La secretaria de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, anunció oficialmente que no extenderá la protección otorgada por el gobierno del presidente Joe Biden (2021-2025) a cerca de 250.000 venezolanos y que expira el próximo 10 de septiembre.

El TPS otorga un permiso de trabajo y protege a los beneficiados de la deportación.

Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (Uscis), explicó en un comunicado que se decidió no extender el amparo dado el “importante papel” de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán creado por el TPS.

“Mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump para asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz”, agregó.

Noem determinó que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del TPS y es necesario ponerle fin porque extender el amparo está en contravía del interés nacional.

Batalla legal

La decisión se da después que el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificó el fallo de un juez federal que concluyó que el fin del TPS para aproximadamente 600.000 venezolanos, incluidos los afectados por la decisión de hoy, es ilegal.

La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el TPS otorgado por el expresidente Biden, los de 2021, unos 250.000, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350.000.

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Con información de EFE Servicios

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La jueza Indira Talwani, de Massachussetts, anuló la orden de Trump de revocar el próximo 24 de abril el beneficio migratorio que fue instaurado por el anterior Gobierno de Joe Biden (2021-2025).

La magistrada, nominada por el expresidente Barack Obama, especificó que la Administración debe respetar la fecha de vencimiento de ese beneficio migratorio, que se entregó por un período de dos años, y que no puede eliminarlo de forma anticipada sin una revisión caso por caso.

Revocación del parole ordenado por Trump

Al anunciar la revocación del ‘parole’, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por la secretaria Kristi Noem, apuntó que este «no aporta un beneficio público significativo y no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal».

El Gobierno de Biden instauró el ‘parole humanitario’ en 2022 para venezolanos, y en 2023 lo extendió a cubanos, nicaragüenses y haitianos, en un intento de ampliar las vías legales para migrar a Estados Unidos y reducir los cruces fronterizos irregulares.

Ese programa migratorio, conocido como CHNV por las siglas de los países, permite a sus beneficiarios residir y trabajar temporalmente en el país, tras ser avalados por un patrocinador con residencia legal en Estados Unidos.

En octubre de 2024, antes de las elecciones presidenciales, la Administración de Biden anunció que no renovaría el ‘parole’, lo que significaba que los beneficiarios no podían extender su estatus legal más allá de los dos años iniciales.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Juan Manuel Blanco

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