En un comunicado, la fiscalía de Ginebra indicó que la instrucción no permitió “establecer de manera suficiente un vínculo entre el monto recibido de Arabia Saudita” y la conclusión de contratos sobre la construcción de un tren de alta velocidad en ese país en 2011.

El 6 de agosto de 2018, la justicia suiza abrió una causa penal por “blanqueo de dinero agravado” tras la publicación de informaciones de prensa según las cuales el rey emérito habría percibido comisiones ilegales en el marco de contratos públicos obtenidos por empresas españolas.

Los gastos judiciales, de 216.000 dólares correrán de todos modos por cuenta de los acusados, entre ellos el ex jefe de Estado español (1975-2014)

En particular, las sospechas de centraban en un contrato obtenido por compañías de su país para la construcción del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca.

La instrucción permitió establecer que Juan Carlos I efectivamente recibió el 8 de agosto de 2008 la suma de 100 millones de dólares de parte del ministerio de Finanzas de Arabia Saudita en una cuenta de la fundación Lucum abierta en el banco Mirabaud de Ginebra.

El procedimiento también mostró evidencia de otros giros recibidos por el rey emérito o Corinna Zu Zein-Wittgenstein, su examante, de varios millones de dólares, procedentes de Kuwait y Baréin, según la fiscalía.

En junio de 2012, la cuenta de la fundación Lucum fue cerrada y su saldo, unos 65 millones de euros, fue transferido a una cuenta en Bahamas de una empresa propiedad de Corinna.

Tras la instrucción, la fiscalía suiza halló que “el recurso a una fundación, así como el domicilio fiscal de las empresas por parte de los diferentes protagonistas, demostraba una voluntad de disimulación”.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales