El recurso fue presentado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), el exjuez español Baltasar Garzón, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), de Italia.

Asimismo, la acusación también responsabiliza a otras autoridades políticas y policiales de Chile.

En este sentido, los denunciantes aseguran que los casos de “homicidios, tortura, traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, lesiones graves, detenciones arbitrarias” que sucedieron durante las revueltas implican una “política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos”.

Las protestas chilenas comenzaron en 2019 por el descontento del pueblo hacia el gobierno, y a partir de allí las manifestaciones se han continuado realizado

Argumentos de la denuncia contra Sebastián Piñera

Los representantes de la denuncia consideran que muchos de esos actos constituyen “crímenes de lesa humanidad”, que no pueden quedar en la impunidad, según lo establece la normativa internacional de los derechos humanos vigente en Chile, como el Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado de Chile, el 29 de junio del año 2009.

De esta manera, uno de sus principales argumentos del recurso es el cierre de 3.050 causas por violaciones de los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público.

“Hemos decidido recurrir a la CPI porque las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo, cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”, según el comunicado de los querellantes.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales