El operativo, para el que se movilizaron unos 2.500 agentes, comenzó en los complejos de Penha y de Alemão, dos populosos conjuntos de favelas de Río, y aún estaba en curso, según la Policía Civil.

El objetivo de la acción es detener a los cabecillas del Comando Vermelho (CV), una de las bandas del crimen organizado más poderosas de Brasil, y frenar la expansión territorial de la facción.

El Comando Vermelho se dedica principalmente al tráfico de drogas y armas, y su centro de operaciones está en el estado de Río, donde controla algunas favelas de la ciudad, aunque tiene presencia en buena parte del país, especialmente en la región de la Amazonía.

Hasta ahora, la más sangrienta de Río fue el 6 de mayo de 2021, cuando murieron 28 personas, entre ellas un uniformado, en la favela de Jacarezinho, en medio de graves denuncias de abusos de poder por parte de la Policía.

El gobernador del estado de Río, Cláudio Castro, calificó la operación de este martes como «la mayor» realizada contra el Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las más activas bandas del crimen organizado de Brasil.

Medios locales han informado que integrantes del Comando Vermelho han montado barricadas en las favelas para intentar impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad. En numerosas avenidas ha sido cortado el tránsito y todos los cuerpos policiales de la ciudad han sido movilizados.

La operación provocó además el cierre temporal de colegios, cortes en algunas de las arterias viales de la ciudad, afectando a la circulación de un centenar de líneas de autobús, y la suspensión de los trabajos en la Cámara Municipal de Río de Janeiro, entre muchos otros trastornos.

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La hoja ruta fue acordada durante la segunda Reunión de la Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal (Comixta), celebrada esta semana en Quito.

El Plan de Trabajo 2025-2026 contempla operaciones coordinadas y multisectoriales contra la minería ilegal en las zonas de frontera identificadas como prioritarias, capacitaciones sobre fiscalización, intercambio de información e investigación y sanción de este delito; además de acciones conjuntas de cooperación internacional, entre otras.

El encuentro estuvo encabezado por los viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países, con Juan Carlos Játiva por parte de Ecuador y con Félix Denegri por parte de Perú.

Operaciones contra la minería ilegal

Durante la reunión, el Ministerio del Interior propuso la creación de una Comisión Mixta de Armas, Municiones y Explosivos, y la ejecución de operaciones tipo espejo con el Alto Comisionado contra la Minería Ilegal del Perú.

La minería ilegal se ha vuelto una de las primeras amenazas para la seguridad de ambos países, controlada en numerosos enclaves por bandas del crimen organizado que han causado recientes matanzas en los estados.

En mayo, once militares fueron asesinados en Ecuador durante un operativo contra la minería ilegal en el sector amazónico de Alto Punino, donde presuntamente fueron emboscados por los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tuvo al menos tres fallecidos entre los atacantes.

También en mayo, trece personas fueron asesinadas en Perú dentro de un socavón en el distrito minero de Pataz, donde diversas mafias y organizaciones criminales se disputan el control de la extracción de oro en esa zona.

De interés: Perú reconoce que hay minería ilegal dentro de reserva de las famosas Líneas de Nazca

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En un comunicado al que tuvo acceso EFE este domingo, el CPT señaló que esta decisión tiene por objeto conceder a las autoridades competentes el tiempo y los medios necesarios para restablecer la seguridad y la paz.

Ante la magnitud de esta crisis, «es imperativo decretar una gran movilización de los recursos y medios institucionales del Estado para remediarla», señaló.

Esta decisión se inscribe en el marco de una serie de decisiones adoptadas en las últimas horas por las autoridades del país, con el fin de hacer frente a la crisis de seguridad a pocos meses de las elecciones previstas para finales de este año.

En el comunicado, el CPT y el Gobierno subrayaron su «firme determinación de adoptar todas las medidas urgentes y necesarias para restablecer la seguridad, garantizar el buen funcionamiento de las instituciones de la República y restaurar la dignidad nacional».

Guerra contra las bandas en Haití

El pasado jueves, al asumir la presidencia rotativa del CPT, Laurent Saint-Cyr declaró la guerra a las bandas armadas que aterrorizan a la población y pidió a la comunidad internacional enviar más soldados al país.

«Las bandas no tendrán la última palabra», advirtió el representante del sector privado en el Consejo, cuyo mandato de seis meses concluye el 7 de febrero de 2026, con la investidura de nuevas autoridades en un contexto en el que las elecciones previstas para finales de este año están en un punto muerto.

«Debemos luchar contra estos grupos criminales hasta erradicarlos, para que el pueblo pueda respirar», expresó.

Pidió a los socios internacionales de Haití que aumenten su apoyo al país, envíen más soldados y proporcionen mucha más formación.

En el país opera la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS) que, liderada por Kenia, la integran policías de varias naciones -y soldados en menor cantidad- pero que en la práctica no ha podido frenar el avance de las bandas que controlan el 90 % de Puerto Príncipe y se han desplazado a otras zonas.

Horas antes de su juramentación, el líder de bandas más poderoso de Haití, Jimmy Cherisier, alias Barbecue, afirmó que derrocaría al Consejo Presidencial de Transición.

Al menos 1.520 personas fueron asesinadas y 609 resultaron heridas durante el segundo trimestre del año en Haití, principalmente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en su mayoría perpetrados por bandas criminales, según un informe publicado recientemente por la Oficina Integrada de la ONU en el país (Binhu, en francés), que calificó de «extremadamente preocupante» la situación de los derechos humanos en la nación isleña.

De interés: Líder de bandas amenaza con derrocar al Consejo Presidencial de Transición de Haití

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«Hemos decidido ir a la Primatura (oficina del primer ministro) y a Villa d’Accueil (sede de CPT) para poner fin a la situación actual», dijo Cherisier en un video, justo el día en el que se producirá el cambio de presidencia en el Consejo Presidencial de Transición.

Esta no es la primera vez que Cherisier amenaza con derrocar a los miembros del CPT, constituido en el 2024 con el objetivo, entre otros, de convocar este año un referéndum para la reformar la Constitución haitiana y la organización de elecciones generales para dotar al país de presidente, senadores, diputados y alcaldes.

Haití «necesita paz» y «los que están en las calles necesitan volver a sus casas. La única forma de que la gente que está en las calles pueda volver a sus casas es destituir a estos nueve ladrones que se encuentran en la magistratura suprema del país», afirmó este jueves Cherisier.

En el video, alias Barbacue pidió a la población que vive en las zonas cercanas a las citadas oficinas del CPT que le dejen el paso libre.

«Haití ha llegado a una encrucijada en la que ya no puede más. El país ha llegado a un momento en el que reina la anarquía total. El país se encuentra en una encrucijada en la que un pequeño grupo de personas lo tiene como rehén, mientras que la mayoría de la población se pudre en la miseria», afirmó Barbecue, lanzando amenazas a todos los que se interponen en su camino.

La coalición de bandas Vivre Ensemble «decide liberar el país con la fuerza de nuestras armas. Pueblo haitiano, únanse a nosotros en la batalla. Libertad o muerte. Gente de Delmas, déjennos pasar. Estamos decididos a subir a las oficinas de la Primatura», concluyó.

Violencia en Haití

La situación de Haití se ha ido deteriorando por el avance de las sanguinarias bandas armadas, que controlan alrededor del 90 % de la capital, Puerto Príncipe.

Al menos 1.520 personas fueron asesinadas y 609 resultaron heridas durante el segundo trimestre del año en Haití, principalmente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

En su mayoría, los crímenes han sido perpetrados por bandas criminales, según un informe publicado recientemente por la Oficina Integrada de la ONU en el país (Binhu, por su sigla en francés), que calificó de «extremadamente preocupante» la situación de los derechos humanos en la isla.

De interés: Los países de la OEA se comprometen a apoyar la misión de seguridad en Haití

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La megaoperación se llevó a cabo en la zona oeste de la ciudad y tiene por objeto recuperar el control de un conjunto de barrios donde se han intensificado las actividades del crimen organizado en los últimos años, según informó el Gobierno de Río en una nota.

Tres sospechosos han sido detenidos hasta el momento, según el balance preliminar oficial.

«No hay lugar en el que no entre el Gobierno. Las fuerzas de seguridad han hecho un excelente trabajo debilitando a las milicias, pero hay un escenario de guerra en estas zonas, que sabemos que perjudica a los residentes», dijo el gobernador de Río, Cláudio Castro, al acompañar el inicio del operativo.

Castro, defensor de una estrategia de mano dura contra el crimen, insistió en que su administración trabaja para «restablecer el orden».

Operación policial en las favelas

Una de las comunidades en las que se han desplegado los uniformados es Cidade de Deus, donde han retirado barricadas que impedían la libre circulación de vehículos por las favelas.

En la acción participan también aeronaves, drones con reconocimiento facial, decenas de carros patrulla y motocicletas, y una ambulancia.

La operación en las favelas es por tiempo indeterminado y, además de Cidade de Deus, afecta a las de Rio das Pedras, Muzema, Morro do Banco, Gardênia Azul, Sítio do Pai João, Terreirão, César Maia, Fontela y Tijuquinha.

En Río operan bandas de narcotraficantes y grupos parapoliciales, formados por agentes o ex agentes corruptos, que controlan diversas barriadas de la ciudad, donde se dedican a la venta de drogas y armas, y hasta cobran por servicios básicos a los vecinos.

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Según el estudio que anualmente elaboran las ONG Observatorio del Desplazamiento Interno (IDMC) y Consejo Noruego de Refugiados (NRC), Haití es el país del mundo donde las bandas criminales han provocado un mayor número de movimientos de población forzados.

Haití también sufrió 9.800 desplazamientos a causa de desastres naturales en 2023, según el informe.

Desplazamientos en otros países

Otros países de América con importantes éxodos el pasado año derivados de la violencia fueron Colombia (293.000 movimientos por conflictos) y México (11.000).

Sin embargo, en el continente fueron mayores los desplazamientos forzados derivados de desastres naturales tales como inundaciones, incendios forestales, huracanes o tormentas: hubo 192.000 en Canadá, 202.000 en EEUU, 196.000 en Canadá y 351.000 en Colombia.

La violencia de bandas causó 8.000 muertos en Haití el pasado año, y las organizaciones criminales han llegado a controlar un 80 % de Puerto Príncipe.

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Fiorella Tagliafico R.

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Se sabe que los tres sujetos fueron asesinados por integrantes de bandas armadas de la zona. Comisiones de la Policía municipal, estatal y nacional junto al Cicpc se trasladaron hasta el lugar de los hechos para investigar el triple homicidio registrado .

Los tres cadáveres respondían a los nombres de Jonaiker Rivas Guillén (22A); Jairo Antonio Cuba (37A) y Gabriel Manuel Martínez, alias Hormiga.

El móvil que manejan las autoridades es el ajuste de cuentas.

Autoridades policiales investiga un triple homicidio en Filas de Mariche, Miranda https://t.co/Egp9hR66wI

— Monitoreamos (@monitoreamos) December 28, 2023

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Fiorella Tagliafico

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