Aunque la cifra representa una disminución del 62 % en comparación con los 619 registros de 2024, la organización advierte que esta baja es consecuencia directa de la «ola represiva» que se vivió el año anterior.

Detalles del balance anual

Tipos de agresión: La intimidación se consolidó como la práctica más frecuente (33,1 %), seguida por la censura (26,4 %) y el hostigamiento judicial (14,7 %).

Perfil de las víctimas: Los periodistas y trabajadores de la prensa siguen siendo el sector más afectado (34 %), aunque preocupa el incremento de ataques contra particulares y activistas (21,7 %) por compartir información de interés público en redes sociales.

Principales victimarios: El Estado y sus instituciones encabezan la lista de responsables (43,6 %), seguidos por los cuerpos de seguridad (29,6 %) y operadoras privadas (15,1 %).

Criminalización y cierres: Se registraron 44 detenciones arbitrarias (24 particulares y 19 periodistas) y el cierre de siete emisoras de radio en los estados Bolívar, Portuguesa, Lara y Sucre.

Exigencia legal

Carlos Correa, director de la ONG, reiteró el llamado a derogar la «Ley contra el Odio», denunciando que este instrumento se utiliza sistemáticamente para criminalizar la denuncia pública y los temas de interés nacional bajo cargos de incitación al odio.

De interés: AI asegura que persistieron los crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante 2025

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

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