Aunque la dependencia no precisó qué agencias participarían, medios locales reportaron la próxima llegada de elementos de la Patrulla Fronteriza, como ocurrió el mes pasado en Carolina del Norte, cuando las autoridades detuvieron a 200 migrantes en el operativo ‘Charlotte’s Web’ (Telaraña de Charlotte).

El DHS sostuvo en un comunicado que la operación en la mayor ciudad del estado sureño de Luisiana se enfocará en detener migrantes con historial criminal, al mostrar imágenes de nacionales de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jordania y Vietnam, que presuntamente quedaron libres por las «políticas santuario».

«Las políticas santuario ponen en peligro a las comunidades estadounidenses al liberar a extranjeros criminales y forzar a los agentes del DHS a arriesgar sus vidas para remover a migrantes criminales ilegales a los que nunca debieron haber vuelto a soltar a las calles», dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS.

El despliegue de los agentes federales ha sacudido a un estado con cerca de 223.000 migrantes, de los que casi uno de cada cinco son de Honduras, y cerca de la octava parte son de México, según datos del American Immigration Council.

Restaurantes y negocios latinos han anunciado cierres en sus redes sociales ante el temor de que trabajadores o clientes queden detenidos en las redadas, mientras que activistas han cuestionado que los agentes estén enfocándose en migrantes con antecedentes penales.

El despliegue también muestra los crecientes operativos de la Administración de Donald Trump en ciudades lideradas por demócratas, como la actual alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, quien en 2026 cederá el cargo a Helena Moreno, quien nació en México, y en noviembre expresó su «preocupación» por el eventual operativo.

Los operativos contra migrantes buscan replicar lo ocurrido en junio en Los Ángeles y en septiembre en Chicago, lo que desató manifestaciones ciudadanas.

De interés: EEUU revisará tarjetas de residente de los migrantes de países de «preocupación»

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En una publicación en Instagram, el Ministerio de Transporte precisó que «el mensaje central de la reunión fue la confianza y la seguridad en las operaciones por parte de los prestadores del servicio aéreo a los pasajeros».

 

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Según la cartera de Estado, al encuentro asistieron los presidentes de las aerolíneas venezolanas Laser Airlines y Estelar, Orlan Viloria y Boris Serrano, así como representantes de Latam Airlines y TAP, Gamal Kabchi y Miguel Araujo, respectivamente.

Desde el sábado y hasta este lunes, varias aerolíneas han cancelado sus vuelos, como las españolas Air Europa, Plus Ultra e Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la sudamericana Latam y la turca Turkish Airlines.

Además, han anunciado la suspensión de sus vuelos Caracas-Madrid las aerolíneas venezolanas Estelar (entre el 24 y el 28 de noviembre) y Laser (aliada de Plus Ultra), que ha reprogramado para el jueves uno previsto para este lunes.

Vuelos con normalidad

Entretanto, la estatal venezolana Conviasa informó, en un comunicado en Instagram, de que la totalidad de sus vuelos nacionales e internacionales se «están ejecutando en total normalidad».

Este lunes, el presidente Nicolás Maduro se dirigió al ministro de Transporte, Ramón Velásquez, y le pidió garantizar la aplicación de la ley, aunque no dio más detalles ni hizo mención a la cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas.

El pasado viernes, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región», anuncio que coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en el Caribe.

De interés: Aerolíneas venezolanas se mantienen operando con normalidad

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Una treintena de personas se concentró frente al Ministerio Público (MP, Fiscalía) en Caracas, entre ellas Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas -arrestado en el Rodeo I, estado Miranda (norte)-, quien denunció que los casos de esos presos, pese a denuncias anteriores, «todavía no han sido atendidos», por lo que temen que haya muertes «bajo custodia del Estado».

Ávila indicó que entre los detenidos hay quienes sufren de cáncer y enfermedades cardiovasculares y neurológicas.

Según la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), veinte personas han muerto desde 2014, cinco de ellas desde noviembre del año pasado.

Margareth Baduel, hermana de Josnars Adolfo Baduel -detenido desde 2020-, afirmó que los familiares de presos políticos también son víctimas.

Por su parte, Luis Alberto Méndez -abuelo de Gabriel Rodríguez, uno de los cuatro adolescentes presos políticos- pidió al fiscal general, Tarek William Saab, que «piense» en estos menores de edad, quienes «son inocentes».

El Gobierno y la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya presos por motivos políticos, sino ciudadano que cometieron diversos delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.

De interés: ONG Foro Penal contabiliza 884 presos políticos en Venezuela

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La ‘Operation Dirtbag’ (Operación basura) adelantada en los últimos diez días deja un saldo de arrestos de 54 «depredadores sexuales», 164 «criminales sexuales», dos asesinos sentenciados, un condenado por narcotráfico y otros ocho «delincuentes atroces», expuso Madison Sheahan, subdirectora del ICE, en una rueda de prensa en Miami.

El operativo se enfocó en depredadores de niños, violadores y «violentos criminales» extranjeros con sentencias como agresión sexual de menores, violación, conducta lasciva, explotación infantil e intento de homicidio, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Aunque no se detalló la nacionalidad de todos los aprehendidos, el DHS compartió fotografías de cuatro cubanos, un venezolano y un ucraniano implicados en delitos sexuales a menores de edad.

Las detenciones las realizaron las autoridades de Florida, que lideran a nivel nacional los acuerdos 287(g) que permiten a agentes locales colaborar con el ICE en detenciones migratorias, señaló Sheahan.

La funcionaria destacó que Florida se ha convertido en emblema de la política migratoria de la segunda Administración de Donald Trump, pues hay 335 acuerdos 287(g) para cooperar con el ICE y el estado ha abierto centros de detención para migrantes como ‘Alligator Alcatraz’ y ‘Operation Depot’.

El pasado 26 de septiembre, más de 350 inmigrantes fueron detenidos tras un operativo de cuatro días de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, en inglés), y el vicegobernador, Jay Collins, reiteró que las autoridades estatales irán detrás de su estimado de 1,1 millones de indocumentados detenidos en el estado.

De interés: Florida abre nuevo centro de detención para migrantes

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Durante este procedimiento fueron capturadas 10 personas nacionales de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Colombia, que ya fueron presentados ante las autoridades competentes para ser imputados del delito de tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Se trata de un decomiso «histórico en cuanto a operaciones llevadas» a cabo por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), dijo este martes en una conferencia de prensa el director general de esa fuerza de seguridad del Estado, el comandante Luis De Gracia.

La embarcación tipo remolcador oceánico fue interceptada en las últimas horas por agentes del Senan al sureste de la isla de San José, en el Pacifico panameño, luego de que esta intentara evadir a las autoridades.

La información de inteligencia señala que la nave había salido «de la parte de Juradó, Buenaventura», en Colombia, y se dirigía «hacia México, lo que obviamente genera una ruta hacia Estados Unidos», dijo el Fiscal Superior de Drogas, Julio Villarreal.

La droga se halló en «579 bultos que contenían 11.562 paquetes de sustancia ilícita, con un peso total de 13.508,52 kilogramos, marcando así la mayor incautación registrada en el territorio nacional desde 2008«, precisó el Senan en una publicación en sus redes sociales posterior a la conferencia de prensa.

Tanto el comandante del Senan como el fiscal antidrogas afirmaron que este «duro golpe» al narcotráfico internacional evidencia los esfuerzos de Panamá para combatir esta lacra y para contribuir a la seguridad regional.

Panamá es un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino Estados Unidos -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa. Decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales.

De interés: El Pentágono envía tropas a entrenar en Panamá por primera vez en décadas

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El aparente control que los militares habían impuesto sobre el convulso sistema penitenciario de Ecuador quedó roto con la matanza de catorce personas en la cárcel de Machala (sur), entre ellas trece presos y un guardia carcelario, y siguió este jueves con la masacre de al menos diecisiete reclusos en la cárcel de Esmeraldas (norte).

Según las autoridades de Ecuador, ambos episodios comenzaron de forma similar: un grupo de presos pertenecientes a una banda criminal simuló la enfermedad o muerte de uno de sus integrantes para emboscar a los agentes que acudieron a inspeccionar. De ese modo lograron acceder a otras áreas del penal donde se encontraban reclusos de bandas rivales, a quienes atacaron con extrema violencia.

En el primer episodio, la cárcel de Machala, que se ubica cerca a la frontera con Perú y en la que predominan integrantes de Los Lobos, la Policía ecuatoriana atribuye la masacre a una facción de Los Lobos llamada Sao Box que buscó atacar a otra división del mismo grupo.

En los acontecimientos de este jueves en la prisión de Esmeraldas, que se encuentra en la frontera con Colombia y donde prevalecen Los Tiguerones, fueron presuntamente miembros de esta banda los que realizaron el ataque contra integrantes de varias bandas como Los Lobos y Los Choneros.

Aparentemente los presos han utilizado armas blancas que han logrado introducir en las prisiones pese al mayor control militar dispuesto por Noboa, y también, en el caso de Esmeraldas, se apropiaron del arma de fuego del militar al que redujeron y que terminó herido.

Tanto en una masacre como en la otra el Gobierno de Ecuador ha guardado silencio sin ofrecer información pública sobre los sucesos, por lo que la única información oficial ha sido difundida por la Fiscalía.

Desde 2020, más de 600 presos han sido asesinados en las cárceles de Ecuador, en su mayoría como resultado de violentos enfrentamientos entre bandas criminales rivales. Esta situación llevó a que, a inicios de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hiciera un llamado de atención al Gobierno.

El organismo internacional instó a Ecuador a comienzos de año: «A adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia, a investigar todos los hechos, a identificar y sancionar a los responsables y, a prevenir su repetición».

De interés: Convocan referéndum para instalar bases militares extranjeras en Ecuador

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Fuente de imagen referencial: EFE/Mauricio Torres

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El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, informó este miércoles a EFE que las autoridades de la región están evaluando los daños en diversas infraestructuras, como hospitales, iglesias y puentes, tras el sismo de magnitud 5,4 registrado durante la jornada en el occidente del país.

El gobernador señaló que los cuerpos de seguridad del Estado, Protección Civil, así como ingenieros y técnicos de las diferencias alcaldías del Zulia, estarán evaluando en las próximas horas otros posibles daños en la región por los sismos.

En la capital venezolana, Caracas, los temblores fueron sentidos por la población.

Reportes de sismos

Este miércoles, se registró un sismo de magnitud 5,4 en la escala de Richter en regiones del occidente de Venezuela, según informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Además de Zulia, usuarios de la red social X reportaron haber sentido los sismos en ciudades de los estados Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, así como en Caracas.

El temblor también se sintió en algunas partes de Colombia, principalmente en ciudades de la costa atlántica, como Barranquilla y Cartagena, y en Medellín, en el noroeste del país.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento fue de magnitud 6,1 a una profundidad superficial con epicentro en Mene Grande, en el estado Zulia, y doce minutos después hubo una réplica de magnitud 4,3.

De interés: Terremoto de Afganistán, el más letal en las últimas décadas, supera 2.200 muertos

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Fuente de imagen referencial: EFE/Henry Chirinos

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María Rodríguez, de 58 años, dijo a la prensa que espera que su casa sea reconstruida, ya que reconoció que no cuenta con los recursos económicos para esto.

Asimismo, denunció que tras la explosión indios yukpas «se estaban llevando» cosas de los afectados.

«Tuvimos problemas, percances, con ellos, porque nos querían dejar sin nada de lo que poquito que nos quedó«, aseguró Rodríguez, quien indicó que durmió la pasada noche en el terreno de su casa, ahora repleto de escombros, «cuidando lo poco» que le quedó, y que permanece a la espera de una respuesta gubernamental.

Por su parte, Eleuterio Delgado expresó «bastante dolor» por la pérdida de su casa y contó que su hijo de cuatro años sufrió una cortadura en el rostro y se encuentra hospitalizado.

«A pesar de que era un rancho (vivienda precaria), tenía mis cositas«, lamentó Delgado, de 68 años, quien anticipó de que hoy pasará la noche en su lugar de trabajo, donde es vigilante.

Entretanto, Darwin Luzardo, de 37 años, pidió colaboración con colchones, zapatos y ropa, al subrayar que, como él, otras personas perdieron «todo».

Animales afectados por la explosión en Zulia

Por otra parte, más de 50 animales afectados por la explosión recibieron cuidados médicos, informó Leonardo Jiménez, coordinador en Zulia de la gubernamental Misión Nevado, dedicada a la atención de perros y gatos.

«Más de 20 animalitos fueron reubicados con distintas organizaciones no gubernamentales», señaló Jiménez, quien precisó que los animales, que no fueron reclamados, «posiblemente» serán dados en adopción.

La cifra de personas afectadas por la explosión es de 48, informó el gobernador de Zulia, Luis Caldera.

Además, indicó que este viernes comienza una fase de recuperación de la zona y de atención a los vecinos de la fábrica de fuegos artificiales.

La recuperación del sector contará «con respaldo regional y nacional, en articulación con cuerpos bomberiles de cinco municipios», según las autoridades, que aseguraron también que, desde «el primer momento de la emergencia», ha habido un «despliegue de ambulancias, activación hospitalaria, dotación de insumos y monitoreo constante».

De interés: Al menos 23 personas resultaron heridas por explosión en fábrica del Zulia

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Fuente de imagen referencial: EFE/Henry Chirinos

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«Uno sí tiene que investigar, ¿verdad? Porque si dicen que asesinaron a once venezolanos, un Gobierno responsable tiene que ver quiénes son esos venezolanos, (…) hay que averiguar quiénes son, y nosotros sí estamos investigando uno por uno», afirmó el ministro, quien, además, aseguró que «no son once, son diez» los que iban a bordo de la pequeña embarcación.

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también secretario general del partido gobernante PSUV, quien hace una semana calificó como un invento la información difundida por EE.UU. sobre el ataque, reiteró este miércoles que el despliegue militar del país norteamericano en el Caribe «no tiene nada que ver con droga« en Venezuela.

En cambio, aseguró que forma parte de un «asedio» que busca provocar «un cambio de gobierno» para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder, pero advirtió que le harán «vivir un infierno a quien intente hacerle daño a Venezuela».

 

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De interés: AI exige investigación sobre el ataque de EEUU a embarcación en el Caribe

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«Pedimos a las autoridades de Estados Unidos detener la persecución contra nuestros hermanos migrantes. Pedimos que se le respeten sus derechos y el derecho a la migración es fundamental en los derechos humanos», dijo Escobar en el marco del cierre de las fiestas patronales de la capital salvadoreña.

El principal jerarca católico salvadoreño también instó a «no criminalizarles en su estatus solo por ser indocumentados», ya que «son personas nobles, personas buenas, trabajadoras que han hecho mucho por aquel país» y sostuvo que «merecen un trato digno».

Política contra migrantes en EEUU

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump busca acelerar las deportaciones y detenciones para cumplir con su promesa de campaña de expulsar a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país.

Cada año, más de 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

El número de aprehensiones en Estados Unidos y México de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos -ciudadanos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica- alcanzó los 39.292 en los primeros cinco meses de 2025, un 86,5 % menos que en el mismo lapso del año 2024, según datos oficiales.

De interés: Maduro agradece a Trump y al Papa por liberación de migrantes presos en El Salvador

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El evento, organizado por el Gobierno de Brasil y la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros organismos, pretende diseñar las rutas para fijar la sanidad como un «pilar central de la acción climática» de cara a la cumbre mundial del clima (COP30).

«El Plan de Acción en Salud de Belém puede ayudar a los países a construir sistemas de salud resilientes al clima y bajos en carbono, proteger a las comunidades vulnerables e integrar la salud en las políticas nacionales», dijo en un video el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la apertura del foro.

El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, presente en el acto, alertó de que en 2024 unos cinco millones de personas sufrieron las consecuencias de inundaciones en diez países de la región y 1,2 millones más se vieron afectados por la sequía, especialmente en Brasil y Colombia.

«Esto contribuye a la inseguridad alimentaria y a la malnutrición, así como interrumpe el transporte en áreas remotas», destacó.

Iniciativa de la OMS

La ministra de Medioambiente de Brasil, Marina Silva, defendió que la salud no puede desvincularse del cambio climático y, en este sentido, apostó por cuidar de los síntomas, pero sobre todo de las causas, entre ellas, las emisiones de gases contaminantes.

Por su parte, el ministro de Salud de Senegal, Ibrahima Sy, criticó la «inacción» global en la lucha contra el cambio climático.

«Cada grado que aumenta la temperatura pone en dificultades todo el sistema de salud», dijo Sy, quien también instó a la comunidad internacional a ser más solidaria y a trabajar de forma colectiva.

En este contexto, la CEO de la COP30, Ana Toni, urgió a aplicar planes de adaptación concretos, algo que intentarán acelerar en la cumbre climática de Belém, que se celebrará en noviembre próximo.

Brasil, como anfitrión de la cita, presentará la propuesta que salga de esta conferencia para su adopción voluntaria por parte de los países y la sociedad civil en la COP30.

Para ello, el foro que arranca este martes acogerá sesiones plenarias, paneles de discusión y debates a fin de articular los compromisos de los países en el marco de la Alianza para la Acción Transformadora sobre el Clima y la Salud (Atach, por sus siglas en inglés).

Este mecanismo es una iniciativa de la OMS formada por una red voluntaria informal para que sus participantes intercambien experiencias y mejoren la cooperación técnica y política.

La Conferencia Global sobre Clima y Salud cuenta entre sus patrocinadores con los Gobiernos de España y Reino Unido, así como con la Fundación Gates y la Fundación Rockefeller, entre otros actores.

De interés: La OMS recurre al «crowfunding» para paliar la salida de EEUU

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Fuente de imagen referencial: EFE/Andre Borges

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Saab detalló que, del total de droga decomisada, 276 toneladas fueron de cocaína, 78 toneladas de marihuana, 793 kilos de heroína y el resto de otras sustancias.

Asimismo, el fiscal agregó que, en el mismo período, se decomisaron 208 aeronaves, 782 inmuebles, 6.946 vehículos, 2.454 armas y 218 embarcaciones.

Según el titular del Ministerio Público, se han realizado 59.787 imputaciones, 36.671 acusaciones y 19.195 sentencias condenatorias relacionadas con drogas.

Operativos contra drogas

El martes, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró que se incautaron 3,1 toneladas de marihuana en los estados Apure (oeste, fronterizo con Colombia) y Falcón (noroeste).

En otro operativo reciente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) confiscó 6.180 gramos de marihuana en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), informó la Superintendencia Nacional Antidrogas.

Esta incautación se hizo como parte de la ‘Operación Relámpago del Catatumbo’, un despliegue militar para «liberar y mantener libre todo el territorio de Venezuela de pistas clandestinas, de sembradíos de hojas de coca, de laboratorios para fabricar cocaína y de todos esos elementos perturbadores», según palabras del presidente Nicolás Maduro.

De interés: Más del 80% de incautaciones de drogas en 2024 fueron en la frontera con Colombia

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Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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«Queremos reportar un golpe importante en el que se le dio captura a once miembros de la organización Tren de Aragua en Bogotá (…) Fueron capturados ocho por orden judicial y tres en flagrancia», expresó el alcalde en una rueda de prensa.

Entre los detenidos está un hombre identificado con el alias de ‘L’, al que las autoridades acusan de ser el líder del Tren de Aragua en el centro de Bogotá.

Estas personas se dedicaban, según la investigación de las autoridades, al tráfico de estupefacientes y de armas, que vendían a otros grupos criminales.

También se les acusa de ser los responsables del lanzamiento de una granada en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, que dejó tres muertos y nueve heridos en marzo pasado.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Policía colombiana ofrecen un total de 12 millones de dólares por la captura de tres líderes de la organización criminal.

Esos cabecillas son Giovanny San Vicente; Yohan José Romero, alias ‘Johan Petrica’, y Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, por quienes se ofrecen recompensas de tres, cuatro y cinco millones de dólares, respectivamente.

A los tres se les acusa de delitos de conspiración para cometer crímenes, tráfico de narcóticos y de personas, y lavado de dinero.

De interés: Chile desmantela red de lavado de activos del Tren de Aragua

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Fuente de imagen referencial: EFE/Alcaldía de Bogotá

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La minería formal aporta el 10 % PIB del país andino. En 2024, supuso una inversión de 4.960 millones de dólares, pero la minería ilegal mueve hasta 3.000 millones de dólares al año y crece por el aumento del precio de materiales como oro y la falta de intervención de las autoridades.

Claves de la situación de la minería ilegal en Perú

1.- Mapa minero

La minería ilegal se extiende por la costa, sierra y selva del país. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) estima que genera pérdidas anuales a Perú por más de 6.200 millones de dólares o 5.500 millones de euros.

La mina más afectada por los enfrentamientos de bandas asociadas a esta actividad ilícita es Poderosa, donde fueron asesinados los 13 trabajadores de la mina, muchos de ellos vinculados a la seguridad, y donde son contantes los ataques a mineros y contra su infraestructura.

En este gran yacimiento aurífero, 39 mineros y trabajadores han sido asesinados en dos años por las bandas, que según la empresa, han tomado el control de Pataz, «convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente».

2.- Daño social y medioambiental

La actividad de los mineros ilegales se multiplica por múltiples rincones del país, lo que inevitablemente viene acompañado de explotación laboral y sexual de mujeres y menores en los campamentos.

Además, provoca un aumento de la violencia por la presencia de bandas armadas, de la corrupción, por autoridades implicadas, y también vulnera los derechos de comunidades indígenas, que ven como mineros ilegales operan en sus territorios.

Más de 100.000 hectáreas de bosques amazónicos han sido arrasadas por la minería ilegal solo en Madre de Dios. Un enorme problema ambiental al que se une el uso del mercurio, utilizado en la extracción de oro, y que contamina aguas y perjudica la salud de personas indígenas.

3.- Incapacidad de las autoridades

El estado de emergencia decretado en Pataz, que incrementa la presencia militar y policial, ha evidenciado la incapacidad de las autoridades para enfrentarse a esta situación.

Los expertos destacan que para combatir el crimen es necesario reforzar la inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad.

4.- Registro formal

Uno de los mecanismos estatales para reducir la informalidad de los mineros es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que establece los requisitos para que los mineros artesanales e informales puedan regularizar su situación legal.

Datos del Ministerio de Energía y Minas, indican que solo el 4 % de los 85.000 mineros que buscan formalizar sus actividades son titulares de las concesiones en las que operan.

De interés: Brasil lanza operación para expulsar mineros ilegales de tierra indígena

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Policía Nacional de Perú

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«Hemos recibido 41 víctimas de homicidio reportadas desde el 15 de enero, y ya a todas se les ha podido hacer la inspección técnica de cadáveres», dijo en una rueda de prensa la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Son cuerpos que han sido llevados a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, y a Ocaña, donde tiene presencia la Fiscalía, pero ante las dificultades de acceso y de seguridad para llegar a las zonas rurales del Catatumbo donde tienen lugar los enfrentamientos, las autoridades temen que pueda haber más cadáveres sin recoger.

La situación en el Catatumbo, una región pobre y montañosa de Norte de Santander, en límites con Venezuela y formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es incierta y hace dos días otro firmante de paz fue asesinado en plena calle en Teorama.

De los cuerpos recibidos, 39 ya han sido identificados y 32 entregados a sus familias, detalló el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Jorge Arturo Jiménez, quien añadió que hay 39 de sexo masculino y dos de femenino, así como los tres menores de edad: el bebé de 19 meses y los adolescentes de 14 y 16 años.

Además, las cifras recopiladas por el Puesto de Mando Unificado hablan de más de 32.000 desplazados por la violencia en el Catatumbo, sobre todo personas que han llegado a Cúcuta (13.426), Ocaña (10.719) y Tibú (10.422).

Investigación en el Catatumbo

La violencia entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC del Estado Mayor de Bloques (EMB) en el Catatumbo comenzó el jueves pasado, aunque dos días antes se produjo en cercanías de Tibú el asesinato de una familia de tres personas, incluido el bebé, crimen que según el ELN fue uno de los detonantes de los enfrentamientos.

La Fiscalía estudia dos líneas de investigación, según detalló Camargo: enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 con operaciones sostenidas o que se hayan producido, como denuncian muchos organismos, asesinatos de personas seleccionadas por estos grupos.

Además, ha abierto tres casos matrices: por homicidios, por desplazamiento y afectaciones a líderes y firmantes de paz, pues por el momento la Fiscalía ha reportado que tres desmovilizados por el acuerdo de paz de 2016 han sido asesinados.

Otras autoridades, como la Defensoría del Pueblo, hablan de seis desmovilizados asesinados y de siete desaparecidos, de los cuales dos han sido liberados, además de 102 desplazados.

De interés: Ascienden a 32.000 los desplazados por la violencia en el Catatumbo

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Carlos Ortega

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El Ayuntamiento de Río de Janeiro inició el derribo de 40 construcciones irregulares de hasta seis pisos de altura situadas en el interior de la barriada carioca de Maré y que, según las investigaciones policiales, el crimen organizado utilizaba para lavar dinero del tráfico de drogas.

La urbanización, cuyo valor se estima en 30 millones de reales (unos 5,5 millones de dólares o cinco millones de euros), estaba siendo erigida sin ninguna autorización municipal, según la alcaldía.

Aunque la mayor parte de las construcciones estaba aún en obras, llamó la atención la existencia de dos lujosos áticos con piscina ya terminados y valorados en cinco millones de reales en conjunto.

Demolición de favelas

Uno de ellos era un dúplex con solárium, acabados de mármol y amplias vistas sobre la comunidad, mientras que el otro era un cuádruplex con jacuzzi, amplio vestidor y un cuarto lleno de botellas de vino y de champán.

La comunidad de Maré, un conjunto de 16 favelas en las que viven unas 140.000 personas, está bajo el control de varias facciones, entre ellas el Comando Vermelho, la segunda organización criminal más poderosa de Brasil.

«La operación es un mensaje muy claro de combate a las construcciones irregulares«, dijo el secretario de Orden Público de la ciudad, Brenno Carnevale, en declaraciones distribuidas a los medios de comunicación.

El funcionario afirmó, además, que desde 2021 se han realizado más de 4.200 demoliciones en Río de Janeiro con un impacto financiero de 1.000 millones de reales para el crimen organizado.

De interés: Unos 2.000 policías ocuparon favelas de Río de Janeiro en Brasil

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Secretaría Municipal de Orden Pública (SEOP)

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La detención se dio en el punto de revisión militar Precos, ubicado en la carretera que va de la norteña ciudad de Chihuahua hacia la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte del país, a menos de 50 kilómetros de la franja con Estados Unidos.

El IMN, señaló en un comunicado que, durante la revisión, los agentes federales de Migración (AFM) identificaron que las personas en situación de movilidad se dirigían de forma irregular sin documentos que acreditaran su legal estancia en el país.

Familias migrantes

Según el reporte, en el camión de carga viajaban, 18 personas procedentes de Guatemala, 23 de Ecuador, seis de El Salvador, dos de República Dominicana; cinco de Honduras.

Además, las autoridades migratorias mexicanas, identificaron tres núcleos familiares con dos integrantes cada uno procedentes de Guatemala, Honduras y Ecuador.

Entre este grupo de migrantes viajaban tres menores no acompañados originarios de El Salvador, Ecuador y Guatemala.

Las personas adultas que viajaban solas fueron trasladadas a instalaciones migratorias, en tanto que los núcleos familiares fueron llevados a la Oficina Administrativa de Canalización de Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados, No Acompañados y Separados.

Los tres menores no acompañados fueron al Centro Integral de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes Casa del Menor Migrante, de la subprocuraduría de Protección Auxiliar del Distrito Judicial Bravos, en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua.

Para poder evadir este lugar de revisión, los migrantes suelen aventurarse a cruzar Samalayuca, un cuerpo de dunas de 14 kilómetros de largo por 8 kilómetros de ancho, donde ya han fallecido algunos migrantes en las últimas semanas.

Al menos una decena han sido rescatados debido a los cuadros de deshidratación provocados por las altas temperaturas y la exposición al sol con las temperaturas superiores a los 40 grados de las últimas semanas.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Juan Manuel Blanco

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Según una comunicación firmada por el primer ministro interino Michel Patrick Boisvert, el toque de queda se mantendrá desde este miércoles 22 de mayo hasta el martes día 28, entre las 22:00 y las 05:00 hora local (02:00 – 09:00 hora GMT).

«Esta medida no se aplica a las fuerzas del orden de servicio, los bomberos, los equipos de ambulancias, el personal sanitario y los periodistas debidamente identificados», añade la nota.

El toque de queda acompaña al estado de emergencia prorrogado por un mes entre el 9 de mayo y el 8 de junio con el objetivo de «restablecer el orden y tomar las medidas apropiadas para recuperar el control de la situación», indica el comunicado en referencia a los altos niveles de inseguridad causados por las bandas armadas que controlan gran parte de Puerto Príncipe y otras zonas.

Las bandas armadas en Haití han generado mucha violencia (Fuente de esta imagen referencial: EFE/Mentor David Lorens)

Durante la vigencia del estado de emergencia, están prohibidas todas las manifestaciones, tanto de día como de noche, en el departamento del Oeste.

Las fuerzas del orden han recibido el mandato de usar todos los medios legales a su alcance para hacer respetar el toque de queda y detener a quienes lo incumplan, agregan las autoridades.

Haití vive una espiral de violencia con matanzas, ataques, violaciones y secuestros a manos de las poderosas bandas armadas, una situación agudizada aún más desde finales de febrero pasado.

A fin de ayudar a poner freno a la violencia en Haití, donde el año pasado la inseguridad causó unas 8.000 muertes, a este país caribeño llegará de forma inminente una misión multinacional de apoyo a la seguridad, liderada por Kenia y que cuenta con el visto bueno de la ONU.

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial principal: EFE/Johnson Sabin

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Si bien el el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) no especificó el número de evacuados de la mina, se trata de, al menos, 229 ciudadanos más respecto al balance ofrecido este domingo por el jefe del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez, que daba cuenta de 1.271 personas.

En la red social X, el comando militar explicó que los desalojados de la mina violaron el «ordenamiento jurídico territorial, al estar infringiendo, flagrantemente, la Ley Penal del Ambiente, en un área de protección especial de conservación».

El Ceofanb exhortó a las personas que «ejercen la minería ilegal en cualquier parte del país a abandonar los propósitos ecocidas materialistas que perjudican al hombre y la naturaleza» y a dedicarse a la siembra, la cría o «proyectos agroproductivos tradicionales que no afecten los suelos, las aguas o reservas naturales».

Autoridades en materia ambiental y derechos humanos se encuentran desplegados en los estados Amazonas y Bolívar, ambos fronterizos con Brasil, «combatiendo la minería ilegal» y creando «conciencia con el fin supremo de salvar el planeta y la especie humana».

No se permitirán balsas mineras en ninguna de las cuencas hidrográficas del país. En el estado Bolívar y Amazonas #FANB en cumplimiento de las órdenes del Comandante en Jefe y Presidente @NicolasMaduro inicia operativo de desmantelamiento contra la minería ilegal en balsas… pic.twitter.com/2wDEzSHeR4

— GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) March 4, 2024

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Rayner Pena R.

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Fiorella Tagliafico

Con información de medios nacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: X / @BluRadioCo

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