dispositivos».

«Para mitigar estos riesgos, la Cámara ha tomado medidas de seguridad para restringir la funcionalidad de DeepSeek en todos los dispositivos emitidos» por la institución, agrega la nota, que subraya que «se prohíbe a los empleados instalar DeepSeek en cualquier teléfono, computadora o tableta oficial».

Revuelo por DeepSeek

Esta no es la primera vez que las autoridades administrativas del Congreso han restringido el uso de un producto de IA a sus empleados.

En 2023, el Congreso estableció límites al uso de ChatGPT, indicando a sus departamentos que solo podían usar la versión premium de este chatbot creado por la estadounidense OpenAI para determinadas tareas, recuerda Axios.

DeepSeek ha provocado un importante revuelo en el sector mundial de la IA tras el lanzamiento de su modelo V3, de cuyo desarrollo se afirma que únicamente duró dos meses y costó menos de 6 millones de dólares.

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