La organización presentó evidencias sobre la presunta responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra víctimas vinculadas con la oposición política al gobierno.

La fundación representa a familiares de dos víctimas de violencia indiscriminada y homicidios, con el fin de apoyar a las personas supervivientes y exigir responsabilidades a los autores más allá de las fronteras de Venezuela.

“El sistema de justicia venezolano está fallando a las víctimas de atrocidades masivas en su lucha por la justicia”, indicó Yasmine Chubin, directora de Asesoramiento Jurídico de la iniciativa The Docket de CFJ.

“Es por eso que estamos ayudando a las personas sobrevivientes y a sus familias en la recopilación de evidencias de los crímenes cometidos en su contra y en la búsqueda de jurisdicciones alternativas para garantizar que los autores de estos crímenes rindan cuentas”, agregó.

La ONG indicó que, desde 2014, las autoridades venezolanas han incumplido su obligación de poner en marcha investigaciones efectivas sobre los presuntos crímenes internacionales cometidos por funcionarios venezolanos.

La jurisdicción universal permite a los países enjuiciar los crímenes más graves, sin importar el lugar donde se hayan cometido o la nacionalidad del autor o de la víctima.

En el caso de Argentina, la Justicia ya ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal a casos en lo que constituye ya una sólida línea de precedentes.

En 2010, una jueza federal argentina inició una investigación penal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen franquista (1936-1977), lo que dio inicio a una orden de exhumación por parte del tribunal, que permitió a la hija de una víctima recuperar los restos de su padre, algo que los tribunales españoles no habían logrado.

En 2021, aplicando de nuevo la jurisdicción universal, un juez federal argentino inició una investigación sobre el presunto genocidio cometido contra la comunidad Rohingya en Myanmar.

A partir de estos dos precedentes, a comienzos de 2023 el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) presentó una denuncia penal para que se investiguen los crímenes cometidos por los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, en el marco de la cumbre de la CELAC que se celebró en Buenos Aires.

“Argentina puede convertirse en un faro de esperanza para las muchas familias y víctimas venezolanas que llevan ya años esperando justicia”, indicó Ignacio Jovtis, Responsable Senior de Programas que dirige las investigaciones de CFJ sobre Venezuela.

“Esperamos que la justicia argentina siga aplicando correctamente la jurisdicción universal y abra una vía para las víctimas venezolanas y sus familias de la misma manera que lo ha hecho en los otros casos de jurisdicción universal que tiene ante sí”, sentenció.

De interés: Fiscalía española pide procesar a exdirectivo de PDVSA por blanqueo

Víctor De Abreu