La organización denunció en un informe, en colaboración con la ONG Cristosal, con sede en Guatemala, que los 252 migrantes venezolanos enviados a la prisión de máxima seguridad estuvieron sometidos a torturas, violaciones y fueron privados de acceso a comida y agua, de acuerdo con los testimonios de un centenar de familiares y cerca de cincuenta expresos.

“Lo que descubrimos es que estos venezolanos sufrieron torturas sistemáticas durante los casi cuatro meses que estuvieron en el centro. Día tras día eran golpeados por los guardias, los golpeaban por hablar en voz alta, los golpeaban por todo, lo que nos llevó a la conclusión de que no se trataba de casos aislados, sino que era algo sistemático”, aseguró Juanita Goebertus, directora de la división de América de HRW en la presentación en Washington del informe ‘Llegaron al infierno’.

Los migrantes fueron enviados al Cecot entre marzo y abril, luego de que la Administración de Trump los acusara de terrorismo, y el 18 de julio fueron repatriados a Venezuela como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador.

El documento es, según aseguran, la publicación más completa hasta la fecha del maltrato al que estuvieron sometidas estas personas mientras estuvieron detenidas en El Salvador.

HRW documentó «al menos tres casos de violencia sexual por parte de los guardias contra los migrantes venezolanos» así como «abusos verbales y psicológicos muy graves».

Los testimonios explicaron que no tenían un acceso adecuado a agua potable, a comida ni a una atención médica: «El agua que utilizaban para beber y para cocinar era amarilla y a veces estaba caliente», explicó la directora.

Según explicaron, una de las principales conclusiones del informe revela que la expulsión forzosa a la que fueron sometidos los migrantes constituye «una desaparición forzada, que es un delito internacional en el que tanto Estados Unidos como El Salvador son cómplices”.

«En algún momento tendrá que haber una investigación, y nosotros y otras organizaciones estamos recopilando pruebas para cuando llegue ese momento, agregó.

Desde HRW instaron al resto de los países a levantar la voz y denunciar los actos que se están cometiendo en el Cecot.

De interés: HRW denuncia «desaparición forzada» de venezolanos deportados a El Salvador

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«En conclusión, la ausencia de prueba directa inferencial sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal de fraude procesal. Por ello se ha de revocar la sentencia», dijo el magistrado Manuel Antonio Merchán al leer hoy el fallo que echa por tierra la condena que le impuso a Uribe la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

Uribe, de 73 años, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, había sido condenado por la jueza Heredia a doce años de cárcel, el pago de una millonaria multa y la suspensión de sus derechos políticos en un caso que lo enfrentó al senador de izquierdas Iván Cepeda, por supuesta manipulación de testigos para que no declararan en su contra sobre sus presuntos vínculos con paramilitares.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá, contra el cual cabe el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, señala que «la valoración probatoria» de la sentencia de primera instancia «se redujo a apreciaciones subjetivas sobre la queribilidad de los testigos sin aplicar criterios técnicos y principios de lógica formal».

«No se realizó el contraste necesario entre las declaraciones y pruebas que acreditaran su falsedad, requisito indispensable para configurar un artificio idóneo», agrega el fallo, que tuvo el salvamento de voto de la magistrada María Leonor Oviedo, quien junto con Merchán y Alexandra Ossa Sánchez, integran el cuerpo que revisó la condena a Uribe.

Con base en esos argumentos, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió revocar la sentencia dictada el 1 de agosto del 2025 por la jueza Heredia «para en su lugar absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad».

De interés: Uribe denuncia sesgo de la jueza que lo condenó e invoca la justicia internacional

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«La última visita de la Comisión a Venezuela tuvo lugar en 2002, hace más de veinte años. Desde entonces, cada nueva solicitud, en 2017 y en 2020, ha sido rechazada», explicó la relatora de la CIDH para Venezuela, Gloria de Mees, ante el Consejo Permanente de la OEA.

El Helicoide es el principal centro de detención de disidentes políticos en Venezuela y, según De Mees, la Comisión ha recibido «información alarmante» de lo que allí ocurre, donde se han documentado graves violaciones a los derechos humanos.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, respaldó la propuesta de la comisión y destacó la «urgencia» de que se lleve a cabo: «Una visita ‘in loco’ representaría un paso significativo y concreto hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de la dignidad humana», dijo en redes.

Denuncias de la CIDH

En uno de sus últimos informes, la relatora denunció la intensificación de la represión en Venezuela desde las presidenciales de julio de 2024, en las que se proclamó la reelección de Nicolás Maduro pese a las denuncias de fraude de la oposición.

Desde 2013, Venezuela no forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por la CIDH, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José (Costa Rica).

Un año antes, bajo el Gobierno de Hugo Chávez, el país denunció la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el día 10 de septiembre de 2013 la decisión se formalizó y Venezuela se desvinculó de las obligaciones del texto fundacional del sistema.

Aun así, la CIDH reitera su competencia sobre Venezuela y alega que la denuncia presentada en 2012 carece de validez.

De interés: CIDH denuncia una intensificación de la represión en Venezuela desde las elecciones

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Asimismo, señaló que se investigará al ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Héctor Gustavo Villatoro, y al viceministro y director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza.

Saab indicó que estos tres funcionarios serán investigados por los presuntos delitos de «tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, desaparición forzada, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir».

El fiscal indicó que Venezuela puede iniciar esta investigación por el «estatus legal» que le da la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

Igualmente, advirtió que su despacho estará atento a «cualquier otra acción producto de la investigación en curso».

Saab presentó varios testimonios del grupo de migrantes que estuvieron presos desde marzo pasado en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, deportados por Estados Unidos, acusados de ser presuntos miembros de la banda trasnacional Tren de Aragua.

 

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De interés: Maduro agradece a Trump y al Papa por liberación de migrantes presos en El Salvador

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La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue encontrada culpable del mismo delito y recibió una condena de 15 años de prisión por haber dirigido esas campañas electorales. Además, el hermano de Heredia, Ilán, recibió una sentencia de 12 años de prisión.

El tribunal ordenó una «ejecución provisional de la sentencia», por lo que Humala, Heredia -quien se conectó de manera virtual- y su hermano deberán serán ser enviados a la cárcel que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Arresto de Humala

De inmediato, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) entraron al tribunal y detuvieron al exgobernante.

«En este juicio se ha probado la comisión del delito de lavado de activos con estos actos diversos de agenciarse dinero de procedencia ilícita», remarcó la directora del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, la magistrada Nayko Coronado.

La jueza agregó que el tribunal hará la lectura completa de su sentencia el próximo 29 de abril, pero adelantó que ha visto «los elementos de lo que configuraría la existencia de una organización criminal» durante estas campañas.

El tribunal determinó, en ese sentido, que el monto de reparación civil por este caso será de 10 millones de soles (unos 2,67 millones de dólares o 2,35 millones de euros).

De interés: La Corte Suprema de Perú confirma prisión preventiva para expresidente Pedro Castillo

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El funcionario salvadoreño indicó que estos deportados, sin precisar sus nacionalidades ni identidades, fueron trasladadas a la cárcel de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

«Anoche, recibimos desde Guantánamo a 10 criminales de la MS-13 (Mara Salvatrucha) y del Tren de Aragua, quienes ya se encuentran encerrados en el CECOT», publicó Villatoro en su cuenta de X.

Los acuerdos entre los Presidentes @nayibbukele y @realDonaldTrump siguen dando resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado.

Anoche, recibimos desde Guantánamo a 10 criminales de la MS-13 y del Tren de Aragua, quienes ya se encuentran encerrados en el… pic.twitter.com/qqeCJx51eP

— Gustavo Villatoro (@Vi11atoro) April 13, 2025

Añadió que «El Salvador continúa demostrando su compromiso en la lucha contra el terrorismo transnacional».

Este traslado fue informado en la víspera de una reunión entre el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y su par estadounidense, Donald Trump.

Desde la llegada de Trump al poder, el Pentágono ha desplegado miles de soldados en la frontera sur y el gobierno ha usado aviones militares para trasladar a migrantes deportados a la base naval de Guantánamo en Cuba.

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En su primera escala de una gira latinoamericana, Noem se trasladó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que recibió a los 238 venezolanos enviados el 16 de marzo como parte de una polémica colaboración del presidente Nayib Bukele con Trump.

Noem observó a los reos que estaban sin camisetas tras las rejas de esa prisión fuertemente resguardada, considerada la más grande de América Latina.

«Si cometes un crimen, esta es una consecuencia que puedes enfrentar», dijo la funcionaria afuera de una celda en la que varios reclusos, aparentemente salvadoreños, tenían sus cuerpos cubiertos de tatuajes.

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El proceso, que comienza a las 13.30 hora local (12.30 GMT) en el Palacio de Justicia de la Puerta de Clichy, se extenderá hasta el 10 de abril y tiene un total de 13 acusados, entre ellos tres antiguos ministros y hombres de la máxima confianza de Sarkozy, que fue presidente entre 2007 y 2012.

El inicio del juicio llega después de un trabajo de casi diez años de los jueces de instrucción, abarca 70 tomos de documentación resumidos en un sumario de 557 páginas.

La investigación arrojó «un haz de indicios» de un «pacto de corrupción», entre Sarkozy y sus colaboradores con el régimen libio de Muamar Gadafi, resumió el director de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), Jean François Bohnert, en una entrevista al canal BFM.

Bohnert recordó que «los flujos están documentados» por un mínimo de seis millones de euros, sobre todo a través del intermediario franco-libanés Ziad Takieddine, y que la campaña de Sarkozy realizó pagos en metálico sin facturas.

El fiscal manifestó su «convicción» de que el expresidente es culpable, pero recalcó que esa idea «debe ser compartida por los que deciden, que son los jueces».

Las organizaciones de lucha contra la corrupción Transparencia Internacional, Sherpa y Anticor se han unido para ejercer la acusación particular.

«Esta coalición inédita se explica por la amplitud inédita de los hechos, que revelan la interpenetración de las prácticas corruptas entre política, diplomacia e intereses económicos», señaló hoy en un comunicado Transparencia Internacional.

“Es la primera vez en Francia que altos responsables políticos se encuentran en el banquillo de los acusados en un proceso político-financiero de tal envergadura», resumió Sara Brimbeuf, responsable de grandes casos de corrupción y de flujos financieros ilícitos en TI Francia.

Sarkozy afronta este nuevo proceso menos de un mes después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo a una pena firme de un año de cárcel en un caso por corrupción y tráfico de influencias, condena que podrá cumplir en arresto domiciliario con un brazalete electrónico.

Primer expresidente en ser condenado a una pena firme, Sarkozy no lleva aún el dispositivo, aunque es posible que lo porte para cuando concluya el juicio que hoy comienza.

Además, Sarkozy ha sido condenado en primera instancia por la financiación irregular de su fallida campaña electoral presidencial de 2012, a una pena de un año de cárcel, la mitad exenta de cumplimiento y la otra mitad en arresto domiciliario.

Además, Sarkozy está procesado en un otro caso aparte por presuntas presiones a Ziad Takieddine -uno de los presuntos intermediarios del dinero libio y que huyó de la Justicia a Líbano- para que se desdijera de sus acusaciones, una causa cuyo juicio todavía no tiene fecha.

Finalmente, el expresidente está siendo investigado por otros asuntos, entre ellos un posible «pacto de corrupción» para atribuir a Catar el Mundial de fútbol de 2022 o la verdadera naturaleza de un contrato de asesoramiento para un grupo ruso de seguros, que le pagó medio millón de euros en 2020.

Sarkozy insiste en declararse inocente de todas las acusaciones en su contra y afirma ser una víctima del ensañamiento de los jueces en represalia por sus políticas cuando era presidente.

De interés: Confirman la condena a Sarkozy por la financiación ilegal de la campaña de 2012

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Esta puerta se suma a las cuatro tradicionales Puertas Santas -la de la basílica de San Pedro y las romanas San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor- que los peregrinos pueden atravesar durante el Año Santo para obtener la indulgencia, el perdón de los pecados.

«Quería que la segunda Puerta Santa estuviera aquí, en una cárcel. He querido que cada uno de nosotros, que estamos aquí dentro y fuera, tengamos la oportunidad de abrir de par en par las puertas de nuestro corazón y comprender que la esperanza no defrauda», dijo el papa antes de atravesar la Puerta Santa y entrar en la capilla de la cárcel donde se celebraba la misa.

Como el pasado 24 de diciembre, Francisco llamó a la puerta con el puño y esta se abrió, y la atravesó a pie ayudado con un bastón, y no en silla de ruedas como en la basílica de San Pedro, acompañado por el obispo auxiliar de Roma, Benoni Ambarus.

Estaban presentes en la celebración, dentro de la capilla, unos trescientos reclusos y personal de la policía penitenciaria.

Papa Francisco pide no perder la esperanza

En su homilía, Francisco explicó que «la gracia de un Jubileo es abrir de par en par los corazones a la esperanza» y agregó que «la esperanza nunca decepciona», y pidió a los presentes que a pesar de los momentos difíciles «nunca pierdan la esperanza».

También pidió a todos que se abran siempre la puertas, «especialmente la puerta del corazón» porque «cuando está cerrado se vuelve duro como una piedra. Se olvida de la ternura incluso en las situaciones más difíciles».

«Os deseo un gran Jubileo, os deseo tanta paz. Todos los días rezo por vosotros, de verdad. Pienso en vosotros y rezo por vosotros», dijo a los presos.

El primer Año Santo ordinario del papa Francisco -aunque ya instituyó uno extraordinario en 2016 dedicado a la misericordia– comenzó con este acto y se cerrará el 6 de enero de 2026.

Las otras Puertas Santas de Roma se abrirán el 29 de diciembre en San Juan de Letrán; el 1 de enero en Santa María la Mayor y el domingo 5 de enero de 2025 en San Pablo Extramuros sin la presencia del papa.

En la tradición católica, el Jubileo o ‘Año Santo’ es un tiempo dedicado «a consolidar la fe y la solidaridad», durante el cual la Iglesia concede indulgencias o el perdón de los pecados a todos aquellos que hagan obras de caridad y atraviesen algunas de las Puertas Santas: en San Pedro o en las otras basílicas romanas.

De interés: El papa Francisco critica «hipocresía» de potencias mundiales que fabrican armas

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Esta visita se produce a pedido de la defensa del exvicepresidente y del Comité Internacional para la Libertad de Jorge Glas, quienes han reclamado que la CIDH amplíe las medidas cautelares que ya dictó en 2019 a favor de este, para que ordene al Estado ecuatoriano excarcelarlo, reconocer su estatus de asilado y incluso entregarlo a México.

En los exteriores de la cárcel, agentes policiales resguardaban la entrada, mientras que frente a ella decenas de simpatizantes se congregaron para exigir la libertad de Glas, a quien consideran «un preso político».

Las medidas cautelares que la CIDH emitió en 2019 fueron tras considerar que entonces se encontraba «en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos», algo que en esta nueva situación su equipo legal denuncia que se ha agravado con riesgo hasta el punto de generarle presuntamente afectaciones mentales y un posible riesgo de suicidio.

Situación crítica de Glas

El Comité Internacional para la Libertad de Jorge Glas espera que la CIDH, después de conocer las condiciones en las que está encarcelado el político, ordene al Gobierno de Ecuador que le dé un salvoconducto para que pueda viajar a México en calidad de asilado diplomático, según dijo a EFE hace unos días su coordinador, el abogado y exministro boliviano Sacha Llorenti.

Sin embargo, si eso no llega a suceder, esperan que al menos se le permita salir de la cárcel para que cumpla su condena en arresto domiciliario, aseguró a EFE la asambleísta Mónica Palacios, del partido Revolución Ciudadana, que tiene como líder a Correa.

Palacios insistió en que la situación del exvicepresidente «es crítica» y que no está recibiendo «las medicinas apropiadas para sus enfermedades» dentro de La Roca. Además, dijo que «está teniendo problemas psicológicos por toda esta afectación».

Glas fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa y ocupó el cargo de vicepresidente entre 2013 y 2017, así como también durante los primeros meses del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021), hasta que comenzaron las investigaciones en su contra, imputaciones y acusaciones que siempre ha rechazado al declarase un perseguido político.

De interés: Ecuador ratifica que no dará salvoconducto a exvicepresidente Glas

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«Los chilenos tienen derecho a vivir en seguridad y en paz, y no vamos a permitir impunidad para quienes cometen delitos«, señaló el mandatario tras encabezar un ‘Gabinete Pro Seguridad’ en La Moneda, espacio en el que se acordó reforzar medidas contra la delincuencia y el crimen organizado anunciadas durante el día de ayer.

El nuevo recinto penitenciario será emplazado en Santiago de Chile, proyecto que bordea los 90.000 millones de pesos (más de 9 millones de dólares) y que supone 500 nuevas plazas para delincuentes de alta connotación.

Los recintos de alta seguridad contarán a su vez con una nueva fuerza especial de Gendarmería bajo un régimen especial.

Respecto de la nueva fuerza conjunta entre Carabineros (policía militarizada) y la Policía de Investigación (PDI), el mandatario adelantó que «se constituirá mañana a primera hora y será convocada regularmente tres veces a la semana mientra sea necesario».

Inseguridad en Chile

La instancia, que tomará decisiones respecto de la RM, contará con la participación tanto de las instituciones policiales como el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, Gendarmería y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Durante el fin de semana, múltiples balaceras hasta ahora inconexas, según antecedentes preliminares, ocurrieron en distintas comunas de la capital: en Quilicura los disparos acabaron con la vida de cuatro adolescentes; en tanto en Lampa asesinaron a cinco personas extranjeras.

Otros homicidios se registraron en las comunas capitalinas de Estación Central, Independencia, Renca, Huechuraba, ademas de la costera Viña del Mar, completando un total de 18 muertes.

Chile vive desde hace unos años una crisis de inseguridad motivada por la llegada al país del crimen organizado trasnacional, que ha llevado a la tasa de homicidios desde los 4,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a los 6,3 homicidios en 2023.

La sensación de inseguridad no para de crecer, aunque las autoridades insisten en que la situación es distinta al resto de países de la región, que el año pasado registró una tasa de homicidios de 20 por cada 100.000 habitantes.

De interés: Al menos cinco muertos en tiroteo ocurrido a las afueras de capital de Chile

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Fuente de imagen referencial: EFE/Presidencia de Chile

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«Hoy marcamos uno de los hitos más importantes en nuestra lucha en contra del terrorismo y las mafias que se enquistaron impunemente en nuestro país durante décadas», dijo Noboa en la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción de la cárcel, que se ubicará en la costera provincia de Santa, donde el mandatario tiene fijada su residencia.

El jefe de Estado añadió que «hace tan sólo siete meses, el sistema penitenciario estaba secuestrado y humillado por las organizaciones criminales que habían convertido a las cárceles en sus centros de operaciones«, lo que aseguró haber cambiado con la militarización de las prisiones que ordenó a inicios de este año.

Entre 2021 y 2023 murieron asesinados en las cárceles más de 500 presos, muchos de ellos en una serie de masacres carcelarias por disputas entre bandas rivales que tenían en control de las prisiones muros adentro.

El ingreso de los militares en enero pasado a las cárceles se dio como parte de un estado de excepción decretado por Noboa para combatir al crimen organizado, al que se le atribuye el auge de la violencia criminal, que ha llevado a Ecuador a figurar entre los países más violentos de Latinoamérica.

En sus primeros meses en el cargo, el mandatario ecuatoriano había anunciado la construcción de dos cárceles con características similares a las implementas en México o El Salvador, si bien con un tamaño mucho menor al salvadoreño Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construido por Bukele para encerrar a pandilleros, hasta cerca de 40.000, según cifras oficiales. 

300 días de construcción

Con una inversión de 52 millones de dólares, el centro penitenciario de Santa Elena se extenderá sobre 16,2 hectáreas, y se construirá en un tiempo récord de 300 días, dijo el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Luis Zaldumbide.

La máxima autoridad penitenciaria del país apuntó que lo más destacado del proyecto, con capacidad para unos 800 reos, son sus pabellones de máxima seguridad, «diseñados para garantizar que las medidas judiciales se cumplan rigurosamente». «Este centro será fundamental en nuestra lucha contra el crimen organizado», acotó.

«Gracias a su despliegue tecnológico de vanguardia, que incluye sistemas de videovigilancia enlazados a software de inteligencia artificial, este centro no sólo será el primero en su tipo en el país, sino que también establecerá nuevos estándares en la categorización de las personas privadas de libertad según su nivel de peligrosidad», dijo Zaldumbide.

El director del SNAI recordó que en los últimos años, los centros de privación de libertad estaban dominados por el crimen organizado «mientras los gobernantes anteriores miraban a otro lado o pactaban con ellos».

Sin embargo, en el Gobierno de Noboa han recuperado el control de las cárceles, enfatizó Zaldumbide en una semana en la que familiares de presos denunciaron presuntas torturas en las cárceles y exigían reinstaurar las visitas suspendidas desde enero, a la vez que la mayoría de las prisiones se quedaron también temporalmente sin proveedor de alimentos.

«Hoy tenemos orden con los militares, con los policías y también con un comandante jefe que tiene la valentía de enfrentarlos de frente rápidamente», comentó Noboa en referencia a sí mismo como máxima autoridad de las fuerzas del órden.

Mafias en Ecuador

Noboa señaló que antes de su llegada al poder el «control de las mafias convirtió en las cárceles en verdaderas bombas de tiempo en áreas urbanas, amenazando a la población y facilitando, además, el cometimiento de delitos».

«Y también había una comunicación directa con los narcopolíticos que hoy en día tanto molestan», señaló sin mencionar nombres.

El gobernante avanzó que la nueva cárcel se llamará «del encuentro» (eslogan del Gobierno del expresidente Guillermo Lasso) porque allí se encontrarán los corruptos, asesinos, narcotraficantes, los delincuentes más peligrosos del país, «los cabecillas de las mafias, que estarán ahora monitoreados en tiempo real y con el soporte de la inteligencia artificial».

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Fuente de imagen referencial principal: EFE/Presidencia de Ecuador

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La nueva ley, que entrará en vigor el 1 de agosto, tiene como objetivo disuadir esta práctica dada su repercusión negativa en el medio ambiente y la salud pública.

El endurecimiento de las sanciones responde a la preocupación de las autoridades de la antigua colonia británica por los efectos adversos que puede tener la alimentación incontrolada de la fauna autóctona.

Según la actual Ordenanza de protección de los animales salvajes, está prohibido alimentar a la fauna salvaje -incluidos los cerdos, los monos y las aves- en todo el territorio con una multa máxima de 10.000 dólares hongkoneses (1.818 euros, 1.279 dólares estadounidenses).

No obstante, las palomas asilvestradas se clasificaban como animales domésticos según el derecho consuetudinario, por lo que no se incluyeron en la definición de bestias salvajes en dicha norma.

Algo aparentemente inofensivo con secuelas, la alimentación ilegal de aves

Hasta ahora, las autoridades solo podían actuar contra la alimentación ilegal de aves como las palomas mediante disposiciones generales. Sin embargo, la modificación de la ordenanza ha cerrado esta laguna legal y permite sanciones más severas.

Para frenar la alimentación ilegal y reforzar el efecto disuasorio, el gobierno presentó en noviembre de 2023 al Consejo Legislativo una enmienda al Proyecto de Ley de Protección de Animales Salvajes, incluyendo a las palomas.

La ley aumenta la pena máxima por alimentación ilegal a una multa de 100.000 dólares hongkoneses (12.789 dólares estadounidenses) y un año de prisión, introduce una multa fija de 5.000 dólares y amplía las categorías de agentes encargados de hacer cumplir la ley.

Aunque algunos expertos han cuestionado la proporcionalidad de las nuevas penas, el gobierno defiende que son necesarias para proteger a la fauna local y argumenta que las multas tendrán un mayor efecto disuasorio.

El gobierno de la región semiautónoma ha denunciado que alimentar a animales salvajes y palomas asilvestradas provoca superpoblación, lo que los lleva a competir con otras especies por recursos, desequilibra el ecosistema y aumenta el riesgo de enfermedades.

Comportamiento de los animales

En Hong Kong, el contacto frecuente con humanos ha alterado su comportamiento natural. Algunos monos y jabalíes han perdido su miedo, volviéndose agresivos y robando comida de las manos de las personas, lo que ha provocado lesiones.

Por ello, las autoridades lanzaron un programa de prueba con anticonceptivos para controlar su población y reducir las molestias en lugares públicos.

Además, se organizaron exposiciones itinerantes, se instalaron puestos en las calles, se dieron charlas públicas y se crearon sitios web para explicar el impacto de alimentar a estos animales y por qué la gente lo hace.

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A través de X (antes Twitter), el funcionario aseguró que se investiga el hecho. Indicó que la «riña» se registró en un módulo del Centro Penitenciario de Yare II, donde murió un preso por «heridas punzo penetrantes y contusiones».

Previamente, la ministra de Servicios Penitenciarios, Celsa Bautista, informó que la «riña» en la cárcel de Yare II entre «algunos» presos fue controlada «en su totalidad, garantizando los derechos humanos de la población penitenciaria».

«Este establecimiento ya se encuentra en total normalidad y control», señaló Bautista.

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En un comunicado, el Ejecutivo de Haití indica que a fin de «restablecer el orden y tomar las medidas apropiadas para recuperar el control de la situación», el toque de queda rige esta noche hasta las 05.00 horas, y el lunes, el martes y el miércoles próximos desde las 18.00 a las 05.00 horas.

Esta medida no afecta a los miembros de la fuerza pública que estén de servicio, los bomberos, los conductores de ambulancias, personal sanitario y periodistas debidamente identificados.

«Las fuerzas del orden han recibido el mandato de usar todos los medios legales a su disposición para que se respete el alto el fuego y detener a los infractores», agrega la nota firmada por Patrick Michel Boivert, que actúa como primer ministro de Haití en ausencia de Ariel Henry.

Se toma esta medida en el departamento del Oeste por la degradación de la seguridad, en especial en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, «caracterizada por actos criminales cada vez más violentos perpetrados por las bandas armadas que provocan desplazamientos masivos de población, y consistentes sobre todo en secuestros y asesinatos de pacíficos ciudadanos, violencia ejercida contra mujeres y niños, saqueos y robos de bienes públicos y privados».

En su texto, el Gobierno se refiere a los ataques contra las dos mayores cárceles de Haití, La Capitale y Croix des Bouquets, «causantes de muertos y heridos en las filas de la Policía y del personal penitenciario, la fuga de peligrosos prisioneros y actos de vandalismo de esos lugares«, unas acciones que «ponen en peligro la seguridad nacional», añade el texto.

Desde hace varios días se registra una violencia sin precedentes en Haití marcada por el aumento del número de enfrentamientos entre la Policía y las pandillas armadas, la intensificación de los tiroteos en los barrios y el incremento del número de muertos y heridos.

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Kyra Yarmish, portavoz de Navalny, denunció en una rueda de prensa que un instructor del CIR llamó a la madre y le dio una hora para decidir. «O acepta un entierro secreto sin despedida pública o Alexei será enterrado en el terreno de la prisión», dijo Yarmish, citando las palabras del instructor.

Navalny, el principal crítico del presidente Vladimir Putin, murió el pasado 16 de febrero en la prisión IK-3 de Jarp, en Yamalia-Nenetsia, una de las cárceles más duras de Rusia, donde cumplía una condena de 19 años por delitos que sus seguidores consideraban políticos. Según el servicio penitenciario, Navalny se sintió mal tras un paseo, perdió la conciencia, y los médicos no pudieron reanimarlo.

Putin y los funcionarios rusos tienen «miedo» del funeral público, dice la jefa de investigaciones de la fundación Navalny.

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— CNN en Español (@CNNEE) February 23, 2024

La muerte de Navalny causó una ola de indignación y condena internacional, y sus partidarios convocaron manifestaciones masivas en todo el país para exigir justicia y democracia. El Kremlin negó cualquier responsabilidad en la muerte de Navalny y acusó a Occidente de interferir en los asuntos internos de Rusia.

La madre de Navalny, Lyudmila, dijo que su hijo estaba vivo, sano y feliz la última vez que lo vio, el 12 de febrero, y que no quería escuchar ninguna condolencia. La esposa de Navalny, Yulia, dijo que no sabía si creer la noticia de su muerte, y que solo confiaba en las fuentes de su equipo.

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Gabriel Velasquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

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En su balance sobre la operación Gran Cacique Guaicaipuro 2023, aseguró que «hemos liberado a Tocuyito de estructuras criminales».

«Tenemos capturados a todos los que eran los jefes aquí, quienes dirigían las mafias aquí, están capturados«, dijo.

Ceballos insistió en que el material hallado en Tocuyito iba a ser usado »fuera de las cárceles» para enfrentar al Estado venezolano.

El representante de la cartera de Interior adelantó que abrirán investigaciones a funcionarios que pudieron haber cometido algún delito.

#EnVideo📹| «Podemos decir que Tocuyito está cerrado; hemos acabado en Venezuela con las estructuras criminales mal denominadas ‘pranatos’, eso se acabó»; así lo manifestó el Vicepdte. Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, @CeballosIchaso1.#DefiendeTuEsequibo pic.twitter.com/NMOymMipck

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 26, 2023

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Fiorella Tagliafico

Con información de medios nacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Twitter / @CeballosIchaso1

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Además, indicaron que el centro será desalojado por completo y pasará por un proceso de reestructuración.

«Durante la eficaz operación fue desmantelado un centro de conspiración y delito, usado por una red criminal internacional contra la población venezolana»; dice el comunicado.

Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos Ichaso, dijo que la misión «avanza con éxito» mientras realizan una inspección a pie dentro del penal para constatar el control del lugar.

También aseguró que las autoridades están realizando labores de inspecciones y requisas a los reclusos.

#Urgente Gobierno Bolivariano informa al pueblo venezolano que la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro ha sido un éxito total, felicitando a todos los cuerpos de seguridad del Estado que hicieron parte de este hecho.#20Sep#LiberaciónDeTocorón pic.twitter.com/ef9SAKBtF3

— Alfred Nazareth (@luchaalmada) September 20, 2023

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de medios nacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Twitter / @ELESPINITO

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Esta intervención, realizada por unos 3.000 policías y militares en tres de los 12 pabellones que conforman la cárcel, es la tercera desde la última masacre entre reclusos sucedida entre el 23 y 25 de julio, donde fueron asesinados 31 reos, si bien la Policía difiere de ese número y la cifra aún está por confirmar.

En este nuevo ingreso a la cárcel, situada en Guayaquil y llamada oficialmente como Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, la Policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador se incautaron de 740 cartuchos de calibres nueve milímetros y 5,56 milímetros, además de 25,6 kilos de drogas.

Asimismo, decomisaron otros artículos prohibidos dentro de la cárcel como 139 teléfonos móviles, seis radios de comunicación y 2.291.

Los policías y militares también se encontraron con un sector donde había patos entre otros animales y una piscina con un centenar de tilapias en su interior que eran criadas aparentemente por los presos.

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de agencias y medios internacionales

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Las fuentes no precisaron la fecha ni el lugar del traslado, que se produce en medio de las especulaciones sobre un posible arresto domiciliario para la premio Nobel de la Paz.

Una ubicación desconocida

Según estas fuentes, que piden preservar el anonimato, Suu Kyi fue «realojada» en un edificio controlado por el régimen militar cuya ubicación se desconoce, tras permanecer aislada en una prisión de la capital, Naypyidó.

Las fuentes no dieron más detalles sobre las condiciones de su reclusión ni sobre los motivos del cambio.

Esta semana, fuentes cercanas al caso confirmaron que la junta planea transferir a Suu Kyi, la ex líder depuesta por los militares tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, a un arresto domiciliario en Rangún (Birmania), la ciudad más poblada del país.

Una larga historia de represión

Suu Kyi, quien solo ha sido vista una vez tras el golpe y sobre quien pesan condenas que suman hasta 33 años de cárcel desde entonces, ya pasó 15 años bajo arresto domiciliario en una residencia en Rangún, hasta su liberación en 2012, durante el periodo de mandato de la anterior junta militar (1962-2011).

En su momento lideró el movimiento democrático en Birmania y ganó el premio Nobel de la Paz en 1991, fue acusada por la junta actual de varios delitos, entre ellos violar una ley colonial sobre secretos oficiales y recibir sobornos.

Suu Kyi ha rechazado todas las acusaciones y ha denunciado un juicio injusto y politizado.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Twitter/@themalaysian

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