Andreína Baduel, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), entregó un documento a la Cancillería para solicitar que también se permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional a las cárceles y que, al igual que la CIDH, constaten las «violaciones de derechos humanos a las que están sometidos los presos políticos», según declaró a los medios presentes.

Asimismo, Baduel -también hija de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez y preso político fallecido en 2021- abogó por el ingreso de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, que ha solicitado acudir a Venezuela para «constatar la situación de violaciones de derechos humanos y no se lo han permitido».

El documento entregado tiene cinco solicitudes del CLIPP, entre ellas que la Cancillería formalice la invitación y facilite los protocolos necesarios para la visita de otras organismos como la CIDH, y la cooperación de la Misión Independiente de la ONU.

Además, se piden autorizaciones para que el Comité Internacional de la Cruz Roja acceda de manera regular a los centros de detención de Venezuela para evaluar las condiciones de «salubridad, integridad física, nutrición y asistencia médica de las personas privadas de libertad».

También se solicita un mecanismo de comunicación directa entre el CLIPP y la Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para informar a organismos internacionales sobre los casos de «muertes bajo custodia y desapariciones forzadas que aún no han sido esclarecidos».

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La procesión fue encabezada por un hombre con una cruz a cuestas, seguido de cuatro personas que llevaban una gran tela negra con la frase «Liberen a todos los presos políticos«.

Detrás, cinco mujeres con hábitos de monja caminaban con pequeños carteles que tenían mensajes como «El dolor de María vive en cada madre que espera justicia en Venezuela», mientras que otras personas estaban vestidas de presidiarios, algunas encapuchadas.

Fue una «procesión silenciosa que representó el dolor que siguen viviendo las víctimas venezolanas», explicó Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).

Los familiares también cargaban consigo imágenes de sus parientes detenidos.

La activista cuestionó que aún no reciban una respuesta a la solicitud de una audiencia con el nuncio apostólico en el país, monseñor Alberto Ortega, por lo que reiteraron la petición de un encuentro con este diplomático español.

Colisión humanitaria por presos políticos

Además del Vaticano, pide a los países que tienen presos políticos en Venezuela construir una comisión humanitaria para liberar a todos estos detenidos.

La activista advirtió que más de 40 presos políticos enfrentan «condiciones críticas» de salud, entre ellos, su hermano, Josnars Baduel, hijo de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez y militar fallecido en prisión en 2021.

En febrero, el Parlamento aprobó una Ley de Amnistía para presos políticos desde que el chavismo llegó al poder en 1999, pero establece 13 «hechos» ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del período, así como casos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Según cifras oficiales, un total de 8.146 personas han recibido el beneficio de la amnistía hasta este jueves, la gran mayoría tenía medidas cautelares, mientras la ONG Foro Penal asegura que hay más de 500 presos políticos.

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Entre los excarcelados está Renny Chourio, quien aseguró a la prensa que alrededor de 23 personas saldrán «progresivamente» de Zona 7, aunque autoridades venezolanas no han confirmado este número de momento ni han publicado una lista con las personas amnistiadas.

Por su parte, el activista político Omar Torres, otro de los excarcelados de hoy, declaró que deberá presentarse ante los tribunales cada 30 días como parte de sus medidas cautelares.

«Me siento muy contento, muy feliz. Creo que no es el momento de denigrar, de culpabilizar a nadie, a ningún sistema«, manifestó el activista político.

A su turno y al grito de «Libertad», salió de prisión el sindicalista Gilberto Alcalá, quien fue detenido, según dijo, «por reclamar un derecho de los trabajadores».

Además de Chourio, Torres y Alcalá, fueron excarcelados Brayan Orozco, Fernando Orozco, Jack Tantak, Humberto Jaime, Kelvin Galván, José Daniel Espinoza, Richard Saldivia, Jorge Martínez y Franklin Parra, según confirmó la ONG CLIPP.

El viernes, familiares de presos políticos pidieron a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, que visiten este calabozo.

Durante una actividad nocturna cerca del penitenciario, los familiares mencionaron el «incumplimiento» de Jorge Rodríguez, luego de que visitara Zona 7 hace un mes y prometiera la liberación de «todos los detenidos».

Hasta la noche del viernes, quedaban más de 30 presos políticos en Zona 7, según dijo el activista y miembro del CLIPP Diego Casanova.

La ONG Foro Penal contabiliza 526 presos políticos en Venezuela hasta el pasado lunes, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos.

El viernes, el Legislativo informó que un total de 7.654 personas han sido beneficiadas por la amnistía. De ese total, 247 estaban detenidos y 7.407 tenían medidas cautelares.

Foro Penal ha confirmado la excarcelación de 639 personas desde el pasado 8 de enero, incluyendo a beneficiados por la Ley de Amnistía, informó su director presidente, Alfredo Romero.

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En una actividad en Caracas en el marco del Día Internacional de la Mujer, Baduel dijo a EFE que las presas políticas se encuentran en «condiciones de inmensa vulnerabilidad» y son «víctimas de distintos tipos de violencia».

«Los tratos crueles para ellas no han terminado, así como no han terminado para las familiares de los presos políticos que, en su mayoría, son mujeres«, subrayó la activista, quien es hija de Raúl Baduel.

La directora del CLIPP encabezó una concentración por la «libertad, la justicia y la dignidad» de la mujer, una actividad apoyada por partidos opositores como Vente Venezuela, que lidera María Corina Machado.

Por su parte, la activista Sairam Rivas leyó un comunicado de la ONG en el que se exige justicia y reparación para las presas mujeres, así como «condiciones dignas de reclusión».

«Exigimos que se restablezcan los derechos de todas las venezolanas en el exilio y que se garantice la restitución de sus derechos políticos«, leyó Rivas.

Asimismo, subrayó desafíos que enfrentan las presas como la «precarización de la vida y la sobrecarga física y mental que implica la reproducción», así como la falta de una salud digna.

Además, subrayó el «daño infligido» a madres «cuyos hijos fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad» y aquellas que permanecen a las afueras de las cárceles.

«Exigimos el fin de la tortura y tratos crueles, y garantías para que ninguna de las presas políticas sea usada como rehén o separada de sus hijos por razones políticas», manifestó Rivas.

Las activistas salieron desde la plaza Francia hasta la plaza Luis Brión, un trayecto de unos 2,5 kilómetros, en el que sostuvieron pancartas y ondearon banderas de Venezuela.

El CLIPP es una organización venezolana integrada por familiares de presos políticos, en su mayoría madres, así como por defensores de derechos humanos.

La ONG Foro Penal contabilizaba 526 presos políticos en Venezuela hasta el pasado lunes, de los cuales 56 son mujeres.

De interés: ONG Foro Penal: Al menos 670 presos políticos quedaron en libertad 

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En el reporte, la organización detalló que, entre los 89 extranjeros, hay también tres españoles, dos alemanes, dos argentinos, dos ecuatorianos, dos franceses, dos neerlandeses, dos peruanos y dos ucranianos, según un conteo hasta este 15 de septiembre.

El resto son de República Checa, Cuba, Líbano, Pakistán, Guyana, Hungría, Italia y Rumania, de acuerdo con la organización.

Entre los venezolanos detenidos con doble nacionalidad, hay 13 colombianos, 13 españoles, seis italianos, cinco portugueses, un chileno, un chipriota, un argentino y un húngaro.

Además, hay una persona detenida con doble nacionalidad iraní e irlandesa, y otro con ciudadanía polaca y ucraniana, precisó Foro Penal.

Tanto el gobierno como la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) pidió a España su «influencia y liderazgo» para que, por la «vía diplomática», se impulse la liberación de los presos políticos en Venezuela.

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En una publicación en X, la organización detalló que, hasta el 26 de mayo, en el grupo de detenidos estaban 83 personas con nacionalidad extranjera, cuatro más que en el informe pasado.

Según la ONG, el total de arrestados está compuesto por 830 hombres y 92 mujeres, entre los cuales hay 917 adultos y cinco adolescentes con edades comprendidas desde los 14 hasta los 17 años.

La mayoría de los detenidos, entre ellos 753 civiles y 169 militares, fueron capturados después de los comicios presidenciales de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, proclamó como ganador al presidente Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria.

Desde 2014 hasta la fecha, el Foro Penal ha registrado 18.396 casos que tipifica como «detenciones políticas» en Venezuela.

Este martes, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) alertó del «grave deterioro» de la salud del exdiputado opositor Américo de Grazia, detenido desde agosto del año pasado en el contexto de la crisis desatada tras las presidenciales.

La organización recordó que la familia del político ha denunciado en varias oportunidades «el progresivo deterioro de su salud» y, advirtió, su situación «es crítica».

El pasado viernes, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó de la detención de más de 70 personas, entre ellas el opositor Juan Pablo Guanipa y varios extranjeros, a las que vinculó con un supuesto plan para «boicotear» las elecciones regionales y legislativas del pasado domingo.

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