En una declaración conjunta, firmada en Doha por el jefe de la delegación del Gobierno en estos diálogos, Álvaro Jiménez, y el representante del Clan del Golfo Luis Armando Pérez, se definieron acciones piloto dentro de lo que llamaron el «proceso para la desmovilización y construcción de paz».

Estas acciones buscan «desarrollar la etapa de consolidación de confianza» e implementar un programa «de pedagogía para la sustitución total de los cultivos de uso ilícito, considerando la participación voluntaria, la asistencia técnica y medios de vida alternativos».

El plan se aplicará en los municipios de Mutatá, ubicado en el departamento de Antioquia (noroeste), y de Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, todos en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.

En estas zonas tiene fuerte presencia el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El presidente Gustavo Petro, que desde su llegada al poder en agosto de 2022 impulsa su proyecto de ‘paz total’, adelantó el mes pasado que su Gobierno abrió conversaciones en el exterior con este grupo, tras varios acercamientos exploratorios que habían quedado congelados.

Otros compromisos para el Clan del Golfo

En la declaración firmada este jueves en Doha y difundida por la Consejería Comisionada de Paz, el grupo armado se compromete a respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, considerados «el primer piso para la construcción de paz».

También a garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a no interferir en el desarrollo de las elecciones que Colombia celebrará en 2026.

Por su parte, el Gobierno «toma nota» de que el Clan del Golfo «rechaza ser categorizado como grupo paramilitar o neo-paramilitar» y señala que, a través de la Cancillería, conviene solicitar al Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas «acompañar este proceso».

Finalmente, ambas partes piden al Gobierno de Catar, a la Misión de Apoyo del Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y a la Conferencia Episcopal de Colombia «realizar el seguimiento, monitoreo y verificación de lo acordado».

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«Uno sí tiene que investigar, ¿verdad? Porque si dicen que asesinaron a once venezolanos, un Gobierno responsable tiene que ver quiénes son esos venezolanos, (…) hay que averiguar quiénes son, y nosotros sí estamos investigando uno por uno», afirmó el ministro, quien, además, aseguró que «no son once, son diez» los que iban a bordo de la pequeña embarcación.

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también secretario general del partido gobernante PSUV, quien hace una semana calificó como un invento la información difundida por EE.UU. sobre el ataque, reiteró este miércoles que el despliegue militar del país norteamericano en el Caribe «no tiene nada que ver con droga« en Venezuela.

En cambio, aseguró que forma parte de un «asedio» que busca provocar «un cambio de gobierno» para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder, pero advirtió que le harán «vivir un infierno a quien intente hacerle daño a Venezuela».

 

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«Este pueblo está preparado y, para sorpresa de muchos lacayos, hasta sectores opositores se han sumado a la iniciativa de defender la patria», afirmó el ministro, sin mencionar qué políticos contrarios al oficialismo respaldan el plan defensivo activado por el mandatario Nicolás Maduro.

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Diosdado Cabello sostuvo que a la hora de «defender la patria se vale todo, menos hacerse el pendejo para no defenderla, pero se vale todo».

El también secretario general del partido gobernante PSUV reiteró que el despliegue estadounidense «no tiene nada que ver con droga» sino, aseguró, con un plan para provocar «lo que ellos llaman un cambio de régimen» y «salir de la revolución bolivariana», nombre adoptado por el oficialismo venezolano para el movimiento y proyecto político que comenzó Hugo Chávez tras su llegada al poder, en 1999.

«Las agresiones y el asedio contra Venezuela no tienen que ver con droga. Venezuela no produce droga, no siembra coca, no siembra marihuana, el tránsito es despreciable, pero Venezuela tiene petróleo, Venezuela tiene gas, Venezuela tiene oro, Venezuela tiene coltán, pero también Venezuela tiene dignidad», sentenció.

La postura estadounidense

La Casa Blanca reiteró el martes 9 de septiembre su postura de que el gobierno de Nicolás Maduro es «ilegítimo» y lo acusó de traficar drogas hacia EEUU.

En una rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo estadounidense, Karoline Leavitt, se refirió al reciente ataque contra una lancha con 11 supuestos miembros de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua.

«Esto envía un mensaje claro a los narcotraficantes del mundo: el presidente no lo tolerará», indicó Leavitt.

Además, advirtió que la cantidad de droga «incautada en esa embarcación podría haber causado la muerte de miles de estadounidenses».

El gobierno venezolano considera como un invento la información difundida por el país norteamericano sobre el ataque contra la pequeña embarcación, e insiste en que EEUU busca provocar un cambio político para tener acceso a los recursos naturales de Venezuela.

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La gobernante informó sobre esta medida al término de la reunión diaria que sostiene en el Palacio de Gobierno con ministros y altos mandos de las fuerzas de seguridad para conocer las acciones en la lucha contra la criminalidad en Lima y la provincia anexa del Callao, declaradas en estado de emergencia ante el embate de la delincuencia.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, detalló que ante la OEA, en Washington, declaró que el Tren de Aragua, una banda que nació en las cárceles de Venezuela, y otras organizaciones criminales similares «constituyen uno de los principales desafíos a la seguridad de los pueblos latinoamericanos».

Agregó que sus acciones son «de naturaleza terrorista» y, por eso motivo, «obligan a evaluar las alternativas para enfrentarlos de manera conjunta».

Schialer indicó que, en ese contexto, «Perú promoverá lo necesario» para que los estados miembros realicen acciones como el intercambio de información y contactos entre los órganos de coordinación para combatir a este flagelo.

«Con esta iniciativa buscamos el reconocimiento hemisférico de las actividades terroristas del Tren de Aragua y otras organizaciones similares», ratificó.

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«Puedo demostrar uno por uno que no hay ni uno solo del Tren de Aragua», dijo el funcionario tras la llegada de un vuelo con 311 repatriados, el quinto desde el pasado mes, luego de que Caracas aceptara recibir a deportados por EEUU en un encuentro con el representante especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell, en la capital venezolana.

En una transmisión de la estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello aseguró que el gobierno estadounidense había comunicado que iba a deportar a supuestos miembros del Tren de Aragua, pero, dijo, «está muy confundido» porque, de momento, no «ha enviado a nadie» de la banda criminal, señalada como terrorista por Washington.

«Alguien está mintiendo deliberadamente en los Estados Unidos», expresó el también considerado número dos del oficialismo, quien reiteró su condena al envío, el pasado fin de semana, de más de 200 migrantes acusados de supuestamente pertenecer al Tren de Aragua a El Salvador, donde están, agregó, «secuestrados por el presidente (Nayib) Bukele».

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Según cifras oficiales, de los 919 repatriados, 18 «tienen cuentas pendientes que resolver con la Justicia» venezolana.

La justificación de Washington

Eñ miércoles, Washington defendió haber invocado recientemente la Ley de Enemigos Extranjeros, solo usada en tiempo de guerra, para deportar a una cárcel de El Salvador a supuestos miembros del Tren de Aragua, de la que dijo que «ha sido enviada por el régimen hostil de (Nicolás) Maduro».

En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el uso de esa ley de 1798, que permite detenciones y expulsiones sumarias en caso de guerra o invasión del territorio, está justificada debido a que el Tren de Aragua está llevando a cabo una «incursión predatoria» de Estados Unidos.

La Casa Blanca y el presidente, Donald Trump, han insistido en que la llegada de inmigrantes indocumentados a suelo estadounidense es una invasión y que bandas criminales como el Tren de Aragua han sumido al país en «un periodo de guerra», como aseguró el gobernante el domingo después de invocar la ley.

Sin embargo, el oficialismo asegura que «la gran mayoría» de esos más de 200 deportados a la nación centroamericana «no tienen nada que ver» con esa organización criminal.

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Fuente de imagen referencial: EFE/ Prensa del Ministerio de Interior, Justicia y Paz

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Los sospechosos fueron encontrados responsables del homicidio por descuartizamiento del peruano Jafet Caleb y del venezolano Rubén Matamoros en una posada de la provincia de San Martín de Porres en septiembre del 2019, después de que la Policía Nacional encontró los restos cercenados en otros distritos de Lima.

De esta manera, el juez Luis Alberto Álvarez Torres ordenó además la suma de 60.000 soles (equivalente a 16.300 dólares) por reparación civil a favor de los herederos legales de las víctimas mortales. La lectura íntegra de la sentencia se realizará el próximo 17 de junio.

Conjuntamente, el fiscal Luis Felipe Chauca explicó que la acusación también implica a Jonathan Jesús Donayre Semprum, reo contumaz con orden de captura internacional, y a Freddy Xavier Romero Sulbarán, alias “Machelo”, el presunto autor intelectual de los homicidios que será extraditado de Colombia, tras su fuga a ese país, según informó el portal de “La República”.

La Policía Nacional peruana pudo identificar a la banda criminal por los videos de seguridad de hotel donde se produjeron los hechos y los videos que los mismos implicados grabaron del ataque a las víctimas.

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte dictó 35 años de cárcel a los ciudadanos venezolanos, Abraham Perozo y Angelbert Díaz por el asesinato y descuartizamiento de Jafet Caleb Torrico y Rubén Matamoros Delgado en un hostal de SMP en el 2019 https://t.co/viAJF9f5L5 pic.twitter.com/uRS7mnpJ50

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 8, 2022

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María Gabriela Moncada

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