El Departamento del Tesoro emitió una licencia general, en reemplazo de la del pasado marzo, que autoriza a partir del 19 de junio transacciones relacionadas con un bono de deuda de Pdvsa, pero mantiene restricciones que impiden a los tenedores ejecutar garantías sobre Citgo.

El bono en cuestión, emitido en 2016 por hasta 7.100 millones de dólares, tiene como garantía el 50,1 % de las acciones de Citgo, empresa propiedad de Pdvsa con sede en Houston (Texas).

Venezuela dejó de pagar ese bono en 2019 y desde entonces los tenedores intentaron tomar el control de Citgo para recuperar su inversión.

En 2025, un juez de Nueva York confirmó la validez de los bonos y ordenó a Pdvsa desembolsar 2.860 millones de dólares.

Sin embargo, el gobierno estadounidense ha bloqueado repetidamente que los acreedores puedan ejecutar la garantía, en un intento de proteger ese activo estratégico mientras persisten las disputas legales.

Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, la Administración de Donald Trump ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela y ha reconocido la legitimidad del gobierno de Delcy Rodríguez, con el que trabaja para abrir el sector petrolero venezolano a las inversiones estadounidenses.

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En un comunicado, Pdvsa rechazó «categóricamente» la que calificó como una «acción deleznable» que fue «orquestada por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas que buscan quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano».

«No es la primera vez que el Gobierno de los Estados Unidos, aliado con sectores extremistas, intenta afectar la estabilidad nacional y robarle las Navidades al pueblo venezolano«, señaló.

Sin embargo, gracias a «la pericia del talento humano de Pdvsa, las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, siendo reducido a un ataque a su sistema administrativo», según el texto.

«Se mantiene la continuidad operativa de la industria mediante la implantación de protocolos seguros que permiten sus actividades regulares en el suministro de productos en el mercado nacional, así como para el cumplimiento de todos sus compromisos de exportación», aseguró.

Pdvsa hace esta denuncia cinco días después de que el Gobierno de Nicolás Maduro alertara del «robo» por parte de EE.UU. de un buque petrolero frente a las costas venezolanas, en medio del despliegue militar de la nación norteamericana en el mar Caribe.

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En una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la también ministra de Hidrocarburos indicó que esta decisión fue ejecutada por las autoridades de los Estados Unidos en «perjuicio de los intereses de Venezuela y sus entidades».

«La empresa Citgo es un valioso activo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que pretende ser expoliado por el Gobierno de los Estados Unidos, bajo la instrumentalización de un procedimiento claramente contrario a derecho», añadió.

Además, denunció que el Ejecutivo de Nicolás Maduro fue excluido del proceso judicial, «gracias -sostuvo- al tráfico de influencia del Gobierno estadounidense sobre los tribunales de ese país».

«Venezuela reitera que no reconoce ni reconocerá la venta forzosa de Citgo, adelantada en flagrante desprecio de las garantías y libertades económicas, el debido proceso y el derecho a la defensa garantizado por cualquier nación civilizada», apuntó la vicepresidenta ejecutiva.

El Gobierno venezolano, prosiguió, seguirá adoptando todas las medidas a su disposición para garantizar que los «promotores y ejecutores de Citgo», respondan ante la Justicia y se impongan las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

Rodríguez indicó que Citgo tiene un valor de 12.000 millones de dólares y genera anualmente, agregó, entre 4.000 y 5.000 millones de dólares.

Citgo es una refinería de origen estadounidense con sede en Texas, que fue adquirida por Venezuela en la década de los noventa y durante mucho tiempo fue uno de los activos más importantes del país suramericano.

La semana pasada, un juez federal de Delaware, en Estados Unidos, aprobó la compra de Citgo, en una subasta organizada por el tribunal para pagar a los acreedores del Estado venezolano.

La oferta aceptada fue la de Amber Energy, filial del fondo de inversión estadounidense Elliott Investment Management, por 5.900 millones de dólares.

Por el momento, la venta necesita de la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Citgo y sus empresas matrices, de acuerdo a medios, están apelando el resultado de la subasta y la orden de venta, por lo que existe cierta incertidumbre sobre la adquisición de la petrolera.

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En su programa semanal «Con Maduro +», transmitido por el canal estatal VTV, el mandatario aseguró que este «robo descarado» fue encabezado, junto a Machado, por el expresidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y por Leopoldo López, el fundador del partido opositor Voluntad Popular.

Asimismo, manifestó que la actual AN, controlada por el oficialismo, «viene jugando un papel estelar» al elaborar un informe en el que se señala a 351 personas presuntamente vinculadas al «robo» de Citgo, entre ellas 95 exdiputados opositores.

Citgo es la principal empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricante y petroquímicos que tiene Venezuela en Estados Unidos

El pasado viernes, el fiscal general, Tarek William Saab, informó sobre la apertura de una investigación por este caso tras recibir el informe del Parlamento de manos del primer vicepresidente de la Cámara, Pedro Infante, quien aseguró que la documentación reúne «elementos probatorios» que «demuestran las implicaciones que tienen estos actores en el robo de la empresa» petrolera.

Infante explicó que el informe consiste en 19 documentos, entre ellos actas de sesiones legislativas y acuerdos aprobados en 2019, cuando Guaidó se autoproclamó mandatario interino y contó con el reconocimiento de unos 60 países.

Asimismo, entregó a la Fiscalía informes sobre las juntas ad hoc «designadas de manera ilegal» por el Parlamento en 2019, cuando la mayoría opositora que controlaba el Legislativo consideró ilegítima la continuidad de Maduro como jefe de Estado debido a su controvertida reelección de 2018.

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«Esta decisión constituye un paso adicional en la agresión multiforme que se ejecuta desde las instituciones de los Estados Unidos contra Venezuela», reza un comunicado del gobierno.

El documento señala que el objetivo es «expoliar» a los venezolanos de los activos que le pertenecen.

«Este fallo de la Corte Suprema confirma el grave perjuicio causado a los intereses y el patrimonio del pueblo venezolano por la acción criminal» del Parlamento electo en 2015.

El gobierno reiteró que adoptará las medidas políticas, diplomáticas y jurídicas necesarias para evitar el «despojo definitivo de la empresa Citgo».

#ÚltimoMinuto⏰ El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de EEUU en relación con el vulgar despojo
que se desarrolla en ese país contra la empresa CITGO. Lea aquí ⬇️⬇️#9Ene #SifontesLlegaAlPanteón pic.twitter.com/1A09j8hPDZ

— Alfred Nazareth (@luchaalmada) January 9, 2024

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Fiorella Tagliafico

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Rodríguez aseguró que tiene una comunicación emitida por Carlos Jordá, nombrado en 2020 presidente ejecutivo de Citgo por el opositor Juan Guaidó, en la que se informa de la venta.

Subasta en junio de 2024

Durante una intervención en la sesión ordinaria, el parlamentario aseguró que trabajadores de la filial le hicieron llegar una comunicación emitida por Carlos Jordá, en la que se detalla el proceso de venta de Citgo.

«Esa comunicación señala que el 23 de octubre de 2023, (…) se inicia formalmente el proceso de venta de 270 días que la corte aprobó el año pasado, se llevará a cabo una subasta para vender Citgo aproximadamente el 10 de junio del año 2024, luego del cual el tribunal considerará la aprobación de la venta», aseguró Rodríguez.

Rodríguez indicó que la empresa compradora sería una compañía estadounidense-israelí llamada Crystallex, que reclama una indemnización a Venezuela por la nacionalización de sus activos mineros en el país.

Según Rodríguez, esta empresa no tiene ninguna relación con Citgo ni con PDVSA y solo busca apropiarse de los recursos venezolanos.

Una violación a la soberanía

Rodríguez calificó la venta de Citgo como un acto ilegal y una violación a la soberanía nacional. Acusó a Guaidó y a sus colaboradores de ser cómplices de traicionar los intereses del pueblo venezolano.

Asimismo, responsabilizó al gobierno de Estados Unidos de apoyar esta operación y de imponer sanciones contra Venezuela para asfixiar su economía.

Rodríguez dijo que el gobierno de Maduro seguirá luchando por recuperar el control de Citgo y por defender los derechos legítimos de Venezuela sobre sus activos en el exterior.

También pidió al Parlamento que apruebe una ley para proteger los recursos estratégicos del país y para sancionar a los responsables del saqueo.

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Gabriel Velásquez

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A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, PJ aseveró que “en razón del carácter y relevancia estratégica de CITGO para nuestro país, debe ser prioridad y causa de interés nacional su recuperación” por lo que consideran que debe existir “una estrategia común que se construya en la negociación en México, dándole su carácter de política de Estado”.

Para lograrlo, la tolda amarilla propuso “que de manera inmediata se reactive sin excusa alguna, el proceso de negociación que se lleva a cabo en México, para que en el marco de este espacio se asuma y se construya un acuerdo nacional para la defensa de este importante activo”.

Desde Primero Justicia nos dirigimos a los venezolanos sobre CITGO #17May pic.twitter.com/nGhNNwoHDH

— Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) May 17, 2023

Luego de que distintos funcionarios del gobierno venezolano acusaran a la oposición por la posible pérdida de CITGO, PJ rechazó “que se pretenda utilizar la crisis que hoy atraviesa la empresa como una herramienta de persecución política”.

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“No reconocemos ningún tipo de acto. No vamos a reconocer ningún tipo de negociación. No vamos a reconocer ningún tipo de acuerdo de pago a acreedor alguno que no esté válidamente dirigido por el Estado venezolano. Ya basta de burlas a este pueblo. No lo vamos a reconocer”, afirmó Rodríguez en rueda de prensa, al tiempo que advirtió que la decisión se toma en beneficio de grupos económicos estadounidenses.

Rodríguez se refirió además a la Licencia General N° 42 que emitió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 1 de mayo, que autoriza a la AN de 2015 o a su Comisión Delegada a negociar cualquier deuda del régimen de Nicolás Maduro o PDVSA.

El gobierno estadounidense indicó que la OFAC tiene “la intención de implementar una política de otorgamiento de licencias favorable en relación con la negociación de un acuerdo de conciliación”, pero aclaró que estas licencias específicas “solo se otorgarán después de la debida diligencia en cuanto a las partes y la transacción”.

El Departamento del Tesoro aclaró que la Licencia General N° 42 “no autoriza transacciones que involucren a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela convocada por Nicolás Maduro o la Asamblea Nacional de 2021”. 

Finalmente, la vicepresidenta se refirió al procurador designado por el gobierno interino, José Ignacio Hernández, a quien acusó de usurpación de funciones y amenazó con aplicar la legislación venezolana, incluyendo la Ley de Extinción de Dominio recientemente aplicada por al Asamblea Nacional.

La vicepresidenta ofreció las declaraciones este miércoles, en compañía del canciller Yván Gil y el presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea, desde el palacio de Miraflores.

De acuerdo con el comunicado oficial ya referido, el Tesoro garantiza que no tomará medidas contra ninguna persona o entidad que participe, facilite o cumpla con los requisitos establecidos por un Tribunal de Delaware para la venta de las acciones. Además, tampoco se tomará ninguna medida en contra de quienes participen en las transacciones necesarias para alcanzar este objetivo.

Es importante destacar que el Tesoro ha informado que, al igual que en el caso Crystallex, en el futuro se requerirá una licencia adicional antes de ejecutar cualquier venta. Esto se debe a que se evaluará minuciosamente la identidad del posible comprador antes de proceder con la transacción.

El Gobierno de Estados Unidos indicó recientemente a la Corte de Delaware que publicará los lineamientos para las licencias que podrían dictarse para la subasta de PDV Holding. La situación es más grave pues no hay Gobierno de Venezuela reconocido en EEUU. #citgo pic.twitter.com/y1yGx9j0W1

— Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) April 30, 2023

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Gabriel Velásquez

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La licencia número 5K, publicada este martes por el Departamento del Tesoro, sustituye la 5J que había sido emitida en enero de 2023 y que mantenía la protección a CITGO hasta el 20 de abril de 2023.

El Tesoro explicó que durante el periodo en que esté en vigencia la licencia está prohibida “la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el gobierno de Venezuela tiene una participación del 50 por ciento o más”.

OFAC renovó la suspensión de GL 5 hasta el 20 de julio de 2023. Esta es una protección adicional para Citgo con respecto a los Bonos PDVSA 2020. En cualquier caso, los Bonos están suspendidos hasta que la Corte de Apelaciones de N.Y. dicte su decisión. pic.twitter.com/AiNeh8ZpzA

— Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) April 19, 2023

Citgo posee una de las mayores redes de refinería de PDVSA en Estados Unidos. La medida impide que los acreedores de la petrolera estatal puedan embargarla para cobrar la deuda que sostiene el gobierno venezolano con los tenedores de bonos de la deuda pública de Venezuela.

La OFAC había prorrogado el 17 de enero pasado la licencia 5J, que tuvo una vigencia de un año y fue iniciada durante el gobierno de Donald Trump.

El bono PDVSA 2020, con tasa de interés de 8,5%, tiene como garantía el 49% de las acciones de Citgo, la principal empresa en propiedad del Estado venezolano fuera de su territorio.

Esto representa una prórroga por tres meses que prohíbe a los tenedores del bono Pdvsa 2020 hacer uso de la garantía que les daría la mayoría accionarial de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera venezolana, bajo control de la oposición del país latinoamericano.

Según esta disposición, las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de Citgo, en relación con el bono Pdvsa 2020, quedan prohibidas hasta entonces.

En octubre de 2019 vencía el pago de intereses del bono 2020 de PDVSA por 913 millones. Si el gobierno venezolano no cumplía con el pago, los tenedores tenían el derecho de asumir el 51 % de las acciones de Citgo, que son la garantía de la emisión.

Citgo era el mayor activo de Venezuela en el exterior y llevaba más de un año en la mira de los acreedores por el incumplimiento de pagos de deudas contraídas por el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

EE.UU. renueva por tres meses la licencia que protege a Citgo de los bonistas https://t.co/o1J6rVjl90 a través de @finanzasdigital #citgo #pdvsa2020 #finanzasdigital

— Finanzas Digital (@finanzasdigital) January 18, 2023

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De acuerdo con medios nacionales, el gobierno interino de Guaidó dejó una deuda formal de 20,7 millones de dólares a tales escritorios jurídicos estadounidenses que atienden o llevan litigios contra acreedores que buscan cobrar deudas por impagos de bonos y nacionalizaciones llevadas a cabo hace más de 15 años, según un documento revisado por Reuters.

Sobre esta deuda del gobierno interino

De acuerdo con la información del documento, entre octubre de 2020 y octubre de 2022, el parlamento opositor autorizó pagos de casi 30 millones de dólares a los abogados, pero aún no se les ha pagado US $ 20.7 millones.

El documento también se refiere a un informe del equipo de fiscales del gobierno interino, este expresaría que los abogados afirman que de no seguir adelante con las demandas se arriesgarían a perder los activos en el extranjero. Con esto se refieren a la concesión de derechos dada por algunos tribunales estadounidenses a los acreedores para negociar la venta de activos venezolanos en el extranjero con el fin de cobrar las deudas. Este es el caso de la refinería Citgo, filial de Pdvsa.

En respuesta a esta situación, los grupos de la oposición venezolana sostienen que el control de los activos en el extranjero no está en peligro, pese a la destitución del gobierno interino de Guaidó.

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DOBLE LLAVE

Con información de Reuters, medios nacionales e internacionales y redes sociales

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“No puede ser que una estrategia cada vez más debilitada, que no ha logrado los objetivos, nosotros pretendamos perpetuarla», dijo Alfonso Marquina de Primero Justicia, quien en esta oportunidad fue el vocero del grupo.

Marquina añadió que,  la oposición debe “abrirse a nuevas estrategias” puesto que a su juicio “la figura del gobierno interino no ayuda a conseguir los objetivos del pueblo de Venezuela”.

El grupo de partidos opositores propone que solo quede vigente la estructura de protección de activos en el exterior, como la junta ad hoc de Pdvsa, a cargo de CITGO, y la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela, involucrada en el caso judicial que se desarrolla en Reino Unido, por el oro en el Banco de Inglaterra.

Guaidó ha convocó a una sesión de la Comisión Delegada para este jueves 22 de diciembre a fin de discutir un proyecto de reforma del Estatuto que rige la Transición para prorrogar por un año más, hasta el 4 de enero 2024, el mandato de la Asamblea Nacional de 2015.

En rueda de prensa, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo anuncian que votarán para que se elimine el “gobierno interino” presidido por Juan Guaidó. pic.twitter.com/1Qd0lGtPFp

— (@polianalitica) December 21, 2022

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Noticia en desarrollo

Gabriel Velásquez

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Durante la presentación del informe anual del Ministerio Público (MP) ante la Asamblea Nacional, Saab detalló que entre los hechos por los que investigan a la administración de Juan Guaidó se encuentran «el nombramiento ilegal de una Junta Administrativa ad hoc de Citgo, la corrupción con ayuda humanitaria, el nombramiento ilegal de una Junta Administrativa AD HOC de Monómeros, el nombramiento de la junta administradora en la Corporación Venezolana de Guayana y el intento de apropiación del oro de la república depositado en el Banco de Inglaterra«.

Asimismo, considera como hechos de corrupción y usurpación de funciones la «designación de un inexistente Procurador Especial de la República de Venezuela, de una Junta Administradora Ad- Hoc del Banco Central de Venezuela y de una Junta Administradora ad hoc del Banco de Desarrollo Económico y Social».

El MP también investiga «la designación írrita de embajadores, así como de nuevos miembros para el Consejo Nacional de Defensa Judicial y la corrupción dentro de Monómeros».

#7Abr #ANOficial
El Fiscal General designado por la AN Oficialista Tarek William Saab ofrece su Memoria y cuenta. https://t.co/mjVxhJYrxg

— Reporte Ya (@ReporteYa) April 7, 2022

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Gabriel Velásquez

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La directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, Andrea Gacki, emitió una notificación por la que autoriza extender hasta el 20 de enero de 2023 la licencia que prohíbe a los tenedores del bono de Pdvsa 2020 ejecutar la garantía que les otorga la mayoría accionarial, protegiendo a Citgo.

La protección a Citgo, que está bajo el control del líder opositor venezolano Juan Guaidó, ha sido prorrogada varias veces, aunque hasta ahora habían sido extensiones por un plazo más corto, de tres meses.

El representante de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, subrayó en un comunicado que esta es la mayor extensión de licencia otorgada hasta ahora para proteger y preservar Citgo para la futura recuperación de Venezuela.

El @USTreasury⁩ extiende por 1 año (hasta 20 enero 2023) protección sobre CITGO frente a deuda irresponsable contraída por dictadura de Maduro. Desde Gob. Interino del Pdte. @jguaido seguimos trabajando activamente para preservar activos venezolanos. https://t.co/KYBrmJZPS8

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) January 20, 2022

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Gabriel Velásquez

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Poleo confirmó que José Pereira, Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, Alirio y José Zambrano, quienes poseen nacionalidad venezolana y estadounidense, se encuentran detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

La abogada dijo que las autoridades le informaron de que serían devueltos a la celda que antiguamente ocupaban cuando fueron detenidos, acusados de firmar contratos que comprometían el futuro de Citgo, filial de la estatal petrolera PDVSA.

Las autoridades venezolanas no se pronunciaron aún sobre la detención de los seis exdirectivos de Citgo

La detención se produjo luego de que se conociera la extradición de Álex Saab desde Cabo Verde, donde estaba detenido hace más de año y medio, a los Estados Unidos para ser juzgado por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de dinero.

«Y como consecuencia de la extradición de Alex Saab, nuevamente los seis de Citgo son utilizados como monedas de cambio», escribió la profesional del derecho inicialmente en Twitter.

Las autoridades venezolanas no se pronunciaron aún sobre la detención de los seis exdirectivos de Citgo, quienes, el pasado 26 de noviembre, fueron condenados a penas de entre 13 y nueve años de prisión por delitos de corrupción.

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Gerardo Contreras

Con información de medios nacionales y redes sociales

«No va a haber impunidad ni en México ni en Marte. Aquí no va a haber impunidad. Tiene que haber justicia, justicia severa, porque es mucho el daño que le han hecho a la vida de la familia venezolana«, afirmó el gobernante durante una entrevista por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El Ejecutivo insistió en el «robo» de la petrolera Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana en Estados Unidos, o la petroquímica Monómeros en Colombia.

Afirmó que el líder opositor sería responsable del secuestro de más 8.000 millones de dólares y del robo de más de 2.000 millones de dólares en oro depositados en el Banco de Inglaterra.

«A todo ello habría que sumar las sanciones impuestas a petición de la oposición que han limitado la exportación para Venezuela», recordó Maduro.

A pesar del diálogo, el gobierno de Maduro sigue con lupa a Guaidó

El Ministerio Público venezolano abrió y lleva 25 causas contra Guaidó, quien está siendo investigado por usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes y malversación agravada.

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Con información de dpa

El presidente de la compañía, Carlos Jordá,  dijo que operan como una refinería independiente de facto desde que el «gobierno estadounidense reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela» y estableció sanciones al país en 2019.

“Recibiremos crudo venezolano a cambio de producto, entre 100.000 y 150.000 barriles diarios, tal vez más. Hay una necesidad hasta que Venezuela haga algo en el sector de refinación”, dijo a Argus el exdirectivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En este sentido, Jordá señaló que PDVSA tenía una capacidad de producir 1,3 millones de barriles diarios de combustible y que Venezuela solía consumir 500.000 barriles diarios de productos. Sin embargo, el colapso económico y la escasez redujo el consumo a 100.000 barriles diarios.

“No va a ser fácil, pero eventualmente se hará algo con las refinerías. Tal vez no se restablezcan 500.000 b/d, sino 300.000 b/d de capacidad. Venezuela no puede depender en 100% de las importaciones”, manifestó.

“Citgo podría proporcionar un puente para los productos y ayudar a alguien a poner en marcha esas refinerías”, agregó el presidente de la compañía.

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Gabriela Morales

Con información de El Nacional y otros medios nacionales

Abogados y familiares de los detenidos confirmaron al periodista de The Associated Press, Joshua Goodman, la liberación parcial de los seis ejecutivos empleados de la empresa petrolera Citgo, con sede en Houston.

Arresto de los ejecutivos

Fue en noviembre del año 2017 cuando Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira, fueron detenidos por agentes de seguridad enmascarados mientras participaban en una junta en la ciudad de Caracas. En la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ubicado en El Helicoide, de la ciudad capitalina, permanecieron detenidos los ejecutivos.

Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira fueron detenidos en Venezuela

Cinco de ellos son ciudadanos venezolanoestadounidenses y tienen profundas raíces en Texas y Luisiana; mientras, uno de ellos reside de forma permanente en los Estados Unidos.

Habían sido convocados a Venezuela para que asistieran a la mencionada junta en la sede de PDVSA, propietaria de Citgo.

De un primer arresto domiciliario habían vuelto a estar encarcelados

Cabe recordar que, estos ejecutivos de Citgo ya habían sido puestos en arresto domiciliario en diciembre de 2019. Sin embargo, fueron encarcelados de nuevo, el mismo día en que el presidente Donald Trump recibió al presidente de la Asamblea Nacional electa en el 2015, Juan Guaidó, en la Casa Blanca.

La detención sería por cargos de malversación de fondos derivados de una propuesta nunca ejecutada de refinanciar unos 4.000 millones de dólares en bonos de CITGO. Ofreciendo una participación del 50% en la empresa como garantía. En su momento, el mandatario nacional Nicolás Maduro los acusó de traición.

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Rubén Vásquez

Con información de agencias y medios nacionales

“Fortalecer la institucionalidad y no permitir que bajo una figura paralela se pretenda saquear los recursos, núcleos de desarrollo dentro y fuera del país”, dijo  Saab, al comentar el respaldo de la Administración de Donald Trump a líderes de la oposición.

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Asimismo, anunció que fueron libradas órdenes de aprehensión, medidas de aseguramiento, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, y allanamiento de oficinas e inmuebles contra Andrés Felipe Yrigoyen y José Ramón Pocaterra, designados de manera “inconstitucional” entre el 7 y 8 de enero como presidente y miembro principal, respectivamente, de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por exdiputados de la Asamblea Nacional (AN).

El primero de ellos referido a la designación de dos integrantes de la junta directiva de Citgo, a la que un grupo de exdiputados apoyados por gobiernos extranjeros pretendieron dar continuidad a la AN.

“Este órgano inconstitucional, que carece de cualquier legitimidad o poder de decisión en nuestro país; ha pretendido además continuar con la ficción de que el Poder Legislativo ya vencido ostenta el control del Poder Ejecutivo Nacional”, expresó Saab.

En este sentido, a ambos se les imputa por los delitos de conspiración, usurpación de funciones públicas, legitimación de capitales, asociación y obstrucción de la justicia.

#EnVivo 🔴 | FGR @TarekWiliamSaab: Estamos en contra de las personas que, a través de oficinas fantasmas, pretenden prefigurar un Estado paralelo para saquear como hemos denunciado y también lo hacen medios como el Washington Post#CuarentenaConsciente pic.twitter.com/pq6ONYRPyt

— MIPPCI (@Mippcivzla) January 18, 2021

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Gabriela Morales

Con información medios nacionales y redes sociales