«Nos encontramos en el Tribunal Supremo de Justicia junto a José Cartaya, de la MUD (Mesa de la Unidad Democrática), y Simón Calzadilla del partido MPV (Movimiento por Venezuela), representantes de las tarjetas que apoyaron la candidatura de Edmundo González Urrutia en la elección del 28 de julio», escribió Rosales en la red social X.

El gobernador explicó que acudieron al TSJ a atender la citación de la Sala Electoral, al tiempo que dijo que estarán presentes donde «sea necesario hasta lograr que el respeto a la expresión mayoritaria del pueblo se haga realidad».

El martes, el TSJ citó a los 10 excandidatos presidenciales que compitieron en las elecciones del pasado 28 de julio, así como a representantes de los partidos políticos, para avanzar en el proceso de «certificación» del resultado oficial de los comicios, que dieron según el Consejo Nacional Electoral la victoria a Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado fuera y dentro del país.

TSJ advierte de consecuencias para quienes no asistan

La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, aseguró que los excandidatos ya fueron «debida y formalmente citados», un asunto que deberán atender en persona, y ratificó que la falta de comparecencia «acarreará las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico», sin precisar cuáles.

González Urrutia rechazó acudir al TSJ al considerar que el procedimiento no se corresponde con ningún proceso contemplado en la legislación venezolana y supone una «violación al debido proceso».

El exembajador señaló que la Sala Electoral no puede «usurpar» funciones constitucionales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y «certificar» unos resultados que aún «no han sido producidos de acuerdo con la Constitución y la ley, con acceso de los participantes a las actas originales que sirvan de fundamento a una totalización y proclamación y con las debidas auditorías».

Mientras el CNE no ha publicado las actas que certifican la victoria de Maduro, como indica la normativa legal, la principal coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática, divulgó «el 83,5 %» de estos documentos o papeles, que muestran, según la oposición, que González Urrutia ganó por amplio margen las elecciones presidenciales.

De interés: CNE entregó al TSJ las actas de escrutinio de las presidenciales

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios, medios nacionales e internacionales

Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutierrez

Visita nuestro canal de noticias en Google News y síguenos para obtener información precisa, interesante y estar al día con todo. También en Twitter e Instagram puedes conocer diariamente nuestros contenidos

El alto tribunal «determinó declaración del presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco», como parte de la investigación contra los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal).

«La declaración del presidente Petro y del ministro Jaramillo se hará por certificación juramentada«, señaló la Corte Suprema en un comunicado.

Igualmente «ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara para obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional«, de las cuales la primera se hundió en su trámite legislativo y la segunda se convirtió ley.

Apoyo para reformas de Petro

El llamado al mandatario ocurre luego de que el exdirector de la UNGRD Olmedo López asegurara ante la Corte que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) recibió dineros del Estado a través de contratos de esta entidad, sumida en un escándalo de corrupción.

En una declaración que dio el mes pasado a investigadores de la Corte Suprema de Justicia, revelada el martes por Noticias Caracol, López aseguró: «Esto es un entramado que recoge desde ministros hasta contratistas, pero en el medio hay otros funcionarios (…) y toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte».

«El nombre que dice ese papel que le mostré a la Fiscalía y que reza en el resumen de mi declaración (…) es el ELN y su gran influencia en el departamento de Arauca (fronterizo con Venezuela)», añadió López.

El escándalo en la UNGRD comenzó cuando medios locales revelaron la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.

A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes a cambio del apoyo en el Congreso para las reformas sociales del presidente Petro.

En ese sentido, López involucró ante la Corte al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al hablar de la «entrega de contratos» para lograr que las comisiones del Congreso le aprobaran proyectos, como adiciones presupuestales.

De interés: Petro sanciona reforma que ampliará cobertura de pensiones al 87 %

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Visita nuestro canal de noticias en Google News y síguenos para obtener información precisa, interesante y estar al día con todo. También en Twitter e Instagram puedes conocer diariamente nuestros contenidos