El dictamen reconoce que «los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción'» por lo que «son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda».

La decisión fue adoptada por cincos votos a favor y cuatro en contra de los magistrados que componen la corte y mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidense a casi cualquier persona -existen excepciones como los hijos de funcionarios diplomáticos- que nazca dentro de la nación.

El juez Brett Kavanaugh disintió en parte al no compartir la concepción maximalista de la cláusula de ciudadanía al tiempo que no respalda el decreto de Trump que eliminaría de facto la ciudadanía por nacimiento. Otros tres jueces considerados conservadores disintieron del voto de la mayoría al no reconocer la ciudadanía por nacimiento «totalmente» automática.

Trump había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, una medida que firmó el mismo día en que asumió su segundo mandato el 20 de enero de 2025 y que inauguró un periodo de restrictivas políticas antimigratorias.

La orden, que afectaría a unos 255.000 niños al año, queda anulada con la decisión del Supremo, que analiza en el fallo qué significa ser ciudadano estadounidense y concluye «que alguien nacido en Estados Unidos y sometido a sus leyes entra en el ámbito de la ciudadanía por nacimiento».

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El presidente, Donald Trump, firmó al inicio de su mandato una orden ejecutiva para acabar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o con un estatus temporal nacidos en territorio estadounidense, como parte de su reforma del sistema migratorio.

La orden fue pausada temporalmente por el juez federal John C. Coughenour, de Seattle, tras una demanda de cuatro fiscales de estados demócratas, y quedó paralizada de manera más permanente tras una batería de demandas similares, incluyendo las de otras autoridades y organizaciones de derechos civiles.

El tribunal de apelaciones del Noveno Circuito, en San Francisco, respondió a un recurso de emergencia del Departamento de Justicia para dejar sin efecto el fallo del juez Coughenour, en lo que supone la primera acción a nivel de apelaciones, y rechazó esa petición.

El panel de apelaciones, que incluye a una jueza nombrada por Trump en su primer mandato, Danielle Forrest, señaló que abordará en profundidad la cuestión más adelante y argumentó que no se trataba de una emergencia que requiriera una intervención rápida, según CNN.

Con la orden, Trump cuestiona la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que se refiere a la ciudadanía por nacimiento, y dice que deben existir normas más estrictas para convertirse en ciudadano.

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La orden pretende modificar la interpretación actual de la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

En la práctica, la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños nacidos de padres indocumentados y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.

Quitar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una demanda recurrente de grupos conservadores. Trump ya había amenazado con revocar este derecho mediante una orden ejecutiva durante su primer mandato (2017-2021), aunque nunca llegó a hacerlo.

La Casa Blanca no ha detallado cómo se implementará esta medida, que previsiblemente enfrentará desafíos legales en los tribunales y que muchos expertos consideran inconstitucional.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Tasos Katopodis

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