En el fallo del caso denominado como «New Business» o la compra irregular en 2010 de la Editorial Panamá América S.A. (Epasa), la jueza Liquidadora de Causas Penales Baloísa Marquínez sentenció a Martinelli a 128 meses de prisión (10 años y ocho meses) y le impuso una multa de 19,2 millones de dólares.

Ya el equipo de defensa de Martinelli, de 71 años de edad, anunció que apelará esta sentencia.

Aunque suele reaccionar con rapidez, Martinelli esperó unas ocho horas para denunciar por la tarde, a través de un video colgado en sus redes sociales, que la condena se debe a «intereses políticos».

El abogado defensor, Carlos Carillo, reiteró en una conferencia de prensa que su defendido es inocente y resaltó que la sentencia que apelarán no debe afectar la candidatura presidencial de Martinelli.

Martinelli además enfrenta cargos por blanqueo en el caso Odebrecht, cuyo juicio comenzará este año. Dos hijos también serán juzgados en el caso de la constructora, por el que ya pagaron cárcel en EE.UU. donde confesaron que blanquearon 28 millones de dólares y que transaron sobornos por órdenes «del padre», como dijo su defensa.

Mi respuesta al fallo político hecho público hoy . pic.twitter.com/vR4sm3S7XC

— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) July 18, 2023

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de agencias y medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Twitter / @AJEnglish

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Esta situación ha generado controversia e interrogantes sobre la idoneidad de su candidatura en medio de las acusaciones legales en su contra.

La investigación y las acusaciones de corrupción contra Ricardo Martinelli

El Ministerio Público ha acusado a Martinelli y a otras 14 personas de adquirir, presuntamente con dinero del Estado, la mayoría de las acciones de la Editora Panamá América en 2010.

Estas acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos han sido motivo de preocupación y han generado un debate en la sociedad panameña.

La candidatura a pesar de las acusaciones

Esto plantea interrogantes sobre la confianza y la integridad de la clase política en Panamá, así como sobre la capacidad de los partidos políticos para filtrar y seleccionar a sus candidatos.

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Gabriel Velásquez

El juicio, que se celebra en la sede de San Fernando de Henares en España y en la Audiencia Nacional, arrancó con más de dos horas de retraso debido precisamente a unos acuerdos de última hora que cerró el Ministerio Público.

En el edificio donde se celebra este macrojuicio, los 81 acusados están distribuidos hasta en tres salas distintas interrelacionadas por videoconferencia, se dictaron medidas de seguridad fuera de lo habitual con gran presencia de agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

En esta vista, el tribunal juzga a los miembros de esta organización delictiva liderada por los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón. Y los delitos que se les imputan van desde el blanqueo de capitales a la tenencia ilícita de armas, pasando por el tráfico de drogas, la falsedad documental, contra la Hacienda Pública o la falsificación de moneda.

El escrito de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, indica que la organización era “extremadamente complejísima, poderosa, laberíntica, entrelazada, muy diversificada y minuciosamente planificada”, que además era “permanente y estructurada”, que tenía proyección internacional y que se encontraba subdividida “en no menos de cuatro grandes sectores o ramificaciones”.

De acuerdo a lo informado, pasaron por el estrado 58 de los 81 encausados, aún se está por conocer si conforme con la Fiscalía uno de los cabecillas de la organización, Artemio López Tardón, para quien el fiscal pide 46 años de prisión por tráfico de droga, blanqueo de dinero, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsificación de moneda. Su hermano, Álvaro López Tardón, se encuentra en EE.UU. cumpliendo una condena de 150 años.

🔴 La reina de la coca se declara culpable en el juicio contra Los Miami pero rechaza asumir 39 años de cárcel

➡ Está acusada de tráfico de drogas, blanqueo y tenencia ilícita de armas https://t.co/ESnl4X3WFq

— ABC.es (@abc_es) March 6, 2023

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Leison Bustamante

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: abc, vía web

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Córdoba emitió un comunicado responsabilizando a “sectores de la ultraderecha” de América Latina de una campaña de desprestigio contra la izquierda.

“En ese marco deben interpretarse las infundadas acusaciones contra mi trayectoria política y mi ámbito familiar. Su política es infundir miedo ante las transformaciones que se vislumbran para vender una falsa sensación de seguridad”, expresó Córdoba.

Asimismo, afirmó que tras años de vigilancia por parte del Estado “nunca han encontrado nada indebido”.

“Jamás negué que conozco a Alex Saab, empresario que dentro de sus múltiples actividades desarrollaba emprendimientos comerciales que no estaban en ese momento cuestionados. Las relaciones que tuve con él se desarrollaron en escenarios enmarcados en la legalidad”, subrayó.

En este sentido, Córdoba anunció que no solo emprenderá las acciones legales contra quienes la acusan, sino que solicitará a la Fiscalía de Colombia y al Tribunal Superior de Justicia que la investigue.

Las acusaciones contra Córdoba forman parte de un informe entregado hace una semana al presidente de Colombia, Iván Duque, por parte de un grupo de diputados de la Asamblea de Ecuador. En el documento, se ofrecen detalles de una presunta trama transnacional de blanqueo de capitales.

Esta denuncia involucraría no solo a Maduro, sino también a los expresidentes Juan Manuel Santos y Rafael Correa

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Según se conoció este miércoles 12 de enero, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó el recurso de súplica que presentó Velásquez contra el auto que dio luz verde a su extradición, apenas unas semanas después de que aprobase también la entrega de su esposa, la extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén.

La Justicia norteamericana reclama a ambos por haber favorecido presuntamente al empresario Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión, en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó a éste ganancias de cientos de millones de dólares.

Recuerda el tribunal español que estos hechos constituirían en España un delito de blanqueo de capitales cometido en el seno de una organización criminal, entre otros, requisito para la extradición, y niega que Velásquez haya aportado elementos que “permitan afirmar que Estados Unidos cuenta con una estructura penitenciaria poco compatible con el respeto debido a la dignidad humana”.

Gorrín ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a la entonces tesorera con el fin de que se efectuaran cambios de moneda extranjera para el gobierno venezolano

Según la solicitud de extradición del Tribunal de Distrito Sur de Florida, desde 2008 hasta 2017 o alrededor de dichas fechas, Gorrín y el matrimonio participaron en una estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado para el gobierno venezolano.

Las autoridades sospechan que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho de participar en transacciones de cambio de moneda extranjera, que le reportaron ganancias de cientos de millones de dólares.

El reclamado argumentó que este país lo está investigando por haber adquirido presuntamente un inmueble en Madrid con fondos recibidos de Gorrín, pero los magistrados no tuvieron en cuenta estos puntos de vista.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Más de 70 agentes cumplieron 40 órdenes judiciales, entre ellas cuatro de prisión preventiva, además de diversos allanamientos y embargos de bienes de los sospechosos, según señaló la Policía Federal en un comunicado.

La investigación, que empezó en abril de 2019, identificó una red de contrabando que hacía pasar el oro por “chatarra” con el objetivo de esconder el origen, el valor del material y superar de esta forma los trámites aduaneros para su ingreso en Brasil.

La nota no precisó dónde se realizó la operación, pero apunta que algunas de las empresas estaban localizadas en el estado de Roraima

Según las autoridades brasileñas, ese modus operandi permitió a la banda importar de manera ilegal más de 100 kilogramos de oro venezolano, procedente de tierras indígenas.

Asimismo, hay indicios de que la organización también “exportó irregularmente cantidades voluminosas de productos alimenticios” con destino a Venezuela, con sospechas de que el pago se haría en oro.

Además, el grupo se valía de empresas localizadas en Roraima, para dar apariencia de “legalidad” a los valores provenientes de los crímenes investigados.

Los sospechosos objeto de la operación de este viernes responderán ante los tribunales por organización criminal, contrabando, evasión de impuestos y blanqueo de capitales, entre otros delitos, de acuerdo con la Policía Federal brasileña.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

Los cuatro exfuncionarios, Gersón Martínez, José Melgar, José López y Lina Pohl, se encuentran imputados en El Salvador por enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales. Según Interpol, las órdenes fueron retiradas a tenor de lo establecido en el artículo 3 de los estatutos de la organización.

El motivo de su retirada

Este artículo sostiene que «está rigurosamente prohibida a la organización, toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial«, como sería este el caso, según informaciones del diario La Prensa Gráfica.

Ante tal dictamen, los únicos exfuncionarios detenidos bajo dichas imputaciones en distintas penitenciarías del país son Carlos Cáceres, exministro de Hacienda; Calixto Mejía, exviceministro de Trabajo; Hugo Flores, exviceministro de Agrigultura; Violeta Menjívar, exministra de Salud; y Erlinda Handal, exviceministra de Educación, Ciencia y Tecnología.

Todos ellos fueron capturados el pasado 22 de julio en la que las autoridades fiscales y policiales denominaron “Operación Desfalco” después de ser acusados de supuestamente recibir pagos irregulares en la Administración de Mauricio Funes, tal y como explicó el fiscal general, Rodolfo Delgado.

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa y medios internacionales

Unos días después de ser detenido en Madrid tras casi dos años huido, la defensa del exgeneral presentó ante el alto tribunal medidas cautelares en busca de suspender la ejecutividad del acuerdo de extradición de marzo de 2020 tras autorizar la Audiencia Nacional.

El Supremo desestimó la solicitud de Carvajal al considerar que “nada hay” en su escrito que permita concluir las circunstancias de especial urgencia ni se alegan nuevos argumentos respecto a los planteados, en una petición de suspensión cautelar formulada en 2020, que ya fue rechazada en mayo de ese año.

La entrega a Estados Unidos, donde se le reclama por delitos de narcotráfico, se encuentra paralizada por orden de la Audiencia Nacional hasta que se resuelva la petición de asilo que formuló Carvajal.

La decisión del Supremo se conoció el mismo día en que el exgeneral compareció a petición propia en la Audiencia Nacional como testigo en un procedimiento abierto por terrorismo, en el que declaró sobre asuntos que dice conocer como exresponsable de la Inteligencia venezolana y que serían de interés para España, y se comprometió a aportar documentación para corroborar sus afirmaciones.

Carvajal está reclamado por Estados Unidos en cuanto a la comisión de presuntos delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir drogas en territorio estadounidense.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

«Juzgar improcedente el recurso interpuesto por el señor Alex Saab», señaló el acuerdo 39/2021, de 194 páginas, firmado con fecha 30 de agosto. Tras esta decisión, Saab será enviado a Estados Unidos a pesar de haber sido designado Enviado Especial de Venezuela y de contar con pasaporte diplomático de ese país.

Washington investiga el blanqueo de 350 millones de dólares para pagar supuestas corruptelas usando el sistema financiero de los EE.UU.

Saab fue detenido en junio de 2020 cuando realizaba escala de reabastecimiento en una isla caboverdiana. El país africano argumentó que se valía de una solicitud dictada por Estados Unidos a través de Interpol y en la que el empresario estaba señalado como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales.

Por su parte, en su momento, el Tribunal de Justicia la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) reafirmó que su arresto es ilegal y desestimó la petición del gobierno de Cabo Verde para mantenerlo encarcelado.

Versiones periodísticas y medios internacionales han referido que los motivos del requerimiento estadounidense sobre el detenido Alex Saab, se relacionan directamente con una investigación de blanqueo de fondos en el sistema financiero norteamericano, con el fin de pagar supuestas corruptelas a altos funcionarios venezolanos, en la administración Maduro.

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Con información de dpa y redes sociales

Según un comunicado, Anticorrupción solicita penas de prisión de entre cuatro y seis años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública, seis años por el delito de blanqueo, cuatro por el de insolvencia punible, otros cuatro por el de corrupción en los negocios y, finalmente, por el de falsedad documental tres años.

Asimismo, pide las correspondientes penas de multa y accesorias, y la indemnización a la Administración tributaria por las cantidades defraudadas en cada uno de los ejercicios fiscales indicados.

El pasado 1 de marzo un juez de Madrid procesó al también exvicepresidente del gobierno español y a otras 16 personas, físicas y jurídicas, por posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y elusión fiscal, al dar por concluida la instrucción del caso en el que desde 2015 investiga el origen del patrimonio de Rato.

Incrementos patrimoniales no justificados

En el comunicado conocido este martes, la Fiscalía asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por unos 18,5 millones de dólares, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda y 10 millones de dólares que habría defraudado a la Agencia Tributaria.

Anticorrupción sostiene que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de diversas sociedades, con las que habría realizado inversiones en “multitud de cuentas bancarias” en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros.

Rato operó a través de cuentas en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales