Venezuela comparte el ránking junto a Afganistán (174), Somalia (175), Sudan del norte (176), Libia (177), Sudan del Sur (178), Siria (179), Yemen (180), Eritrea (181).

El índice evalúa el estado de las instituciones políticas y económicas a través de factores como el Estado de Derecho, la libertad de prensa, la percepción de corrupción, transparencia, libertad económica y el entorno de inversión en el mundo.

Los Estados son divididos en cuatro categorías, en función de la calidad institucional de “buena” , “buena a media”, “media a pobre”, “pobre” y “gran necesidad de realizar profundas mejoras”, donde se encuentra Venezuela.

Estaría en el puesto 182 de 183, solo superada por Corea del Norte

El ICI 2023 se enfocó en la inflación provocada por la pandemia del Covid-19 y la crisis en Ucrania, “así como su impacto en Latinoamérica y cómo las instituciones de cada región influyen en la reconstrucción económica y el combate al alza de precios e intereses”, señaló el profesor Krausse en la presentación del informe.

Con relación a Latinoamérica, Nicaragua descendió al puesto 159, Chile bajó a la posición 30 (aunque como el mejor calificado en Latinoamérica) y El Salvador, al puesto 107. Venezuela, por su parte, bajó del puesto 162 al 182.

El ICI 2023 es liderado por Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega y Países Bajos como las naciones con mayor solidez institucional.

El informe reportó que sólo República Dominicana, Costa Rica, Ecuador y Argentina registraron mejoras en su calidad institucional, al ocupar las posiciones 69, 34, 105 y 108, respectivamente.

El ICI es un indicador de la Red Liberal de América Latina, de la cual forma parte Cedice Libertad por Venezuela, y que se publica cada año desde 1996.

El reporte del 16 de mayo fue presentado por un equipo de investigación liderado por el economista argentino Martín Krause, doctor en Administración y profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires.

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Un informe publicado por el organismo, bajo la coordinación del economista Raúl Córdoba, señala que 80 % de los venezolanos pueden acumular entre cuatro y siete días sin suministro de agua potable por tuberías, mientras 19 % la recibe cada 15 días.

El reporte detalló que uno de cada tres venezolanos paga un servicio de cisterna para el uso doméstico, mientras en el interior del país, algunos sectores de pocos habitantes usan entre una y tres cisternas semanales.

El estudio del OGP de Cedice reveló que 76 % de los encuestados señalaron que en febrero se incumplieron los esquemas de racionamiento. “El agua no llegó en los tiempos previstos por representantes de las empresas prestadoras del servicio. En el estado La Guaira, el suministro del líquido es cada 10 días, en promedio”, indicó el informe.

El reporte afirma que más de 80 % de la población paga una tarifa al mes por el suministro de agua que oscila entre 0,1 Bs y 20 Bs al mes, lo que representa a la fecha menos de un dólar cada 30 días.

Asimismo, 68 % de los encuestados estima que el servicio sería más eficiente si se cobrara una tarifa más alta que acompañe la operatividad del servicio. Solo 1 % de los entrevistados aseguran no registrar ningún tipo de inconveniente o muy pocas incidencias con el servicio de agua.

El informe se basa en un arqueo hemerográfico realizado en 25 periódicos digitales, encuestas a través de redes sociales a 1.275 personas y denuncias formuladas a través de medios digitales.

Energía eléctrica

El informe señaló que 64 % de los entrevistados consideró que el servicio eléctrico es muy deficiente y presenta constantes cortes y fallas.

“Más de la mitad de la población registra, al menos, una falla en el mes en el suministro eléctrico, lo que puede prolongarse por una hora o un poco más. La mayor parte de las fallas en el servicio eléctrico se ubican en el occidente del país: Zulia, Falcón, Trujillo y Mérida, le siguen Bolívar y Sucre, en el oriente”.

“Y 6 % tiene confianza en que la actual administración de la estatal eléctrica logre solventar los inconvenientes con el servicio”, agregó el estudio.

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Víctor De Abreu

Con información de Monitoreamos y otros medios nacionales

Fuente imagen referencial: Impacto Venezuela

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«Si aumentan las transacciones en dólares, el gobierno va aprovechar de alguna manera esto. Esto puede generar un incremento de los precios, pero no debe confundirse con un efecto hiperinflacionario, cuando se genera un aumento en los impuestos se genera saltos en los precios», advirtió.

Dijo que con la modificación de la ley este impuesto puede afectar a cualquier agente económico de Venezuela y a las transacciones. En este sentido, indicó que ahora una empresa, por más pequeña que sea tendría que pagar el impuesto porque ya se cataloga como sujeto pasivo especial que tiene responsabilidades ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Torrealba sostuvo, que este impuesto lo que hace es que el gobierno se quede con un porcentaje del flujo de dólares que circula en el país.

Conversamos con Oscar José Torrealba miembro del @CEDICE sobre la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras y su impacto en los ciudadanos #3Feb | Escucha la entrevista completa https://t.co/pcpqyRCnFs

— En Este País (@enestepaisradio) February 3, 2022

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales